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El espía que ‘cazó’ al comisario Villarejo. -Ildefonso Olmedo/El Mundo-

-Desvelamos en exclusiva la identidad del ex agente del CNI que hizo la denuncia anónima por la que la Audiencia Nacional envió a la cárcel al comisario.

-La pista clave, un Porsche que conectaba un encargo guineano con una mafia china de blanqueo de capitales a través de un segundo comisario de policía.

-Todo arranca con un envío por Seur remitido por una mujer guineana y dirigido a la sede madrileña de la Fiscalía Anticorrupción…

La historia arranca en una calle de renombre, y muy larga, de Madrid, en una mañana de febrero de este 2017. Acodados en la barra de un restaurante, dos viejos amigos se miran a los ojos mientras beben unas cañas bien tiradas. Uno es comandante de la Guardia Civil. Pese a sólo frisar los 40, es todo un experto en blanqueo de capitales. Frente a él, un ex agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con poco pelo y unos kilos de más. Un tipo curtido en 12 años de servicios a caballo entre su Galicia natal y África y que en 2014 tuvo la osadía de cerrar su etapa de agente secreto con el libro Diario de un espía.

«No sé si fueron las cañas o las cortezas de cerdo que nos pusieron de aperitivo… El caso es que recogí el guante cuando mi amigo comandante me soltó un sermón sobre el bien y el mal, y de cómo a los corruptos había que meterlos en la cárcel», dice hoy el gallego, David R. Vidal. Ha transcurrido desde entonces el tiempo de un embarazo llevado a término, y de aquella cita amistosa nació una de las noticias bomba más sorprendentes de la actualidad político-social española: la detención el pasado 3 de noviembre, y el envío posterior a prisión, del todopoderoso comisario José Villarejo por delitos de cohecho y blanqueo de capitales.

Un Porsche Panamera, unos números de varias cuentas en bancos de Panamá, una pista guineana con muchos millones y, sobre todo, el trabajo silente y hasta ahora secreto del gallego David terminaron con la impunidad del Goliat Villarejo. «Sí, de alguna manera soy el espía que ha acabado metiendo entre rejas al comisario».

Para comprender del todo la dimensión de las palabras del ex agente del CNI -un tipo con entrada propia en Wikipedia como fundador de «la primera academia privada de inteligencia en España, llamada Globalchase»- hay que leer bien las primeras crónicas periodísticas que dieron cuenta, los pasados 3 y 4 de diciembre, de la caída «del polémico policía» por recibir «dinero y regalos por dar servicios de inteligencia» como una «organización criminal».

Coincidían las crónicas en que el inicio de todo tenía una fecha: 25 de abril, y un hecho notorio: la llegada a la Fiscalía Anticorrupción de «una denuncia anónima sobre las actividades ilegales de los comisarios José Villarejo y Carlos Salamanca». Como Al Capone, que cayó no por mafioso sino por delincuente fiscal, Villarejo, el hombre de las cloacas del Estado investigado en múltiples causas, puede acabar condenado por blanqueo de capitales.

«Claro que conservo el resguardo del envío de la denuncia…». David R. Vidal, que ha elegido Crónica para desvelar su secreto, extiende sobre la mesa un trozo de papel. Es el resguardo (envío con número de seguimiento 154715646515). Fecha de salida: 25 de abril de 2017. Fecha de entrega: 26 de abril.

En el sobre que viajó desde A Coruña al número 4 de la madrileña calle de Manuel Silvela, sede de la Fiscalía Especial Anticorrupción, se recogía el resultado de dos meses de trabajo que siguieron a las cañas con corteza de cerdo de la reunión con el amigo guardia civil: dos folios encabezados por un «Estimado sr. Fiscal» y siete documentos anexos. El último refería la «relación de entidades offshore que utilizan Villarejo y su socio».

Todo había empezado por una información suelta que llega a Vidal. «Aunque parezca raro, soy informático, pero por circunstancias de la vida desde 2000 hasta 2013…». Fue, sí, espía a sueldo del CNI. Y también, hasta diciembre de 2016, colaborador remunerado para el Cuerpo Nacional de Policía en Extranjería. «Ahora me centro únicamente en la informática y esporádicamente hago informes de inteligencia para empresas… A mediados de 2016, por junio, alguien me dio una información: una serie de cuentas que tenía en Panamá el comisario José Villarejo para fines, me decían, ilícitos. Eran las cuentas donde él pedía que le ingresaran el dinero de sus trabajos especiales».

El empresario ‘jubilado’

¿Quién es, y ha sido durante décadas, el poderoso y temido José Manuel Villarejo Pérez, un ciudadano nacido en El Carpio, Córdoba, en 1951? De forma paralela a su carrera policial (autor del informe Veritas para desacreditar al juez Garzón cuando éste intentaba deshacer la madeja de los GAL en los años 90) y sus siempre fronterizos servicios en las cloacas del Estado, José Manuel Villarejo, oficialmente jubilado como comisario a sus 66 años, logró montar un millonario entramado societario y empresarial dirigido desde Cenyt, con sede en la Torre Picasso de Madrid y dedicada a la investigación y gestión de crisis. Poliédrico, su perfil más terrorífico trasciende el ámbito político y conspirativo para situarle en películas de género como Aquí huele a muerto, donde encarnó a Frankenstein compartiendo reparto con el dúo Martes y Trece en 1990.

Desde la última década del siglo XX Villarejo no ha dejado de estar en todas las salsas. Son batallón los casos judiciales y políticos célebres en los que asoma la sombra del cordobés (Pujol, Nicolay, el del ático del ex presidente madrileño Ignacio González, Gürtel y hasta el de la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein…). Y aunque nunca la herida ha sido tan profunda como la de ahora, lo cierto es que está acusado de apuñalar a la médico que denunció a Javier López Madrid, yerno de Villar Mir, el dueño de la constructora OHL, y «compi yogui» de la reina. Además, está imputado por revelación de secretos en el caso que se sigue contra el pequeño Nicolás. Para proteger a Nicolás, habría grabado ilegalmente a otros policías y agentes del CNI y estaría detrás de las filtraciones posteriores a la prensa. Pública es también la guerra abierta que mantiene con el actual director general del CNI, Félix Sanz Roldán, contra quien arremetió en una entrevista con Jordi Évole.

Ante un comisario tan Goliat, las dos primeras embestidas de David pincharon en hueso. «Cuando me llegó la primera información, la de las cuentas en Panamá, conseguí concertar una cita con un comisario general. Quedamos en el bar de la rotonda que hay cerca de la comisaría de Canillas, en Madrid, y le di toda la información. Quedó en llamarme pero nunca lo hizo… ¿Es que no voy a encontrar un policía honrado?, me decía. Entonces un buen amigo, escritor, con contactos con la BOA [Brigada Operativa de Apoyo], brigada especial que está pegada al CNI, hizo unas llamadas…. El tema, fue la respuesta del jefe, “no interesaba”».

Desalentado, el gallego tiró la toalla. Hasta aquellas cañas con cortezas de cerdo. Y aquella arenga de amigo sobre el bien y el mal. «Lo tienes que poner en manos de la Fiscalía Anticorrupción… A los corruptos, a los malos, hay que sacarles el patrimonio y mandarlos a la cárcel».

Aún David no sabe si fueron las cañas o las cortezas. Lo cierto es que tardó dos meses en completar el informe secreto. Entrevistó a unas 10 personas, algunas del entorno más próximo de Villarejo. «De las que le sonríen pero que en realidad le odian». No todas las fuentes, había aprendido Vidal en sus años con el CNI, se mueven por dinero. Hay otras muchas motivaciones, y el odio es de las más poderosas.

Y así fue como apareció ante sus ojos y oídos el encargo guineano. Un alto cargo del Gobierno de aquel país le pidió a Villarejo un informe para desprestigiar a Gabriel, uno de los hijos de Teodoro Obiang. Una facción buscaba sacar los trapos sucios de la otra, y querían un informe de desprestigio. El resto de lo que pudo averiguar el ex espía fue recogido con todo detalle en el escrito de la Fiscalía hecho público tras la detención de Villarejo. En la denuncia anónima se exponía así:

“Estimado Sr. Fiscal:

Por la presente le hago partícipe de una serie de informaciones que han llegado a mi poder y las cuales pongo en su conocimiento por si los hechos a los que aluden fueran constitutivos de algún tipo de delito.

En el año 2012 un alto cargo del Gobierno de Guinea Ecuatorial necesita encargar un informe sobre uno de los hijos del presidente guineano Obiang, concretamente sobre Gabriel Mgaba Obiang Lima. El objetivo del informe no era otro que buscar los “trapos sucios” del citado Gabriel a fin de desprestigiarlo y de esta forma obtener una posición ventajosa en las luchas internas competitivas que acontecen en la familia de Obiang.

Comisario Salamanca:

Los guineanos mantenían una buena relación con el entonces comisario del aeropuerto de Barjas, Carlos Salamanca, el cual al parecer les realizaba favores en numerosas ocasiones tales como ir a recoger a altos cargos a la puerta del avión utilizando coches policiales o bien facilitar la entrada de dichos ciudadanos extranjeros cuando carecían de los requisitos necesarios para superar el control de fronteras (por ejemplo, carencia de visado en vigor).

Es de resaltar que un vehículo de marca Porsche Panamera matrícula 5722GYW, el cual era inicialmente propiedad de los guineanos (ver documento #1 de compra por 116.000), acabó en manos de Carlos Salamanca en el año 2012, si bien, aunque lo conducía, nunca lo registró a su nombre en la DGT, temeroso de que la ostentación del mismo le fuese perjudicial. Finalmente, el sr. Salamanca vendió el vehículo a uno de sus “clientes” con el mantenía una estrecha relación, un ciudadano chino vinculado a GAO PING.

Aunque el vehículo no estuvo registrado a nombre del sr. Salamanca, fue el tomador del seguro por importe de 1,845 durante el periodo que lo tuvo en su poder, según se muestra en el documento #2 que se adjunta.

Comisario Villarejo:

Por tanto, cuando los guineanos le preguntaron al comisario Salamanca sobre la posibilidad de realizar un informe sobre Gabriel, este les remitió al también comisario José VILLAREJO, presidente del Grupo Cenyt con sede en la Torre Picasso de Madrid.

Este último, junto con su socio Rafael REDONDO RODRÍGUEZ, fueron los que formalizaron una propuesta económica para la realización de los trabajos por importe aproximado de 5,3 millones de euros, según se describe en el documento #3.

Básicamente se trataba de un pago inicial global de 1,7 millones euros por la elaboración de un informe, más un seguimiento anual de 3,6 millones de euros.

A título confidencial, la propuesta incluía unos anexos que se adjuntan en el documento #4, bajo el epígrafe de PROYECTO KING, donde se detallan unas fases de realización en las cuales se realizarían seguimientos, interceptación de comunicaciones, obtención de informaciones bancarias y otros elementos de privacidad personal relativas al objetivo Gabriel.

Villarejo y su socio solicitaron que el pago fuera diversificado a diferentes destinatarios y no sólo a Cenyt. Es de destacar, por si tuviera relación con el blanqueo de capitales, que parte de estos pagos se realizaron en unas cuentas corrientes radicadas en el extranjero, principalmente en el país de Panamá, las cuales se relacionan en el documento #5.

Las transferencias bancarias más relevantes son las siguientes:

Fecha Destinatario Importe

26/04/2012 Participaciones Marvila S.A. 330.000

27/04/2012 Financiera Uruplan S.A. 435.000

08/05/2012 Participaciones Marvila S.A. 485.000

Finalmente, Villarejo entregó el informe sobre Gabriel, el cual se adjunta como documento #6, además de comprometerse a realizar una campaña de desprestigio mediante filtraciones interesadas a los medios de comunicación.

De otros encargos similares y en base a las transferencias realizadas, se ha podido averiguar que la relación de entidades ‘offshore’ que utilizan Villarejo y su socio son al menos las relacionadas en el documento #7.”

La suerte, pues, quedó echada para David R. Vidal el 25 de abril. No fue gratis del todo. Coste del envío: 23,70 céntimos. «Sí, cuando tuve todo bien hilvanado lo mandé anónimamente por mensajeros adonde me indicó mi amigo comandante [de la Guardia Civil]: la sede central de la Fiscalía Anticorrupción y Contra el Crimen Organizado [entonces encabezada por Manuel Moix]… Le pedí a una amiga guineana que llevase el sobre a Seur en A Coruña, con remitente falso (AsuncioM. BA), por si la cosa salía mal y llegaba a oídos de los comisarios. Que pareciese que era una opositora cabreada. Ahora que fiscalía y asuntos internos de la propia Policía han hecho su trabajo, ya no importa… Ya lo puedo contar todo».

El mensaje llegó a buen puerto. Un acierto. «Las dos personas principales que menciono son las dos que están en la cárcel, enviadas por la jueza Lamela…».

«Si lee la nota de prensa que hizo pública la Fiscalía Anticorrupción, contrastaron el 100% de los datos del anónimo que les envié y a eso pudieron añadir otros aspectos que fueron apareciendo en la investigación… Me consta que se pidió (Fiscalía), por ejemplo, una comisión rogatoria a Panamá… Yo identifiqué cinco cuentas diferentes en ese paraíso fiscal a nombre de tres empresas diferentes, además de una en Uruguay. Sé que las cuentas panameñas fueron creadas hace unos cinco años por testaferros panameños en un mismo día. Y que todas también fueron disueltas en diciembre de 2016 a la vez, el mismo día».

No todo lo investigado viajó en el paquete secreto con destino Madrid. «Sólo incluí aquello que de alguna manera pudiera ser contrastado. Por ejemplo, en el caso de Salamanca no hice mención de ciertos regalos, como los relojes de lujo -he leído estos días que en los registros de su domicilio han aparecido al menos una docena de esos relojes carísimos-. Me dediqué a cosas rastreables, por ejemplo, el Porsche, y no las informaciones que me llegaban de bodas de una hija, viajes pagados al Reino Unido y otras vacaciones pagadas… Además del Porsche, había otros vehículos de alta gama en la familia y elementos que reflejaban estilos de vida muy por encima de lo que les permitían sus sueldos…».

David, como buen ex agente (o quizás haya que recordar esta frase suya de cuando presentó su libro para entender todo: «Un espía lo es para siempre. Y se pasa miedo»), pretendía, de alguna manera, desencadenar la tormenta. «La idea era prender la mecha, que ya se encargaría el fiscal y la policía de atar más cabos. Yo lo que hice fue prender el fuego, o ponerle al cascabel al gato, que diría un castizo, y a partir de ahí seguro que empezarían a salir más y más cosas… Por ejemplo, me constaba que ellos habían cobrado el trabajo… Seguro que no pagaron a Hacienda, lo cual es un posible delito fiscal u oculta blanqueo de dinero».

Coches y relojes de lujo

¿Y qué pinta un Porsche Panamera en todo esto? Para entenderlo, Vidal relata a Crónica el papel del comisario Carlos Salamanca, hoy compañero de prisión de Villarejo y ya en su día investigado en el sumario de la mafia china de Gao Ping, lo que le costó su puesto de comisario jefe del aeropuerto de Barajas. Ahora su destino era la Comisaría General de Extranjería como jefe de unidad.

«Los guineanos llegan a Villarejo a través de su amigo Salamanca. La verdad es que Salamanca era más escurridizo porque tenía un perfil discreto. No perdí el tiempo con sus relaciones con los chinos porque era un tema antiguo. Lo que me contaron es que proporcionaba una especie de servicios vip a los guineanos; es decir, que cuando viajaba alguien importante y, por ejemplo, no tenía visado o estaba caducado, él se encargaba de ir en un coche patrulla a pie de avión a recibirlos. Y obviamente no pasaban el control de fronteras. Para eso era el jefe del aeropuerto [de Barajas]…».

La verdad es que mientras trabajó para la policía, Vidal admite que también se cruzó con alguna gente así, «pero se trataba de gente que se había jugado la vida por el Estado, no por favores ni dinero».

«Aunque esa parte me era difícil de comprobar, busqué algún elemento indiciario de enriquecimiento irregular, porque yo no creo en favores gratuitos. Es decir, cuentas corrientes, transferencias… Ese era el problema. Si Salamanca recibía regalos y dinero en efectivo no tenía forma de atar cabos. Afortunadamente apareció lo del Porsche».

-¿Un Porsche?

-Sí, verá, era un Porche Panamera de 120.000 euros que compra un guineano y acaba en manos del lugarteniente de Gao Ping. El único nexo de unión entre los guineanos y los chinos es Salamanca. Al parecer, los guineanos le regalaron el vehículo y, como le pareció muy ostentoso, se lo vendió a los chinos. Por supuesto, en ningún momento aparece el vehículo a su nombre.

-¿Entonces no hay ninguna prueba que le vincule al Porsche (adquirido en Madrid por 116.537,7 euros en el Centro Porsche Madrid Norte en septiembre de 2010 por el ciudadano guineano Crispin Edu Tomo Maye)?

-Eso pensaba él. Pero si conduces un coche sueles aparecer en algún lugar del seguro. En este caso, Salamanca era el tomador del seguro y su conductor habitual. Pagar 1.845 euros por un seguro de un coche que no es suyo a mí me parece un tanto sospechoso…

El seguro estuvo vigente entre el 10 de julio de 2012 (el mismo año en que Salamanca y Villarejo recibieron el encargo de realizar un informe de inteligencia sobre el hijo del presidente Obiang) y el mismo día de 2013. En la póliza, además, figuraba el domicilio particular de Salamanca en el municipio madrileño de Colmenarejo. Al poco tiempo, el comisario prefirió deshacerse del llamativo vehículo. Se lo compró un ciudadano chino vinculado al empresario Gao Ping, el de la llamada operación Emperador.

-Habrá quien prefiera pensar que su denuncia anónima en realidad es su último servicio al CNI… O se preguntará por qué no les dio a ellos la información, habiendo sido agente suyo durante más de una década.

-(Se ríe). Le aseguro que no. La única vinculación de todo esto con mi pasado de agente de los Servicios Secretos es el orgullo de lo que aprendí mientras trabajé para ellos, pero no tienen nada que ver. Por otro lado, no tiene ningún sentido darles informaciones de delitos cometidos en España. Para meter la información en un sobre y enviarla a Fiscalía no hace falta el CNI, francamente. Y es fue lo que hice… Ponerle el cascabel al gato Villarejo.

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Las talegas de Méndez de Vigo (o como remunerar a los golpistas). -Pedro J. Ramirez/El Español-

Al día siguiente de que Puigdemont, Junqueras y los suyos consumaran su golpe de Estado proclamando la República Catalana, el ministro portavoz Iñigo Méndez de Vigo realzó ante la BBC la singular respuesta del Gobierno de Rajoy: aplicar el artículo 155 en Cataluña –destituyendo naturalmente a los golpistas- pero a los solos efectos de convocar y celebrar elecciones autonómicas el 21 de diciembre. O sea en el plazo mínimo permitido por la ley.

Y la forma de sacar pecho de Méndez de Vigo fue subrayar la consecuencia más llamativa de esa solución. El Gobierno “recibiría con agrado” que Puigdemont se presentara a esas elecciones. O sea que intentara recuperar a través de las urnas, en cuestión de cincuenta y cinco días, el puesto del que acababa de ser cesado por el BOE, en castigo de su perfidia.

“Si Puigdemont quiere continuar en política está en su derecho”, aseguró, omitiendo toda referencia a sus flagrantes delitos de sedición y/o rebelión que implican largas penas de cárcel e inhabilitación. Como el presidente del autodenominado “gobierno legítimo de Cataluña” aun no se había fugado, Méndez de Vigo perdió la oportunidad de precisar que nuestro sistema es tan garantista que hasta podría ser candidato estando en prisión preventiva, como ocurre ya con Junqueras, siete de sus consellers y los Jordis.

Pero Méndez de Vigo iba más de cheerleader que de jurista, añadiendo el típico “creo que debería prepararse para las próximas elecciones” con que se jalea a un púgil el día que se señala la fecha de un combate decisivo. Y cual torero que remata la faena con una revolera, concluyó con un “sería bueno, porque es una manera de que los catalanes juzguen sobre sus políticas”. Fue, de hecho, el único “juicio” al que se refirió: al de las urnas.

Todos entendimos lo que pretendía transmitirnos: fíjense, propios y extraños, qué inteligente y audaz ha sido Rajoy al vincular el acto de autoridad que supone fulminar a estos señores de sus cargos, con una convocatoria electoral que les coge a ellos con el pie cambiado, vacía su discurso victimista y restablece la legalidad, recurriendo a un cauce inobjetable para cualquier demócrata. ¡Oh, proteico y grande Rajoy! ¡Qué listo has resultado una vez más, al ofrecer a tus adversarios esa golosina, envenenada por el sometimiento al orden constitucional, que no van a poder rechazar!

Ciudadanos y el PSC ya estaban aplaudiendo la fórmula pues no en vano era la modalidad de 155 que venían reclamando, desde la tranquilidad de no corresponderles a ellos ni la responsabilidad intransferible de aplicarlo, ni el mérito o culpa de lo que pueda suceder. Hasta Pablo Iglesias se bajó diez minutos del estribo del convoy insurreccional para aceptar, “por una vez”, la solución elegida.

Todos parecían de acuerdo en aparcar las vicisitudes propias del ámbito penal, en el bien entendido de que el tiempo y la maña política podrían diluirlas en función de la salida que propicien las urnas.

O sea que las elecciones se convocaban como si no existiera el Código Penal, como si no funcionara la Fiscalía, como si no hubiera jueces dispuestos a cumplir con su obligación, como si no fuera poco menos que inevitable que la plana mayor delseparatismo tuviera que presentarse y hacer campaña desde la cárcel. Por eso a nadie parecía inquietarle la tesis que, tal y como estaba cantado, ha hecho suya Puigdemont, desde el exilio belga: el 21-D será un “plebiscito”, destinado a legitimar políticamente y blanquear penalmente, ante el mundo entero, la proclamación de la República Catalana.

***

A mí, en cambio, en cuanto escuché a Méndez de Vigo esbozar lo que en realidad no es a la vez sino una vía de salida y una segunda oportunidad, en circunstancias bastante propicias, para los golpistas, me vino a la memoria el desenlace de otro Consejo de Ministros extraordinario. Se celebró el sábado 13 de agosto de 1836 y catapultó a una nada lucida notoriedad histórica a un antepasado del actual ministro portavoz.

El gabinete, que se reunía con carácter de urgencia, estaba presidido por Istúriz e incluía a próceres del liberalismo moderado, de los que ya me ocupé sobradamente en mi libro sobre el Trienio, como Alcalá Galiano o el Duque de Rivas. Tenían que responder a las dramáticas noticias llegadas de madrugada desde el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso.

Un grupo de sargentos había sublevado a las unidades de la Guardia Real que prestaban allí servicio y tenía como rehenes a la propia Reina Gobernadora María Cristina de Nápoles y a sus hijas, las princesas Isabel y Luisa Fernanda. Exigían, entre otras medidas, la derogación del Estatuto Real que, a modo de carta otorgada, servía de marco legal tras la muerte de Fernando VII, y el restablecimiento de la Constitución de 1812.

¿Qué hacer? El impulsivo Quesada, capitán general de Madrid, se ofreció a marchar al frente de la mitad de los cuatro mil hombres de su guarnición e imponer la fuerza de las armas. Pero la mayoría del Gobierno estaba “aterrada” y oscilaba, según la certera percepción de Andrés Borrego, fundador y director de El Español, entre la “prudencia” y la “pusilanimidad”. Invocando la seguridad de las Reales Personas, pero temiendo en realidad más por la propia, pues Madrid también había entrado en convulsión y les asustaba dividir el contingente adicto, los ministros optaron por una alternativa más creativa.

Alcalá Galiano relató en sus memorias lo acordado: “Apelóse, al fin, al triste recurso de que pasase a San Ildefonso el ministro de la Guerra, portador de una razonable suma de dinero, para que con las armas de la persuasión, ayudadas con dádivas, pusiese en la obediencia a los que seducidos y cohechados habían cometido un delito sin mira política alguna”.

Aquel ministro de la Guerra era Santiago Méndez de Vigo y su “razonable suma de dinero”, tres sacas o talegas repletas de monedas de oro. Apenas llegó a La Granja combinó la prosaica exhibición de su contenido con las más nobles exhortaciones. Las consecuencias fueron tan dispares en sus inicios como confluyentes en sus culminaciones. Hubo quienes cogieron el dinero -siempre se ha dicho que el célebre sargento Gómez se quedó con ocho onzas- y quienes lo rechazaron, pero todos convirtieron aquel intento de soborno en cauce y estímulo para mantener y extremar sus exigencias.

El resultado fue que, al cabo de un cierto tira y afloja, Méndez de Vigo volvió a Madrid con María Cristina y sus hijas, pero también con los sargentos y una serie de decretos que incluían el restablecimiento de la Pepa. Según la crónica de El Español, María Cristina vestía un “sencillo traje verde”, el color de los constitucionales desde las Cortes de Cádiz. Según Miñano, “fue conducida a Madrid como un trofeo conseguido por los exaltados”.

***

Las “talegas de Méndez de Vigo” han quedado desde entonces como un símbolo de lo perniciosa que puede resultar la suma de la cobardía y la incompetencia ministerial. Como ha escrito Jesús Sanz Fernández en su documentada monografía sobre los sucesos de La Granja, “resulta que es el Gobierno quien soborna y, para colmo, sin ningún resultado práctico, porque la insurrección continuó”.

Ese va a ser, en mi opinión -está siendo ya de hecho-, el efecto de la improvisada convocatoria electoral del 21 de diciembre, con la que se pretende seducir y sobornar, para reintegrarlos en el juego constitucional, a unos sediciosos que, habiendo declarado ya la independencia, deberían haber quedado exclusivamente o, al menos, antes que nada, a expensas de los tribunales.

El circo con tres pistas -Cataluña, Bruselas, las cárceles madrileñas- que está poniéndose en marcha era perfectamente previsible. Nada hay tan esperpéntico como solapar los tiempos de la Justicia con los de las urnas, de modo que los alegatos de las defensas se hagan en los mítines, las estrategias de campaña en las comparecencias judiciales y puedan llegar a confundirse las votaciones con los recursos de apelación y el escrutinio con la sentencia firme.

Lo lógico habría sido castigar penalmente la sedición y/o rebelión con la máxima urgencia, dando pie a las correspondientes inhabilitaciones. Y una vez cribadas así las listas electorales y serenadas las conciencias tras la destrucción del principio de impunidad, convocar las elecciones, dentro de seis meses o un año, manteniendo entre tanto la administración catalana bajo la interinidad del artículo 155.

Este parecía ser, de hecho, el plan de Rajoy y por eso rechazó la condición del PSOE, filtrada por Carmen Calvo, de que hubiera elecciones en tres meses. ¿Qué le llevó a cambiar de caballo cuando estaba atravesando el río? Pues lo mismo que impulsó al gobierno de Istúriz a enviar a La Granja a un general con talegas en lugar de a un general con soldados. Su extrema debilidad. El vértigo ante el deber. La súbita conciencia de no ser capaz de hacer lo conveniente para la Nación.

No era sólo un problema de lasitud moral -que también-, sino sobre todo de incompetencia política. De la misma manera que, entre junio y septiembre, quedó claro que el Gobierno carecía de plan alguno para impedir la convocatoria y celebración del referéndum ilegal; y de la misma manera que el 1 de octubre quedó claro que el Gobierno había sido incapaz de evitar la votación y enmascaró a porrazos su frustración, ahora lo que ha aflorado es que tampoco se atreve a nombrar -o peor aún, no sabe cómo hacerlo- a un ejecutivo catalán que aplique el 155 desde Cataluña durante tanto tiempo como sea necesario para restablecer la lealtad institucional, al margen de mayorías y minorías electorales.

Ese planteamiento -aplicado durante la Segunda República- hubiera permitido que alguien como Santi Vila se hubiera erigido en líder del nacionalismo moderado, que Pablo Iglesias hubiera seguido notando el desgaste por su raudo alineamiento contodo aquel que trate de hacer daño a la España constitucional, e incluso que alguno de los líderes golpistas hubiera pedido perdón, en pos de un indulto que le permitiera seguir en la política.

Pero en lugar de con la firmeza de una actuación consistente, sostenida en el tiempo, se ha respondido a la proclamación de la República Catalana, ofreciendo a sus artífices las talegas de una segunda vuelta en las urnas, a modo de Jordán en el que lavar sus pecados. Y al igual que hicieron los sargentos insurrectos de La Granja, los golpistas ya han anunciado que cogerán las talegas, o sea las bien remuneradas actas, sin escrúpulo alguno, pero a modo de cauce, instrumento y estímulo para seguir adelante con la destrucción de España.

Al disparate se le añade la recurrente chapuza. ¿Cómo es posible que aquel Méndez de Vigo fuera tan torpe como para no darse cuenta de lo que ocurriría en La Granja en cuanto empezara a exhibir sus talegas? ¿Cómo es posible que este Méndez de Vigo y sus compañeros hayan sido tan torpes como para no haber previsto e impedido la fuga de Puigdemont y no haber calibrado el efecto interno y externo de celebrar unas elecciones con el favorito a ganarlas entre rejas? ¿Qué hemos hecho para merecer a estos?

***

La Sargentada de La Granja sólo tuvo un efecto beneficioso: la caída del gobierno de Istúriz y su sustitución por uno encabezado por mi admirado Calatrava que, a modo de postrera salida de don Quijote, rindió su último gran servicio a España promoviendo una reforma constitucional por consenso. De esa manera tanto las utopías de la Pepa, como la cortedad de miras del Estatuto Real, quedaron superadas por la Constitución de 1837 -auténtico antecedente de la de 1978-; y, abierto de nuevo el “segundo sobre”, el reloj de la Nación reanudó su marcha. Eso es lo que ocurrirá, antes o después, cuando lleguemos a la conclusión de que cuanto sucede en Cataluña no es sino el síntoma más agudo de la falta de un proyecto regenerador para España.

Ver artículo original:

Dos golpes por el precio de uno. -F.J. Losantos/LD-

Añadiré un par de cosas al artículo publicado anteanoche en LD, tras oir en esRadio, entre la náusea y la vergüenza, al presidente del Gobierno diciendo que su fórmula para acabar con el golpismo catalán es convocar elecciones autonómicas. La fundamental es que Soraya, que siempre ha representado, y presumido, y paseado, y masajeado, con el nacionalista Millo al bolso, la política de diálogo y soborno con el separatismo catalán, ha sido la elegida por Rajoy como presidenta del Gobierno para Cataluña.

Eso significa que el Gobierno no sólo mantiene la política de Soraya durante los últimos años como personal de Rajoy y del Gobierno del PP, sino que no entiende que haya razón alguna para cambiar de política tras el Golpe de Estado y la proclamación de la república catalana. O lo que es lo mismo: que lo que se establece en Cataluña es lo que estaba establecido y que lo que se ha hecho con los golpistas es lo que se venía haciendo y se piensa hacer en la campaña electoral: regañarles en público pero evitarles en privado las consecuencias judicial y económicamente desagradables de esa costumbre, tan traviesa entrañablemente suya, de ciscarse en las leyes españolas. Lo que se deduce de la ‘parapresidencia sorayina’ es que se ha pactado que los golpistas no vayan a la cárcel si van a las elecciones.

El Gobierno ha pactado y pactará

Dicho de otro modo: ‘Cocomocho‘ no pactó del todo con el Gobierno las elecciones, pero el Gobierno sí pactó con Mas, agente de ‘Cocomocho’. A cambio de una declaración de independencia tan zarrapastrosa que una Justicia ciega y una casta política indecente podría seguir fingiendo que no ha existido del todo, les ahorrará los treinta años de cárcel porque sí existió. Uno comete mal un delito y el otro dice que tanta torpeza lo rebaja a falta. ‘Cocomocho’ y su tribu han dado el golpe que Rajoy les ha permitido, pero como han fracasado bastante, se rebaja el golpe a fallido pronunciamiento.

La doctrina rajoyesca y sorayina es que aquí será impune el delito del que pueda pagarlo o amenazar con que no paga. Hay que ser tan generosos en la victoria que nadie note la derrota. Al que sí hay que perseguir es al autónomo que se olvidó de pagar un mes a Hacienda. Al que da un golpe de estado, no, siempre que el delito lo cometan políticos nacionalistas. A los nacionalistas no se les persigue nunca: se les premia o se les indulta. Ayer dijo Méndez de Vigo que el Gobierno “vería con agrado” que ‘Cocomocho’ se presentara a las elecciones. Podría dejarle el Ministerio de Educación, para asegurarse de que siga sin haber ningún problema educativo en Cataluña. No recuerdo haberme sentido nunca tan insultado por ningún ministro. Palabra de honor.

Del Código Penal al Código Constitucional

Los delitos de rebelión y sedición que contempla el Código Penal no han sido nunca esgrimidos por la Fiscalía, que ha delegado en el Gobierno una forma de castigo dentro de un Código Constitucional, que consagra la impunidad de cualquier delito siempre que se cometa entre políticos. Los ciudadanos no existimos. La Ley, tampoco. Aquí impera una casta política que se entiende entre ella y manipulando los medios de comunicación nos convence de que combate lo que permite y persigue lo que protege. Cuanto más se acerca uno al golpe de Estado catalán ve más aterradoramente claro que el Gobierno siempre estuvo en el golpe, que sigue estándolo, y que si las elecciones le salen relativamente bien, con una mayoría exigua que deje al PSC en condiciones de formar una alianza de Gobierno, el golpe seguirá.

Porque el golpe no es sólo que medio Parlamento haya proclamado la República, aunque por menos fueron treinta años a la cárcel los del 23F, sino todo lo que ha llevado a esa proclamación, desde la negación absoluta a cumplir la Ley a la dictadura mediática, pasando por la tiranía escolar. Y el doctor Rajoy y la comadrona Soraya, con el respaldo de los enfermeros Sánchez y Rivera, están dispuestos a no operar el cáncer de una democracia agonizante mientras puedan cambiar de hospital, si encuentran plaza.

Inmensas ruedas de molino

No es raro que para hacernos comulgar con tan gigantesca rueda de molino se recurra a los magos del 11M, Cebrián y Ferreras. El intelectual orgánico del sorayismo debe convencer al PSOE de que lo que todos, hay que insistir en todos, vamos a hacer en Cataluña es muy de izquierdas y que de no hacerlo resucitaría una Derecha que querría nada menos que acabar con el Estado de las Autonomías, que tan buen resultado nos da. Y su jefe de Informativos en la SER convencerá a Podemos de que después de esto de Cataluña ya vendrá el País Vasco y tendrán su oportunidad como única y legítima oposición -con la ETA- al régimen del 78. O sea, lo pactado en ‘Can Roures’, pero a plazos. Pablo lo entenderá.

Para parar un golpe de Estado sin pararlo, Rajoy ha tenido que darlo sin que parezca que lo da. Tenemos dos golpes por el precio de uno. Y aún habrá gente -viles reaccionarios, casposos nacionalistas españoles- que se quejará de cómo nos tratan los amos. Nos han ahorrado nada menos que la violencia de una intervención militar para restaurar la Ley, a cambio de que la Ley sólo se aplique a los militares que pretendan que se cumpla. Otra vez dos por el precio de uno. Seguiremos siendo europeos si no insistimos en ser españoles, libres e iguales ante la ley, que eso seguirá siendo delito. Pero pronto nos dirán que el golpe de Estado en Cataluña nunca existió, y muchos lo creerán. Hasta el próximo golpe o hasta que perdamos la cuenta.

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Santamaría tiene que abandonar el Gobierno y Trapero, seguir los pasos de los ‘Jordis’ -LD-

A medida que se agotan los plazos concedidos graciosamente por el Gobierno de Mariano Rajoy al asombrosamente aún presidente del Gobierno regional catalán, Carles Puigdemont, principal impulsor del golpe de Estado en Cataluña, se suceden una serie de hechos de la mayor gravedad. Las palabras de la vicepresidenta del Gobierno en su última comparecencia sobre este asunto son, sin duda, un punto de no retorno que convierten al Ejecutivo de Rajoy en corresponsable, por omisión, del ataque separatista a nuestro democrático.

En el 23-F, los golpistas fueron detenidos, juzgados y enviados a prisión. Ahora, sin embargo, el Gobierno ofrece diálogo a los sediciosos y hace todos los esfuerzos posibles para no asumir su más alta responsabilidad: y cumplir y hacer cumplir la ley en todo el territorio nacional.

“Nadie ha tenido tan fácil una respuesta y nadie ha tenido tan fácil evitar que se aplique la Constitución”. Estas alucinantes palabras de Soraya Sáenz de Santamaría suponen una confesión en toda regla de que la intención del Gobierno es colaborar con los golpistas que pretenden acabar con la Nación y con el Estado de Derecho.

La confesión ante las cámaras de Sáenz de Santamaría es el reconocimiento de que el Gobierno está colaborando con los golpistas para evitar que asuman sus gravísimas responsabilidades. La vicepresidenta ha quedado desautorizada para liderar la acción del Gobierno para el restablecimiento del orden constitucional en Cataluña. Por eso debe dimitir o, si verdaderamente no estamos ante un Ejecutivo cómplice de los golpistas, ser destituida.

En cuanto al felón mayor de los Mozos, Josep Lluís Trapero, es incomprensible que no haya sido enviado a prisión como los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, pues es tan sedicioso como ellos pero aún más culpable de lo que sucedió el 1 de octubre, habida cuenta de que su misión, ordenada por la propia Justicia, era impedir que se llevara a cabo la consulta liberticida organizada por los otros dos. Mandato que se negó a cumplir en abierto y afrentoso desafío a la legalidad que juró proteger cuando accedió al cargo que, ominosamente, aún desempeña.

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Rajoy y ‘Cocomocho’: dos traiciones en una hora. -F.J.Losantos/LD-

El 10 de octubre de 2017 pasará a la historia española por una razón absolutamente trágica y dos traiciones relativamente cómicas. Lo trágico es que el Gobierno de España permitiera que poco más de medio Parlamento catalán, encabezado por las autoridades autonómicas que allí representan al Estado Español, proclamara la república catalana y pidiera a los países de todo el mundo reconocimiento y ayuda ante la feroz opresión que sufre por parte de la despótica España.

Todos los golpistas habían anunciado mucho antes ese Golpe de Estado, usando como excusa un referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional y que el propio presidente del Gobierno español anunció en la casa Blanca que no se celebraría. Fraudulentamente, pero se celebró. Y Rajoy, ridiculizado por los hechos, se limitó a negarlos. Peor: para ocultar la traición de los Mozos de Escuadra, mandó cargar a la Policía Nacional en algunos tugurios electorales, regalando así una inapreciable ayuda propagandística a los golpistas catalanes, sobre todo porque el Gobierno se ha negado a combatir internacional y nacionalmente las trolas golpistas.

Peor: un sujeto llamado Millo, íncubo de Soraya en Cataluña, pidió perdón en TV3 por la actuación policial, que produjo una sola persona hospitalizada, en vez de pedir explicaciones por los montajes de supuestos actos de violencia policial protagonizados hace años por los Mozos o por la policía de otros países. Tampoco pidió los partes médicos de los cientos de heridos que según los golpistas habría provocado la Policía, a la que la alcaldesa de Barcelona acusó públicamente de abusos sexuales. Pues bien, todos los golpistas, los calumniadores, los diputados traidores y los mozos de escuadra golpistas siguen cobrando sus altísimos sueldos. Ni una multa.

La proclamación de independencia

Si la campaña contra las falsas atrocidades policiales es comparable en mendacidad con la de Asturias de 1934, los agujeros negros del 11M son levísimas huellas en la fina arena de una playa hawaiana al lado de la estafa informativa perpetrada a dúo por el Gobierno legal de Madrid y los ilegales de esa República proclamada con nuestro dinero y en nuestras narices gracias al Gobierno de Rajoy. La estafa consistió en proclamar la República y después pedir su temporal suspensión al parlamento catalán, al que no se había dejado votar esa república que después se pedía suspender, como si la soberanía proclamada pudiera nacer y desnacer, ser y no ser, o no ser del todo, o sí, pero no tanto que no puedan ser gemelos… soberanos.

La proclamación de la república fue después refrendada por escrito, sin pedir suspensión temporal alguna a nadie, por 78 diputados golpistas que se autoproclamaron “representantes legítimos del pueblo de Cataluña” pese a situarse fuera de la ley nacional, regional, europea y parlamentaria. Y entonces vino lo mejor: el Gobierno se apresuró a decir que no estaba claro o cabían dudas sobre si se había proclamado la República Catalana. Y montado en ese clavileño tuvo la infinita cobardía, disfrazada de cuquería, de pedirle a ‘Cocomocho’, alias Puigdemont, que aclarase si realmente había proclamado la república que, oralmente y por escrito, había proclamado.

La pregunteja, además de un monumento a la prevaricación que acredita, qué digo acredita, que doctora en golpismo pasivo al Gobierno de Rajoy, empeñado en no perseguir el delito peor, cometido ante millones de personas de todo el mundo, España incluida, es absurda. Si no la hubiera proclamado, no podría suspenderla, y si ilegal era la proclamación, aún más ilegal es la suspensión, aunque sólo oral y encomendada al Parlamento, que no se ha reunido ni se piensa reunir. Pero es que además se proclamó por escrito y lo firmaron los que la proclamaron, e hicieron infinitas copias. Si en España hubiera justicia independiente, no hubiera hecho falta recurrir al Gobierno ni al Constitucional, porque los jueces se habrían encargado de perseguir los delitos de rebelión y sedición que contempla el Código Penal.

Traición a la CUP, traición a España

Lo que alimentó la duda sobre lo indudable, que es la proclamación de la República Catalana que el Gobierno de España no ha querido impedir, fue la hora de retraso de ‘Cocomocho’ en dirigirse al parlamento, un tiempo que se hizo largo y al cabo del cual y de la famosa suspendencia, la CUP se negó públicamente a saludarle y forzó luego la proclamación por escrito.

¿Qué pasó en esa hora? Desde luego, las llamadas del extranjero, los mediadores de última hora y la carta de Tusk, eran pamemas para memos. La única cancillería extranjera al habla con la Republiqueta era la española. Ayer, en la crónica para El Mundo de la recepción real del 12 de Octubre, perdida en el moaré y el cebrianeo, Cayetana Álvarez de Toledo dejaba caer esta perla, que con menos espumillón hubiera merecido una portada:

“Ha habido una negociación. En la fiebre palaciega, casi de salida, me lo reconoció una persona que ha participado en las conversaciones secretas. Miembros del Gobierno han estado esta semana en contacto casi permanente con consejeros de la Generalidad. En las horas previas a la esquizofrénica intervención de Puigdemont -declaro pero suspendo- los whatsapps iban y venían: haced una DUI vegetariana y os haremos un 155 light. «Nos pidieron desesperadamente una salida. La necesitan y debemos dársela. No podemos hacer frente a una rebelión popular”.

Ha habido, sigue habiendo más, muchísimo más y muchísimo peor:

“Más locuaces o más ingenuas, las máximas autoridades judiciales reconocían estar ahora al albur de la política. «Nos piden que no vayamos demasiado fuerte, que ahora no conviene». Otras togas a las que el poder ejecutivo pretende manchar con el polvo del camino. Y qué decir de la oposición: Margarita Robles llegó a pedir al ministro de Justicia que sujetara a los fiscales después de reprobarlo por idéntico motivo”.

Es decir, que si ‘Cocomocho’ traicionó a la CUP, pero no es seguro que siga haciéndolo este lunes, Rajoy traicionó a España y piensa seguir haciéndolo con la ayuda del PSOE y a las órdenes del PSC. Naturalmente, habrá quién se pregunte de qué hablaron, qué le ofreció Rajoy al golpismo para que ‘Cocomocho’ hiciera como que desproclamaba lo proclamado. Para mí está clarísimo. Cuando un tonto coge una linde, la linde acaba y el tonto sigue. ¿A qué vino la retahíla de nombres y procesos a prebostes de la Generalidad de Mas y ‘Tresvergencia’, a sus cárceles y multas? A que ‘Cocomocho’ estaba presentando las ofertas de Moncloa para borrar, mediante esa prevaricación continuada que algunos llaman política, los años a la sombra y en la ruina de Mas y sus masoveros del golpe anterior.

Esto es lo que se proclamó y escrito quedó

Que un Gobierno salga malo es normal. Si todo un Papa ha llegado a atacar el Descubrimiento de América, que supuso su evangelización, ¿qué esperar de unos seres dedicados a mantenerse en el poder a toda costa? ‘Cocomocho’ es medio traidor; y Rajoy, traidor y medio. Vale. Lo único que pedimos es que no nos tomen por imbéciles. Únanse al golpe, que ya lo pagarán, pero no nos insulten más. No digan que esto no se proclamó y firmó, porque proclamado queda y firmado quedó:

“Nosotros, representantes democráticos del pueblo de Cataluña, en el libre ejercicio del derecho de autodeterminación, y de acuerdo con el mandato recibido de la ciudadanía de Cataluña,

CONSTITUIMOS la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social.

DISPONEMOS la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.

INICIAMOS el proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante.

AFIRMAMOS la voluntad de abrir negociaciones con el estado español, sin condicionantes previos, dirigidas a establecer un régimen de colaboración en beneficio de las dos partes. Las negociaciones tendrán que ser, necesariamente, en pie de igualdad.

PONEMOS EN CONOCIMIENTO de la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea la constitución de la República catalana y la propuesta de negociaciones con el estado español.

INSTAMOS a la comunidad internacional y a las autoridades de la Unión Europea a intervenir para detener la violación de derechos civiles y políticos en curso, y hacer el seguimiento del proceso negociador con el Estado Español y ser testigos de ello.

MANIFESTAMOS la voluntad de construcción de un proyecto europeo que refuerce los derechos sociales y democráticos de la ciudadanía, así como el compromiso de continuar aplicando, sin solución de continuidad y de manera unilateral, las normas del ordenamiento jurídico de la Unión Europeo y las del ordenamiento del estado español y del autonómico catalán que trasponen esta normativa.

AFIRMAMOS que Cataluña tiene la voluntad inequívoca de integrarse tan rápidamente como sea posible a la comunidad internacional. El nuevo Estado se compromete a respetar las obligaciones internacionales que se apliquen actualmente en su territorio y a continuar siendo parte de los tratados internacionales de los que forma parte el Reino de España.

APELAMOS a los Estados y a las organizaciones internacionales a reconocer la República catalana como un Estado independiente y soberano.

INSTAMOS al Gobierno de la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para hacer posible la plena efectividad de esta Declaración de Independencia y de las previsiones de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.

HACEMOS una llamada a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la República catalana a hacernos dignos de la libertad que nos hemos dado y a construir un Estado que traduzca en acción y conducta las aspiraciones colectivas.

Los legítimos representantes del pueblo de Cataluña:

Barcelona, 10 de octubre de 2017”

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El artículo 155 y el Código Penal, en suspenso. -Editorial/LD-

Parece ser que ni el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se han dado por enterados (o querido darse por enterados) de la declaración de independencia de Cataluña proclamada el martes por Carles Puigdemont en el Parlamento catalán. No se explica, de otro modo, que, en lugar de presentar inmediatamente una querella contra el presidente de la Generalidad por un delito de rebelión (tipificado claramente como tal en el artículo 472.5 del Código Penal), el máximo responsable del Ministerio Público guarde silencio; o que el presidente del Gobierno, en el colmo del surrealismo, se haya visto en la necesidad de pedir una aclaración al cabecilla del golpe de Estado para que “confirme” si ha declarado la independencia de Cataluña.

Lo peor de todo, sin embargo, es la brutal manipulación mediática y política que ha hecho pasar esa surrealista petición de aclaración al todavía impune y ya reincidente delincuente que preside la Generalidad como si se tratase del “requerimiento previo” del que habla el artículo 155 de la Constitución. Ese “requerimiento previo” tiene como finalidad la de exigir al presidente de la comunidad autónoma el inmediato cumplimiento de las obligaciones que las leyes le imponen o el inmediato cese de actuaciones que atenten gravemente contra el interés general de España, incumplimientos e ilegales actuaciones que el legislador da por descontadas y no susceptibles de ser valoradas por el presidente autonómico que las ha perpetrado.

La decisión de Rajoy de incluir al mismo tiempo un segundo requerimiento –este sí– en el que insta a Puigdemont a cesar en dichos “incumplimientos” y “actuaciones” nos aboca a tener que esperar al día 19 de octubre para conocer cuáles son las medidas que Rajoy propone al Senado para forzar el acatamiento del orden constitucional por parte de la Administración autonómica en rebeldía, medidas que podrían significar –o no– su suspensión parcial, total, temporal o indefinida.

No menos grave es la circunstancia de que este esperpéntico compás de espera esté afectando a la acción de la Justicia, como ilustra el inquietante hecho de que la Fiscalía General del Estado no haya instado querella alguna contra los cabecillas del golpe y máximos mandatarios de la Generalidad desde el pasado 7 de septiembre, con ocasión de la convocatoria del 1-O. Pasividad inexplicable si se tiene en cuenta la cantidad de delitos que se han perpetrado desde entonces y el hecho de que sí se ha procedido judicialmente contra los subordinados de Puigdemont, como el mayor de los Mossos d’Esquadra, o los presidentes de Òmnium Cultural y la ANC. ¿Cómo es posible que se haya abierto causa judicial por delito de sedición contra quienes, como Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, sirvieron de correas de transmisión del público y sedicioso llamamiento de Puigdemont del 20 de septiembre pero no se haya incluido en la causa a la autoridad que incitó públicamente dicha sedición? ¿También la implicación de Puigdemont en estos hechos va a quedar a juicio del propio Puigdemont?

Eso, por no olvidar la inolvidable y escandalosa decisión de la Fiscalía, tras la dimisión de Torres Dulce como fiscal general, de retirar de su escrito de acusación contra Artur Mas los delitos que implicaran penas de cárcel (usurpación de funciones y malversación); decisión del Ministerio Público tomada en paralelo a la decisión del Gobierno de Rajoy de impulsar lo que se conoció como operación Diálogo, a cargo de Soraya.

Todo apunta a que esta inexplicable impunidad de Puigdemont y esta igualmente inexplicable resistencia de Rajoy a suspender una Administración que lleva en rebeldía desde 2012 obedecen a ese “diálogo dentro de la legalidad” que este mismo miércoles el presidente del Gobierno ha vuelto a ofrecer a unos golpistas a los que ningún propósito de enmienda les debería evitar soportar todo el peso de la ley. En este mismo repugnante sentido apuntan las esclarecedoras declaraciones de Pedro Sánchez, en las que ha asegurado haber acordado con Rajoy la puesta en marcha de una comisión constitucional para “modernizar” la Carta Magna.

Habida cuenta de las inocultadas ganas de Rajoy –no digamos de Pedro Sánchez– de contentar a los nacionalistas, todo apunta a que la Cataluña nacionalista va a seguir gozando –con o sin reforma constitucional– de una inadmisible independencia de facto si Puigdemont renuncia a que dicha independencia sea declarada y reconocida de iure.

Ver artículo original:

http://www.libertaddigital.com/opinion/editorial/el-articulo-155-y-el-codigo-penal-en-suspenso-83405/

155 rodeos y una mentira. -Javier Somalo/LD-

Casi una semana después de que lo hiciera el Rey, el presidente del Gobierno se dignó a hablar públicamente sobre Cataluña. Entre medias, un millón de personas llenó Barcelona de banderas de España y el presidente de la Generalidad consumó el golpe de Estado proclamando, para todo aquel que lo quiera leer, la independencia de Cataluña en forma de república.

La frase pronunciada por Rajoy en el Pleno extraordinario del Congreso al hilo de un requerimiento que casi parece un chivatazo –Espero fervientemente que Puigdemont acierte en su respuesta– revela su nula intención de aplicar la Ley frente a una flagrante violación. Significa que la Generalidad goza de un privilegio más que añadir a la larga lista que ha hecho de Cataluña una comunidad artificialmente líder en muchos sectores: el privilegio de incumplir la ley sin consecuencias. Aun si se diera el remoto caso de que Puigdemont se retractara efectivamente del golpe –no de una declaración sino de todo lo que la ha rodeado–, la ausencia de una respuesta penal sería una omisión intolerable. Pero el problema real es que el nacionalismo es, por definición, inintegrable en una sociedad democrática, por lo que los indescriptibles deseos de Rajoy aventuran una rendición sin precedentes.

Como buen orador que es, Rajoy ha expuesto brillantemente, remontándose varios años, el inventario de agravios del separatismo catalán a España. Pero en su análisis está su condena: ¿cómo puede un presidente del Gobierno reconocer públicamente que se ha violado sistemáticamente la Ley hace años y que no ha habido consecuencias más allá o más acá del artículo 155? ¿Ha convertido acaso Mariano Rajoy el Poder Ejecutivo en un mero órgano consultivo que emite informes sin carácter vinculante? Si todavía tuviera un diagnóstico erróneo del problema podríamos achacarle ineptitud, que no está falta España de figuras políticas poco dotadas para el análisis. Pero si, como ha hecho en la tribuna, acierta de pleno en el diagnóstico sobre el nacionalismo no cabe sino reprobar con vehemencia su actitud como la más inútil para que vuelva la legalidad a Cataluña que fue, precisamente, lo que le reclamó el Rey.

Pese a que el texto del requerimiento remitido por Soraya Sáenz de Santamaría a Puigdemont se erige en paso preceptivo para la aplicación del artículo 155 de la Constitución, no lo es. Nada más lejos. Lo explicó muy bien el propio Mariano Rajoy en su turno de réplicas a los grupos parlamentarios:

Es muy importante que el señor Puigdemont acierte. Basta con que diga lo que le hemos escuchado aquí al señor Aitor Esteban [que no ha habido declaración de independencia]. No es lo mismo que el presidente de la Generalidad diga que ha habido declaración de independencia, en cuyo caso el gobierno actuará de una manera, o que diga que no ha habido declaración de independencia, en cuyo caso el gobierno actuará de otra manera. Son situaciones diferentes.

Así que, este remozado artículo 155 contempla la versión del delincuente como única, mienta o no. La calificación del delito le corresponde pues, al reo. ¡Menciona el 155 para que se callen! Pero si Puigdemont “acierta” ya podemos descansar de tanta fatiga y negociar. Esta es la gran mentira que hoy calma a los constitucionalistas sobrevenidos. La mentira que además, avanza los términos en los que puede plantearse una reforma constitucional. El artículo 155 sufrirá el mismo proceso que padeció la LOAPA –auténtico desarrollo del marginado artículo y magistralmente armada por Eduardo García Enterría–, que se usó para calmar los ánimos tras el 23-F y se fulminó en las fronteras del cambio político entre Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González.

El Gobierno de España ha sentado una suerte de jurisprudencia política con la gestión del golpe de la Generalidad. Si la compañía elegida es el PSOE de Sánchez –sombra y sostén de Podemos– y su idea de España, habrá quedado sin reparar la puerta derribada a patadas por la Generalidad para que la crucen el País Vasco, Navarra, Galicia, Valencia, Baleares y todo aquel que quiera ser nación destruyendo la única que lo era y merecía preservarse.

Ver artículo original:

http://www.libertaddigital.com/opinion/javier-somalo/155-rodeos-y-una-mentira-83400/

Ceguera voluntaria ante un delincuente reincidente – Editorial/LD-

Lo más grave es que Puigdemont ha vuelto a perpetrar un delito castigado con prisión sin que haya sido detenido o siquiera apartado de un cargo que le deja al mando de un cuerpo armado como son los Mossos d’Esquadra.

La administración golpista de Cataluña sigue sin ser intervenida, y al frente de ella sigue un delincuente que goza de escandalosa impunidad. Así se podría resumir lo que ocurre en Cataluña con independencia de lo que el cabecilla del golpe de Estado y presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, dijera este martes en el Parlamento regional. Dicho de otra forma: aunque el golpista hubiera pedido perdón y hecho un solemne acatamiento del orden constitucional, sus palabras no hubieran podido borrar, jurídicamente hablando, la quiebra del orden constitucional en Cataluña ni el delito de rebelión perpetrado con la proclamación de la Ley de Transitoriedad Jurídica y la Ley del Referéndum: el artículo 472.1 del Código Penal (CP) castiga con penas de prisión cualquier intento de “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución”.

Esa hipotética retractación de Puigdemont no habría borrado la malversación de fondos públicos que conllevó la convocatoria y celebración del referéndum secesionista del pasado día 1. Ni el delito de sedición perpetrado por el mandatario regional el 20 de septiembre, cuando hizo un llamamiento a la ciudadanía a tomar las calles para protestar por la detención de varios altos cargos de su Administración a instancias del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona. A pesar de que, en relación con esto último, ya han sido imputados el presidente de Òmnium Cultural y el de la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez; y a pesar de que el artículo 545 del CP castiga más gravemente a quienes, “siendo autoridad, hubieran inducido la sedición”, el hecho es que Puigdemont sigue sin correr la misma suerte que los referidos personajes.

Ningún arrepentimiento de Puigdemont hubiera podido llevar a la Justicia a cerrar los ojos y olvidar el alto coste que supuso el desplazamiento a Cataluña de miles de agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía para tratar de impedir que el golpista perpetrara su delito de desobediencia el pasado día 1.

Lo más delirante es que la esperada intervención de este martes de Puigdemont, lejos de ser una retracción pública, una muestra de arrepentimiento o un anuncio del fin del proceso secesionista iniciado en 2012, se ha traducido en la comisión de un nuevo delito de rebelión, en este caso el reflejado en el artículo 472.5 del CP, que castiga la “declaración de independencia de una parte del territorio nacional”.

Desde luego, Cataluña no va a convertirse formalmente en un Estado soberano por el hecho de que así lo proclame un delincuente reincidente. Cosa distinta es que dicha proclamación no tenga consecuencias penales. Tampoco tiene trascendencia alguna que el propio delincuente haya suspendido los efectos de su proclamación de independencia, pero sí que lo haya hecho con la confesa intención de embarcar al Gobierno y a los demás poderes del Estado en un ominoso y delictivo proceso de diálogo.

Lo más grave es que Puigdemont ha vuelto a perpetrar un delito castigado con prisión sin que haya sido detenido o siquiera apartado de un cargo que le deja al mando de un cuerpo armado como son los Mossos d’Esquadra.

Mariano Rajoy podrá seguir siendo el irresponsable gobernante que se negó a suspender la autonomía para evitar que se siguieran cometiendo tantos y tan graves delitos. La aplicación del artículo 155 de la Constitución, al fin y al cabo, es facultad del Gobierno. Lo que en absoluto es facultativo de ningún Gobierno es la inobservancia de los artículos del Código Penal que castigan con penas de prisión a quienes perpetran los delitos mencionados. El propio CP, por cierto, advierte en su artículo 408: “Toda autoridad que dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia, o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”.

Tome buena nota el presidente del Gobierno y cumpla con su deber, si no quiere convertirse en el cooperador necesario del miserable que está perpetrando un golpe de Estado desde una de las instituciones más importantes del Estado.

Origen: EDITORIAL – Ceguera voluntaria ante un delincuente reincidente – Libertad Digital

Golpista, cobarde, falsario -Isabel San Sebastián/ABC-

Carles Puigdemont ha proclamado la independencia. A la eslovena, de forma cobarde, ayuna del coraje necesario para ir hasta el final del camino sedicioso y arrojarse al precipicio sin red, arrastrando las consecuencias plenas de ese anuncio, la ha proclamado. La respuesta del Gobierno debe ser inmediata y fulminante. La justicia, a instancias de la Fiscalía, debe actuar con todo su peso contra este golpista. El presidente Rajoy debe responder desde la Moncloa, en nombre del Ejecutivo, antes de comparecer ante el Congreso. No cabe más dilación. Puigdemont y sus rebeldes no pueden llevar las riendas de la Generalitat ni un día más. Han traspasado todos los límites.

El todavía líder catalán busca desesperadamente internacionalizar el presunto «conflicto entre Cataluña y el Estado español», como han pretendido ETA y el PNV durante lustros. Presentando ese «conflicto» como una disputa entre iguales, cuando no es sino un intento de secesión por parte de una comunidad autónoma que siempre ha formado parte de España, nunca ha sido otra cosa que parte integrante de España, y se ha estrellado contra un muro de rechazo en todos y cada uno de los intentos efectuados con el dinero de nuestros impuestos para lograr un reconocimiento internacional inalcanzable. ¡Ya ha gastado suficiente!

El tono conciliador y melífluo con el que ha hablado, sus palabras engañosas (democracia, diálogo, empatía, voluntad negociadora, progreso, convivencia) constituyen trampantojos con los que trata de ocultar una pared infranqueable denominada golpe de Estado. Una muralla que la democracia ha de defender con todo el vigor necesario. Un delito de rebelión, envuelto en mentiras, al que es preciso poner fin de una vez por todas.

Puigdemont ha tratado de justificar su proclamación sediciosa dando validez democrática a una votación convocada al margen de la legalidad, realizada sin garantía alguna, ni control, ni interventores, ni rigor, que ha dividido en dos mitades irreconciliables a la sociedad catalana. Ha presentado la legítima actuación de la justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad como medidas de represión antidemocráricas, y el desacato a la Carta Magna como un alarde de valentía. Ha culpado al Estado de los daños irreparables causados por su deriva suicida. Y en eso no se equivoca del todo. Esto habría que haberlo parado mucho antes. Como muy tarde, el 9-N. Los errores de cálculo y la pusilanimidad del Partido Popular y el Partido Socialista han contribuido decisivamente a llegar a este callejón sin salida con un balance de daños altísimo.

Entre victimismo, acusaciones de catalanofobia, apelaciones a Franco, falsedades sobre presuntas desinversiones en infraestructuras y persecución de la lengua catalana, cuando el único perseguido allí es el castellano, Puigdemont ha tejido un relato lacrimógeno que podría tener algún viso de credibilidad fuera de nuestras fronteras si Cataluña fuese una región deprimida y no una de las más ricas de Europa. Ni una vez ha pronunciado las palabras «Constitución» o «España». Se ha permitido desacreditar al Rey y al Tribunal Constitucional por cumplir con su deber de defender la unidad nacional, la legalidad y el orden democrático, presentando a los golpistas como víctimas de la represión y denominando «peticiones catalanas» lo que son hechos consumados, desobediencia a las leyes democráticas y desafíos sediciosos. ¡Cuánto daño hizo José Luis Rodríguez Zapatero diciendo aquello de «aceptaré lo que venga de Cataluña»! Proporcionó un pretexto impagable al separatismo para justificar lo sucedido este martes, deslegitimando la Carta Magna, liquidando el principio de soberanía y deshaciendo con una ocurrencia siglos de cohesión nacional.

«No somos golpistas, delincuentes o locos», ha exclamado casi suplicante el inminente ex «president», tratando de inspirar lástima. Sí, lo son. No solo golpistas y locos, sino unos ladrones que pretenden robar la soberanía de los españoles.

Al final, llegado el momento de cumplir con la promesa formulada a las CUP a cambio de su apoyo parlamentario, le han temblado las rodillas y ha tenido que beber agua pensando en los 20 años de cárcel que podrían y deberían caerle por un delito de rebelión. «Cataluña se ha ganado el derecho a ser un estado independiente en forma de república», ha declarado, vacilante. Como además de golpista y ladrón es un hipócrita cobarde, ha añadido a renglón seguido «pido que el Parlamento suspenda los efectos de esta declaración para emprender una etapa de diálogo».

Yo pido a Mariano Rajoy y al fiscal general del Estado que pongan fin a este desatino hoy mejor que mañana. Que manden detener a los rebeldes y restauren el orden democrático. Los ciudadanos catalanes ya han pagado bastante cara la ineptitud de sus gobernantes. De todos.

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http://www.abc.es/opinion/abci-columnistas-abc-opinan-sobre-declaracion-puigdemont-201710102052_noticia.html