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La gran estafa del calentamiento global (documental censurado)

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Los dos ‘palos’ que esperan a los pensionistas del futuro (y de los que nadie les avisa) – Libre Mercado

¿Están dispuestos los políticos a decir la verdad? No parece. La reforma, si se hace, será silenciosa y poco honesta con los trabajadores actuales.

Los pensionistas del futuro saben (o al menos intuyen) que no tendrán tanta suerte como sus padres. Hay tantas noticias y declaraciones sobre las reformas de las pensiones, la sostenibilidad del sistema, los recortes o los nuevos métodos de cálculo que, quien más quien menos, casi todo el mundo ha interiorizado que en 2040-45 las prestaciones por jubilación estarán muy lejos de las de 2017.

De hecho, el desconocimiento es tal que incluso hay quien es más pesimista de lo que debería. Según las encuestas, muchos jóvenes españoles creen que no cobrarán ningún tipo de pensión o que será mucho más baja que la de sus padres. Y no tendría por qué ser así. Lo primero casi seguro que no ocurrirá. La Seguridad Social no va a desaparecer. Ningún político se atrevería. Y además no tendría mucha lógica. Si el Estado es capaz de seguir cobrando un 30% del coste de cada trabajador cada mes en forma de cotizaciones sociales, podrá seguir abonando también una pensión razonable a sus jubilados.

¿Cómo de razonable? Pues eso depende de muchas cosas: del número de inmigrantes que seamos capaces de atraer; del incremento de los salarios y la productividad, de la tasa de paro a medio plazo, de la edad de jubilación real… Si todo sale bien, incluso puede intuirse un escenario en el que las pensiones mantengan su poder adquisitivo.

El problema es que, como hemos explicado muchas veces en Libre Mercado, no es esto lo que los trabajadores tienen en la cabeza cuando piensan en su jubilación. Lo que uno piensa cuando hace cálculos sobre su pensión es: “Mi padre se ha jubilado con una prestación que es equivalente al 85-90% de su último sueldo y que no es mucho más baja que el salario medio de la economía española. Además, lleva jubilado 10-15 años y más o menos el poder adquisitivo de su pensión se ha mantenido (incluso, ha subido un poco con la crisis)”.

Y lo cierto es que es un reflejo bastante realista de la situación actual. La tasa de sustitución (también se llama tasa de reemplazo) en España sigue por encima del 80% y Fátima Báñez explicaba hace unos meses en el Congreso que las prestaciones medias de los jubilados de 2016 del régimen general equivalían al 93% del salario medio. A partir de ahí, se da el siguiente paso: “Yo también me jubilaré con un 85-90% de mi último sueldo y con una prestación que estará cerca del sueldo medio de 2040. Y también mi pensión se mantendrá más o menos estable durante mi jubilación”. Pues no. Ni una cosa ni la otra.

Aquí es importante saber descifrar qué se esconde tras las palabras de nuestros políticos. Porque cuando dicen “las pensiones no bajarán” hablan de pensiones medias en términos absolutos. Es decir, su objetivo es que un jubilado de 2040, cobre lo mismo que uno de 2017. Si ahora la pensión media es de 1.600 euros, el mejor escenario es que en 2040 cobre el equivalente a esos 1.600 euros. Pero si los salarios reales suben (y subirán) de 2.000 a 4.000 euros (siempre hablamos en euros constantes, eliminando el efecto inflación), los 1.600 euros pasarán de suponer el 80% del salario medio al 40%. Y no sólo eso sino que, además, las nuevas reglas de cálculo podrían provocar que la pensión vaya poco a poco erosionándose durante la jubilación.

Los tres gráficos

Quizás todo esto se entienda mejor con los siguientes tres gráficos.

En el primero, página 93 del informe The Ageing Report de la Comisión Europea, aparecen los cálculos que han hecho los expertos del organismo sobre las tasas de sustitución en los diferentes países de la UE. En el caso de España (resaltado en amarillo), dos datos destacan sobre todos los demás. El primero es que el sistema público puro es el más generoso de la UE con una tasa de sustitución que en la actualidad roza el 82%.

Es cierto que en otras estadísticas hay otros países que también tienen tasas de reemplazo muy elevadas, por ejemplo, Dinamarca u Holanda. Pero esto es así porque en estos casos se suman el pilar público de reparto con el pilar de ahorro privado. Aquí no hablamos de planes de pensiones como los que conocemos en España: los sistemas 100% voluntarios de ahorro no se cuentan en estas estadísticas. Lo que se incluye en la comparación son los sistemas impulsados por el Estado pero que se basan en el ahorro individual (planes de empresa, planes sectoriales, inversión a través del empleador, fondos semi-publicos…). Y ahí sí, si añadimos este pilar de ahorro hay muchos otros países con una tasa de sustitución similar o superior a la española. Y además con unas perspectivas a medio plazo mucho más sostenibles.

En España no hay nada de esto ni se prevé que lo haya. Por eso los jubilados confían su suerte al 100% al sistema de reparto tal y como está concebido en la actualidad. Hasta ahora, no les ha ido mal, con ese 81,9% que se muestra en el cuadro. Pero cuidado, porque justo a su derecha hay otras dos cifras: 49,7% y -32,2. ¿Qué quieren decir? Pues que la tasa de sustitución pasará a estar por debajo del 50%, tras perder más de 32 puntos respecto a la actual. En ningún otro país hay previsto un recorte de esta magnitud en la tasa de sustitución.

El segundo gráfico también es importante. Proviene del mismo informe de la Comisión Europea (página 87) y explica cuál es el gasto en pensiones en estos momentos en los diferentes países miembro y cómo evolucionará de aquí a 2060. Como vemos en la parte de arriba de la tabla, hay muchos factores que influirán en esta partida presupuestaria. Subirá por cuestiones demográficas (Dependency Ratio) y caerá por la rebaja de la generosidad del sistema y la menor contribución del mercado laboral (porque habrá un porcentaje menor de la población en edad de trabajar).

Al final, los cálculos de la Comisión apuntan a que pasaremos de gastar el 11,8% del PIB en pensiones al 11% en 2060. Es decir, que tras las últimas reformas el sistema es sostenible. Es más o menos el mismo mensaje que lanzó Fátima Báñez hace unos meses en su primera comparecencia de esta legislatura ante la Comisión del Pacto de Toledo. De hecho, ese 11% nos deja algo de margen (no mucho, eso es cierto) para ser optimistas: si un Gobierno futuro decide subir un poco el gasto en pensiones sobre el PIB (por ejemplo, al 12,3% de la Eurozona–EA) podría hacer que las prestaciones fueran algo más generosas que ese 49% de tasa de sustitución que veíamos antes. Lo haría a costa de subir cotizaciones a los trabajadores del futuro (aquí no hay nada gratis) pero digamos que hay un espacio (reducido, de ¿2-3 puntos del PIB?) para decisiones políticas.

Pero más allá de si es el 11 o el 12% del PIB, la realidad se impone. Si dedicamos más o menos el mismo porcentaje de la riqueza nacional a las pensiones y tenemos un porcentaje de jubilados mucho más elevado que en la actualidad, las cuentas son claras: a cada uno de esos jubilados le tocará menos de forma individual. Por eso destacábamos antes la importantísima diferencia que hay cuando hablamos de mantener la pensión y mantener la tasa de sustitución. Si conseguimos ser mucho más ricos en 2040-45, podríamos hacer que las pensiones no bajaran en términos reales; pero incluso así, la diferencia entre salarios y pensiones es inevitable que se ensanche. Y mucho. Es decir, los pensionistas serán más pobres en términos relativos respecto al resto de la economía.

Por eso hemos explicado en otras ocasiones que la reducción futura de la tasa de sustitución no es un capricho político, sino una exigencia financiera. Si las previsiones demográficas se cumplen, vamos a pasar de un 18% de la población con más de 65 años en 2013 a un 33% en 2050. Para los mayores de 80 años las cifras son 8,3% y 23,8%. Repetimos: si el gasto en términos de PIB se mantiene, a cada uno de esos nuevos jubilados le toca menos.

Pero además, hay otra advertencia muy importante que hacer. Porque hasta ahora hemos hablado del tajo a la pensión inicial. Eso es lo que mide la tasa de sustitución. Pero es muy importante saber también cómo evolucionará la prestación una vez estemos jubilados. Y tampoco hay buenas noticias. Como puede verse en el tercer gráfico (cálculos de los expertos de BBVA), tras los últimos cambios en los índices de revalorización, lo normal es que vayamos perdiendo poco a poco poder adquisitivo a lo largo de la jubilación. ¿Cuánto? Es imposible saberlo, depende de muchas cosas: inflación, cómo se calculen los índices, decisiones políticas… Pero podemos estar hablando de 10 puntos a los 10 años de dejar de trabajar. Aquí no estamos en el primer lugar de la lista, como nos pasaba con la tasa de sustitución y su más que previsible recorte; pero sí claramente por encima de la media de la UE.

Tres claves

Llegados a este punto, parece que no hay mucha más leña que la que arde. La demografía es la que es y no parece sencillo cambiarla. Por eso puede haber quien se pregunte si hay alguna solución a este panorama. Y aunque los fundamentos del sistema son los que son, sí hay algún matiz que hacer. En concreto, tres muy importantes:

– Como explicaba hace unos meses, José Luis Escrivá, presidente de la Airef en el Congreso, con un incremento sustancial de la población trabajadora sí se podrían mantener (más o menos) las pensiones y la tasa de sustitución no sufriría tanto. Eso sí, hablamos de 10 millones de nuevos inmigrantes de aquí a 2050 y una subida de la tasa de ocupación en el mercado laboral de 10 puntos. ¿Estamos haciendo algo (reformas) para conseguir esas cifras? Y con otro condicionante: esto solucionaría el problema a corto plazo pero lo desplazaría unas décadas más allá, porque esos nuevos trabajadores irían acumulando derechos que luego habría que pagar. También es cierto que es un escenario que daría mucho margen para que las reformas fueran desarrollándose de forma mucho más progresiva.

– Como hemos dicho, si hay aumentos de productividad y salarios, se podrían mantener las pensiones en su nivel actual. Eso no parecerá suficiente a los jubilados si están rodeados de asalariados mucho más ricos. Pero algo es algo. Eso sí, conseguir ese aumento de la productividad no es algo que caiga del cielo. Como en el punto anterior, debemos preguntarnos, ¿estamos haciendo algo para lograrlo?

– La mejor tabla de salvación de los sistemas de pensiones de los países ricos han sido las reformas, que en muchos de ellos han incorporado modelos de capitalización-ahorro a los de reparto. En la UE, los casos de Suecia u Holanda son los más conocidos, pero hay otros. Y la clave siempre ha sido la información. Que el pensionista del futuro sepa cuánto cobrará más o menos, para que pueda prepararse con tiempo. Sí, puede que desde un punto de vista financiero no haya mucho margen, pero sí hay tiempo para contarle todo esto a los trabajadores y que puedan tomar medidas. ¿Están dispuestos los políticos españoles a hacerlo? No parece. La reforma, si se hace, será silenciosa y, por eso mismo, poco honesta con los futuros jubilados.

Origen: Los dos ‘palos’ que esperan a los pensionistas del futuro (y de los que nadie les avisa) – Libre Mercado

¿Hasta cuándo, Montoro, abusarás de nuestra paciencia? -F.J.Losantos/LD-

Poco antes de que el Gobierno se esconda de nuevo tras las togas del Tribunal Constitucional, Montoro se ha complacido en deslegitimarlo. Ni siquiera cuando ha sido Rajoy el perjudicado por una decisión judicial -la última, clamorosamente injusta, es hacerle declarar en persona por el Caso Gürtel, cuando el mismo tribunal permite declarar por videoconferencia a notorios extremistas y violentos enemigos de la Nación y la Constitución- se ha permitido el Gobierno cocear tan violentamente a un Tribunal cuyo único destino razonable, lo hemos dicho mil veces, es convertirse en una Sala del Supremo, perdiendo su condición ilegal de Supremo del Supremo.

Hacienda, cómplice de los delincuentes fiscales

El jueves, el Constitucional declaró ilegal la amnistía fiscal de 2012, perpetrada por Montoro, al tiempo que nos asestaba una estocada tributaria feroz, la peor de nuestra Historia, y mantenía el disparatado gasto público. Lo hizo ilegalmente mediante decreto-ley, para no debatir siquiera en el Parlamento los términos y razones de ese blanqueo de fondos delictivos, que no otra cosa han sido y son siempre las amnistías fiscales: el recurso de un Fisco con problemas de tesorería a los delincuentes fiscales que guardan su dinero en otros países, por lo general caimanes y por tradición suizos.

Yo no condeno que la gente tenga su dinero donde legalmente pueda. Lo que me indigna es que se mime con una multa del 10%, luego del 3%, a los amigos que necesitan blanquearlo para mantener sus negocios mientras a la clase media se le roba el 50% de lo que gana, se la maltrata con unas inspecciones dignas de Stalin, no de un Estado de Derecho y, encima, se nos insulta en los medios y en las Cortes. Nadie nos ha machacado tanto como Montoro. Nadie nos ha insultado más. Pero tampoco a nadie ha condenado tan duramente el Constitucional como a este déspota que es ya el vampiro con más en el cargo de chupar la sangre de los españoles.

Nos había confesado el Abogado del Estado en el caso Urdangarín, superando en corrupción intelectual a la Fiscalía de Horrach, que “lo de que Hacienda somos todos es una mera frase publicitaria, pero no es verdad”. Ya lo suponíamos, pero lo que no habíamos visto nunca es que la máxima instancia legal, a la que de ordinario y extraordinario recurre el Gobierno, condenara al Ministerio de Hacienda en términos sólo compatibles con la dimisión del ministro. Si es que el Gobierno, como hasta ahora, busca el amparo del Constitucional para frenar el referéndum separatista catalán.

El Constitucional nos toma el pelo

Pero es tal la fatuidad, está tan asentada la confianza en la impunidad de sus ilegalidades, es tan escandalosa la hoja de servicios de Montoro a Rajoy, que su respuesta ha sido poner a caer de un burro al Tribunal, a los medios, a la oposición y a cuantos entienden que declarar ilegal un acto del Gobierno, por la forma del decreto-ley y por el fondo de privilegiar a los que no pagan a Hacienda por encima de los que, con harto dolor, lo hacen. Lo primero es fruto de la política chapucera de este Gobierno. Lo segundo es un atentado a la igualdad constitucional de los españoles ante la Ley.

Con un agravante, en el que insiste el Tribunal, un Ministerio que debe perseguir el fraude fiscal, se conchabó con el delito que presume de perseguir. Añadamos que mintió tras el escándalo de conocerse que los primeros beneficiados eran los recaudadores del impuesto reaccionario del PP en dinero negro -con Bárcenas a la cabeza- y la banda de los Pujol. Se comprometió Montoro a inspeccionar a todos los acogidos a la amnistía, vulnerando esa seguridad jurídica que ahora reivindica y el TC acepta de forma esquizofrénica, única forma de lograr el voto por unanimidad. No lo ha hecho. Sólo uno de cada diez. El resultado del delito fue, además, una prueba de que la ilegalidad nunca está reñida con la incompetencia: 1.200 millones de euros en 31.000 declaraciones; oficialmente se buscaban 2.500 y oficiosamente -búsquese en la prensa de la época- entre 5.000 y 10.000. Ni siquiera puede alegar Montoro el hurto famélico: se robó y no se comió.

Por supuesto, el TC nos toma el pelo diciendo que la amnistía fue en la forma y el fondo ilegal pero que su resultado es inapelablemente legal. Lo ilegal no puede ser legal, o sobra el tribunal. Y no busque la excusa de la “seguridad jurídica” de los pocos que tan poco pagaron. Es mucho más importante la seguridad jurídica de todos los españoles, que el Gobierno vulneró a conciencia y el TC se limita a castigar con un coscorrón moral.

La sentencia del TC, una “perorata judicial”

En cualquier caso, de aceptar que ese atropello de la legalidad no tiene remedio, todavía es más necesario pedir la cabeza del responsable político del delito. Porque delito sin remedio posible ha sido, según el TC. Pero Montoro y sus montoneros no están dispuestos a correr la suerte de sus enemigos del PP -Soria y Aguirre- a los que ellos ejecutaron con filtraciones criminales o detenciones ilegales, como la de Rato. Se han hecho a vivir fuera de la Ley y les molesta hasta que les recuerden su existencia.

Eso explica las frases terribles que en su excelente crónica de ayer recogía Jorge Bustos en El Mundo: la sentencia es “una perorata política”; “Montoro no piensa dimitir porque es Rajoy” y ésta que lo resume todo: “Nos hemos olvidado de 2012. Era el epicentro de la crisis. España estaba al borde del rescate y necesitábamos liquidez. Afloró menos dinero del esperado, pero ni Rajoy ni Montoro imaginaban que la medida pudiera declararse incompatible con la Constitución, del mismo modo que no lo fueron las amnistías de Solchaga y de Borrell”.

Sin recurrir a lo que dijo Montoro – egalo de hemeroteca para su moción de censura, si Pablenín supiera leer- se olvidan estos montoneros montoritas de que el PP, Aznar como Rajoy, las condenaron siempre, desde la lavandería de dinero negro que, por broma del idioma, llamaron AFROS (Activos Financieros con Retención de Origen). El PP los condenó por ser anticonstitucionales, en los mismos términos que ahora el Constitucional.

Y por supuesto que no nos hemos olvidado de la crisis. Ni de que para remediarla Rajoy y Montoro, subieron salvajemente los impuestos y buscaron la colaboración del hampa, antes que cerrar un solo pesebre del gasto público: alcaldías, diputaciones, autonomías, Gobierno Central y empresas públicas. En 2012, todo era del PP. Pero antes que reducir tanto pienso, prefirieron perder Andalucía. “Vamos a descolocar a la Izquierda”, presumió Montoro. Y el joven Arenas se quedó sin la Junta, porque medio millón de andaluces que acababan de votar al PP se negaron a repetir. No, no nos hemos olvidado. Y espero que la oposición no se olvide tampoco. Si “Montoro es Rajoy”, y vaya si lo es, su caída será rápida. Más difícil lo tenía Cicerón con el golpista Catilina y en cuatro discursos lo hizo huir. La frase “Quo usque tandem, Catilina, abutare patientia nostra?” (¿Hasta cuándo Catilina, abusarás de nuestra paciencia?) fue su epitafio. Cambien Catilina por Montaurus y R.I.P.

Origen: Libertad Digital

‘La compra del Popular es una operación Bilderberg cien por cien’ | La Gaceta

Repasemos algunas de las reacciones que han sucedido a la compra del Banco Popular por parte del Banco Santander. Así, al azar, veamos qué ha dicho… Albert Rivera. El presidente de Ciudadanos ha puesto en valor que la operación de compra del Banco Popular no se haya hecho con dinero público. Tras avalar la forma en que se ha resuelto la situación del Popular -que estaba “quebrando o iba a quebrar”- señala como bastante más lógico que se haya adquirido por otro banco privado y no como se ha hecho en los últimos años, “con las cajas saqueadas”.

Y ¿qué ha dicho el ministro de Economía, Luis de Guindos? “Es una buena salida para la entidad, dada la situación a la que había llegado en las últimas semanas, ya que implica la máxima protección a los depositantes y la continuidad de la actividad”. De Guindos añade, además, que la decisión se ha adoptado en el nuevo marco sobre resolución bancaria “con total transparencia y el cumplimiento estricto de la normativa comunitaria”.

Sepamos ahora qué opina sobre la operación bancaria Juan Luis Cebrián, presidente del Grupo Prisa. Para ello, un paseo por el editorial del diario de la casa: “La venta del Banco Popular al Banco Santander por un euro y el compromiso de la entidad compradora de ampliar capital por un importe de 7.000 millones es, si no la mejor de las soluciones posibles para evitar el colapso del banco, sí la más razonable de las que se podían tomar dadas las penosas circunstancias por las que estaba atravesando la entidad. Era necesario actuar con celeridad extrema, porque así lo aconsejaba el riesgo de falta de liquidez del Popular; había que encontrar una solución que excluyera la obligación de aportar dinero público; y, por añadidura, era obligado sortear la resistencia de varias entidades a aceptar el problema del Popular. En líneas generales, los objetivos se han cumplido con holgura”.

Tres partidarios de la polémica operación que tienen, además, otro punto en común. Todos estaban en Chantilly (Virginia) el pasado fin de semana. Asistían a la reunión del enigmático Club Bilderberg.

“La compra del Popular es una operación Bilderberg cien por cien”, asegura a La Gaceta la periodista e investigadora Cristina Martín, autora de ‘Los amos del mundo están al acecho’ y otros títulos que analizan el papel de este poderoso club.

Las huellas de Bilderberg

Y explica las señales que conducen a tal conclusión:

“La primera, que antes de ir a la reunión Ana Patricia Botín había dicho que no se iba a hacer cargo del Popular porque no le interesaba ya que estaba en bancarrota. Horas después de volver de Bilderberg, se hace cargo del Popular”.

La segunda, que la familia Botín es sólo una parte del Santander. “Los propietarios del Santander son todos Bilderberg. La lista de accionistas – Rockefeller & Co, Rothschild & Co…- es toda de Bilderberg”. Y la tercera señal… “la propaganda con la que están vendiendo la operación, subrayando que es de la Unión Europea, del Mecanismo Único Europeo”. Repasemos algunos nombres de esa Unión Europea que parece servir de juez notario para la operación bancaria: Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo … “es del Club Bilderberg”. Su precedesor, Jean-Claude Trichet… “es de Bilderberg”. ¿Y el expresidente de la Comisión Europea, Durao Barroso? “También de Bilderberg y, además de estar el pasado fin de semana en la reunión del Club, es presidente de Goldman Sachs Internacional, accionista del Banco Santander”. Por cierto, que Santander es, a su vez, accionista de Prisa “como lo son otros fondos y bancos Bilderberg”. Probemos con otro nombre: Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea. “¡Miembro de Bilderberg!”.  “La Unión Europea en sí es una creación de Bilderberg”.

Con estos datos, ¿pudo estar la compra del Banco Popular presente en las conversaciones de pasillo de la reunión de Chantilly?

Origen: ‘La compra del Popular es una operación Bilderberg cien por cien’ | La Gaceta

Las mentiras del taxi sobre Uber y Cabify -Manuel Llamas/Libre Mercado-

Los taxistas han organizado este martes una jornada de paro a nivel nacional para protestar contra Uber y Cabify, protagonizando una marcha por el centro de Madrid, bajo el argumento de que las citadas compañías ejercen una “competencia desleal” e incumplen la legislación vigente. Lo cierto, sin embargo, es que las quejas de los taxistas no sólo son infundadas y falaces, sino que persiguen como único objetivo blindar el arcaico y perjudicial monopolio que ejerce el gremio del taxi en España desde hace décadas. Es decir, este conflicto, a diferencia de lo que declaran los taxistas, no tiene nada que ver con las supuestas irregularidades que imputan a los vehículos de alquiler con conductor (VTC), sino con su intención de cargarse a la competencia para mantener intacta la privilegiada y muy rentable posición que mantienen los dueños de las licencias de taxi.

No es una cuestión de “competencia desleal”, sino de pura y simple competencia, ya que ambos sectores están regulados y cada cual funciona bajo su particular régimen de licencias. Unos son taxis y otros VTCs, pero cada cual actúa bajo los límites y condiciones que establece la ley. Uber y Cabify son compañías totalmente legales y sus conductores cuentan con la licencia correspondiente para poder trabajar.

Caso distinto es el de UberPop, el servicio con el que irrumpió inicialmente la compañía estadounidense en España, por el cual conductores particulares sin licencia transportaban pasajeros, pero que ya fue prohibido cautelarmente por la Justicia a finales de 2014 tras la denuncia que presentó en su día una asociación de taxistas de Barcelona. El servicio UberPop es, precisamente, el que está estudiando ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), pero la clave es que su sentencia no afectaría en nada a Uber ni Cabify, ya que ambas operan en España con licencias VTC, perfectamente legales y estrictamente reguladas. Así pues, ¿ilegalidad?, ¿dónde?

La mentira de una VTC por cada 30 taxis

Tanto es así que hasta los propios taxistas reconocen que las VTCs son legales. El problema, según alegan, es que incumplen la normativa actual por la que debería haber una licencia VTC por cada 30 taxis (1/30). En la actualidad, España cuenta con un total de 70.223 licencias de taxi y 5.654 VTCs, con lo que el ratio se sitúa en un vehículo con conductor por cada doce taxis (1/12), mientras que en Madrid trabajan 15.726 taxis frente a 2.223 VTCs, lo que hace un ratio de 1/7, en lugar de 30. Sí, y, sin embargo, los taxistas mienten o, al menos, ocultan una parte clave de la verdad.

¿Y cuál es, entonces, la realidad? Pues que fue el PSOE, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el que liberalizó el sector de VTCs mediante la aprobación de la ley ómnibus sobre el libre acceso a las actividades de servicios a finales de 2009. Hasta entonces, regía el criterio 1/30 que reclaman ahora los taxistas. En concreto, la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) de 1987 y su posterior reglamento fijaron esa arbitraria limitación tras al presión ejercida por el lobby del taxi para mantener a raya a la competencia. ¿Y por qué 1/30? Porque, posiblemente, por entonces ése era el ratio que existía entre ambos sectores.

Sin embargo, todo cambió en 2009, cuando se liberalizó la concesión de licencias VTC sin ningún tipo de límite. La apertura, si bien fue mal acogida, no levantó las airadas protestas que se ven hoy por las calles por la sencilla razón de que Cabify apareció después, en 2011, y Uber no aterrizó en España hasta 2014. Hasta la llegada de las nuevas plataformas tecnológicas, los vehículos con chófer constituían un servicio bastante marginal, concentrado, básicamente, en el alquiler de limusinas, de modo que no suponían una competencia para el taxi.

Pero esta situación cambia por completo gracias a la revolución tecnológica que está teniendo lugar en el sector del transporte. Fue entonces cuando el taxi se vuelve a levantar en armas y el muy corporativista y liberticida PP, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, empieza a implantar de nuevo las antiguas restricciones favorables al monopolio del taxi. Así, los populares reforman la LOTT en 2013 para volver a establecer límites a la concesión de licencias VTC (artículo 48.2), pero no es hasta la aprobación del desarrollo reglamentario de dicha ley, a finales de 2015 -justo antes de las elecciones generales, ¿casualidad?-, cuando vuelve a entrar en vigor el absurdo ratio 1/30.

[…] el órgano competente [comunidades autónomas, en este caso] podrá denegar el otorgamiento de nuevas autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor a fin de mantener el adecuado equilibrio entre la oferta de ambas modalidades de transporte en su territorio.

Se entenderá en todo caso que se produce una situación de desequilibrio, y en consecuencia procederá denegar el otorgamiento de nuevas autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, cuando la relación entre el número de las existentes en el territorio de la comunidad autónoma en que pretendan domiciliarse y el de las de transporte público de viajeros en vehículos de turismo domiciliadas en ese mismo territorio sea superior a una de aquéllas por cada treinta de éstas.

Es decir, entre 2009 y finales de 2015, la concesión de VTCs se dispara porque así lo permite la ley, de modo que no existe ningún incumplimiento normativo ni conspiración judeo-masónica por parte de autoridades y malvadas multinacionales para saltarse el citado límite, tal y como argumentan los taxistas. Las autonomías ya no conceden nuevas licencias VTC, pero, como las leyes no se pueden aplicar con carácter retroactivo -salvo contadísimas excepciones-, los tribunales están otorgando a sus legítimos propietarios las autorizaciones que solicitaron antes de la reimplantación del criterio 1/30 por parte del PP. Además, los taxistas olvidan que ese límite se puede superar en todo caso, ya que la ley también señala lo siguiente:

[…] aquellas comunidades autónomas que, por delegación del Estado, hubieran asumido competencias en materia de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, podrán modificar la regla de proporcionalidad señalada en el párrafo anterior [ratio 1/30], siempre que la que apliquen sea menos restrictiva que esa.

Las autonomías pueden, pues, ampliar legalmente el número de licencias actuales, pero el problema es que no quieren para evitarse problemas con los taxistas, lo cual da buena cuenta de la falta de convicciones ideológicas y la profunda cobardía que profesan la inmensa mayoría de políticos en España. ¿Interés general? ¿Dónde?

Y ello, sin contar que el famoso reglamento que aprobó el PP en 2015 ha sido recurrido ante los tribunales por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) porque “reduce la competencia en el mercado de transporte urbano de viajeros y blinda el régimen de monopolio en los servicios de taxi, frenando la innovación en el sector”. La Justicia deberá ahora decidir al respecto. No es casualidad, por tanto, que los taxistas se manifiesten ahora. Su principal objetivo es que el citado recurso decaiga y que, en todo caso, al Gobierno del PP ni se le ocurra liberalizar un ápice más el sector, de lo cual no deberían preocuparse lo más mínimo dado el profundo intervencionismo del que hacen gala en Moncloa.

No captan clientes en la calle

La tercera gran mentira del taxi, más allá de la manida “competencia desleal” y del ratio 1/30, tiene que ver con la captación de clientes en la calle. Esta acusación cae por su propio peso, puesto que las VTC, debido a la naturaleza íntegramente digital de las aplicaciones, tan sólo prestan el servicio si ha sido contratado previamente a través de un medio telemático. De hecho, el proceso se produce de forma muy diferente a como sucede con el taxi, puesto que es el pasajero el que reclama un conductor para solicitar un viaje mientras la VTC circula o está estacionada, nunca al revés. Los trabajadores de Uber y Cabify no dan vueltas por la ciudad en busca de clientes, sino que esperan a que los viajeros soliciten sus servicios por vía telemática. El 90% de los servicios del taxi, por el contrario, es captación directa en la calle, lo cual está prohibido para las VTCs.

Pagan nueve veces más impuestos

La polémica respecto al pago de impuestos también ha sido ampliamente usada por parte de los taxistas para criticar a estas plataformas, pero los datos, una vez más, no avalan sus argumentos. Desde Unauto VTC, que aglutina a 80 empresas del sector, aclaran que, a diferencia de lo que se dice, “la realidad es que la gran mayoría de taxistas en España se acogen al régimen fiscal de estimación objetiva, la llamada tributación por módulos, que les ofrece enormes ventajas fiscales. Esto conlleva que la mayoría de taxistas no pague ni 1.000 euros al año en impuestos, lo que supone un mínimo de 9 veces menos que una VTC con una actividad similar”.

“La contribución del sector del taxi a las arcas públicas ha sido uno de los argumentos más usados para justificar sus altas tarifas, cuando la realidad es que el sector del taxi es de los que menos impuestos paga en España”, añaden. Los vehículos VTC, por el contrario, tributan por estimación directa, es decir, sobre el beneficio anual real derivado de la prestación de servicios de transporte y con una transparencia total, puesto que todas las transacciones se llevan cabo mediante tarjeta de crédito, mientras que la mayoría de los servicios de taxi se cobra en metálico.

Los mayores especuladores son los taxistas

Como consecuencia, “en España un propietario de licencia de taxi sin conductores asalariados paga al menos 9 veces menos impuestos que un conductor de VTC que realiza un volumen similar de kilómetros anuales”, señala la entidad. Por último, entre otras peticiones, el gremio de taxistas quiere que se prohíba la “especulación con la compraventa de licencias VTC” porque la concesión administrativa es casi gratuita y luego se revende a 40.000 ó 50.000 euros.

La hipocresía del sector en este ámbito no puede ser mayor, puesto que los taxistas también revenden sus licencias a precios desorbitados, gracias, precisamente, a la inexistencia de un mercado libre. La escasez de licencias y la alta rentabilidad de las mismas por la ausencia de competencia hace que el precio para poder entrar en el gremio supere los 140.000 euros en Madrid o los 220.000 en San Sebastián, tal y como recoge un informe de la CNMC.

A este respecto, cabe recordar que las licencias de taxi llevan congeladas en España desde hace décadas e incluso han caído de las 72.000 existentes en 1994 a las 70.000 actuales, a pesar de que tanto la población como la llegada de turistas ha aumentado en varios millones de personas durante este período. En el caso concreto de Madrid, la última gran ampliación de licencias se produjo en 1975, ante una fuerte oposición del sector, pasando de 10.400 a 15.000, cifra muy próxima a la que existe hoy (15.726).

Oferta congelada y demanda creciente se traduce en licencias muy caras en el mercado secundario, en provecho de los que ya están dentro, puesto que los taxistas suelen vender o arrendar esa autorización a otros conductores cuando se retiran, siendo, por tanto, los mayores especuladores en este ámbito. La huelga de hoy, en definitiva, no es para denunciar las inexistentes ilegalidades que cometen Uber o Cabify, sino para blindar un lucrativo modelo de negocio cuyo eje pivota, única y exclusivamente, sobre el mantenimiento de un viejo y anómalo monopolio administrativo.

España e Italia son los países más restrictivos de Europa en cuanto a taxis y VTCs. Los taxistas quieren, simplemente, que las cosas sigan igual, que millones de españoles no se puedan beneficiar de los avances y beneficios que otorgan las nuevas tecnologías para moverse libremente por la ciudad en coches de alta gama y a precios mucho más baratos. El resto son cuentos.

Origen: Manuel Llamas – Las mentiras del taxi sobre Uber y Cabify – Libre Mercado

¿Quién manda en España?

España cerró el año 2016 con una deuda pública que ascendía a 1.106.951,55 euros (99,40% del PIB). En MQE hemos comentado varias veces el preocupante volumen de la deuda pública y las implicaciones que puede tener para una verdadera soberanía nacional.

Muchos analistas, al llegar Trump al poder, consideraban inviable algunas medidas que proponía hacia China bajo el argumento del volumen de deuda pública americana que tenían adquirido los chinos. Sin embargo, se echa de menos ese análisis cuando se habla de España y su deuda.

Ayer publicaba el Confidencial que el BCE ha comprado 250.000 millones de euros de deuda pública española y concluye, en base a ese dato, que España está en manos de Draghi. Una conclusión acertada en opinión de MQE.

La información de El Confidencia revela algunos datos preocupantes:

  • Draghi manda en España. Y a Draghi no le hemos elegido los españoles. Y cuando se dice Draghi, es decir, la Unión Europea, es decir, el Nuevo Orden Mundial. A ninguno le hemos elegido para que nos gobierne.
  • Nos hablan de recuperación económica, y los datos macro parecen avalarla. Sin embargo, los mercados no parece fiarse de España, o no dan credibilidad a su viabilidad financiera, si no no se explica el volumen de deuda pública comprado por el BCE.
  • Nuestros políticos siguen sin tomarse en serio la cuestión del déficit público y la deuda española y con esa insustancialidad, por no decir otra cosa o juzgar intenciones, están vendiendo España a los poderes mundiales.

En resumen, o ponemos coto al déficit y al endeudamiento o serán otros, no los españoles, los que gobernarán España.

Mi querida y endeudada España.

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La imposición urbanística de la ideología de género | La Gaceta

Boadilla del Monte ha visto frenado su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por no contener una evaluación sobre “impacto de género”. El desarrollo de 26.000 viviendas queda en suspenso, a esperas del recurso que haga el Ayuntamiento de esta localidad madrileña, por no haber incluido este estudio que es obligatorio -y tiene carácter retroactivo- desde la aprobación de las leyes sobre identidad de género aprobadas y promovidas por el Ejecutivo autonómico que preside Cristina Cifuentes.

Estas dos leyes establecen que “todas las disposiciones legales o reglamentarias de la Comunidad de Madrid deberán contar con carácter preceptivo con un informe sobre impacto por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género” -como recoge la Ley de Protección contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual-; y que “las normas y resoluciones de la Comunidad de Madrid incorporarán la evaluación del impacto sobre identidad de género en el desarrollo de sus competencias, para garantizar la integración del principio de igualdad y no discriminación por razón de identidad de género o expresión de género” -Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identdidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación-.

El pasado martes conocíamos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que sentenciaba la no adaptación del PGOU de Boadilla a estas leyes.

La Gaceta se ha puesto en contacto con varios alcaldes de localidades de Madrid que tienen pendientes de aprobación los planes urbanísticos de sus municipios y han asegurado que desconocían totalmente la necesidad de incluir estos “impactos de género” y que, además, ignoran también el contenido que deben tener los mismos.

Haciendo un repaso a la hemeroteca encontramos que varios municipios de Andalucía, comunidad pionera en la elaboración de estos informes, se vieron afectados por la paralización de sus planes de urbanismo al no incluir la perspectiva de género. Y lo hace, no por una ley autonómica, sino por la aplicación de la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. Es decir, que los únicos casos que se conocen en España de elaboración de informes urbanísticos con perspectiva de género no introducen el análisis LGTB. Torremolinos fue el primer municipio de España en introducirlo, después vendrían otros y debió de generar tantos problemas que en el municipio malagueño de Istán se celebró el pasado mes de abril un congreso para aplicar este nuevo urbanismo que, en principio, solamente se ciñe a la diferencia aplicable entre hombres y mujeres.

Pero las leyes aprobadas en Madrid por Cifuentes y su Ejecutivo dan una vuelta de tuerca a la situación y hay que añadir una perspectiva LGTB. La única solución que queda a los municipios es trasladar la documentación de la Junta de Andalucía y las conclusiones del congreso de Istán desde la diferenciación del urbanismo “feminista” al “LGTB”.

Hace un año, la Junta de Andalucía publicó un informe titulado “Urbanismo con perspectiva de género”. Lo hizo a través de su Unidad de Igualdad y Género de la Consejería de Igualdad. Los encargados de realizarlo fueron los miembros de Likadi y la autora, Inés Sánchez de Madariaga. Es un texto de 108 páginas en el que nos muestran cuál es el camino de ese nuevo urbanismo basado en el género.

Pretende responder a “nuevas necesidades sociales de poblaciones diversas” y parte de la base de que “la calidad de vida no es la misma para todos” por eso “una nueva visión del urbanismo desde el punto de vista del género es una de las vías que puede contribuir a dotar de contenido específico a la noción de calidad de vida” y es un “concepto que permite poner de manifiesto las relaciones desiguales entre mujeres y hombres”.

Culpa al urbanismo tradicional de ser respobsable de perjudicar a las mujeres del “modo en que llevan a cabo sus múltiples responsabilidades en la esfera pública” y proporne dotar a las ciudades de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de la vida cotidiana, dando por sentado que las actuales ciudades no las tienen.

En cualquier caso, este informe no está adaptado a la normativa impuesta en la Comunidad de Madrid tras la aprobación de las leyes promovidas por Cifuentes. Para saber cómo se aplicará el nuevo urbanismo LGTB en Madrid debemos compararlo con la introducción de la ideología de género en los centros educativos.

El primer paso ya está dado: todos los PGOU de los municipios deberán contar con el informe preceptivo correspondiente. Además es una norma retroactiva. Por lo tanto, tendrá que haber organizaciones encargadas de desarrollar estos estudios. Del mismo modo que a partir del curso que viene serán las asociaciones LGTB las encargadas de explicar a nuestros hijos la ideología de género en los centros educativos, estas mismas asociaciones serán las encargadas de realizar los informes obligatorios para los planes de urbanismos. Es decir, que todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, los casi 200 que hay, tendrán que contratar y pagar a las organizaciones LGTB para la realización de los informes.

Financiación e imposición, sin que los alcaldes y sus concejales de urbanismo puedan hacer nada por evitar pasar por caja y sin que las aportaciones de esos informes mejoren la situación urbanística de los habitantes porque las posibles comunidades LGTB en los distintos municipios son minúsculas o, directamente, inexistentes.

Origen: La imposición urbanística de la ideología de género | La Gaceta

El almacén de gas Castor y el poder del señor Pérez

“El coste del almacén submarino de gas situado frente a las costas de Castellón, es uno de los ejemplos más claros de despilfarro de dinero público que se han vivido en España”. La frase pertenece a la organización ecologista Greenpeace, y es parte de un comunicado emitido días atrás, después de que se conociera el contenido el informe encargado al Massachusetts Institute of Technology (MIT) sobre las causas de los terremotos que en el verano de 2013 sacudieron la costa castellonense. La organización recalca la necesidad de “desmantelar la plataforma tan pronto como las condiciones lo permitan y evitar que en el futuro vuelvan a ponerse en marcha proyectos como este que acarrean riesgos para el medio ambiente y la salud de las personas, y que suponen un gran desembolso para las arcas públicas”.

Decir que es uno de casos más claros de despilfarro de dinero público es decirlo todo o casi nada en un país donde los escándalos económicos se suceden con desesperante regularidad. Es, sobre todo, una nueva demostración de la connivencia dolosa que en España sigue existiendo entre el poder político y el económico, una muestra del poderío de ese “capitalismo de amiguetes” madrileño -siempre dispuesto a prosperar allí donde no existe una separación clara entre lo público y lo privado- que encarna como pocos Florentino Pérez, el capo de ACS, y una evidencia de la falta de respeto de los políticos con el dinero del contribuyente, carencia ligada a un vacío legal que, salvo excepciones, exime de responsabilidades a los gestores de la cosa pública que toman decisiones de gasto a la ligera porque saben que esa responsabilidad terminará diluyéndose en el tiempo, porque ya se sabe que en España “el dinero público no es de nadie”.

Desde principios de siglo, los Gobiernos de la nación han puesto el acento en incrementar las reservas estratégicas del país, dada la casi total dependencia del gas natural importado, principalmente de Argelia y Catar, mediante planes que contemplaban la construcción de nuevos almacenes subterráneos y la ampliación de depósitos existentes. El de gas submarino denominado Castor, proyectado en aguas de Castellón, frente a la costa de Vinaroz, pretendía almacenar gas suficiente para abastecer las necesidades de consumo de España durante 17 días. El Gobierno Zapatero, mediante el Real Decreto-Ley 855/2008, de 16 de mayo, adjudicó la construcción y explotación del silo durante 30 años a la empresa Escal-UGS (controlada en un 66,7% por la constructora ACS, y por la canadiense Dundee Energy en el 33,3% restante).

Ese Decreto, firmado por Miguel Sebastián, entonces ministro de Industria, incluida 14 artículos, el último de los cuales detallaba las condiciones de extinción de la concesión, determinando que si ésta caducaba o se extinguía, el almacén revertiría al Estado, que vendría obligado a indemnizar a la concesionaria con el valor neto contable de las instalaciones, siempre y cuando siguieran activas. En caso de dolo o negligencia, la compensación consistiría en el valor residual de las mismas. En mayo de 2012, el Gobierno Rajoy declaró lesivo para el Estado el citado artículo 14 y lo impugnó, al considerarlo contrario a la Ley de Hidrocarburos, pero en octubre de 2013, la Sección Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo falló en contra del Gobierno. En el informe de gestión  del ejercicio 2013 remitido a la CNMV, ACS afirmaba que su filial “tiene derecho a devolver la concesión en cualquier momento”, por lo que “el valor de la inversión es totalmente recuperable”. Florentino siempre gana.

El Castor, el mayor almacenamiento subterráneo de gas planeado en España con capacidad para 1.900 millones de metros cúbicos, aprovechaba una planta ya existente a 22 kilómetros frente a las costas de Vinaroz. El proyecto contemplaba la construcción de una planta terrestre en el mismo municipio, y una canalización subterránea hasta la planta marina. Desde el primer momento, el anuncio despertó las alarmas de toda la comunidad costera, donde nunca se creyeron las promesas del CEO de Escal-UGS, un tipo ‘echao palante’ según el cual aquello iba a ser una fuente inagotable de empleo y riqueza para la zona, y quienes lo criticaban eran unos envidiosos. Lo cierto y verdad es que los estudios geológicos y medioambientales que en Vinaroz y su zona reclamaron con obstinación para evaluar el impacto del silo subterráneo nunca se efectuaron. El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) terminó validando los informes técnicos que la concesionaria presentó a Industria, sin evaluar en modo alguno los potenciales riesgos sísmicos.

El 5 de septiembre de 2013, apenas dos meses después de que Escal-UGS empezara a inyectar el gas colchón –que permite la posterior extracción del gas útil- en el depósito, situado a dos kilómetros de profundidad bajo el mar, la costa de Castellón registró el primer temblor sísmico, que sería seguido por cerca de 500, el mayor de los cuales de magnitud 4,2 en la escala Richter. La consiguiente alarma provocada en la zona movió al Gobierno a ordenar la paralización inmediata de la inyección de gas a finales del mismo mes. En julio de 2014, Escal UGS renunció a la explotación del almacén, y unas semanas después y con las vacaciones de verano de por medio, la parlanchina vicepresidenta Soraya anunciaba que el Ejecutivo, Real Decreto-Ley de 3 de octubre de 2014, había acordado dar por finiquitada la concesión de explotación del almacén e indemnizar con 1.350 millones (valoración de la inversión efectuada) a la filial de ACS, sin considerar, que se sepa, la posibilidad de pleitear contra ella o pedir responsabilidades al anterior Gobierno por la escandalosa cláusula comentada. ¿Por qué tanta prisa en pagar?

El Gobierno encargó a Enagás Transporte, la gestora técnica del sistema gasista, la administración y mantenimiento de la instalación, así como el pago a Escal UGS de la cifra mencionada. Los 1.350 millones se repercutirán en el recibo del gas durante los próximos 30 años, de modo que serán los consumidores quienes paguen los platos rotos del desatino y del poder del Florentino Pérez con los Gobiernos del PSOE y del PP. En septiembre de 2013, tras la crisis sísmica, el Ejecutivo pidió informes al IGME y al Instituto Geográfico Nacional (IGN). Ambos concluyeron lo que todo el mundo sospechaba: que hubo relación entre la inyección de gas y los terremotos que se registraron en la zona, aunque no entraron a valorar si la concesionaria actuó con diligencia a la hora de ponderar los riesgos sísmicos, y si calculó correctamente la presión que la estructura geológica podía aguantar por la inyección del gas colchón. El ministro Soria, que tardó meses en hacer públicos los informes a pesar de serle requeridos, se encargó de pedir también un estudio al MIT.

El pasado 3 de mayo, después de 18 meses de espera y de 600.000 euros, se conoció por fin el dictamen del famoso MIT: “La falla de Amposta, alguna de sus ramificaciones y varias de las fallas del yacimiento próximo a Amposta fueron desestabilizadas de forma significativa por la inyección de gas”. Ya tenemos culpable. El informe, sin embargo, escurre una vez más el bulto, no se sabe si a pedido del cliente, a la hora de identificar a los culpables humanos del desastre, que es lo que en última instancia interesaría a los paganos españoles. Toda la explicación que se aporta es que “lo ocurrido no se podría haber previsto con los estándares que se emplean en la industria para este tipo de almacenamientos de gas”, una conclusión que puede ser clave a la hora de determinar en los tribunales quién corre con la cuenta del estropicio.

Entre un fusil y un soldado, se perdió un pan

El almacén seguirá en estado de hibernación en el que se halla desde finales de 2013. Ni desmantelamiento ni reapertura. El riesgo tanto de  inyectar gas como de tratar de extraerlo es tan alto, que mejor no meneallo. “Mejor dejar las cosas como están”, en versión Álvaro Nadal, el actual y listísimo ministro de Energía. Dios proveerá. La factura es enorme. Mantener la cosa en estado de hibernación cuesta 15,7 millones al año. A los 1.350 pagados por el Gobierno a la promotora, hay que añadir los 110 que ya había recibido con anterioridad, y otros 295,6 en concepto de “derechos retributivos” por los 27 meses en que el almacén estuvo operando. En total, más de 1.700 millones. A todo ello habrá que añadir el coste del desmantelamiento —143 millones según las previsiones efectuadas en 2008, cifra muy superior a estas alturas-, más los intereses del pago de la indemnización durante los próximos 30 años. La factura, según Greenpeace, podría superar los 4.000 millones. Todo un ejemplo de despilfarro de dinero público.

El episodio entero está judicializado. Hasta en tres instancias: el juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Vinaroz, el Supremo y el Constitucional. Dicho lo cual, urge una comisión de investigación que aclare las responsabilidades contraídas por los altos funcionarios de la Administración, ministros de Energía incluidos, en la concesión al gran Floro de tanto oropel. En esta hora escandalizada por las trapacerías de tanto saqueador de lo público, un asunto como el Castor no puede quedar en agua de borrajas. He ahí un caso donde Ciudadanos debería meter el flequillo sin miedo a despeinarse. El señor Pérez seguirá recibiendo en el palco del Real Madrid a políticos, empresarios y periodistas, todos dispuestos a esconder sus debilidades y a rendir pleitesía al más preclaro representante de nuestro capitalismo castizo. Es evidente que sin Florentino Pérez de por medio, ni el Gobierno Zapatero hubiera incluido esa vergonzosa cláusula, ni el Gobierno Rajoy se hubiera dado tanta prisa en pagar la cuenta. Urge saber quién se dejó convencer por las lisonjas del tycoon, para que pague las consecuencias.

Origen: El almacén de gas Castor y el poder del señor Pérez

El monopolio del PP (y de la estiba). -Cristina Losada/LD-

Neuronaliberal

Hace unos días, un huracán político estaba a punto de llevarse por delante la legislatura. Era un huracán muy raro. Tanto, que lo provocó el batir de las alas de un problema sectorial que en modo alguno era novedad. Quién nos iba a decir que el rechazo a un decreto para ajustar la estiba a la norma europea podía tener efectos políticos de tal alcance como para disolver las Cortes y convocar elecciones. Nadie lo hubiera dicho. Es más, no lo hubiera dicho nadie de no haberlo insinuado el Gobierno. Al tiempo que cantaba las cuarenta a los “irresponsables” que rechazaron aprobar el decreto, dio a entender que respondería a otra indisciplina con el escarmiento del adelanto electoral. La desproporción entre la causa y los efectos con los que amenazó el Gobierno es tan grande que merece la pena preguntarse por qué los de Rajoy gastan la pólvora en salvas

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