Ley de memoria histórica: el acabose. -Ramón Pérez-Maura/ABC-

Melancolía produce el ver que cada día tiene menos influencia en los políticos lo que se escribe en los periódicos y lo que opinan sus compañeros de filas más experimentados. Esta semana hemos tenido una prueba verdaderamente irrefutable. El pasado martes, don Marcelino Oreja Aguirre, exministro de Asuntos Exteriores, exsecretario general del Consejo de Europa, excomisario europeo, presidente de honor de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas –casi nada– publicaba en estas páginas una luminosa Tercera sobre la Ley de la Memoria Histórica que concluía con un párrafo inequívoco y perfecto compendio de lo que antecedía: «La Ley de Memoria Histórica es una falsedad, un grave error y un mal servicio a España. Estas son mis convicciones en las que deseo permanecer fiel en lo que me queda de vida».

Ese mismo día, el Parlamento de Baleares, aprobaba su propia ley de memoria histórica. Allí gobierna una coalición de izquierdistas y nacionalistas catalanes, así que, en puridad, nada de extraño tiene. Pero lo que convierte este hecho en el acabose es que esa denominada «Ley de Memoria Democrática de las Islas Baleares» se aprobó con los votos a favor del Partido Popular de Baleares, que preside Biel Company. Esta es una ley perfectamente prescindible por muchos motivos, entre otros porque sólo pretende replicar allí una ley que ya es de aplicación en toda la nación. Ya se sabe lo que les gusta a los parlamentos autonómicos legislar y legislar sobre cosas que ya están legisladas. Y es una ley que el PSOE que gobierna Baleares quiere cambiar y endurecer si vuelve al poder.

Pero la ley balear ha tenido alguna utilidad colateral. Nos ha servido para ser informados de que el PP, después de no haber considerado necesario derogar la ley de amnesia histórica zapaterista, ahora está abiertamente alineado con ella al menos en Baleares. Una ley que, por ejemplo, a algunos ciudadanos nos está causando notables perjuicios por el empeño del Ayuntamiento de Madrid de cambiar el nombre de nuestra calle escudándose falsamente en esa ley. O quizá también en Madrid, porque desde el martes pasado no he escuchado ninguna salvedad o reproche del PP nacional a la actuación de sus hombres en Baleares. Pero ¿a quién puede sorprender eso? Martínez-Maíllo está demasiado ocupado persiguiendo y denunciando a ABC como para atender minucias como la Ley de la Memoria Histórica y la deriva catalanista del PP balear.

Ayer mismo el «Diario de Mallorca» (Grupo Moll) publicaba un análisis en el que se explicaba cómo el PSOE quiere a Biel Company como candidato a la presidencia de Baleares, razón por la cual se abstienen de hurgar en sus puntos débiles. Lo quieren como rival, porque es el más débil de cuantos pueda oponer el PP a la presidenta balear Francina Armengol. «El PSOE balear desea a Biel Company encabezando la candidatura del PP; de ahí que se guarde el material desestabilizador. Cualquier otra u otro, se aduce, es más peliagudo que Company».

Esta semana el discurso del diputado del PP por Tarragona, Alejandro Fernández, en el Parlamento de Cataluña se ha vuelto viral. Hablaba sobre convivencia y parlamentarismo al hilo de una iniciativa parlamentaria de Ciudadanos. Ese discurso de apenas cinco minutos ha tenido un inmenso impacto porque representa la antítesis del actual discurso del PP balear. Porque el PP de Cataluña ya pasó por ser tibio ante el nacionalismo. Y eso le ha llevado a estar donde está: en la marginalidad. Pero el PP de Baleares sigue la ruta que antaño hollaron sus socios catalanes, impasible el ademán.

Ver artículo original:

 

Anuncios

La incapacidad de Rajoy de defender a España. -Roberto Centeno/La tribuna de Cartagena-

El CNI, que depende de la indigna Sáez Santamaría, dispone de recursos económicos pero en vez de emplearlos en defender a España, los emplea en destruir a los enemigos personales de la vicepresidenta. Detrás de los ataque de medios extrajeros a españa está George Soros, empeñado en una cruzada para la destrucción de Europa, a la que primero ha llenado de inmigrantes musulmanes y ahora pretende convertir, los 28 países que constituyen la Unión Europea, en 200.

Me uno indignado -como millones de españoles- a la denuncia de Arturo Pérez Reverte contra el gobierno, por no mover un dedo para frenar la campaña de desprestigio contra España.

En los últimos días hemos visto como en los medios internacionales (Washington Post, The Times, o Le Monde, entre otros) se publicaban algunos artículos difamatorios con una ignorancia absolutamente supina del problema catalán, donde una organización criminal -con procedimientos no ya fascistas sino calcados de la Alemania de Hitler, claramente nazis- ha puesto el Parlamento de todo el pueblo catalán al servicio exclusivo de los golpistas y al margen del Estado de Derecho, mientras amedrantan y marginan al 50% de los catalanes -no nacionalistas-, y mientras el cobarde y miserable de Rajoy se ha ido de vacaciones a Galicia para hacer senderismo.

El grado de información sobre los hechos en Cataluña, constitutivos de alta traición en todas las legislaciones del mundo civilizado empezando por la Alemana (en el Art 82 de su Constitución), hechos que no serían tolerados -ni por un momento- por los periodistas de estos diarios extranjeros, es tan absolutamente incomprensible que sólo cuando uno se asoma a la propiedad de los citados diarios comprende la razón de tamaños dislates.

En todos ellos aparece directa o indirectamente George Soros, empeñado en una cruzada para la destrucción de Europa, a la que primero ha llenado de inmigrantes musulmanes y ahora pretende convertir, los 28 países que constituyen la Unión Europea, en 200.

Esto, sin embargo, no es excusa -sino lo contrario- para que esa plaga bíblica que es el señor Rajoy no haya hecho lo más mínimo para responder a estos canallas, que como ocurría a principio de los años 30, también jaleaban el ascenso al poder de Adolf Hitler.

Las embajadas españolas en el extranjero -que deberían ser las encargadas de responder adecuadamente a tamañas vilezas- no tienen un euro, ya que el traidor de Rajoy lo emplea en pagar puntualmente las subvenciones a TV3 y a los .cat que constituyen la columna esencial de propaganda nazi de los golpistas.

Sin embrago el CNI, que depende de la indigna Sáez Santamaría, sí lo tiene, pero en vez de emplear los recursos en defender a España, los emplea en destruir a los enemigos personales de la vicepresidenta, que acaba de liquidar de un plumazo la carrera política de Cristina Cifuentes (que aunque lo tenga más que merecido por su inaudita estupidez, en el caso de un máster de mierda, en una universidad de mierda), lo bien cierto es que alguien tendría que explicar si se han empleado recursos públicos por parte de la vicepresidenta cuya maldad solo es superada por su incompetencia y su ciega ambición.

Y mientras tanto el tal Torrent, el nuevo nazi al frente del Parlamento catalán, que maneja el mismo en forma que no sería tolerada en ningún parlamento democrático, despreciando totalmente al conjunto de la oposición y manteniendo esa institución como “un club privado al servicio de una banda criminal”, se permite incitar a la violencia a las bandas de la chusma separatista a las que los Mossos –el brazo armado de la organización criminal pagado con nuestro dinero-  dejan campar por sus respetos, cortesía de la increíble cobardía y falte de dignidad de Mariano Rajoy, ¿para qué te sirve el 155 pedazo de traidor?

 

[Img #10316]

Piquetes secesionistas de los CDR cortan la autopista A7

Y eso que este lumpen golpista no tiene media bofetada. Tanto que después de cortar varias carreteras en protesta por la detención del jefe de la banda -al que esperan sin duda largos años de cárcel-, de repente varios camioneros, afectados por el corte, se han bajado de los camiones, con barras de hierro y no ha quedado ni un piquete de los pomposamente llamados CDR (Comités de Defensa de la República). Todavía les están buscando por La Junquera: han sido sólo ocho camineros contra unas 70 personas… ¡no ha hecho falta nada más!

¿Esta mierda de República se quiere independizar de España?

¡RAJOY, TRAIDOR, DEFIENDE A TU NACIÓN!

Ver artículo original:

Si los golpistas se libran de la cárcel será gracias al PSOE. -Liberal Enfurruñada/OKDiario-

En 1995 el PSOE, IU y los independentistas vascos y catalanes, suprimieron del Código Penal un artículo que castigaba con prisión cualquier declaración de independencia. Era el artículo 214 y decía que “son reos de rebelión los que se alzaren públicamente para… declarar la independencia de una parte del territorio nacional”, sin ninguna mención al uso de violencia. El Código Penal reformado por el PSOE, exige, en su artículo 472, para que exista rebelión, que dicha declaración de independencia debe ser violenta. En su auto de procesamiento el juez Llarena imputa este delito de rebelión a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Antonio Comín, Josep Rull, Dolors Bassa, Clara Ponsatí, Joaquim Forn, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell y Marta Rovira, además de imputar por malversación a los nueve primeros y por desobediencia a otros 12 imputados, entre ellos la fugada Anna Gabriel.

El delito de desobediencia tan sólo está penado con multa e inhabilitación para cargo público y el de malversación con un máximo de ocho años de cárcel. Así pues la clave para que los golpistas puedan ser condenados por rebelión a penas que conllevan condena de hasta 25 años de prisión se encuentra en que el juez demuestre que su alzamiento ha sido violento. Y aquí es donde comienzan las discrepancias entre juristas. Los términos violencia, violenta/o y violentamente aparecen 35 veces en un auto de apenas 70 páginas, lo que nos da una idea de la importancia que el juez otorga a su acreditación. Pero no todos coinciden en que lo haya conseguido porque la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para apreciar que alguien ha actuado con violencia, exige que se haya “usado la fuerza física para producir un daño de intensidad suficiente para doblegar la voluntad de aquel contra quien se dirige”. O sea, que no cualquier uso de la violencia significaría un alzamiento violento, sino tan sólo cuando esta violencia fuera tal que sin ella no se conseguirían los objetivos de los alzados, opinan algunos.

Los hechos violentos en los que se centra el magistrado son los que ocurrieron los días 20 de septiembre, cuando convocaron a la población ante la sede de la Consejería de Economía, y 1 de octubre, cuando instigaron a los ciudadanos a obstaculizar que las fuerzas policiales cumplieran su cometido de impedir el referéndum. Y detalla una reunión ocurrida en medio de ambas fechas, el 28 de septiembre, en la que los máximos responsables de los Mozos se reunieron con el presidente de la Generalidad, su vicepresidente y el Consejero de Interior, para informarles de que “la gran cantidad de colectivos movilizados en aquellas fechas… hacían prever… una escalada de la violencia, con brotes importantes de enfrentamiento… Pese a ello, la decisión de los miembros del Gobierno fue que la votación había de celebrarse”.

El magistrado entiende que existe delito de rebelión porque ya hubo violencia el 20 de septiembre, el 28 de septiembre los jefes de los Mozos advirtieron de que el 1 de octubre habría enfrentamientos violentos y pese a todo ello, el Gobierno catalán celebró un referéndum ilegal que no se habría llevado a cabo sin el uso de dicha resistencia violenta, de lo que hace responsables a todos los imputados por rebelión. Ciertamente todos vimos que se produjeron tumultos violentos. La clave está en si, como exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo, dicha violencia tuvo una intensidad decisiva o sólo fueron altercados de incontrolados entre una multitud mayoritariamente pacífica, y aquí caben interpretaciones. Lo que está claro es que si finalmente los golpistas se libran de la cárcel deberemos agradecérselo al PSOE.

 

Ver artículo original:

La maraña de las subvenciones ‘feministas’: 9.102 partidas y 93 millones de euros. -D.S.C.-LM-

La polvareda que levantó la manifestación y huelga feminista del 8 de marzo tendrá continuación a nivel presupuestario. Las organizaciones convocantes de la protesta defienden abiertamente la apertura de nuevas dotaciones de dinero público orientadas a promover ‘políticas de mujer’, ‘planes de igualdad’ y medidas similares.

Pero sería un error pensar que eso no está ocurriendo ya. La semana pasada, Libre Mercado hablaba de los 254 millones de euros que ha comprometido la Comunidad de Madrid en una Estrategia de Igualdad que se desarrollará entre los años 2018 y 2021. Un ejemplo de que, pase lo que pase a nivel nacional, las autonomías ya están en esto desde hace tiempo.

En este sentido, cobra especial interés el hilo de tuits publicado recientemente por Absolutexe, un analista que, en virtud de su buen manejo de los datos, se ha especializado en explorar las subvenciones que conceden nuestras Administraciones Públicas. Su último trabajo documenta más de 93 millones de euros concedidos en 9.102 subvenciones aprobadas desde el año 2014.

Para ser exactos, las ayudas localizadas están valoradas en 93.696.770 euros y responden a las distintas partidas presupuestarias que llevaban en su título dos palabras clave: “mujer” y “convocatoria”. Esta metodología supone apenas una aproximación, ya que muchas subvenciones tienen otro concepto. Un buen ejemplo aportado por Absolutexe para entender este punto era el de la Fundación Mujeres. Si buscamos subvenciones asignadas a dicha entidad, detectamos 521.088 euros, pero si colocamos su CIF en la base de datos, encontramos un total de 4,9 millones en transferencias.

En cualquier caso, la búsqueda de los términos “mujer” y “convocatoria” ayuda a entender el creciente peso que tienen estas ayudas. Así, sin dejar a la Fundación Mujeres, nos topamos con 97.808 euros concedidos en junio de 2015 para subsidiar un programa de “desarrollo para inmigrantes”, mientras que también aparecen 102.762 euros asignados en diciembre de 2015 para “proyectos de cooperación para el desarrollo en el exterior”.

Esta entidad recibe ayudas de distintas instancias: entre las transferencias detectadas está la Dirección General de Servicios de Familia, el Instituto de la Mujer, la Dirección General de Migraciones… A esto hay que sumarle otras capas administrativas: el Ayuntamiento de Gijón, la Vicepresidencia de la Xunta de Galicia, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, la Presidencia del Principado de Asturias, la Agencia Extremeña de Cooperación, la Diputación Provincial de Córdoba, el Ayuntamiento de Madrid, la Secretaría General de Servicios Sociales de Andalucía…

Más de 9.000 partidas

Pero sería injusto centrar solamente el tiro en la Fundación Mujeres porque, en realidad, las ayudas detectadas abarcan más de 9.000 partidas. Tenemos a la Asociación Mujeres para la Salud recibiendo 995.969 euros, al Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo obteniendo 485.190 euros, a la Fundación Mujeres Jóvenes haciéndose con 408.480 euros, a la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas con ayudas por 3.580.198 euros, al Fórum de Política Feminista captando 57.302 euros, a la Asociación de Mujeres Juristas Themis recibiendo 2.230.099 euros a través de diez partidas distintas, a la Federación de Asociaciones de Madres Solteras beneficiándose de 910.234 euros a través de once transferencias…

Otro caso llamativo es el de la Federación de Mujeres Progresistas. Según los datos recopilados, las cuentas públicas acreditan 5.364.141 euros en subvenciones concedidas a dicha organización. De esa cifra, la Comunidad de Madrid aportó recientemente 655.001 euros, con nueve subvenciones de diferentes importes anunciadas en diciembre de 2017.

La lista, en cualquier caso, es muy larga. Como decíamos al comienzo, la base de datos que ha sacado a la luz el citado analista anónimo incluye más de 93 millones de euros repartidos en la friolera de 9.102 partidas presupuestarias. Una auténtica maraña de subvenciones que confirma el importante peso que tiene el Estado a la hora de sostener a este tipo de entidades.

Ver artículo original:

Otra fuga en las narices del Gobierno: ¿incompetencia o connivencia? -LD-

Del “lucharemos hasta el final” que blandía entre sollozos ante la prensa en noviembre de 2017 al ahí os quedáis que yo me fugo a Suiza de este viernes. Marta Rovira, secretaria general de ERC y madre de la utópica “república catalana”, es la última golpista que toma las de Villadiego para evitar la cárcel, junto a sus compinches ya fugados Carles Puigdemont, Anna Gabriel, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Lluís Puig y Toni Comín.

La esperpéntica fuga que ha protagonizado Rovira demuestra, en primer lugar, su profunda cobardía a la hora de no querer afrontar las consecuencias de sus irresponsables e ilegales actos contra el Estado de Derecho y la Constitución. La misma que gritaba en las calles “No tenemos miedo”, bajo la confianza de que la Justicia nunca actuaría contra el golpe de estado separatista, emprendió su huida de madrugada, dejando como legado una carta de justificación que ha sonado a traición entre los que este viernes han entrado en prisión, pero que, en realidad, constituye la esencia del gran engaño secesionista.

Los nacionalistas catalanes, desde los Pujol hasta los Puigdemont, han alimentado durante décadas esa retrógrada y liberticida ideología supremacista entre la población con el único fin de mantenerse en el poder a toda costa para seguir ejerciendo el clientelismo y la corrupción institucional. Pero a la hora de la verdad, y después de haber fracturado Cataluña por la mitad, causando de paso un daño irreparable a su economía, los artífices de la mayor amenaza que ha sufrido la democracia española emprenden la huida en nombre de los catalanes para salvarse, única y exclusivamente, ellos mismos. Además de cobardes, son una panda de viles e hipócritas.

Dicho lo cual, resulta incomprensible que el Gobierno, y más concretamente el CNI que dirige Soraya Sáenz de Santamaría, sabiendo el evidente riesgo de fuga que existía por parte de los encausados, tras los precedentes de Puigdemont, Gabriel y compañía, no hiciera absolutamente nada para evitar semejante vergüenza. Una de dos. O bien la incompetencia de la vicepresidenta es muy superior a la que muchos ya atisbaban desde hace tiempo o bien los separatistas cuentan con la favorable connivencia del Ejecutivo, lo cual sería mucho más grave. Es inaceptable que nadie en el seno del Gobierno haya movido un dedo para evitar dichas fugas. En cualquier otro país europeo, este bochornoso episodio se cobraría, sin duda, la cabeza de uno o varios responsables políticos. La intocable Soraya, sin embargo, artífice, además, de la desastrosa “operación diálogo” con la Generalidad de Cataluña, sigue tan tranquila en su puesto, sin que nadie siquiera la señale. ¿Se imaginan algo así en EEUU? La prensa estaría triturando a la responsable de los servicios de inteligencia ante semejante ridículo y muestra de incompetencia, en el mejor de los casos. Pero en España, en la prensa que maneja con mano de hierro, Soraya es intocable.

El pasivo papel que desempeñó el Gobierno de Mariano Rajoy durante los meses previos al referéndum del 1 de octubre, la tardanza y debilidad con la que, finalmente, se decidió a activar el artículo 155 de la Constitución, previo requerimiento del Rey, y el repentino cambio de criterio que ha protagonizado la Fiscalía General del Estado para intentar propiciar la salida de la cárcel del exconsejero de Interior Joaquim Forn son señales nada halagüeñas.

De hecho, si Turull, Rull, Forcadell, Bassa y Romeva, junto al resto de procesados por rebelión, duermen hoy en prisión no es gracias, precisamente, a la actuación del Gobierno, ni tampoco de iniciativas de Ciudadanos ni mucho menos del PSOE, sino al buen hacer del juez Llarena, que ha desoído fortísimas presiones del Gobierno para dejar en libertad a los golpistas y, sobre todo, a la iniciativa que, en su día, puso en marcha VOX, en su papel de acusación popular, contra la cúpula secesionista que orquestó y lideró el golpe. Es justo reconocer el enorme mérito del partido que lidera Santiago Abascal, especialmente ahora que otros que no han hecho nada querrán apropiarse de este éxito.

Ver artículo original:

La Izquierda despreciable y la Derecha lamentable. -F.J. Losantos/LD-

Tres días para la infamia, para la larga historia de sus infamias, ha acumulado la Izquierda en esta última semana: el primero fue el de la sesión de ultraje en el Congreso a los familiares de las víctimas de asesinos en serie, protagonizada por un politijuez del PSOE llamado del Campo, apellido adecuado si lo limitamos al Rastrojo; el tercero fue el de la toma del barrio de Lavapiés por hordas podemitas encapuchadas y acarreadas en autobús, que tras manipular la muerte por infarto de un mantero senegalés, rompieron escaparates, saquearon comercios, destrozaron cajeros, quemaron sucursales bancarias, destrozaron el mobiliario urbano, incendiaron contenedores, hirieron a dieciséis policías y, al día siguiente, declararon al mantero muerto “víctima del capitalismo“.

Entre ambos días, el de la injuria y el del molotov, hubo otra jornada parlamentaria, en la que Podemos, que aunque de forma menos gorilesca que el bípedo sociata también apoyó al PNV y la ETA para derogar la Prisión Permanente Revisable, presentó el programa más completo para acabar con la propiedad privada que hayan visto nunca los leones de las Cortes, que lo han visto casi todo. Proyecto éste que parte de la anulación del derecho de propiedad de los propietarios de viviendas en favor de okupas y maleantes, calcado del chavista que popularizó el Gorila Rojo con el “¡Exprópiese!”. Lo pasmoso es que sólo el PNV votó en contra. PP y Ciudadanos se abstuvieron.

ZP con Irene Villa, Sánchez con el niño Gabriel

Pero como ha recordado muy acertadamente David Gistau, el público desprecio del PSOE por las víctimas no lo ha inaugurado el antropodiputoide que acusó al PP de utilizar el dolor de las víctimas y luego usó una frase de la madre del niño Gabriel contra los padres de la niña Mari Luz, Diana Quer o Sandra Palo, que, invitados en la tribuna de las Cortes, se vieron insultados por el zafio politijuez que les acusaba de buscar “venganza y no justicia”. Esa actitud se inscribe en el desprecio a las víctimas de ETA que no sólo creó sino que sistematizó e institucionalizó el siniestro Rodríguez Zapatero.

El momento fundacional de ese discurso sociópata del PSOE tuvo lugar cuando ZP recibió a Irene Villa y su madre en la puerta de la Moncloa y les espetó ceñudo: “a mí también me fusilaron a un abuelo”, ¡como si lo hubieran fusilado las pobres víctimas de la ETA, con la que él andaba ya en negociaciones, y no el bando de sus otros tres abuelos, que también era el del cuarto hasta que lo traicionó! Por supuesto, lo que les reprochaba era que le pudieron reprochar pactar con sus verdugos, que era lo que venía haciendo, a escondidas antes de llegar al Poder, y a cara descubierta ya en la Moncloa.

Pero además, como bien recuerda Gistau, el dúo ZP-Rubalcaba puso en marcha una Oficina de Atención a las Víctimas, con Peces Barba al frente, cuya tarea esencial era deslegitimarlas y, sobre todo, desactivar la AVT de Francisco José Alcaraz, que como referente moral de la sociedad española convocó manifestaciones gigantescas, todas respaldadas por el PP, contra su pacto con la ETA y pidiendo la verdad de sobre la masacre del 11M, cuya manipulación por el PSOE y PRISA impidió a Rajoy ganar las elecciones. Lo que ha hecho Rajoy en el poder con la ETA, el 11M y la AVT sólo ha sido continuar la tarea de ZP y Rubalcaba de deslegitimación de las víctimas.

Y cuando ha querido utilizarlas -porque sin duda, aunque con razón, lo mueve un legítimo fin electoral: atacar las vacilaciones de Ciudadanos, se ha encontrado con aquel discurso de Peces Barba y la patulea cebrianita, (artillada, como entonces, por García Ferreras y Pre-Escolar) acusando a las víctimas de buscar venganza y no justicia, como si buscar justicia fuera algo criminal y no la respuesta al crimen. Como si las leyes no estuvieran para castigar al asesino sino para “mirarlo a los ojos y sentir empatía”, como predicaba Carmena en La Tuerka de Pablo Iglesias. O sea, para buscar cómo absolverlo, a costa de la memoria de las víctimas y del dolor de sus familias.

La teoría en el Parlamento, la práctica en Lavapiés

Como explica detenidamente Manuel Llamas en este artículo, lo que plantea Podemos es la liquidación del derecho de propiedad, en base a uno de tantos brindis al sol de la Constitución, el del derecho a una vivienda digna, que sería interpretado como le dé la gana el Poder político según cumpla su “función social”. Dado que la función social básica para el comunismo es la liquidación de la propiedad y la libertad individual indisociable de ella, lo que se busca es legalizar el asalto de las viviendas, cuya función social sería la de albergar gratis a quienes no las han pagado.

Sobre prohibir los desahucios y cualquier otra aplicación de la Ley en defensa de los propietarios, los comunistas de Podemos plantean que el poder público debe suministrar también gratis luz, gas y cualquier clase de energía y servicios a esa viviendaokupada o expropiada. Dado que el 86% de los españoles es propietario de una vivienda y el 16% de dos o más, estaríamos ante el mayor asalto a la propiedad privada en Europa desde 1917, cuando Lenin creó sobre el robo y la masacre el primer Estado comunista del mundo.

Lo asombroso no es que Podemos quiera quitarle todo a todos para quedárselo ellos, sino que PP y Ciudadanos se abstuvieran ante el proyecto. Se da el caso de que Ciudadanos se manifiesta contra el régimen liberticida de Caracas pero se abstiene ante una ley que es la copia de la que sirvió a las hordas chavistas para expropiar casas ajenas y apropiárselas por la fuerza. ¿Acaso es menos grave el “exprópiese” de Iglesias que el del Gorila Rojo?

Lo de Rajoy extraña menos, porque su proceder con Venezuela es, sencillamente criminal. Mientras el poco respetable Santoschenko ha dado el permiso de residencia en Colombia a más de medio millón de venezolanos, de las decenas de miles que lo han pedido en España, pocas docenas lo han obtenido de la burocracia rajoyana, de Dastis ‘el Plastis’ y de los secuaces que Zapatero debe de tener en la administración a cuenta, supongo, del narco-comunismo, que esa es la naturaleza del triángulo FARC-Habana-Caracas. Total, que a unos se les va la fuerza por la boca y a otros por la ventanilla.

Pero el asalto a Lavapiés, organizado desde el principio por la horda podemita y antisistema es sólo un episodio más de la escalada de violencia callejera que pretende deslegitimar el Parlamento y compensar las escasas expectativas de triunfo en las urnas de la izquierda en una situación normal. Y lo hace como en 2002-2004: utilizando cualquier argumento, cualquier protesta, cualquier sector social -pensionistas, mujeres, estudiantes, okupas, lo que sea- para presentar ante los votantes la salida del poder de la Derecha como la única forma de conseguir la paz social. O sea, convencernos de que sólo la Izquierda puede resolver el problema que previamente ella ha creado. Para ello tiene dos plataformas, las Cortes y la Calle, unidas por la televisión, o sea, La Sexta y sus secuaces.

Y mientras se prepara la resurrección del Frente Popular y Separatista, el PP les regala la televisión y Ciudadanos se entrega al opio de las encuestas, como creyendo que, cuando lleguen al poder, los tratarán mejor que al PP. Ante una Izquierda decididamente despreciable, el Centro-Derecha sigue en Babia, cobardeando, lamentable. Ni unos aprenden ni otros escarmientan.

Ver artículo original:

¿UNA EXPLICACIÓN PARA EL 11M2004? Rafael Dávila Álvarez. General de División (R.)

11M2004. No es la matrícula de un coche. Es el registro oficial de la mayor catástrofe ocurrida en la historia de España. La vergonzosa matrícula que acabó con la poca fe que nos quedaba (creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública): 11 de marzo de 2004.

Todo tiene una explicación en la historia, unos antecedentes y sus consecuencias. Nada queda entre paréntesis discontinuos en la narración y todo está hilvanado, con esmero a veces, con dolor, casi siempre. Pero hay explicación. El tiempo aclara lo de uno y otros levantando las nieblas de los peores acontecimientos; hasta de los más oscuros. Todo se sabe de lo que se puede saber.

El 11M2004 es lo más terrible que ha sucedido en nuestra historia. Por inexplicable. No encaja ni se explica. Nadie ha sabido contarlo. Nos persigue y lo hará siempre. Por los siglos de la historia. Sería terrible que alguien supiera y no desvelara lo que sabe. La sospecha nos persigue.

Hay algo en el subconsciente que permanece desde aquel día. Queremos olvidar, pero no podemos. Quisiéramos que nunca hubiese ocurrido y ocurre todos los días.

Un fracaso colectivo. Al menos institucional. Del poder y de los poderes.

Fracaso político, judicial, policial… de investigación, de analistas, de pensadores. Por no saber, por no querer, por saber, porque no era posible que aquello sucediese.

Nada es igual en España desde aquel terrible día: 11 de marzo de 2004. Ni nosotros somos los mismos. Es el peor día de la historia de España porque nadie sabe nada ni hay explicación que alivie el sufrimiento.

Conviene no olvidar ni refugiarse en la falsa esperanza que oculta la fatídica realidad. Sigamos analizando y manteniendo viva la clave: ¿Por qué? ¿Quién? Ha quedado una huella imborrable. Casi un dilema kantiano:

¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar?

Como entonaba el coro de Antígona en la tragedia de Sófocles:

“Hay muchas terribles maravillas, pero ninguna más terrible que el hombre”.

Todo empezó y acabó el mismo día. Algo inexplicable sucedió y nadie ha sabido, querido o atrevido a contarlo. ¿Qué puedo esperar?

Rafael Dávila Álvarez. General de División (R.)

Blog generaldavila.com

Ver artículo original:

Delincuencia organizada. -OKDiario-

 El trabajo desleal de los Mossos de Josep Lluís Trapero fue propio de la delincuencia organizada. Con tal de dañar y perjudicar los intereses de España, que es lo mismo que dañar y perjudicar los intereses de Cataluña, incluso llegaron a trazar un plan para eliminar la investigación sobre los autores de los atentados en la revista satírica Charlie-Hebdo. Todo por la obsesión de que dichas investigaciones no cayeran en las manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado una vez que se aplicó el artículo 155 de la Constitución. Donde debería haber colaboración, sólo había ignominia, ya que eliminar ese tipo de informes es una deslealtad además de una grave negligencia. 

Estamos hablando de “información relevante” sobre comandos del Estado Islámico, una de las amenazas más peligrosas e incontrolables a las que se enfrenta el mundo libre en estos momentos. Para prueba, los atentados de Barcelona y Cambrils donde la actuación de los Mossos —pagados con dinero público— dejó mucho que desear a pesar de que ya contaban en su poder con estos documentos que a la postre intentaron destruir en las incineradoras. Información que detalla los planes de los yihadistas, contactos y seguimientos… Una compilación esencial para la seguridad de todos los ciudadanos que, sin embargo, permanecen intactos de puro milagro. 

Inevitablemente, esto pone de relieve otra vez la figura de su exlíder, Josep Lluís Trapero. Un hombre que tenía contacto directo con la cúpula del golpe de Estado y cuyo poder sobre los Mossos era incuestionable. A pesar de todo lo publicado en exclusiva por este periódico, sigue en libertad sin ni siquiera haber pagado una fianza. Además de la gravísima negligencia que supone intentar destruir documentos vinculados con el terrorismo yihadista, los hombres de Trapero hicieron del espionaje a políticos constitucionalistas una de sus actividades más asiduas. Por no hablar, además, de la activa y vergonzosa inacción durante el asedio a las instituciones del Estado y a lo largo del referéndum ilegal del 1 de octubre. Aún quedan muchas cosas por explicar. Trapero debe volver a los tribunales.

Ver artículo original: