El artículo 155 y el Código Penal, en suspenso. -Editorial/LD-

Parece ser que ni el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se han dado por enterados (o querido darse por enterados) de la declaración de independencia de Cataluña proclamada el martes por Carles Puigdemont en el Parlamento catalán. No se explica, de otro modo, que, en lugar de presentar inmediatamente una querella contra el presidente de la Generalidad por un delito de rebelión (tipificado claramente como tal en el artículo 472.5 del Código Penal), el máximo responsable del Ministerio Público guarde silencio; o que el presidente del Gobierno, en el colmo del surrealismo, se haya visto en la necesidad de pedir una aclaración al cabecilla del golpe de Estado para que “confirme” si ha declarado la independencia de Cataluña.

Lo peor de todo, sin embargo, es la brutal manipulación mediática y política que ha hecho pasar esa surrealista petición de aclaración al todavía impune y ya reincidente delincuente que preside la Generalidad como si se tratase del “requerimiento previo” del que habla el artículo 155 de la Constitución. Ese “requerimiento previo” tiene como finalidad la de exigir al presidente de la comunidad autónoma el inmediato cumplimiento de las obligaciones que las leyes le imponen o el inmediato cese de actuaciones que atenten gravemente contra el interés general de España, incumplimientos e ilegales actuaciones que el legislador da por descontadas y no susceptibles de ser valoradas por el presidente autonómico que las ha perpetrado.

La decisión de Rajoy de incluir al mismo tiempo un segundo requerimiento –este sí– en el que insta a Puigdemont a cesar en dichos “incumplimientos” y “actuaciones” nos aboca a tener que esperar al día 19 de octubre para conocer cuáles son las medidas que Rajoy propone al Senado para forzar el acatamiento del orden constitucional por parte de la Administración autonómica en rebeldía, medidas que podrían significar –o no– su suspensión parcial, total, temporal o indefinida.

No menos grave es la circunstancia de que este esperpéntico compás de espera esté afectando a la acción de la Justicia, como ilustra el inquietante hecho de que la Fiscalía General del Estado no haya instado querella alguna contra los cabecillas del golpe y máximos mandatarios de la Generalidad desde el pasado 7 de septiembre, con ocasión de la convocatoria del 1-O. Pasividad inexplicable si se tiene en cuenta la cantidad de delitos que se han perpetrado desde entonces y el hecho de que sí se ha procedido judicialmente contra los subordinados de Puigdemont, como el mayor de los Mossos d’Esquadra, o los presidentes de Òmnium Cultural y la ANC. ¿Cómo es posible que se haya abierto causa judicial por delito de sedición contra quienes, como Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, sirvieron de correas de transmisión del público y sedicioso llamamiento de Puigdemont del 20 de septiembre pero no se haya incluido en la causa a la autoridad que incitó públicamente dicha sedición? ¿También la implicación de Puigdemont en estos hechos va a quedar a juicio del propio Puigdemont?

Eso, por no olvidar la inolvidable y escandalosa decisión de la Fiscalía, tras la dimisión de Torres Dulce como fiscal general, de retirar de su escrito de acusación contra Artur Mas los delitos que implicaran penas de cárcel (usurpación de funciones y malversación); decisión del Ministerio Público tomada en paralelo a la decisión del Gobierno de Rajoy de impulsar lo que se conoció como operación Diálogo, a cargo de Soraya.

Todo apunta a que esta inexplicable impunidad de Puigdemont y esta igualmente inexplicable resistencia de Rajoy a suspender una Administración que lleva en rebeldía desde 2012 obedecen a ese “diálogo dentro de la legalidad” que este mismo miércoles el presidente del Gobierno ha vuelto a ofrecer a unos golpistas a los que ningún propósito de enmienda les debería evitar soportar todo el peso de la ley. En este mismo repugnante sentido apuntan las esclarecedoras declaraciones de Pedro Sánchez, en las que ha asegurado haber acordado con Rajoy la puesta en marcha de una comisión constitucional para “modernizar” la Carta Magna.

Habida cuenta de las inocultadas ganas de Rajoy –no digamos de Pedro Sánchez– de contentar a los nacionalistas, todo apunta a que la Cataluña nacionalista va a seguir gozando –con o sin reforma constitucional– de una inadmisible independencia de facto si Puigdemont renuncia a que dicha independencia sea declarada y reconocida de iure.

Ver artículo original:

http://www.libertaddigital.com/opinion/editorial/el-articulo-155-y-el-codigo-penal-en-suspenso-83405/

Anuncios

155 rodeos y una mentira. -Javier Somalo/LD-

Casi una semana después de que lo hiciera el Rey, el presidente del Gobierno se dignó a hablar públicamente sobre Cataluña. Entre medias, un millón de personas llenó Barcelona de banderas de España y el presidente de la Generalidad consumó el golpe de Estado proclamando, para todo aquel que lo quiera leer, la independencia de Cataluña en forma de república.

La frase pronunciada por Rajoy en el Pleno extraordinario del Congreso al hilo de un requerimiento que casi parece un chivatazo –Espero fervientemente que Puigdemont acierte en su respuesta– revela su nula intención de aplicar la Ley frente a una flagrante violación. Significa que la Generalidad goza de un privilegio más que añadir a la larga lista que ha hecho de Cataluña una comunidad artificialmente líder en muchos sectores: el privilegio de incumplir la ley sin consecuencias. Aun si se diera el remoto caso de que Puigdemont se retractara efectivamente del golpe –no de una declaración sino de todo lo que la ha rodeado–, la ausencia de una respuesta penal sería una omisión intolerable. Pero el problema real es que el nacionalismo es, por definición, inintegrable en una sociedad democrática, por lo que los indescriptibles deseos de Rajoy aventuran una rendición sin precedentes.

Como buen orador que es, Rajoy ha expuesto brillantemente, remontándose varios años, el inventario de agravios del separatismo catalán a España. Pero en su análisis está su condena: ¿cómo puede un presidente del Gobierno reconocer públicamente que se ha violado sistemáticamente la Ley hace años y que no ha habido consecuencias más allá o más acá del artículo 155? ¿Ha convertido acaso Mariano Rajoy el Poder Ejecutivo en un mero órgano consultivo que emite informes sin carácter vinculante? Si todavía tuviera un diagnóstico erróneo del problema podríamos achacarle ineptitud, que no está falta España de figuras políticas poco dotadas para el análisis. Pero si, como ha hecho en la tribuna, acierta de pleno en el diagnóstico sobre el nacionalismo no cabe sino reprobar con vehemencia su actitud como la más inútil para que vuelva la legalidad a Cataluña que fue, precisamente, lo que le reclamó el Rey.

Pese a que el texto del requerimiento remitido por Soraya Sáenz de Santamaría a Puigdemont se erige en paso preceptivo para la aplicación del artículo 155 de la Constitución, no lo es. Nada más lejos. Lo explicó muy bien el propio Mariano Rajoy en su turno de réplicas a los grupos parlamentarios:

Es muy importante que el señor Puigdemont acierte. Basta con que diga lo que le hemos escuchado aquí al señor Aitor Esteban [que no ha habido declaración de independencia]. No es lo mismo que el presidente de la Generalidad diga que ha habido declaración de independencia, en cuyo caso el gobierno actuará de una manera, o que diga que no ha habido declaración de independencia, en cuyo caso el gobierno actuará de otra manera. Son situaciones diferentes.

Así que, este remozado artículo 155 contempla la versión del delincuente como única, mienta o no. La calificación del delito le corresponde pues, al reo. ¡Menciona el 155 para que se callen! Pero si Puigdemont “acierta” ya podemos descansar de tanta fatiga y negociar. Esta es la gran mentira que hoy calma a los constitucionalistas sobrevenidos. La mentira que además, avanza los términos en los que puede plantearse una reforma constitucional. El artículo 155 sufrirá el mismo proceso que padeció la LOAPA –auténtico desarrollo del marginado artículo y magistralmente armada por Eduardo García Enterría–, que se usó para calmar los ánimos tras el 23-F y se fulminó en las fronteras del cambio político entre Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González.

El Gobierno de España ha sentado una suerte de jurisprudencia política con la gestión del golpe de la Generalidad. Si la compañía elegida es el PSOE de Sánchez –sombra y sostén de Podemos– y su idea de España, habrá quedado sin reparar la puerta derribada a patadas por la Generalidad para que la crucen el País Vasco, Navarra, Galicia, Valencia, Baleares y todo aquel que quiera ser nación destruyendo la única que lo era y merecía preservarse.

Ver artículo original:

http://www.libertaddigital.com/opinion/javier-somalo/155-rodeos-y-una-mentira-83400/