Archivo de la categoría: Corrupción

Las otras tarjetas “black” que no eran de Rato. -Liberal Enfurruñada/OK Diario-

La prensa apenas se ocupó de ello, así que muchos ni siquiera os enterasteis de que ayer entraron en prisión otros dos condenados por las tarjetas black de Caja Madrid, José Antonio Moral Santín y Francisco Baquero Noriega. Moral Santín perteneció durante los años 80 al ala dura del Partido Comunista, el sector prosoviético enfrentado a Carrillo. Como fundador del Partido Comunista de los Pueblos de España se integró en Izquierda Unida, quienes lo propusieron como vicepresidente de Caja Madrid. Este comunista se fundió 456.522 euros con la tarjeta, de los que 366.350 los dispuso en efectivo sacado de los cajeros y 64.782 los gastó en restaurantes de lujo. Francisco Baquero fue el secretario de Comunicación de la Federación de Banca de CCOO, quienes lo propusieron como consejero. Gastó 266.433 euros con su tarjeta en viajes, hoteles, restaurantes, joyas y hasta 5.000 en colegios privados. Ninguno de los dos devolvió nada de lo robado.

Apenas ha sido noticia porque no se llaman Rodrigo Rato y no militan en el PP, por eso apenas se comenta nada de los otros condenados que van a ingresar en prisión o ya lo han hecho. No conviene que nos enteremos de que con Rato van para dentro 5 consejeros nombrados por el PSOE, 3 de CC.OO., 2 de UGT y otros 2 de I.U. Sus nombres, sus biografías y los cientos de miles de euros que se fundieron quedan tapados por los 99.000 euros que Rodrigo Rato devolvió voluntariamente antes de ser condenado. Y estos son sólo los condenados con penas superiores a dos años de prisión. En total han sido 64 los condenados por el uso fraudulento de las tarjetas, de los que 22 pertenecían al PSOE, a I.U., a CC.OO. o a UGT, incluido el padre del podemita Ramón Espinar.

Con los 178.400 euros robados, Espinar compró objetos de lujo en Hermès y Loewe y pagaba las vacaciones familiares en estaciones de esquí. Y es que ya dijo su vástago que él es “hijo de los obreros que no pudisteis matar”. Pero hay más tarjetas black, están también las de la Fundación Andaluza Fondo Formación para Empleo (Faffe), dependiente de la Junta de Andalucía, que era una especie de agencia de colocación para familiares y dirigentes del PSOE. La UCO ha desvelado que esta fundación, que llegó a gestionar hasta 300 millones de euros de dinero público que debían haberse destinado a la creación de empleo en una de las regiones con más paro de toda la Unión Europea, llegó a tener 8 tarjetas bancarias asociadas a una cuenta corriente que tuvo un saldo de 828 millones de euros, con las que se gastaron incorrectamente más de 80.000 euros; 32.000 de ellos en clubes de alterne y 22.000 en restaurantes.

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¿Hasta dónde llega la mierda? -Luis del Pino/LD-

Harry Gross nació en Nueva York, en el seno de una humilde familia de inmigrantes rusos. En 1940, con 24 años, empezó un negocio de apuestas ilegales que poco a poco comenzó a crecer. A principio de 1941, un policía lo abordó por la calle: “Tú, eres un maricón por saltarte las reglas. ¿Qué haces operando sin permiso?”. Gross le dio al policía un billete de 50$ y le preguntó qué había que hacer para “sacarse el permiso”. Una semana después, el policía volvió con la respuesta: “Te podemos ofrecer protección, pero me preguntan en la división si estás dispuesto a ir hasta el final”. Gross no se lo pensó dos veces: “Por supuesto que sí”.

Durante la siguiente década, Harry Gross estuvo operando sus negocios ilegales en la ciudad de los rascacielos en la más absoluta impunidad, gracias a las mordidas que generosamente repartía. Las investigaciones judiciales posteriores demostraron que llegó a repartir en comisiones para la policía, en un solo año, lo que al cambio de hoy serían unos 13 millones de dólares.

Una escena chusca retrata hasta qué punto los negocios de Gross se habían convertido en una necesidad para la policía neoyorquina: muy al principio de su carrera criminal, Gross se sumió en la bancarrota apostando en partidos de baloncesto y huyó a California. Allí fueron a buscarle dos policías de Nueva York, que le prestaron los 50.000$ que necesitaba para saldar sus deudas inmediatas y le llevaron de vuelta, para que continuara con sus negocios. Sin ellos, el flujo de las comisiones hacia la policía se paraba.

Cuando cayó la red criminal de Harry Gross en 1950, 22 policías fueron condenados y
otros 240 policías y funcionarios de Nueva York dimitieron o fueron despedidos. Entre
los que se vieron forzados a dimitir estaba el propio alcalde de la ciudad, William
O’Dwyer.

La lección que cabe destacar del caso de Harry Gross es que cuando alguien ejecuta una prolongada operación delictiva en la más absoluta impunidad, la explicación más obvia es que quien tendría que poner fin a esas actividades criminales está sacando provecho de las mismas.

Viene esto a cuento, por supuesto, de la red de extorsión que al parecer ha estado operando en este país durante décadas, y en la que juega un papel destacado el comisario Villarejo. Si esa red ha podido operar con total impunidad es porque quien tenía que desmantelarla (es decir, el poder político del que esos mandos policiales dependían) sacaba provecho de la misma, de una u otra manera.

¿Nos estamos refiriendo a dinero? No necesariamente. Si fuera solo dinero, el problema no sería tan grave para nuestra democracia. En realidad, no tenemos que irnos a los años cincuenta del siglo pasado para buscar unos antecedentes mejores al tema de Villarejo. ¿Se acuerdan Vds. de Cambridge Analytica?

Cambridge Analytica era una empresa inglesa que asesoraba en campañas electorales y que se vio obligada a cerrar este año , después de demostrarse que recopiló ilegalmente los datos personales de 87 millones de usuarios de Facebook, aprovechando una brecha de seguridad en el sistema.

Pero no era la única práctica ilegal de esa empresa. Reporteros camuflados de la cadena de televisión británica Channel 4 grabaron a directivos de Cambridge Analytica ofreciendo servicios especiales para influir en las elecciones de Ceilán. Esos servicios especiales incluían sobornos y el uso de prostitutas ucranianas de alto nivel (¿les suena el tema?) para luego chantajear a políticos de la oposición.

Volvamos a la red en la que, según declaración propia, estaba encuadrado Villarejo. ¿Qué beneficio sacaban los responsables políticos que permitieron a Villarejo operar con impunidad durante tantos años? Si es cierto, como él mismo declaraba en la cinta que hemos conocido, que Villarejo montó, entre otras cosas, una empresa de señoritas de compañía para obtener información sobre políticos y empresarios y someterlos potencialmente a extorsión, ¿a quién llegó esa información?

Lo pregunto más claramente: ¿alguien en el PP o el PSOE, o ambos, recibió y utilizó la información recabada por Villarejo de manera ilegal?

Y no es esa la pregunta más inquietante: ¿a quiénes se ha sometido a chantaje estos años, dentro del mundo de la política y de la judicatura? ¿Qué decisiones políticas se han tomado en este país bajo la influencia del chantaje? ¿Qué sentencias o instrucciones judiciales se han visto adulteradas gracias a la información recabada por la red de extorsión? Y algo que me interesa especialmente: ¿operó algún chantaje durante la instrucción del 11-M, para condicionarla?

Me llama mucho la atención que ni Ciudadanos, ni PP, ni Podemos, hayan salido inmediatamente a la palestra a preguntar lo evidente: ¿hasta dónde llega la mierda? ¿Hasta dónde alcanzaba la red de extorsión y para qué se ha venido utilizando en las últimas décadas?

¿Hasta qué punto y desde cuándo nuestra democracia ha sido manipulada por una red mafiosa? Porque esa es la pregunta fundamental, y no de dónde han salido las cintas.

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Chaves, Griñán y dinero para asar una vaca. -Liberal Enfurruñada/OK Diario-

Tanto Chaves como Griñán son hijos de franquistas. Manuel Chaves es hijo de un coronel del ejército de Franco y de una dirigente de la Sección Femenina de Falange Española, estudió en colegios católicos privados hasta licenciarse en derecho. Se afilió al PSOE en 1968 y fue diputado en el Congreso desde 1977 hasta 1990, ministro con Felipe González de 1986 a 1990, presidente de la Junta de Andalucía desde 1990 hasta 2009, vicepresidente del Gobierno y ministro con Zapatero de 2009 a 2011, presidente del PSOE de 2000 hasta 2012 y diputado en el Congreso hasta 2015, cuando dimitió tras ser imputado por prevaricación en el caso de los EREs fraudulentos de la administración andaluza, por lo que podría ser condenado a 10 años de inhabilitación.

José Antonio Griñán es hijo de un conocido comandante de la Guardia de Franco destinado en El Pardo, y de una sobrina de un falangista presidente de la Diputación de Madrid. También estudió en colegios privados católicos hasta que se licenció en derecho. Se afilió al PSOE en los primeros años 80 y fue viceconsejero de la Junta de Andalucía de 1982 a 1986, consejero andaluz de 1990 a 1992, ministro con Felipe González de 1992 a 1996, diputado del Congreso de 1993 a 2004, de nuevo consejero de Economía andaluz de 2004 a 2009, presidente de la Junta de Andalucía desde 2009 hasta 2013, presidente del PSOE de 2012 a 2014 y senador de 2013 hasta 2015, cuando también dimitió tras ser imputado por prevaricación y malversación en el caso de los EREs. Podría ser condenado a 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación.

Aunque los grandes medios de comunicación pasan de puntillas sobre este caso que ensucia al actual PSOE, el juicio de los EREs llega a uno de sus momentos cumbre con las declaraciones ante la Audiencia de Sevilla de los dos expresidentes de la Junta de Andalucía. Están acusados —junto a otros 20 ex altos cargos, entre los que destacan la exministra Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías— de diseñar un “procedimiento específico” con el que repartieron de forma arbitraria y opaca más de 741 millones de euros en ayudas sociolaborales entre 2001 y 2010, dejando por medio comisiones, desvíos y hasta juergas con cocaína más que suficientes para “asar una vaca”, como presumía la madre de uno de los mediadores entre la Junta, las empresas beneficiarias de las ayudas y la aseguradora. Y de todas estas irregularidades la Intervención General de la Junta avisó hasta en tres ocasiones a unos imputados que ahora quieren hacer creer que ellos no sabían nada.

Chaves y Griñán no están acusados de haberse lucrado personalmente ni se les han descubierto patrimonios ocultos. Tampoco de haber financiado ilegalmente al PSOE. Están acusados por haber manejado los fondos de la Junta de Andalucía como si de su cortijo se tratase, como aquellos señoritos amigos de sus padres que a principios del siglo pasado compraban el voto de los jornaleros a cambio de una golosina. Quizá ninguno de estos dos hijos del franquismo más rancio tenga una cuenta oculta en Suiza, pero el daño que habrían hecho a los andaluces es mucho mayor que si sólo hubieran hecho eso. Porque el dinero “para asar una vaca” que presuntamente malversaron tenía que haberse usado para generar empleo y riqueza en Andalucía, y no para dotar un “fondo de reptiles” con el que comprar votos, agradecer favores, silenciar a los críticos y asegurar lealtades a un régimen clientelar del que los andaluces no son capaces de deshacerse aunque los excrementos les lleguen hasta las cejas.

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La Independencia del 3%

 

Muchos votantes tradicionales de la ya desaparecida CiU se siguen preguntando cómo un partido sostén de las clases medias, los sectores más acomodados y de mayor renta, defensora del orden social, las tradiciones –siempre catalanas, esto sí– y de un modo de vida conservador –aquel ideario de Macià de que el mundo ideal de todo catalán era aspirar a la «caseta i l’hortet»– podía embarcarse en un desafío tan descomunal contra el Estado y las instituciones democráticas españolas. Es uno de los grandes enigmas del «proceso», que sobrepasa al argumento siempre aducido por el partido fundado por Jordi Pujol: todo empezó con la sentencia del Constitución de junio de 2010 sobre algunos artículos del nuevo Estatuto. De aquellas reivindicaciones de una mejora del sistema de financiación hace tiempo que se dejó de hablar; ni siquiera estaba en la filosofía política del catalanismo el concierto económico a la vasca (Pujol lo rechazó en 1980: no quería estrenarse recaudando impuestos) y, más recientemente, en octubre de 2013, CiU despreció una nueva financiación económica porque se trataba de un «cambio de cromos» para desactivar la consulta soberanista. El caso es que ahora, aquel partido moderado dispuesto a pactar con el PP o el PSOE está aliado con una agrupación anticapitalista y antisistema de diez diputados dispuestos a todo –y todo es todo– con tal de conseguir la independencia de Cataluña en dos días a partir del próximo 1 de octubre. En el tiempo, este desafío ha coincidido con el hundimiento de CiU por dos razones: sus errores políticos y una corrupción que carcomía las estructuras del partido; aquel célebre 3% que Maragall denunció –a buenas horas– en 2005. Hay que partir del hecho abundantemente recogido en las hemerotecas de que cada vez que se han investigado las cuentas de Convergència o ha habido un sentencia en firme la reacción ha sido la misma: sólo se trataba de una campaña del Estado, ni siquiera contra el partido, sino contra Cataluña. No tardará mucho en salir la sentencia en firme del «caso Palau», que destapó el sistema de financiación ilegal de Convergència a través de un desfalco generalizado de las arcas del Palau de la Música –señera institución de la mítica burguesía barcelonesa de hace un siglo– y del cobro de comisiones ilegales, lo que ha supuesto del desvío de 6,6 millones de euros, todo ello con el silencio o complicidad de la clase dirigente nacionalista. Ese mismo partido que se puso al frente con el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, de un choque frontal contra nuestra democracia y que ha fracturado en dos a la sociedad catalana, es el que tiene embargadas 15 de sus sedes y se vio obligada a vender la central. Esa organización que ejercía un poder absoluto prefirió cambiar de nombre y mutar en PDeCAT antes de asumir sus responsabilidades. Y si algún decepcionado ponía en duda su honradez, siempre podía ofrecer a cambio su intachable historial nacionalista y estar dispuesto a llevarse por delante la Constitución, el Estatuto y las leyes que hiciesen falta con tal de demostrar su patriotismo. En el centro de todo este entramado patriótico-financiero está Artur Mas, un político que ha sido un verdadero desastre para su partido y, sobre todo, para Cataluña. El partido de Jordi Pujol no ha sido un buen ejemplo, empezando por su fundador, y sólo ha demostrado un sistema político amasado con un patriotismo clientelar en el que hasta las sentencias judiciales se ponen en duda. Mas deberá responder de estos desmanes políticos y financieros. Pasará a los anales de Cataluña haber ocultado sus desastres financieros atacando frontalmente a nuestro sistema democrático.

Origen: La Independencia del 3%

Lo negro de la roja. -Antonio Burgos/ABC-

Aceptemos corrupción como animal de compañía y aceptemos La Roja como apodo de nuestra Selección Nacional de Fútbol en boca de aquellos a quienes la palabra “España” les produce una comezón extraña y a algunos, unos deseos irreprimibles de irse, naturalmente que exigiendo antes que Madrid y el resto de sus connacionales les paguemos el billete de ida. Aceptado lo de La Roja, pues, recuerdo los tiempos de Porta. ¿Se acuerdan? Bueno, pues aquella perra de cada noche radiofónica de José María García con “Pablo, Pablito, Pablete” era un juego de niños al lado de cuanto se está descubriendo en la FEF con el caso Villar. A Pablo, Pablito, Pablete nunca lo metieron en la cárcel ni se le probó nada raro ni sucio, y ahora, ya ven, lo de La Roja era bastante negro todo, según muestran los autos de inculpación y prisión.

Y, como siempre ocurre en España en los casos de esta naturaleza, resulta que esto de los tejemanejes y mangoletas de Villar en la Federación lo sabía todo el mundo. Ha pasado como con el famoso Tres por Ciento de comisión en la Generalidad de Cataluña: que no sólo todo el mundo lo sabía, que ponían la mano para las comisiones casi oficialmente establecidas y tarifadas, sino que el asunto incluso llegó al Parlamento, y nadie lo tomó en cuenta. O no lo quiso tomar. ¿Tanto reparten en estas cosas al parecer tan españolas que interesa más callar, mirar hacia otro lado y poner también la mano que actuar como al cabo de los años y casi al humo de las velas empiezan a descubrir entre la UCO, la UDEF y los jueces, poniendo “negro sobre blanco”, que se dice, cuanto andaba de boca en boca no en las lenguas de doble filo, sino en las personas bien informadas y de recto criterio y moral intachable?

Llueve sobre mojado. Lo de la familia Pujol era conocido en Cataluña entera, e incluso más abajo del Ebro, y nadie decía nada, ni le metía mano a nada. ¿Y se acuerdan de lo que ya nadie recuerda, del Caso Juan Guerra, que fue el chupinazo de esta Calle de la Estafeta de la corrupción en España? En Sevilla todo el mundo sabía que Mienmano se dedicaba a lo que se dedicaba en el despacho que le habían puesto en dependencias oficiales. Y no sólo lo sabían, sino que se lucraban muchos de los cafelitos que se servían en aquel tristemente famoso despacho, que hasta merecería una lápida de recuerdo: “En este despacho empezó oficialmente algo tan típico, tan racial y tan nuestro como la Corrupción en España”. ¿Cómo es posible que, presidente del Gobierno tras presidente del Gobierno, el Caso Villar siguiera siempre su curso, inasequible al desaliento, con los votos de las Federaciones Regionales comprados y todo el entramado bien urdido, a costa nada menos que del nombre de nuestra nación en futbolística materia? Y según he leído hasta ahora por lo investigado, lo más chocante del caso es que cuanto más gloriosos y triunfales eran los días de la Selección de Fútbol, más apaños y negocietes se tramaban en aquel despacho del incombustible y reelegidísimo señor Villar, contra el que no tengo nada hasta que la Justicia lo condene, pero que me duele el daño que le ha hecho a la llamada Marca España. Sí, la Selección, la Roja, el Mundial, Sudáfrica, eran hitos de esa Marca España que resulta que llevaba por debajo toda una trama de traficantes de influencias y de algo más que influencias. Toda España orgullosa de su Selección de Fútbol, y algunos haciendo los grandes negocios fraudulentos a costa del propio nombre de la nación, que era el que llevaban a jugar amistosos, de aquella manera que dijimos, a Corea del Sur, a Colombia, a México, para exprimir al máximo en personal provecho el prestigio de la Marca España. Me niego a pensar que la Marca España sea la corrupción. Pero me extraña que siempre tarden tantos años en llegar a los tribunales las mangoletas que son clamorosa vox populi.

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La otra cara del juez Velasco – ESdiario

Hay dos caras en Eloy Velasco. Una cara más visible y activa: la de juez que no para ante nada, capaz de imputar a un expresidente autonómico –Ignacio González– o a un gran empresario –Villar Mir-. Capaz, incluso, de hacer temblar a todo un Gobierno regional -el de Cristina Cifuentes en Madrid- a golpe de apertura de sumario.

Y otra faceta, menos conocida -o, posiblemente habría que decir, menos publicada-, lejos ya de los casos Púnica y Lezo, del PP, que lo han encumbrado en las portadas de la prensa española: la del caso Acuamed, donde resulta difícil reconocer al mismo juez, donde las imputaciones políticas se quedan en segundos niveles, donde las actuaciones no llaman la atención en los medios, sino, más bien, todo lo contrario. Donde la imagen de juez fatal no parece ser la característica.

Las dos facetas se despiden estos días. Porque Velasco deja ya todos estos casos. El juez más famoso del momento, dejará la instrucción de estas macrocausas de corrupción en menos de dos semanas. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le destina a la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional junto a Enrique López. Y Velasco abandonará, así, y tras haberlo solicitado él mismo, el Juzgado al que llegó hace 10 años y que le ha catapultado a la categoría de juez estrella.

¿Pero cómo quedan esos casos? ¿Hay diferencias entre unos y otros?

Se podría contestar con un monosílabo. Pero dejemos que juzgue cada cual. Llama la atención el récord mundial de imputaciones conseguidas por Velasco en dos de esos casos -Púnica y Lezo-, cuando fue él quien aseguró hace escasos días que quería marcharse porque no era posible efectuar su trabajo de forma correcta con los medios actuales. Y ello, pese a que el CGPJ concedió a Velasco la ayuda de un juez de refuerzo durante meses, un apoyo con el que ha contado hasta el pasado diciembre.

Pero vayamos al resultado en sus actuaciones. En el caso Púnica, el número de imputaciones se ha llegado a situar en 92. En la trama Lezo, recién descubierta, los investigados tampoco se sentirán solos: suman ya 68. Todo ello sin contar, obviamente, las pseudoimputaciones mediáticas, es decir, aquellas que han soportado personas como el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por los rumores de imputación surgidos durante días u horas para descubrir, tras un pormenorizado linchamiento mediático, que realmente no existía tal investigación.

Pero Velasco no sólo ha estado instruyendo estos casos en su última etapa como juez instructor. Era el encargado de otros. Entre ellos, el caso Acuamed. Un asunto sin demasiados focos ni portadas, sin filtraciones, ni grandes imputaciones políticas, y que, sin embargo, cuenta con declaraciones, documentos y cifras que ya han apuntado a una ex ministra –Cristina Narbona-, a gastos electorales –del PSOE de Zapatero-, y a sobrecostes en las desaladoras por valor de más de 300 millones de euros.

“Si se lo ha encargado Narbona, que se lo pague Narbona. Es la frase que estaba en el Ministerio en aquel momento, lo que me dijeron mis jefes”. Las palabras son de Carlos Massa, director general de Acuamed entre 2009 y 2012. Y se las dijo al mismo juez, Eloy Velasco, en la Audiencia Nacional.

la Guardia Civil registró Acuamed enenero de 2016. Pese a estar bajo sospecha un proyecto millonario de Zapatero y su ministra Narbona, todo ha quedado de momento en detenciones de cargos medios sin penas de Telediario

Una declaración, la de Massa, que surgió tras ser preguntado por si conocía el contrato entre la empresa pública Acuamed y la agencia de publicidad Bassat Ogilvy que se gestó durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. “No lo he visto escrito en ningún sitio… Fue el Ministerio de la época, según me han contado, quién decide hacer una campaña de contra imagen”, añadió Massa.

Su testimonio se refiere a la campaña promovida por el Ejecutivo socialista a favor de la desalación y en contra del trasvase del Ebro. Una campaña que tiene su contexto en el 8 de julio de 2007, fecha en la que el Ministerio dirigido por Cristina Narbona presentó la campaña informativa “El mar, fuente inagotable de vida”, que se llevaría a cabo durante el mes de agosto repartiendo 500.000 botellines de agua desalada en las principales playas de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

El Programa del Agua arrancó en noviembre de 2007, a sólo cuatro meses de las elecciones generales, supuso unos gastos de casi 7 millones y medio de euros en publicidad, y fue uno de los grandes argumentos electorales de Zapatero para arrebatar votos y alianzas al PP.

Porque, según el ex presidente español, iba a conseguir agua barata, sin contaminación, y prácticamente sin límite para los agricultores de la zona. El desastroso resultado final es más que conocido a la vista del estado de las desaladoras. Mucho más, desde luego, que estas declaraciones, que apuntaban a una exministra dentro de un caso judicializado y que, sin embargo, no han tenido consecuencias jurídicas para los mencionados.

Ni en forma de prisión preventiva –Granados ha estado dos años y seis meses-, ni de imputación en el caso de los altos cargos de aquel Gobierno.

Y no será por ausencia de informes policiales. Porque los hay. Detallando, por ejemplo, cómo en el año 2008 -y pasado el apetito publicitario producido en la cercanía de las elecciones- el gasto en publicidad de Acuamed descendió de 7.447.599 a 3.833.061 euros. Y en 2009, hasta 1.954.396. De hecho, una vez destituido Baltanás, nombrado por la Administración socialista, el gasto medio bajo hasta los 200.000 euros.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reveló, además, un informe con las facturas abonadas a Bassat por empresas adjudicatarias de diferentes desaladoras por valor de 5.854.884,00 euros “a modo de colaboración”. Entre ellas, UTE Desaladora Aguilas-Guadalentin (Sacyr y Ferrovial), 1.293.400 euros; Construcciones Alpi, 17.400 euros; UTE Desaladora de Oropesa (Técnicas Reunidas y Constructora Hispánica), 290.000 euros; Aqualia Infraestructuras, 139.200 euros o FCC Construcción, 57.884 euros.

El informe de la UCO se centró en la planta desaladora de Torrevieja (Alicante). Donde la UTE liderada por Acciona pagó tres facturas por el concepto “contribución a la campaña desalización”, por un valor total de 1.740.00 euros con IVA sin haberse licitado un contrato específico a tal efecto.

Es más, sistemáticamente desde 2008, la UTE constructora de Torrevieja recordaba el “encargo por parte de Acuamed para realizar una campaña promocional”, y el hecho de que nadie asumía ese coste, tal como se refleja, por ejemplo, en un correo enviado en marzo de 2012. Y cuando le preguntaron en la Comandancia de la Guardia Civil a Baltanás por qué todavía Acciona reclamaba la devolución de los pagos que hicieron a Bassat, respondió que desconocía el motivo.

“Se hizo un vídeo que salió en televisión y otros anuncios informativos, ya que existía una falsa idea respecto a la desalación”. Curiosamente, no le interrogaron sobre las otras constructoras que colaboraron con el Gobierno de Zapatero en fechas tan próximas a unas generales.

Nuria Segura, técnico de Acuamed, aportó más información: durante su declaración ante Eloy Velasco, señaló que la campaña fue sufragada por todas las empresas que tenían adjudicada una desaladora: “Si sumas todas las desaladoras (…) era una cantidad importante, yo no sé cuánto es normal en una campaña publicitaria… Pero vamos, siempre se habló de la famosa campaña de publicidad”.

Velasco ha contado con más indicios que le indicaban que se encontraba ante un gran caso. Porque el Tribunal de Cuentas alertó en septiembre de 2014 de que Acuamed había pagado hasta 330 millones de sobrecostes en las distintas obras realizadas en nueve desaladoras del Mediterráneo. Y ese informe hacía referencia al periodo 2005-2012, etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y en la que se habría desarrollada la mencionada campaña de imagen.

¿Una organización criminal?

El juez Eloy Velasco dictó prisión incondicional, cierto, para cinco de los trece detenidos por sospechar de la existencia de “una organización criminal” dentro de la firma Acuamed. Situó como cabecilla de la red al que fuera director general de la empresa pública, Arcadio Mateo. Y lo hizo pese a que en una de las siete obras investigadas en esta trama, la desaladora de Bajo Almanzora, el propio Velasco desveló un supuesto pacto económico con FCC que trascendería a los directivos de Acuamed y vendría impuesto “desde muy alto nivel en el Ministerio [de Agricultura]”. Pese a lo cual, la sangre judicial no llegó a esos supuestos cargos.

Para Velasco, la cúpula era Arcadio Mateo del Puerto, que habría actuado en connivencia con ejecutivos de grandes empresas constructoras adjudicatarias de contratos públicos gestionados por la empresa estatal Acuamed. Y él, desde ese cargo, se encargaba de todo.

Así es la historia paralela de este caso. También de Velasco. También sobre tramas, sobreprecios, publicidad y campañas electorales. También con nombres de altos cargos públicos. Pero que no ha tenido la misma explosión que Púnica o Lezo. Y, me temo, que nunca la tendrá.

Origen: La otra cara del juez Velasco – ESdiario

Corrupción y separación de poderes. -C.García-Abadillo/El Independiente-

En cada Estado hay tres clases de poderes: por el legislativo, el príncipe o el magistrado hace las leyes para cierto tiempo o para siempre, y corrige o deroga las que están hechas. Por el ejecutivo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones, y por el judicial, castiga los crímenes o decide las contiendas de los particulares” (Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu).

La definición de un estado de derecho es cosa breve, sencilla y, como puede verse, duradera en el tiempo. Hace más de 250 años que Montesquieu definió la esencia de un estado democrático y, desde entonces, no han dejado de aparecer asesinos, algunos brillantes, otros sencillamente bárbaros, que han querido acabar con su filosofía siempre en nombre de supuestos valores superiores, como la raza, la clase social, la nacionalidad, el pueblo, etc.

Vivimos tiempos de cambio en los que todo parece estar en cuestión. La dureza de la crisis económica y, sobre todo, la corrupción, han dado a luz a una visión del mundo que consiste en revisar todo lo anterior, incluido el sistema político. La desvergüenza con la que han actuado algunos destacados miembros de la clase política favorece el discurso populista que consiste en derribar el edificio institucional construido tras la muerte de Franco.

Lo que estamos comprobando en las últimas semanas es que, en esencia, el Estado de derecho funciona con razonable eficacia a pesar de las presiones: los jueces, los fiscales, los cuerpos de seguridad, la prensa, el Congreso, están cumpliendo con el papel que les atribuye la Constitución.

Siguiendo la línea marcada por Montesquieu, una democracia sería el sistema político en el que los políticos no actúan como jueces, ni los jueces como políticos; en el que los policías no sustituyen a los fiscales, y en el que los periodistas no quieren ser jueces, fiscales y policías al mismo tiempo. Es decir, un sistema en el que cada uno cumple con su función.

La UCO no ha recibido presiones políticas ni en la operación Lezo, ni en el caso de los ERE. La explicación: los gobiernos saben que hacerlo sería inútil

Mentiríamos a los ciudadanos si dijéramos que los gobiernos -todos lo gobiernos- han sido exquisitamente respetuosos con la división de poderes. Pero tampoco diríamos la verdad si no constatáramos que, en muchos de los casos, sus intentos han devenido en fracaso.

Incluso, en algunas instituciones clave ni siquiera lo han intentado, a sabiendas de que su esfuerzo sería en vano.

Cuando le pregunto al jefe de la UCO, Manuel Sánchez, si alguna vez ha recibido alguna indicación por parte del Gobierno, la respuesta del coronel de la Guardia Civil es contundente: “Nunca”.

La UCO es un cuerpo de élite del instituto armado “al servicio del Estado”. No importa quién gobierne o sobre qué partido político recaigan sus investigaciones. La UCO ha rastreado el caso de los ERE en Andalucía y la operación Lezo. Con la misma intensidad, entre otros muchos.

Cuando al jefe de la Unidad alguno de sus amigos -posiblemente votantes del PP- le pide que “dé caña a otros partidos”,  el coronel se encoge de hombros: “Nosotros actuamos contra la corrupción, esté donde esté”.

Reconforta comprobar que hay profesionales que actúan al margen de las presiones o de sus preferencias políticas. Satisface observar a jóvenes de entre veinte y treinta años realizar su trabajo de investigación sin preguntarse quién saldrá perjudicado o quién sacará rédito político de sus pesquisas.

Mucho más importante que el grado de corrupción para medir la salud democrática de un país es que sus instituciones funcionen. Y que haya funcionarios que cumplan con su papel sin esperar recibir nada a cambio.

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La corrupción española es global, y los datos alarman al resto del mundo.-José Zorrilla/EC-

Neuronaliberal

Foto: Sede en Madrid del ICBC, registrada por la Guardia Civil en febrero de 2016 (EFE)
Sede en Madrid del ICBC, registrada por la Guardia Civil en febrero de 2016 (EFE).
La corrupción en España es global y preocupa al mundo. En el índice de Transparencia Internacional pasamos de la posición 36 a la 41 sobre un total de 176 países. Dentro de la Unión Europea somos el 17 sobre 28. En fin, empatamos en esa clasificación con Brunei y Costa Rica. Y estos datos alarman a los reguladores globales.

Empecemos por la división criminal del Departamento del Tesoro (FinCEN) de EEUU. En marzo de 2015 abre una investigación sobre la Banca Privada de Andorra sospechando blanqueo de capitales en Venezuela, China y Rusia. Las clasificadoras intervienen de inmediato. Fitch baja el rating de BPA de B+ a BB y Standard and Poor se dirige a la propia Andorra a la que hace pasar de BBB+ a BB. Es la segunda caída de clasificación…

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Corrupción aparte (ejem). -El Blog de J.Mendizabal/Vózpopuli-

Neuronaliberal

Corrupción aparte (ejem), transcurridos 3 meses desde la investidura de Rajoy, la situación se está tornando insostenible. Los hechos demuestran que no hay prácticamente proyecto que salga adelante, excepto, curiosamente –o no tan curiosamente– los que afectan al reparto de cargos entre ellos del TS, CGPJ y la subida de impuestos a las empresas (entes a esquilmar) y el salario mínimo (grave error que traerá consecuencias en el empleo). También parece haber cierto consenso en aumentar el empleo público, es decir, más gasto y no reducir (al revés) el gasto del Estado, las CCAA y Ayuntamientos. Esto marcha, compañeros. Perfecto consenso socialdemócrata. Y la deuda parece el muñequito de Duracell: sube, sube y sube.

Pero la debilidad parlamentaria del Gobierno es brutal y pierde prácticamente todas las votaciones a las que se enfrenta. Estamos en marzo y no están presentados los presupuestos generales.

La deriva independentista en CAT –ya es un auténtico golpe…

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