Santamaría tiene que abandonar el Gobierno y Trapero, seguir los pasos de los ‘Jordis’ -LD-

A medida que se agotan los plazos concedidos graciosamente por el Gobierno de Mariano Rajoy al asombrosamente aún presidente del Gobierno regional catalán, Carles Puigdemont, principal impulsor del golpe de Estado en Cataluña, se suceden una serie de hechos de la mayor gravedad. Las palabras de la vicepresidenta del Gobierno en su última comparecencia sobre este asunto son, sin duda, un punto de no retorno que convierten al Ejecutivo de Rajoy en corresponsable, por omisión, del ataque separatista a nuestro democrático.

En el 23-F, los golpistas fueron detenidos, juzgados y enviados a prisión. Ahora, sin embargo, el Gobierno ofrece diálogo a los sediciosos y hace todos los esfuerzos posibles para no asumir su más alta responsabilidad: y cumplir y hacer cumplir la ley en todo el territorio nacional.

“Nadie ha tenido tan fácil una respuesta y nadie ha tenido tan fácil evitar que se aplique la Constitución”. Estas alucinantes palabras de Soraya Sáenz de Santamaría suponen una confesión en toda regla de que la intención del Gobierno es colaborar con los golpistas que pretenden acabar con la Nación y con el Estado de Derecho.

La confesión ante las cámaras de Sáenz de Santamaría es el reconocimiento de que el Gobierno está colaborando con los golpistas para evitar que asuman sus gravísimas responsabilidades. La vicepresidenta ha quedado desautorizada para liderar la acción del Gobierno para el restablecimiento del orden constitucional en Cataluña. Por eso debe dimitir o, si verdaderamente no estamos ante un Ejecutivo cómplice de los golpistas, ser destituida.

En cuanto al felón mayor de los Mozos, Josep Lluís Trapero, es incomprensible que no haya sido enviado a prisión como los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, pues es tan sedicioso como ellos pero aún más culpable de lo que sucedió el 1 de octubre, habida cuenta de que su misión, ordenada por la propia Justicia, era impedir que se llevara a cabo la consulta liberticida organizada por los otros dos. Mandato que se negó a cumplir en abierto y afrentoso desafío a la legalidad que juró proteger cuando accedió al cargo que, ominosamente, aún desempeña.

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