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Santamaría tiene que abandonar el Gobierno y Trapero, seguir los pasos de los ‘Jordis’ -LD-
A medida que se agotan los plazos concedidos graciosamente por el Gobierno de Mariano Rajoy al asombrosamente aún presidente del Gobierno regional catalán, Carles Puigdemont, principal impulsor del golpe de Estado en Cataluña, se suceden una serie de hechos de la mayor gravedad. Las palabras de la vicepresidenta del Gobierno en su última comparecencia sobre este asunto son, sin duda, un punto de no retorno que convierten al Ejecutivo de Rajoy en corresponsable, por omisión, del ataque separatista a nuestro democrático.
En el 23-F, los golpistas fueron detenidos, juzgados y enviados a prisión. Ahora, sin embargo, el Gobierno ofrece diálogo a los sediciosos y hace todos los esfuerzos posibles para no asumir su más alta responsabilidad: y cumplir y hacer cumplir la ley en todo el territorio nacional.
“Nadie ha tenido tan fácil una respuesta y nadie ha tenido tan fácil evitar que se aplique la Constitución”. Estas alucinantes palabras de Soraya Sáenz de Santamaría suponen una confesión en toda regla de que la intención del Gobierno es colaborar con los golpistas que pretenden acabar con la Nación y con el Estado de Derecho.
La confesión ante las cámaras de Sáenz de Santamaría es el reconocimiento de que el Gobierno está colaborando con los golpistas para evitar que asuman sus gravísimas responsabilidades. La vicepresidenta ha quedado desautorizada para liderar la acción del Gobierno para el restablecimiento del orden constitucional en Cataluña. Por eso debe dimitir o, si verdaderamente no estamos ante un Ejecutivo cómplice de los golpistas, ser destituida.
En cuanto al felón mayor de los Mozos, Josep Lluís Trapero, es incomprensible que no haya sido enviado a prisión como los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, pues es tan sedicioso como ellos pero aún más culpable de lo que sucedió el 1 de octubre, habida cuenta de que su misión, ordenada por la propia Justicia, era impedir que se llevara a cabo la consulta liberticida organizada por los otros dos. Mandato que se negó a cumplir en abierto y afrentoso desafío a la legalidad que juró proteger cuando accedió al cargo que, ominosamente, aún desempeña.
El catalanismo, tumor de España. -Santiago Navajas/LD-
Todo el cielo de España inmaculado
sobre las torres frías de la tarde;
sobre las torres mudas de la tarde
todo el cielo de España inmaculado.
10 de octubre, día de gloria y de infamia para España. A Julio Martínez Mesanza, uno de nuestros más grandes poetas, se le concede un merecidísimo Premio Nacional de Poesía. Mientras, en Barcelona, Carles Puigdemont –el golpista, el delincuente, el loco, en su propia descripción inversa– declaraba que Cataluña era independiente y que no era independiente. El escritor elige las palabras más precisas porque está comprometido con la verdad poética. El presidente retuerce las palabras hasta destruir sus significados porque es un heraldo de la mentira política.
Golpistas catalanistas hablan de “preindependencia”. Degradan el lenguaje para corromper la democracia. Carme Forcadell, la presidenta del Parlament, expulsó del “pueblo catalán” a los que fueran del PP y de Ciudadanos. Reivindican a Jefferson, por su declaración de independencia, pero su real modelo es Hitler, por su persecución xenófoba; el Führer afirmaba: “Ser nacional sólo puede ser apoyar a tu pueblo”. Como describió Klemperer en su descripción del asalto nazi a la democracia, el lenguaje se vacía de contenidos intelectuales y se llena de emociones fanáticas. Guardiola o Xavi se permiten tachar de “autoritaria” la monarquía constitucional española al tiempo que vitorean la monarquía absoluta catarí. A Gerard Piqué se le llenan los ojos de lágrimas por la independencia de Cataluña mientras se llena los bolsillos de billetes jugando con la selección del Estado opresor. “Cabalgar contradicciones” llaman a estas hipocresías los cínicos.
Para la patria que perdió la gracia,
el cielo inmaculado inmerecido;
el insultado cielo inmerecido,
para la patria que perdió la gracia.
Está claro que ha sido una suspensión-trampa para seguir tramando contra la ley. Los golpistas ofrecen esta engañifa siguiendo la estrategia de la tregua-trampa de ETA. El mediador oculto del que habla Puigdemont debe de ser Otegi, uno de esos tóxicos hinchas del proceso secesionista junto a Julian Assange y Noam Chomsky. Julian Benda escribió en 1927, La traición de los intelectuales, sobre cómo los que debían defender la verdad la sacrificaron en el altar de la Patria y la Clase. En el caso de Cataluña, la traición es de intelectuales como Germà Bel, que comparó a los policías españoles con animales, o Xavier Sala i Martín, que combina el liberalismo económico con el totalitarismo político en la tradición de Pinochet. En la época del imperio de las fotografías trucadas y falsas de Twitter y Facebook, de millones de gatitos y selfies, una imagen miente más, muchísimo más, que mil palabras.
No es de extrañar que Pablo Iglesias repita, al alimón con Gabriel Rufián, que no se ha declarado la independencia: tratan de dar gato por liebre y anestesiar a la opinión pública europea. Aunque sabe que todas las asociaciones de fiscales hablan de “golpe al Estado de Derecho”, la prensa de extrema izquierda, la banda de los insidiosos escolares, trata de salvar el proceso golpista dándole oxígeno mediático.
De nada te sirvió vencer los mares
ni adentrarte en las selvas pavorosas.
No te sirvió avanzar en el desierto
ni defender la brecha en la muralla.
“Cataluña está enferma desde hace siglos. Es el tumor de España, que a veces dormita y a veces estalla”. Esto lo escribió Gaziel, que, junto a Chaves Nogales y Josep Pla, era el mejor cronista periodístico en la España republicana. Alucinaba el buen catalán con la maldad de Companys en 1934 al dar un golpe de Estado contra la II República, contra Cataluña y contra España. Pues más de 80 años después, el tumor catalán(ista) vuelve a estallar. Un tumor que en la Moncloa siguen tratando como si fuera una mera espinilla adolescente, cuando es maligno y está a punto de convertirse en metástasis.
Ochenta y tres años después de que la II República metiese en la cárcel a Companys, ha tenido que ser Pablo Casado el que ilustre a la generación de españoles más analfabeta sobre su propia historia. Tan analfabeta que se tragó la campaña mediática de la extrema izquierda de que Casado había amenazado con fusilar a Companys. Si Puigdemont confirma con sus acciones que, como dijo Julio Anguita, la burguesía catalana es la peor de España, Junqueras e Iglesias son la evidencia de que tenemos la izquierda más vil de Europa. Gaziel dudaba de que la curación de Cataluña fuese posible, y, en todo caso, provendría del propio organismo catalán. Pero finalmente hemos comprendido que la enfermedad catalanista es autoinmune. El catalanismo es el nuevo lupus.
Lo que había que hacer y más hiciste
y a ti misma te pagas con desprecio.
Sobre la antigua casa de María,
todo el cielo de España inmerecido.
PD. En el blog Cuestiones Naturales pueden leer el resto de los poemas de Julio Martínez-Mesanza; hasta que se compren su última obra, Gloria.
La catarsis. -Hermann Tertsch/ABC-
Rajoy y ‘Cocomocho’: dos traiciones en una hora. -F.J.Losantos/LD-
El 10 de octubre de 2017 pasará a la historia española por una razón absolutamente trágica y dos traiciones relativamente cómicas. Lo trágico es que el Gobierno de España permitiera que poco más de medio Parlamento catalán, encabezado por las autoridades autonómicas que allí representan al Estado Español, proclamara la república catalana y pidiera a los países de todo el mundo reconocimiento y ayuda ante la feroz opresión que sufre por parte de la despótica España.
Todos los golpistas habían anunciado mucho antes ese Golpe de Estado, usando como excusa un referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional y que el propio presidente del Gobierno español anunció en la casa Blanca que no se celebraría. Fraudulentamente, pero se celebró. Y Rajoy, ridiculizado por los hechos, se limitó a negarlos. Peor: para ocultar la traición de los Mozos de Escuadra, mandó cargar a la Policía Nacional en algunos tugurios electorales, regalando así una inapreciable ayuda propagandística a los golpistas catalanes, sobre todo porque el Gobierno se ha negado a combatir internacional y nacionalmente las trolas golpistas.
Peor: un sujeto llamado Millo, íncubo de Soraya en Cataluña, pidió perdón en TV3 por la actuación policial, que produjo una sola persona hospitalizada, en vez de pedir explicaciones por los montajes de supuestos actos de violencia policial protagonizados hace años por los Mozos o por la policía de otros países. Tampoco pidió los partes médicos de los cientos de heridos que según los golpistas habría provocado la Policía, a la que la alcaldesa de Barcelona acusó públicamente de abusos sexuales. Pues bien, todos los golpistas, los calumniadores, los diputados traidores y los mozos de escuadra golpistas siguen cobrando sus altísimos sueldos. Ni una multa.
La proclamación de independencia
Si la campaña contra las falsas atrocidades policiales es comparable en mendacidad con la de Asturias de 1934, los agujeros negros del 11M son levísimas huellas en la fina arena de una playa hawaiana al lado de la estafa informativa perpetrada a dúo por el Gobierno legal de Madrid y los ilegales de esa República proclamada con nuestro dinero y en nuestras narices gracias al Gobierno de Rajoy. La estafa consistió en proclamar la República y después pedir su temporal suspensión al parlamento catalán, al que no se había dejado votar esa república que después se pedía suspender, como si la soberanía proclamada pudiera nacer y desnacer, ser y no ser, o no ser del todo, o sí, pero no tanto que no puedan ser gemelos… soberanos.
La proclamación de la república fue después refrendada por escrito, sin pedir suspensión temporal alguna a nadie, por 78 diputados golpistas que se autoproclamaron “representantes legítimos del pueblo de Cataluña” pese a situarse fuera de la ley nacional, regional, europea y parlamentaria. Y entonces vino lo mejor: el Gobierno se apresuró a decir que no estaba claro o cabían dudas sobre si se había proclamado la República Catalana. Y montado en ese clavileño tuvo la infinita cobardía, disfrazada de cuquería, de pedirle a ‘Cocomocho’, alias Puigdemont, que aclarase si realmente había proclamado la república que, oralmente y por escrito, había proclamado.
La pregunteja, además de un monumento a la prevaricación que acredita, qué digo acredita, que doctora en golpismo pasivo al Gobierno de Rajoy, empeñado en no perseguir el delito peor, cometido ante millones de personas de todo el mundo, España incluida, es absurda. Si no la hubiera proclamado, no podría suspenderla, y si ilegal era la proclamación, aún más ilegal es la suspensión, aunque sólo oral y encomendada al Parlamento, que no se ha reunido ni se piensa reunir. Pero es que además se proclamó por escrito y lo firmaron los que la proclamaron, e hicieron infinitas copias. Si en España hubiera justicia independiente, no hubiera hecho falta recurrir al Gobierno ni al Constitucional, porque los jueces se habrían encargado de perseguir los delitos de rebelión y sedición que contempla el Código Penal.
Traición a la CUP, traición a España
Lo que alimentó la duda sobre lo indudable, que es la proclamación de la República Catalana que el Gobierno de España no ha querido impedir, fue la hora de retraso de ‘Cocomocho’ en dirigirse al parlamento, un tiempo que se hizo largo y al cabo del cual y de la famosa suspendencia, la CUP se negó públicamente a saludarle y forzó luego la proclamación por escrito.
¿Qué pasó en esa hora? Desde luego, las llamadas del extranjero, los mediadores de última hora y la carta de Tusk, eran pamemas para memos. La única cancillería extranjera al habla con la Republiqueta era la española. Ayer, en la crónica para El Mundo de la recepción real del 12 de Octubre, perdida en el moaré y el cebrianeo, Cayetana Álvarez de Toledo dejaba caer esta perla, que con menos espumillón hubiera merecido una portada:
“Ha habido una negociación. En la fiebre palaciega, casi de salida, me lo reconoció una persona que ha participado en las conversaciones secretas. Miembros del Gobierno han estado esta semana en contacto casi permanente con consejeros de la Generalidad. En las horas previas a la esquizofrénica intervención de Puigdemont -declaro pero suspendo- los whatsapps iban y venían: haced una DUI vegetariana y os haremos un 155 light. «Nos pidieron desesperadamente una salida. La necesitan y debemos dársela. No podemos hacer frente a una rebelión popular”.
Ha habido, sigue habiendo más, muchísimo más y muchísimo peor:
“Más locuaces o más ingenuas, las máximas autoridades judiciales reconocían estar ahora al albur de la política. «Nos piden que no vayamos demasiado fuerte, que ahora no conviene». Otras togas a las que el poder ejecutivo pretende manchar con el polvo del camino. Y qué decir de la oposición: Margarita Robles llegó a pedir al ministro de Justicia que sujetara a los fiscales después de reprobarlo por idéntico motivo”.
Es decir, que si ‘Cocomocho’ traicionó a la CUP, pero no es seguro que siga haciéndolo este lunes, Rajoy traicionó a España y piensa seguir haciéndolo con la ayuda del PSOE y a las órdenes del PSC. Naturalmente, habrá quién se pregunte de qué hablaron, qué le ofreció Rajoy al golpismo para que ‘Cocomocho’ hiciera como que desproclamaba lo proclamado. Para mí está clarísimo. Cuando un tonto coge una linde, la linde acaba y el tonto sigue. ¿A qué vino la retahíla de nombres y procesos a prebostes de la Generalidad de Mas y ‘Tresvergencia’, a sus cárceles y multas? A que ‘Cocomocho’ estaba presentando las ofertas de Moncloa para borrar, mediante esa prevaricación continuada que algunos llaman política, los años a la sombra y en la ruina de Mas y sus masoveros del golpe anterior.
Esto es lo que se proclamó y escrito quedó
Que un Gobierno salga malo es normal. Si todo un Papa ha llegado a atacar el Descubrimiento de América, que supuso su evangelización, ¿qué esperar de unos seres dedicados a mantenerse en el poder a toda costa? ‘Cocomocho’ es medio traidor; y Rajoy, traidor y medio. Vale. Lo único que pedimos es que no nos tomen por imbéciles. Únanse al golpe, que ya lo pagarán, pero no nos insulten más. No digan que esto no se proclamó y firmó, porque proclamado queda y firmado quedó:
“Nosotros, representantes democráticos del pueblo de Cataluña, en el libre ejercicio del derecho de autodeterminación, y de acuerdo con el mandato recibido de la ciudadanía de Cataluña,
CONSTITUIMOS la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social.
DISPONEMOS la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.
INICIAMOS el proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante.
AFIRMAMOS la voluntad de abrir negociaciones con el estado español, sin condicionantes previos, dirigidas a establecer un régimen de colaboración en beneficio de las dos partes. Las negociaciones tendrán que ser, necesariamente, en pie de igualdad.
PONEMOS EN CONOCIMIENTO de la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea la constitución de la República catalana y la propuesta de negociaciones con el estado español.
INSTAMOS a la comunidad internacional y a las autoridades de la Unión Europea a intervenir para detener la violación de derechos civiles y políticos en curso, y hacer el seguimiento del proceso negociador con el Estado Español y ser testigos de ello.
MANIFESTAMOS la voluntad de construcción de un proyecto europeo que refuerce los derechos sociales y democráticos de la ciudadanía, así como el compromiso de continuar aplicando, sin solución de continuidad y de manera unilateral, las normas del ordenamiento jurídico de la Unión Europeo y las del ordenamiento del estado español y del autonómico catalán que trasponen esta normativa.
AFIRMAMOS que Cataluña tiene la voluntad inequívoca de integrarse tan rápidamente como sea posible a la comunidad internacional. El nuevo Estado se compromete a respetar las obligaciones internacionales que se apliquen actualmente en su territorio y a continuar siendo parte de los tratados internacionales de los que forma parte el Reino de España.
APELAMOS a los Estados y a las organizaciones internacionales a reconocer la República catalana como un Estado independiente y soberano.
INSTAMOS al Gobierno de la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para hacer posible la plena efectividad de esta Declaración de Independencia y de las previsiones de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.
HACEMOS una llamada a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la República catalana a hacernos dignos de la libertad que nos hemos dado y a construir un Estado que traduzca en acción y conducta las aspiraciones colectivas.
Los legítimos representantes del pueblo de Cataluña:
Barcelona, 10 de octubre de 2017”
El artículo 155 y el Código Penal, en suspenso. -Editorial/LD-
Parece ser que ni el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se han dado por enterados (o querido darse por enterados) de la declaración de independencia de Cataluña proclamada el martes por Carles Puigdemont en el Parlamento catalán. No se explica, de otro modo, que, en lugar de presentar inmediatamente una querella contra el presidente de la Generalidad por un delito de rebelión (tipificado claramente como tal en el artículo 472.5 del Código Penal), el máximo responsable del Ministerio Público guarde silencio; o que el presidente del Gobierno, en el colmo del surrealismo, se haya visto en la necesidad de pedir una aclaración al cabecilla del golpe de Estado para que “confirme” si ha declarado la independencia de Cataluña.
Lo peor de todo, sin embargo, es la brutal manipulación mediática y política que ha hecho pasar esa surrealista petición de aclaración al todavía impune y ya reincidente delincuente que preside la Generalidad como si se tratase del “requerimiento previo” del que habla el artículo 155 de la Constitución. Ese “requerimiento previo” tiene como finalidad la de exigir al presidente de la comunidad autónoma el inmediato cumplimiento de las obligaciones que las leyes le imponen o el inmediato cese de actuaciones que atenten gravemente contra el interés general de España, incumplimientos e ilegales actuaciones que el legislador da por descontadas y no susceptibles de ser valoradas por el presidente autonómico que las ha perpetrado.
La decisión de Rajoy de incluir al mismo tiempo un segundo requerimiento –este sí– en el que insta a Puigdemont a cesar en dichos “incumplimientos” y “actuaciones” nos aboca a tener que esperar al día 19 de octubre para conocer cuáles son las medidas que Rajoy propone al Senado para forzar el acatamiento del orden constitucional por parte de la Administración autonómica en rebeldía, medidas que podrían significar –o no– su suspensión parcial, total, temporal o indefinida.
No menos grave es la circunstancia de que este esperpéntico compás de espera esté afectando a la acción de la Justicia, como ilustra el inquietante hecho de que la Fiscalía General del Estado no haya instado querella alguna contra los cabecillas del golpe y máximos mandatarios de la Generalidad desde el pasado 7 de septiembre, con ocasión de la convocatoria del 1-O. Pasividad inexplicable si se tiene en cuenta la cantidad de delitos que se han perpetrado desde entonces y el hecho de que sí se ha procedido judicialmente contra los subordinados de Puigdemont, como el mayor de los Mossos d’Esquadra, o los presidentes de Òmnium Cultural y la ANC. ¿Cómo es posible que se haya abierto causa judicial por delito de sedición contra quienes, como Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, sirvieron de correas de transmisión del público y sedicioso llamamiento de Puigdemont del 20 de septiembre pero no se haya incluido en la causa a la autoridad que incitó públicamente dicha sedición? ¿También la implicación de Puigdemont en estos hechos va a quedar a juicio del propio Puigdemont?
Eso, por no olvidar la inolvidable y escandalosa decisión de la Fiscalía, tras la dimisión de Torres Dulce como fiscal general, de retirar de su escrito de acusación contra Artur Mas los delitos que implicaran penas de cárcel (usurpación de funciones y malversación); decisión del Ministerio Público tomada en paralelo a la decisión del Gobierno de Rajoy de impulsar lo que se conoció como operación Diálogo, a cargo de Soraya.
Todo apunta a que esta inexplicable impunidad de Puigdemont y esta igualmente inexplicable resistencia de Rajoy a suspender una Administración que lleva en rebeldía desde 2012 obedecen a ese “diálogo dentro de la legalidad” que este mismo miércoles el presidente del Gobierno ha vuelto a ofrecer a unos golpistas a los que ningún propósito de enmienda les debería evitar soportar todo el peso de la ley. En este mismo repugnante sentido apuntan las esclarecedoras declaraciones de Pedro Sánchez, en las que ha asegurado haber acordado con Rajoy la puesta en marcha de una comisión constitucional para “modernizar” la Carta Magna.
Habida cuenta de las inocultadas ganas de Rajoy –no digamos de Pedro Sánchez– de contentar a los nacionalistas, todo apunta a que la Cataluña nacionalista va a seguir gozando –con o sin reforma constitucional– de una inadmisible independencia de facto si Puigdemont renuncia a que dicha independencia sea declarada y reconocida de iure.
Ver artículo original:
155 rodeos y una mentira. -Javier Somalo/LD-
Casi una semana después de que lo hiciera el Rey, el presidente del Gobierno se dignó a hablar públicamente sobre Cataluña. Entre medias, un millón de personas llenó Barcelona de banderas de España y el presidente de la Generalidad consumó el golpe de Estado proclamando, para todo aquel que lo quiera leer, la independencia de Cataluña en forma de república.
La frase pronunciada por Rajoy en el Pleno extraordinario del Congreso al hilo de un requerimiento que casi parece un chivatazo –“Espero fervientemente que Puigdemont acierte en su respuesta“– revela su nula intención de aplicar la Ley frente a una flagrante violación. Significa que la Generalidad goza de un privilegio más que añadir a la larga lista que ha hecho de Cataluña una comunidad artificialmente líder en muchos sectores: el privilegio de incumplir la ley sin consecuencias. Aun si se diera el remoto caso de que Puigdemont se retractara efectivamente del golpe –no de una declaración sino de todo lo que la ha rodeado–, la ausencia de una respuesta penal sería una omisión intolerable. Pero el problema real es que el nacionalismo es, por definición, inintegrable en una sociedad democrática, por lo que los indescriptibles deseos de Rajoy aventuran una rendición sin precedentes.
Como buen orador que es, Rajoy ha expuesto brillantemente, remontándose varios años, el inventario de agravios del separatismo catalán a España. Pero en su análisis está su condena: ¿cómo puede un presidente del Gobierno reconocer públicamente que se ha violado sistemáticamente la Ley hace años y que no ha habido consecuencias más allá o más acá del artículo 155? ¿Ha convertido acaso Mariano Rajoy el Poder Ejecutivo en un mero órgano consultivo que emite informes sin carácter vinculante? Si todavía tuviera un diagnóstico erróneo del problema podríamos achacarle ineptitud, que no está falta España de figuras políticas poco dotadas para el análisis. Pero si, como ha hecho en la tribuna, acierta de pleno en el diagnóstico sobre el nacionalismo no cabe sino reprobar con vehemencia su actitud como la más inútil para que vuelva la legalidad a Cataluña que fue, precisamente, lo que le reclamó el Rey.
Pese a que el texto del requerimiento remitido por Soraya Sáenz de Santamaría a Puigdemont se erige en paso preceptivo para la aplicación del artículo 155 de la Constitución, no lo es. Nada más lejos. Lo explicó muy bien el propio Mariano Rajoy en su turno de réplicas a los grupos parlamentarios:
Es muy importante que el señor Puigdemont acierte. Basta con que diga lo que le hemos escuchado aquí al señor Aitor Esteban [que no ha habido declaración de independencia]. No es lo mismo que el presidente de la Generalidad diga que ha habido declaración de independencia, en cuyo caso el gobierno actuará de una manera, o que diga que no ha habido declaración de independencia, en cuyo caso el gobierno actuará de otra manera. Son situaciones diferentes.
Así que, este remozado artículo 155 contempla la versión del delincuente como única, mienta o no. La calificación del delito le corresponde pues, al reo. ¡Menciona el 155 para que se callen! Pero si Puigdemont “acierta” ya podemos descansar de tanta fatiga y negociar. Esta es la gran mentira que hoy calma a los constitucionalistas sobrevenidos. La mentira que además, avanza los términos en los que puede plantearse una reforma constitucional. El artículo 155 sufrirá el mismo proceso que padeció la LOAPA –auténtico desarrollo del marginado artículo y magistralmente armada por Eduardo García Enterría–, que se usó para calmar los ánimos tras el 23-F y se fulminó en las fronteras del cambio político entre Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González.
El Gobierno de España ha sentado una suerte de jurisprudencia política con la gestión del golpe de la Generalidad. Si la compañía elegida es el PSOE de Sánchez –sombra y sostén de Podemos– y su idea de España, habrá quedado sin reparar la puerta derribada a patadas por la Generalidad para que la crucen el País Vasco, Navarra, Galicia, Valencia, Baleares y todo aquel que quiera ser nación destruyendo la única que lo era y merecía preservarse.
Ver artículo original:
http://www.libertaddigital.com/opinion/javier-somalo/155-rodeos-y-una-mentira-83400/
Ceguera voluntaria ante un delincuente reincidente – Editorial/LD-
Lo más grave es que Puigdemont ha vuelto a perpetrar un delito castigado con prisión sin que haya sido detenido o siquiera apartado de un cargo que le deja al mando de un cuerpo armado como son los Mossos d’Esquadra.
La administración golpista de Cataluña sigue sin ser intervenida, y al frente de ella sigue un delincuente que goza de escandalosa impunidad. Así se podría resumir lo que ocurre en Cataluña con independencia de lo que el cabecilla del golpe de Estado y presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, dijera este martes en el Parlamento regional. Dicho de otra forma: aunque el golpista hubiera pedido perdón y hecho un solemne acatamiento del orden constitucional, sus palabras no hubieran podido borrar, jurídicamente hablando, la quiebra del orden constitucional en Cataluña ni el delito de rebelión perpetrado con la proclamación de la Ley de Transitoriedad Jurídica y la Ley del Referéndum: el artículo 472.1 del Código Penal (CP) castiga con penas de prisión cualquier intento de “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución”.
Esa hipotética retractación de Puigdemont no habría borrado la malversación de fondos públicos que conllevó la convocatoria y celebración del referéndum secesionista del pasado día 1. Ni el delito de sedición perpetrado por el mandatario regional el 20 de septiembre, cuando hizo un llamamiento a la ciudadanía a tomar las calles para protestar por la detención de varios altos cargos de su Administración a instancias del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona. A pesar de que, en relación con esto último, ya han sido imputados el presidente de Òmnium Cultural y el de la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez; y a pesar de que el artículo 545 del CP castiga más gravemente a quienes, “siendo autoridad, hubieran inducido la sedición”, el hecho es que Puigdemont sigue sin correr la misma suerte que los referidos personajes.
Ningún arrepentimiento de Puigdemont hubiera podido llevar a la Justicia a cerrar los ojos y olvidar el alto coste que supuso el desplazamiento a Cataluña de miles de agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía para tratar de impedir que el golpista perpetrara su delito de desobediencia el pasado día 1.
Lo más delirante es que la esperada intervención de este martes de Puigdemont, lejos de ser una retracción pública, una muestra de arrepentimiento o un anuncio del fin del proceso secesionista iniciado en 2012, se ha traducido en la comisión de un nuevo delito de rebelión, en este caso el reflejado en el artículo 472.5 del CP, que castiga la “declaración de independencia de una parte del territorio nacional”.
Desde luego, Cataluña no va a convertirse formalmente en un Estado soberano por el hecho de que así lo proclame un delincuente reincidente. Cosa distinta es que dicha proclamación no tenga consecuencias penales. Tampoco tiene trascendencia alguna que el propio delincuente haya suspendido los efectos de su proclamación de independencia, pero sí que lo haya hecho con la confesa intención de embarcar al Gobierno y a los demás poderes del Estado en un ominoso y delictivo proceso de diálogo.
Lo más grave es que Puigdemont ha vuelto a perpetrar un delito castigado con prisión sin que haya sido detenido o siquiera apartado de un cargo que le deja al mando de un cuerpo armado como son los Mossos d’Esquadra.
Mariano Rajoy podrá seguir siendo el irresponsable gobernante que se negó a suspender la autonomía para evitar que se siguieran cometiendo tantos y tan graves delitos. La aplicación del artículo 155 de la Constitución, al fin y al cabo, es facultad del Gobierno. Lo que en absoluto es facultativo de ningún Gobierno es la inobservancia de los artículos del Código Penal que castigan con penas de prisión a quienes perpetran los delitos mencionados. El propio CP, por cierto, advierte en su artículo 408: “Toda autoridad que dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia, o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”.
Tome buena nota el presidente del Gobierno y cumpla con su deber, si no quiere convertirse en el cooperador necesario del miserable que está perpetrando un golpe de Estado desde una de las instituciones más importantes del Estado.
Origen: EDITORIAL – Ceguera voluntaria ante un delincuente reincidente – Libertad Digital
Golpista, cobarde, falsario -Isabel San Sebastián/ABC-
Carles Puigdemont ha proclamado la independencia. A la eslovena, de forma cobarde, ayuna del coraje necesario para ir hasta el final del camino sedicioso y arrojarse al precipicio sin red, arrastrando las consecuencias plenas de ese anuncio, la ha proclamado. La respuesta del Gobierno debe ser inmediata y fulminante. La justicia, a instancias de la Fiscalía, debe actuar con todo su peso contra este golpista. El presidente Rajoy debe responder desde la Moncloa, en nombre del Ejecutivo, antes de comparecer ante el Congreso. No cabe más dilación. Puigdemont y sus rebeldes no pueden llevar las riendas de la Generalitat ni un día más. Han traspasado todos los límites.
El todavía líder catalán busca desesperadamente internacionalizar el presunto «conflicto entre Cataluña y el Estado español», como han pretendido ETA y el PNV durante lustros. Presentando ese «conflicto» como una disputa entre iguales, cuando no es sino un intento de secesión por parte de una comunidad autónoma que siempre ha formado parte de España, nunca ha sido otra cosa que parte integrante de España, y se ha estrellado contra un muro de rechazo en todos y cada uno de los intentos efectuados con el dinero de nuestros impuestos para lograr un reconocimiento internacional inalcanzable. ¡Ya ha gastado suficiente!
El tono conciliador y melífluo con el que ha hablado, sus palabras engañosas (democracia, diálogo, empatía, voluntad negociadora, progreso, convivencia) constituyen trampantojos con los que trata de ocultar una pared infranqueable denominada golpe de Estado. Una muralla que la democracia ha de defender con todo el vigor necesario. Un delito de rebelión, envuelto en mentiras, al que es preciso poner fin de una vez por todas.
Puigdemont ha tratado de justificar su proclamación sediciosa dando validez democrática a una votación convocada al margen de la legalidad, realizada sin garantía alguna, ni control, ni interventores, ni rigor, que ha dividido en dos mitades irreconciliables a la sociedad catalana. Ha presentado la legítima actuación de la justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad como medidas de represión antidemocráricas, y el desacato a la Carta Magna como un alarde de valentía. Ha culpado al Estado de los daños irreparables causados por su deriva suicida. Y en eso no se equivoca del todo. Esto habría que haberlo parado mucho antes. Como muy tarde, el 9-N. Los errores de cálculo y la pusilanimidad del Partido Popular y el Partido Socialista han contribuido decisivamente a llegar a este callejón sin salida con un balance de daños altísimo.
Entre victimismo, acusaciones de catalanofobia, apelaciones a Franco, falsedades sobre presuntas desinversiones en infraestructuras y persecución de la lengua catalana, cuando el único perseguido allí es el castellano, Puigdemont ha tejido un relato lacrimógeno que podría tener algún viso de credibilidad fuera de nuestras fronteras si Cataluña fuese una región deprimida y no una de las más ricas de Europa. Ni una vez ha pronunciado las palabras «Constitución» o «España». Se ha permitido desacreditar al Rey y al Tribunal Constitucional por cumplir con su deber de defender la unidad nacional, la legalidad y el orden democrático, presentando a los golpistas como víctimas de la represión y denominando «peticiones catalanas» lo que son hechos consumados, desobediencia a las leyes democráticas y desafíos sediciosos. ¡Cuánto daño hizo José Luis Rodríguez Zapatero diciendo aquello de «aceptaré lo que venga de Cataluña»! Proporcionó un pretexto impagable al separatismo para justificar lo sucedido este martes, deslegitimando la Carta Magna, liquidando el principio de soberanía y deshaciendo con una ocurrencia siglos de cohesión nacional.
«No somos golpistas, delincuentes o locos», ha exclamado casi suplicante el inminente ex «president», tratando de inspirar lástima. Sí, lo son. No solo golpistas y locos, sino unos ladrones que pretenden robar la soberanía de los españoles.
Al final, llegado el momento de cumplir con la promesa formulada a las CUP a cambio de su apoyo parlamentario, le han temblado las rodillas y ha tenido que beber agua pensando en los 20 años de cárcel que podrían y deberían caerle por un delito de rebelión. «Cataluña se ha ganado el derecho a ser un estado independiente en forma de república», ha declarado, vacilante. Como además de golpista y ladrón es un hipócrita cobarde, ha añadido a renglón seguido «pido que el Parlamento suspenda los efectos de esta declaración para emprender una etapa de diálogo».
Yo pido a Mariano Rajoy y al fiscal general del Estado que pongan fin a este desatino hoy mejor que mañana. Que manden detener a los rebeldes y restauren el orden democrático. Los ciudadanos catalanes ya han pagado bastante cara la ineptitud de sus gobernantes. De todos.
Ver artículo original:
