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Veinte años después y 857 razones para seguir. -Rosa Díez/LD-

 

Hace unos días publiqué un tuit (ahora casi todo se hace en 140 caracteres…) para recordar a Otegi que, gracias las Fuerzas Armadas que él desprecia y nosotros homenajeamos, miles de ciudadanos pudieron salvar sus vidas y escapar de las garras de ETA, su banda terrorista ETA. Mi entrada tuvo una cierta repercusión y algunas personas me pararon los días posteriores en Bilbao para darme las gracias por recordar lo obvio… Pero también me he encontrado con más de un ciudadano que me ha dicho/preguntado cariñosamente si no sería mejor que descansara, que no siguiera predicando en el desierto, que la cosa está perdida, que todo se ha olvidado, que no vale la pena seguir…

Entiendo de qué me hablan todos esos ciudadanos pesarosos que, siquiera mentalmente, ya han tirado la toalla. Una de las personas que me habló en ese sentido fue una mujer de mi edad que llevaba de la mano a un niño de unos siete años, su nieto, supuse. Le agradecí su preocupación y sus buenos deseos y traté de explicarle, en cinco minutos y en medio de la calle, por qué vale la pena mantener la memoria y reivindicar la verdad. Me escuchó callada, me dio un beso… y se fue.

Cuando me he puesto a escribir este artículo que me ha pedido Libertad Digital para rememorar aquellos trágicos días de julio de hace veinte años, en los que Ortega Lara fue liberado de su secuestro de 532 días y Miguel Ángel Blanco fue asesinado por ETA, he pensado que se me brindaba una buena oportunidad para explicar de manera más pausada por qué y siempre merece la pena reivindicar memoria y verdad.

Han transcurrido veinte años desde que vimos el rostro de Ortega Lara salido de su tumba, vivo de milagro, vivo a pesar de todo… Y veinte años también desde que encontraron el cadáver de Miguel Ángel Blanco, aquel joven y desconocido concejal de Ermua, militante del Partido Popular, a quien la banda terrorista ETA asesinó como represalia por no haber podido completar el crimen con Ortega Lara.

Algo cambió en nuestra conciencia colectiva en aquellos días. Interiorizamos la extrema e inhumana crueldad de los terroristas tanto en el secuestro de Ortega Lara (nadie que lo haya visto podrá olvidar su rostro a la salida del sepulcro en el que estaba encerrado) como en el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Ambos hechos, tan unidos por el tiempo como por la atrocidad con que se perpetraron, provocaron una insólita y gratificadora oleada de rechazo contra la banda terrorista.

Pero, desgraciadamente, pronto se disipó aquel espíritu de Ermua que parecía haber llegado para quedarse. Y vimos cómo cuando la banda volvió a estar operativamente débil, el PNV le tomó el relevo y radicalizó el discurso contra el Estado y sus instituciones, contra las víctimas… Y casi volvimos a la casilla de salida. Vamos, como siempre.

Pero no quiero caer en la nostalgia y dedicar estas líneas a argumentar –con razón, lo sé– que si aquel espíritu de rebelión cívica contra los terroristas y contra su discurso se hubiera mantenido hubiéramos acabado mucho antes –y mucho mejor– con ETA. Como dije, quiero aprovechar este espacio que se me brinda para insistir en la necesidad de mantener viva la memoria y la verdad. No sólo hay razones éticas, de principios y de justicia para seguir dando la batalla, para recordar a los nuestros y para desenmascarar a los cómplices y a los fariseos cada vez que unos y otros alcen su voz o difundan sus mentiras. Hay también razones prácticas, de apuesta por el futuro, de definición del tipo de sociedad que queremos para que vivan nuestros hijos y nietos.

Quiero explicarle a esa abuela que me paró en la calle que su nieto tiene derecho a conocer qué es lo que pasó en su tierra; qué hizo cada cual en esos momentos en los que unos poníamos las víctimas y los otros solo el odio y la muerte; creo que su nieto tiene derecho a saber quién y cómo luchaba, cómo se sufría, quién callaba y cómo. Su nieto tiene derecho a que no se reescriba la historia de su país y de sus conciudadanos. Su nieto tiene derecho a saber la verdad: que en Euskadi nunca hubo un conflicto político distinto al que viven todas las sociedades democráticas, y que se sustancia por métodos también democráticos; que lo que aquí hubo fue una banda de terroristas que asesinó a 857 inocentes porque les estorbaba para imponer su modelo totalitario de país. Su nieto tiene derecho a saber que ETA no nació para resistir o luchar contra Franco, sino que la primera víctima de ETA se produjo en 1960, cuando la dictadura franquista tenía 24 años de vida y en ese periodo se conocía como la dictablanda ; y el fulgor asesino de la banda se recrudeció según se aproximaba la muerte de Franco y los españoles preparábamos la reinstauración de la democracia. Su nieto tiene derecho a saber que ETA asesinó a 46 ciudadanos durante la dictadura franquista y a 811 durante y contra la democracia.

Sí, su nieto y todos los jóvenes que ya hoy ni siquiera saben qué fue y qué hizo ETA, y cuáles son los nombres y las circunstancias de sus víctimas, tienen derecho a conocer la verdad. Tienen la obligación de saber que, si ellos viven en un país democrático y miembro de la UE, es porque miles de sus conciudadanos arriesgaron la vida para que ETA no consiguiera destruir la democracia. Los niños de hoy, los jóvenes de mañana, necesitan que alguien les cuente lo que ocurrió y no les dé una versión interesada. Tenemos que explicarles que ETA asesinó a 857 ciudadanos porque eran un estorbo para sus planes totalitarios, porque estaban en primera línea defendiendo la libertad de todos. Todas las víctimas de ETA lo fueron por lo que eran, no por lo que hacían: ETA les asesinó porque eran nuestros escudos. Les asesinó para amedrentarnos a todos, para que desistiéramos.

O sea que nuestro desistimiento, nuestro silencio, sería el éxito de ETA.

Querida y desconocida abuela: ellos, todas las víctimas, son nuestras razones para seguir. Tenemos 857 razones para seguir librando la batalla. Eso es lo decente, lo justo, lo digno. Lo mínimo que les debemos es recordar sus nombres, su historia, los sueños que les quitaron, la vida que no pudieron cumplir. Ellos, los muertos, no pueden dar testimonio; por eso debemos darlo nosotros.

Te daré una última razón: hemos de seguir no solo por corresponder humildemente a lo que Miguel Ángel, Fernando, Javier, Gregorio, Joxeba, José Antonio… (y así hasta 857) dieron para protegernos; hemos de seguir también porque tenemos hijos y nietos y no queremos que en ellos se repita nuestra historia. Hemos de seguir porque yo no quiero que llegue un día en que mis nietos se tengan que pintar las manos de blanco –como hicieron sus abuelos y también sus padres– y hayan de salir a la calle a gritar: “¡Libertad!”. No, no quiero que en ellos se repita nuestra historia.

 

Origen: Libertad Digital

¿Hasta cuándo, Montoro, abusarás de nuestra paciencia? -F.J.Losantos/LD-

Poco antes de que el Gobierno se esconda de nuevo tras las togas del Tribunal Constitucional, Montoro se ha complacido en deslegitimarlo. Ni siquiera cuando ha sido Rajoy el perjudicado por una decisión judicial -la última, clamorosamente injusta, es hacerle declarar en persona por el Caso Gürtel, cuando el mismo tribunal permite declarar por videoconferencia a notorios extremistas y violentos enemigos de la Nación y la Constitución- se ha permitido el Gobierno cocear tan violentamente a un Tribunal cuyo único destino razonable, lo hemos dicho mil veces, es convertirse en una Sala del Supremo, perdiendo su condición ilegal de Supremo del Supremo.

Hacienda, cómplice de los delincuentes fiscales

El jueves, el Constitucional declaró ilegal la amnistía fiscal de 2012, perpetrada por Montoro, al tiempo que nos asestaba una estocada tributaria feroz, la peor de nuestra Historia, y mantenía el disparatado gasto público. Lo hizo ilegalmente mediante decreto-ley, para no debatir siquiera en el Parlamento los términos y razones de ese blanqueo de fondos delictivos, que no otra cosa han sido y son siempre las amnistías fiscales: el recurso de un Fisco con problemas de tesorería a los delincuentes fiscales que guardan su dinero en otros países, por lo general caimanes y por tradición suizos.

Yo no condeno que la gente tenga su dinero donde legalmente pueda. Lo que me indigna es que se mime con una multa del 10%, luego del 3%, a los amigos que necesitan blanquearlo para mantener sus negocios mientras a la clase media se le roba el 50% de lo que gana, se la maltrata con unas inspecciones dignas de Stalin, no de un Estado de Derecho y, encima, se nos insulta en los medios y en las Cortes. Nadie nos ha machacado tanto como Montoro. Nadie nos ha insultado más. Pero tampoco a nadie ha condenado tan duramente el Constitucional como a este déspota que es ya el vampiro con más en el cargo de chupar la sangre de los españoles.

Nos había confesado el Abogado del Estado en el caso Urdangarín, superando en corrupción intelectual a la Fiscalía de Horrach, que “lo de que Hacienda somos todos es una mera frase publicitaria, pero no es verdad”. Ya lo suponíamos, pero lo que no habíamos visto nunca es que la máxima instancia legal, a la que de ordinario y extraordinario recurre el Gobierno, condenara al Ministerio de Hacienda en términos sólo compatibles con la dimisión del ministro. Si es que el Gobierno, como hasta ahora, busca el amparo del Constitucional para frenar el referéndum separatista catalán.

El Constitucional nos toma el pelo

Pero es tal la fatuidad, está tan asentada la confianza en la impunidad de sus ilegalidades, es tan escandalosa la hoja de servicios de Montoro a Rajoy, que su respuesta ha sido poner a caer de un burro al Tribunal, a los medios, a la oposición y a cuantos entienden que declarar ilegal un acto del Gobierno, por la forma del decreto-ley y por el fondo de privilegiar a los que no pagan a Hacienda por encima de los que, con harto dolor, lo hacen. Lo primero es fruto de la política chapucera de este Gobierno. Lo segundo es un atentado a la igualdad constitucional de los españoles ante la Ley.

Con un agravante, en el que insiste el Tribunal, un Ministerio que debe perseguir el fraude fiscal, se conchabó con el delito que presume de perseguir. Añadamos que mintió tras el escándalo de conocerse que los primeros beneficiados eran los recaudadores del impuesto reaccionario del PP en dinero negro -con Bárcenas a la cabeza- y la banda de los Pujol. Se comprometió Montoro a inspeccionar a todos los acogidos a la amnistía, vulnerando esa seguridad jurídica que ahora reivindica y el TC acepta de forma esquizofrénica, única forma de lograr el voto por unanimidad. No lo ha hecho. Sólo uno de cada diez. El resultado del delito fue, además, una prueba de que la ilegalidad nunca está reñida con la incompetencia: 1.200 millones de euros en 31.000 declaraciones; oficialmente se buscaban 2.500 y oficiosamente -búsquese en la prensa de la época- entre 5.000 y 10.000. Ni siquiera puede alegar Montoro el hurto famélico: se robó y no se comió.

Por supuesto, el TC nos toma el pelo diciendo que la amnistía fue en la forma y el fondo ilegal pero que su resultado es inapelablemente legal. Lo ilegal no puede ser legal, o sobra el tribunal. Y no busque la excusa de la “seguridad jurídica” de los pocos que tan poco pagaron. Es mucho más importante la seguridad jurídica de todos los españoles, que el Gobierno vulneró a conciencia y el TC se limita a castigar con un coscorrón moral.

La sentencia del TC, una “perorata judicial”

En cualquier caso, de aceptar que ese atropello de la legalidad no tiene remedio, todavía es más necesario pedir la cabeza del responsable político del delito. Porque delito sin remedio posible ha sido, según el TC. Pero Montoro y sus montoneros no están dispuestos a correr la suerte de sus enemigos del PP -Soria y Aguirre- a los que ellos ejecutaron con filtraciones criminales o detenciones ilegales, como la de Rato. Se han hecho a vivir fuera de la Ley y les molesta hasta que les recuerden su existencia.

Eso explica las frases terribles que en su excelente crónica de ayer recogía Jorge Bustos en El Mundo: la sentencia es “una perorata política”; “Montoro no piensa dimitir porque es Rajoy” y ésta que lo resume todo: “Nos hemos olvidado de 2012. Era el epicentro de la crisis. España estaba al borde del rescate y necesitábamos liquidez. Afloró menos dinero del esperado, pero ni Rajoy ni Montoro imaginaban que la medida pudiera declararse incompatible con la Constitución, del mismo modo que no lo fueron las amnistías de Solchaga y de Borrell”.

Sin recurrir a lo que dijo Montoro – egalo de hemeroteca para su moción de censura, si Pablenín supiera leer- se olvidan estos montoneros montoritas de que el PP, Aznar como Rajoy, las condenaron siempre, desde la lavandería de dinero negro que, por broma del idioma, llamaron AFROS (Activos Financieros con Retención de Origen). El PP los condenó por ser anticonstitucionales, en los mismos términos que ahora el Constitucional.

Y por supuesto que no nos hemos olvidado de la crisis. Ni de que para remediarla Rajoy y Montoro, subieron salvajemente los impuestos y buscaron la colaboración del hampa, antes que cerrar un solo pesebre del gasto público: alcaldías, diputaciones, autonomías, Gobierno Central y empresas públicas. En 2012, todo era del PP. Pero antes que reducir tanto pienso, prefirieron perder Andalucía. “Vamos a descolocar a la Izquierda”, presumió Montoro. Y el joven Arenas se quedó sin la Junta, porque medio millón de andaluces que acababan de votar al PP se negaron a repetir. No, no nos hemos olvidado. Y espero que la oposición no se olvide tampoco. Si “Montoro es Rajoy”, y vaya si lo es, su caída será rápida. Más difícil lo tenía Cicerón con el golpista Catilina y en cuatro discursos lo hizo huir. La frase “Quo usque tandem, Catilina, abutare patientia nostra?” (¿Hasta cuándo Catilina, abusarás de nuestra paciencia?) fue su epitafio. Cambien Catilina por Montaurus y R.I.P.

Origen: Libertad Digital

La juez Alaya arremete duramente contra la clase política | La Gaceta

La jueza Mercedes Alaya ha arremetido duramente contra el poder político, que a su juicio trata de politizar al poder judicial y protagoniza preocupantes injerencias en la Fiscalía, hasta el punto de que “la independencia del poder judicial se está tambaleando de manera extremadamente grave”.

“A medida que más casos de corrupción hay, más cortapisas nos ponen a los jueces para luchar contra ellos” ha dicho la magistrada en una conferencia en el Ateneo de Madrid, en la que se ha mostrado especialmente crítica con el Gobierno y el poder político y en la que ha tachado a la Fiscalía como “el representante del Gobierno”.

Alaya cree que “la mayor injerencia política” en los procedimientos judiciales radica en la elección del fiscal general del Estado y de otros altos cargos judiciales por el Gobierno, que “no son elegidos por criterios objetivos sino porque son más dóciles a los partidos políticos”.

No ha mencionado la magistrada la dimisión del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, aunque sí que se ha cuestionado “cómo es posible que pudiera tener esa sociedad en un paraíso fiscal” cuando los jueces no pueden “tener absolutamente ninguna participación en ninguna sociedad”.

Sí que ha dicho que la actuación de Moix en el caso Lezo, donde se negó a practicar un registro, es prueba de “la falta de independencia e imparcialidad del Ministerio Fiscal” aunque ha valorado positivamente que finalmente se saldase con la “valentía” de los fiscales del caso que discreparon con Moix y convocaron a la junta de fiscales.

Pese a que no ha querido criticar a los representantes del Ministerio Público, se ha mostrado contraria a que se hagan cargo de la instrucción como quiere el Gobierno, algo que solo podría plantearse con “un fiscal absolutamente independiente”.

La jueza de la Audiencia Provincial de Sevilla ha señalado que “se está tratando de politizar absolutamente al poder judicial” y que “los poderes públicos venden a bombo y platillo leyes para agilizar la Justicia, que en realidad lo único que ponen son más cortapisas y amarres a los jueces para luchar contra los delitos contra la Administración y para coartar la independencia judicial”.

Y aunque ha defendido la independencia de los magistrados, Alaya ha apuntado que en estas condiciones “el camino está servido para que el poder político robe al judicial su principal fuente de legitimación (…) que es controlar al poder ejecutivo”.

Por eso, la acusación popular “hace más falta que nunca” porque es la “la única salida para la permanencia y pervivencia de los procedimiento judiciales”.

La magistrada, conocida por haber instruido el caso de los ERE de Andalucía, también ha arremetido contra algunas medidas estrella del Ejecutivo como su voluntad de eliminar el papel en los juzgados, algo que ha tachado de “inútil”, o su intención de suprimir las macrocausas, lo que a su juicio es imposible.

Es necesario, ha reivindicado Alaya, que se dote al poder judicial de independencia presupuestaria para evitar que los altos cargos “tengan que estar al calor de los partidos políticos” o “limosneando fondos”, así como el fin de las puertas giratorias.

También ha propuesto la existencia de un Consejo General del Poder Judicial “despolitizado”, un Ministerio Fiscal “sin injerencias” y un pacto de estado por la Justicia.

Origen: La juez Alaya arremete duramente contra la clase política | La Gaceta

La otra cara del juez Velasco – ESdiario

Hay dos caras en Eloy Velasco. Una cara más visible y activa: la de juez que no para ante nada, capaz de imputar a un expresidente autonómico –Ignacio González– o a un gran empresario –Villar Mir-. Capaz, incluso, de hacer temblar a todo un Gobierno regional -el de Cristina Cifuentes en Madrid- a golpe de apertura de sumario.

Y otra faceta, menos conocida -o, posiblemente habría que decir, menos publicada-, lejos ya de los casos Púnica y Lezo, del PP, que lo han encumbrado en las portadas de la prensa española: la del caso Acuamed, donde resulta difícil reconocer al mismo juez, donde las imputaciones políticas se quedan en segundos niveles, donde las actuaciones no llaman la atención en los medios, sino, más bien, todo lo contrario. Donde la imagen de juez fatal no parece ser la característica.

Las dos facetas se despiden estos días. Porque Velasco deja ya todos estos casos. El juez más famoso del momento, dejará la instrucción de estas macrocausas de corrupción en menos de dos semanas. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le destina a la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional junto a Enrique López. Y Velasco abandonará, así, y tras haberlo solicitado él mismo, el Juzgado al que llegó hace 10 años y que le ha catapultado a la categoría de juez estrella.

¿Pero cómo quedan esos casos? ¿Hay diferencias entre unos y otros?

Se podría contestar con un monosílabo. Pero dejemos que juzgue cada cual. Llama la atención el récord mundial de imputaciones conseguidas por Velasco en dos de esos casos -Púnica y Lezo-, cuando fue él quien aseguró hace escasos días que quería marcharse porque no era posible efectuar su trabajo de forma correcta con los medios actuales. Y ello, pese a que el CGPJ concedió a Velasco la ayuda de un juez de refuerzo durante meses, un apoyo con el que ha contado hasta el pasado diciembre.

Pero vayamos al resultado en sus actuaciones. En el caso Púnica, el número de imputaciones se ha llegado a situar en 92. En la trama Lezo, recién descubierta, los investigados tampoco se sentirán solos: suman ya 68. Todo ello sin contar, obviamente, las pseudoimputaciones mediáticas, es decir, aquellas que han soportado personas como el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por los rumores de imputación surgidos durante días u horas para descubrir, tras un pormenorizado linchamiento mediático, que realmente no existía tal investigación.

Pero Velasco no sólo ha estado instruyendo estos casos en su última etapa como juez instructor. Era el encargado de otros. Entre ellos, el caso Acuamed. Un asunto sin demasiados focos ni portadas, sin filtraciones, ni grandes imputaciones políticas, y que, sin embargo, cuenta con declaraciones, documentos y cifras que ya han apuntado a una ex ministra –Cristina Narbona-, a gastos electorales –del PSOE de Zapatero-, y a sobrecostes en las desaladoras por valor de más de 300 millones de euros.

“Si se lo ha encargado Narbona, que se lo pague Narbona. Es la frase que estaba en el Ministerio en aquel momento, lo que me dijeron mis jefes”. Las palabras son de Carlos Massa, director general de Acuamed entre 2009 y 2012. Y se las dijo al mismo juez, Eloy Velasco, en la Audiencia Nacional.

la Guardia Civil registró Acuamed enenero de 2016. Pese a estar bajo sospecha un proyecto millonario de Zapatero y su ministra Narbona, todo ha quedado de momento en detenciones de cargos medios sin penas de Telediario

Una declaración, la de Massa, que surgió tras ser preguntado por si conocía el contrato entre la empresa pública Acuamed y la agencia de publicidad Bassat Ogilvy que se gestó durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. “No lo he visto escrito en ningún sitio… Fue el Ministerio de la época, según me han contado, quién decide hacer una campaña de contra imagen”, añadió Massa.

Su testimonio se refiere a la campaña promovida por el Ejecutivo socialista a favor de la desalación y en contra del trasvase del Ebro. Una campaña que tiene su contexto en el 8 de julio de 2007, fecha en la que el Ministerio dirigido por Cristina Narbona presentó la campaña informativa “El mar, fuente inagotable de vida”, que se llevaría a cabo durante el mes de agosto repartiendo 500.000 botellines de agua desalada en las principales playas de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

El Programa del Agua arrancó en noviembre de 2007, a sólo cuatro meses de las elecciones generales, supuso unos gastos de casi 7 millones y medio de euros en publicidad, y fue uno de los grandes argumentos electorales de Zapatero para arrebatar votos y alianzas al PP.

Porque, según el ex presidente español, iba a conseguir agua barata, sin contaminación, y prácticamente sin límite para los agricultores de la zona. El desastroso resultado final es más que conocido a la vista del estado de las desaladoras. Mucho más, desde luego, que estas declaraciones, que apuntaban a una exministra dentro de un caso judicializado y que, sin embargo, no han tenido consecuencias jurídicas para los mencionados.

Ni en forma de prisión preventiva –Granados ha estado dos años y seis meses-, ni de imputación en el caso de los altos cargos de aquel Gobierno.

Y no será por ausencia de informes policiales. Porque los hay. Detallando, por ejemplo, cómo en el año 2008 -y pasado el apetito publicitario producido en la cercanía de las elecciones- el gasto en publicidad de Acuamed descendió de 7.447.599 a 3.833.061 euros. Y en 2009, hasta 1.954.396. De hecho, una vez destituido Baltanás, nombrado por la Administración socialista, el gasto medio bajo hasta los 200.000 euros.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reveló, además, un informe con las facturas abonadas a Bassat por empresas adjudicatarias de diferentes desaladoras por valor de 5.854.884,00 euros “a modo de colaboración”. Entre ellas, UTE Desaladora Aguilas-Guadalentin (Sacyr y Ferrovial), 1.293.400 euros; Construcciones Alpi, 17.400 euros; UTE Desaladora de Oropesa (Técnicas Reunidas y Constructora Hispánica), 290.000 euros; Aqualia Infraestructuras, 139.200 euros o FCC Construcción, 57.884 euros.

El informe de la UCO se centró en la planta desaladora de Torrevieja (Alicante). Donde la UTE liderada por Acciona pagó tres facturas por el concepto “contribución a la campaña desalización”, por un valor total de 1.740.00 euros con IVA sin haberse licitado un contrato específico a tal efecto.

Es más, sistemáticamente desde 2008, la UTE constructora de Torrevieja recordaba el “encargo por parte de Acuamed para realizar una campaña promocional”, y el hecho de que nadie asumía ese coste, tal como se refleja, por ejemplo, en un correo enviado en marzo de 2012. Y cuando le preguntaron en la Comandancia de la Guardia Civil a Baltanás por qué todavía Acciona reclamaba la devolución de los pagos que hicieron a Bassat, respondió que desconocía el motivo.

“Se hizo un vídeo que salió en televisión y otros anuncios informativos, ya que existía una falsa idea respecto a la desalación”. Curiosamente, no le interrogaron sobre las otras constructoras que colaboraron con el Gobierno de Zapatero en fechas tan próximas a unas generales.

Nuria Segura, técnico de Acuamed, aportó más información: durante su declaración ante Eloy Velasco, señaló que la campaña fue sufragada por todas las empresas que tenían adjudicada una desaladora: “Si sumas todas las desaladoras (…) era una cantidad importante, yo no sé cuánto es normal en una campaña publicitaria… Pero vamos, siempre se habló de la famosa campaña de publicidad”.

Velasco ha contado con más indicios que le indicaban que se encontraba ante un gran caso. Porque el Tribunal de Cuentas alertó en septiembre de 2014 de que Acuamed había pagado hasta 330 millones de sobrecostes en las distintas obras realizadas en nueve desaladoras del Mediterráneo. Y ese informe hacía referencia al periodo 2005-2012, etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y en la que se habría desarrollada la mencionada campaña de imagen.

¿Una organización criminal?

El juez Eloy Velasco dictó prisión incondicional, cierto, para cinco de los trece detenidos por sospechar de la existencia de “una organización criminal” dentro de la firma Acuamed. Situó como cabecilla de la red al que fuera director general de la empresa pública, Arcadio Mateo. Y lo hizo pese a que en una de las siete obras investigadas en esta trama, la desaladora de Bajo Almanzora, el propio Velasco desveló un supuesto pacto económico con FCC que trascendería a los directivos de Acuamed y vendría impuesto “desde muy alto nivel en el Ministerio [de Agricultura]”. Pese a lo cual, la sangre judicial no llegó a esos supuestos cargos.

Para Velasco, la cúpula era Arcadio Mateo del Puerto, que habría actuado en connivencia con ejecutivos de grandes empresas constructoras adjudicatarias de contratos públicos gestionados por la empresa estatal Acuamed. Y él, desde ese cargo, se encargaba de todo.

Así es la historia paralela de este caso. También de Velasco. También sobre tramas, sobreprecios, publicidad y campañas electorales. También con nombres de altos cargos públicos. Pero que no ha tenido la misma explosión que Púnica o Lezo. Y, me temo, que nunca la tendrá.

Origen: La otra cara del juez Velasco – ESdiario

Desmemoriados. -El Aguijón/La Gaceta-

Abrazos, confeti y brindis de aquellos que llevan años sembrando el terror entre la sociedad española.

ETA se desarma y los herederos de la banda asesina celebran en las instituciones públicas, con sueldos remunerados por todos los contribuyentes, el enésimo montaje de los encapuchados vascos delante del objetivo de las cámaras de televisión.

Pronto hemos olvidado los duros años del “algo habrán hecho”, el encubrimiento de los cobardes vecinos y el silencio cómplice de nuestros socios europeos en la colaboración internacional para la detención de los terroristas. En el camino ETA deja

2.472 actos terroristas y 829 inocentes asesinados, hombres, mujeres y niños.

Los mediadores internacionales, tipos con sueldos de estibador y jornadas de trabajo de futbolista de élite, dan fe y atestiguan que es cierto, que ETA ha entregado zulos con explosivos caducados y armas de puesto de feria de 1980, pero ¿Qué ha ocurrido con las pistolas de aquellos cobardes que dejan 314 asesinatos sin resolver? ¿Dónde están los misiles de ETA? ¿Quién esconde los detonadores?

Los intermediarios tienen que responder como colaboradores ante la justicia de la farsa organizada en Bayona.

A un lado quedan las víctimas, ninguneadas e insultadas una vez más en su soledad y en su sufrimiento.

Del lado de los jubilosos terroristas están los de siempre, los sumisos de la derecha nacionalista vasca, los rufianes de ERC y la CUP, la extrema izquierda radical que lleva décadas justificando las canalladas de ETA y los bufones de redes sociales que no han vivido el terrorismo en sus carnes.

No, ETA no está derrotada, sigue viva en las nóminas de quienes mantienen candente la lucha independentista y en los miserables corazones de quienes los jalean vilmente.

Si ETA quiere finalizar su actividad lo tiene muy fácil, solo tiene que disolverse, entregar todas las armas, pedir perdón expreso a las víctimas y colaborar activamente en el esclarecimiento de todos los actos terroristas de la banda que aún quedan por resolver.

Mientras tanto, la cadena perpetua es la única interlocutora válida con estos mezquinos. Ni beneficios penitenciarios, ni concesiones administrativas, ni acercamiento de presos al País Vasco.

Ni olvido ni perdón.

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