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El último servicio al bipartidismo. -Emilio Campmany/LD-

Una vez que Rajoy ha renunciado a seguir en política, no hay explicación a que prefiriera dejar que Sánchez ganara su moción de censura en vez de dimitir e impedir que llegara a La Moncloa con el voto de quienes quieren destruir España. Tan sólo se alcanza a sospechar que considerara que peor sería que hubiera elecciones. Éstas no eran seguras, pero sí probables si Sánchez no conseguía, durante la ronda de consultas que tendría que haber abierto el rey, los apoyos que sí tenía para sacar adelante la moción.

Se trataría, pues, de una actitud encaminada a proteger el bipartidismo. Mientras el Gobierno esté en manos del PSOE, el PP seguirá teniendo una oportunidad de volver a él. En cambio, si cayera en manos de Ciudadanos, el PP podría estar condenado a la extinción. Y quién sabe lo que pasaría con el PSOE.

No dimitir de la Presidencia del Gobierno fue una actitud antipatriota porque permitía la llegada al poder de un irresponsable que se ha dejado respaldar por comunistas, separatistas y filoetarras, pero al menos tenía la explicación egoísta de que, de esa manera, Rajoy conservaba la vaga oportunidad de volver a la Moncloa. Si de todas formas iba a dimitir de la Presidencia del PP unos días más tarde, la decisión de dejar que la moción de censura prosperara deja de ser egoísta, pero sigue siendo igual de antipatriota. Y encima no ha obtenido con ella ningún beneficio.

Al final, se descubre que lo esencial, más allá de las ambiciones personales, es la protección del sistema, lo que incluye no sólo al PP y al PSOE, sino a los nacionalistas y, hasta cierto punto, a los de Podemos, que no dejan de ser los comunistas de siempre, útiles sólo para completar mayorías del PSOE. A ese sistema no pertenece Ciudadanos, no sólo por su marcado carácter antinacionalista, sino sobre todo por su vocación centrista, que le permite aspirar a ser partido mayoritario en perjuicio del PP y del PSOE. El objetivo es impedir que haga con uno de los dos lo que AP hizo con la UCD.

La protección del sistema incluye especialmente la negociación con ETA. No es casualidad que Rajoy, en su despedida, haya querido colgarse la medalla de ser el único presidente que no negoció con la banda. Es verdad, lo suyo es mucho peor. Pues, aunque no negociara, lo que hizo, después de ganar unas elecciones por oponerse a la negociación, fue aceptar el resultado de la misma y asumir los compromisos que se adquirieron en virtud de ella. Al menos Zapatero siempre defendió esa solución al terrorismo. Rajoy se apoyó en la negativa a hincar la rodilla de muchos españoles para llegar a presidente y luego traicionó a sus votantes dando por buenas las cesiones de Zapatero. Eso sí que no lo ha hecho ningún presidente del Gobierno. No puede extrañar que el último servicio de un gobernante así haya sido, no a España, sino a su partido y al PSOE.

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El traidorzuelo impune. -Emilio Campmany/LD-

Entremetido en el publirreportaje que los medios de comunicación han hecho a la ETA con ocasión de su performance, se ha sabido que Mariano Rajoy estuvo cumplidamente informado de la negociación con ETA que Zapatero protagonizó. No sólo, sino que, aunque respaldó en privado el regateo, advirtió de que no lo apoyaría públicamente por temor a la reacción de su electorado. Además, con desvergonzada desfachatez y para mayor oprobio de su memoria, se opuso públicamente a la negociación. Ahora se nos cuenta la milonga de que Rajoy simplemente se dejó informar. No es cierto. Si de verdad se hubiera opuesto a lo que no fue otra cosa que una bajada de pantalones del Estado ante una banda terrorista, habría denunciado lo que le fuera contando el Gobierno para sabotear la negociación. Al contrario, lo que hizo fue colocarse en una posición de la que pudiera beneficiarse pasara lo que pasara. Si la negociación salía bien, él no sería responsable de las concesiones hechas. Y si fracasaba podría decir que desde el principio se opuso a ella. Lo peor de esa actitud no es lo despreciable que es. Lo peor es que obligó a Zapatero, otro que de principios no anda sobrado, a triunfar, esto es, a conceder tanto cuanto fuera necesario.

Por su parte, Rajoy lleva en el pecado la penitencia y ahora no tiene otro remedio que hacer patente su traición y cumplir los compromisos de Zapatero por no arrostrar las consecuencias de un retorno de la violencia. Cobardón como es, nunca se arriesgaría a tal cosa, por indigna que fuera la actitud a adoptar.

Es sencillamente inaudito que semejante traición, que incluye no confesar las cesiones hechas a ETA, no sea debidamente recriminada en los medios de comunicación. Al contrario, la mayoría de ellos colaboran con aparentar la imposible ficción de que ETA, tras una negociación, deja de matar y se disuelve sin ninguna contrapartida. Mientras, Josu Ternera, libre como los pájaros, se asoma a nuestras televisiones, los presos de ETA van saliendo de la cárcel según diversos expedientes, los crímenes de la banda no se investigan y apenas hay detenciones, si es que hay alguna. Encima, Navarra se desliza suavemente hacia la euskaldunización a vista, ciencia y paciencia de PP y PSOE y entre la indiferencia del resto de los españoles –incluido Ciudadanos–, poco dispuestos a batirse el cobre por una región que, gracias al convenio económico, disfruta de unos privilegios fiscales que la sitúan a la cabeza de la renta per cápita española.

Nuestro empeño en dar crédito a los medios de comunicación y en no enterarnos de la traición de la que hemos sido víctimas tiene por objeto evitarnos asumir la indignidad que nos han traído Zapatero y Rajoy. No nos damos cuenta de que tal comportamiento nos hace igualmente indignos. Me da vergüenza tener a este presidente. Pero más me la da el que casi nadie lo denuncie y que los españoles no queramos escuchar a los pocos que lo hacen.

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Zapatero, cayado de Maduro -Emilio Campmany/LD-

Se supone que el español José Luis Rodríguez Zapatero está en América tratando de lograr un acuerdo entre el Gobierno venezolano y la oposición. Tan difícil gestión no podía haberse encargado a nadie más incompetente. De forma que no es de extrañar que su misión sea un rotundo fracaso. Y, sin embargo, la falta de pericia en el dialogante exmandatario español no es ni mucho menos lo peor. La carta enviada por él a la delegación de la oposición venezolana en la República Dominicana, donde se han llevado a cabo las negociaciones bajo el arbitraje de Zapatero, es una inequívoca prueba de cargo. La misiva hace que las sospechas de falta de parcialidad que pesaban sobre quien fue durante siete años nuestro presidente del Gobierno se confirmen más allá de toda duda razonable.

La carta contiene un primer párrafo larguísimo, que no se puede leer en voz alta sin ahogarse, donde cuenta que se ha redactado un documento que supuestamente da cumplida respuesta a las exigencias de ambas partes, pero que es descrito de una forma vaga, sin ofrecer una sola garantía que pueda mínimamente tranquilizar a la oposición. Luego, el solemne confiesa:

De manera inesperada para mí, el documento no fue suscrito por la representación de la oposición. No valoro las circunstancias y los motivos, pero mi deber es defender la verdad y mi compromiso es no dar por perdido el lograr un compromiso histórico entre venezolanos.

O sea, que lo que hizo el ínclito es acordar con Maduro lo que iba a pasar a la firma a la oposición y, tras rechazar ésta el trágala, Zapatero hace pública la carta en que la regaña por no haber aceptado lo que Maduro graciosamente concedió. No sólo, sino que, en el último párrafo, conmina a la oposición a firmar el acuerdo con el irrefutable argumento de que Maduro ya lo ha suscrito. Es imposible que Zapatero no supiera que los términos de lo que él llama acuerdo no habían sido aceptados por la oposición y que, en consecuencia, carecía de sentido pasarlo a la firma, y resultaba ultrajante proferir una velada amenaza pública por no haberlo aceptado. El que tanto México como Chile, los países elegidos por la oposición como observadores, hayan abandonado la mesa de diálogo da idea de la clase de conversaciones de las que Zapatero era árbitro.

Por menguadas que sean las capacidades intelectuales de nuestro compatriota, no puede estar inadvertidamente obrando por cuenta de uno de los interlocutores en perjuicio del otro cuando se supone que lo que debería hacer es mediar entre ellos. ¿Qué espera recibir a cambio de tan parcial arbitraje? La respuesta a esta pregunta, ahora que ya no es, gracias a Dios, presidente, no es importante. La pregunta importante es: ¿por qué el Gobierno de España, presidido por Rajoy, sigue consintiendo que Zapatero nos deje a la altura del betún fingiendo una mediación que no tiene otro objeto que sostener a Maduro como dictador de Venezuela? Cualquier respuesta que tenga esta pregunta es letal para España y su imagen en el mundo.

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La trivialización del proceso. -Emilio Campmany/LD-

Una de las consecuencias que ha tenido la relativamente pacífica aplicación del 155 es que el proceso independentista es contemplado como una peripecia más o menos trivial. Lo más sorprendente es que esta banalización es aceptada tanto por los separatistas como por los constitucionalistas. El caso de estos últimos es más grave porque se supone que son quienes defienden la legalidad. Pues bien, en vez de formar un frente común que ofrezca una posibilidad razonable de hacerse con el Gobierno de Cataluña y desmantelar desde ahí el aparato de propaganda independentista, que es la vitamina de la que se alimenta el separatismo, compiten unos contra otros por el mismo electorado como si éstas fueran unas elecciones normales.

El PP se atribuye el mérito de haber sido más valiente que PSOE y Ciudadanos a la hora de aplicar la ley, como si Rajoy no hubiera puesto como condición para actuar hacerlo de consuno con los otros dos partidos constitucionalistas. Ciudadanos lo ha fiado todo a que se convocaran inmediatas elecciones autonómicas porque tiene una limitada probabilidad de ser el partido más votado, como también la casi absoluta certeza de que no gobernará. Y el PSC trata de distanciarse de ambos presentándose como el buen pastor que volverá a introducir en el redil a los díscolos independentistas. Iceta sueña con prestar este impagable servicio a España desde la presidencia de la Generalidad que espera le ofrezcan en bandeja las descarriadas ovejas una vez hayan vuelto al corral.

Por su parte, los separatistas tampoco se toman muy en serio lo que perpetraron hace un par de meses. Esquerra cree que ha habido errores tácticos y que todo puede solucionarse con un mero cambio de estrategia, consistente básicamente en buscar una alianza con la izquierda española para lograr un referéndum legal de independencia en Cataluña. Puigdemont cree en cambio que el proceso, aunque esté muerto, puede refundarse sobre su cadáver. Una contradicción insalvable que sin embargo atrae al electorado independentista en cuanto apela a los sentimientos y abomina de la razón, que es algo corriente en los movimientos nacionalistas.

En todos ellos hay una especie de voluntad de reemprender el camino, de volver al trabajo, de olvidar lo ocurrido. En el caso de los constitucionalistas, fingiendo, unos más que otros, que aquí no ha pasado casi nada. Y en el caso de los independentistas, dando por hecho que el proceso puede retomarse desde el punto en que descarriló, discrepando entre ellos sólo en cuanto a si lo hizo antes o después. La realidad es que todos ellos no hacen más que reflejar la actitud de la mayoría de los catalanes, independentistas o no. Casi nadie allí quiere aceptar que lo sucedido ha sido muy grave, que nada volverá a ser igual y que las consecuencias, vaya hacia donde vaya Cataluña, serán en todo caso enormes, no sólo en el ámbito judicial. Ignorar la realidad es muy peligroso porque suele ser el preámbulo de los peores desastres.

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Burguesía catalana, independencia y corrupción -Emilio Campmany/LD-

Analizando las causas de la deriva independentista, nos hemos creído, unos más que otros, la propaganda golpista y hemos dado por hecho que el enfado de los separatistas proviene de la mutilación que a manos del Constitucional sufrió un estatuto de autonomía aprobado en referéndum por todos los catalanes. El independentismo transmite la idea de que la voluntad del pueblo catalán fue doblegada por un tribunal político que carece de genuina independencia. La mentira es tanto más creíble desde que, en efecto, el Tribunal Constitucional está controlado por los políticos. Pero no por eso deja de ser una mentira. En aquel referéndum votó el 48% del censo y el estatuto fue aprobado por el 73% de los votantes. Es decir, tan sólo un tercio de los catalanes se tomó la molestia de votar el ilusionante estatuto. Para colmo, Esquerra y la CUP pidieron el no.

Lo que motivó en realidad la huida hacia la independencia fue la negativa del Gobierno a beneficiar a Cataluña con un sistema de financiación similar al del País Vasco. Los nacionalistas recurrieron entonces a amenazar con la independencia ofreciendo renunciar a ella a cambio del cupo. Cuando el Gobierno respondió exponiendo a escarnio público el injustificado y abultadísimo patrimonio de los Pujol, obtener el cupo dejó de ser una ambición económicamente interesante para convertirse en una perentoria necesidad. Hasta el punto de estar los nacionalistas dispuestos a arrojarse al vacío antes que renunciar a él. Nada extrañan en la Esquerra y la CUP las tendencias suicidas. Pero ¿los convergentes? No me refiero sólo a los políticos, sino a lo que se ha venido llamando burguesía catalana, y que no es otra cosa que el conjunto de quienes detentan en Cataluña el poder económico. ¿Por qué gente habitualmente timorata cuando está en juego su bienestar económico arriesga tanto?

La respuesta está en la corrupción. El cupo no es ya sólo una forma de hurtarle al Estado parte de sus legítimos ingresos. Es también el modo de tapar decenios de corrupción durante los cuales Pujol y su familia no fueron más que los administradores del podrido sistema donde chapoteó buena parte de la alta sociedad catalana. Recuérdese que donde amenazó Pujol con hacer caer todas las ramas si alguien tiraba abajo la suya fue en el Parlamento de Cataluña. Ahora, tras conducir a todos los catalanes al borde del precipicio, esos mismos poderosos tratan de soslayar el 155 como sea para evitar que el Estado empiece a abrir cajones.

Para quien no crea que el cupo podría tapar toda la corrupción de Cataluña, que se pregunte por qué en el País Vasco no se destapa nunca ningún caso de corrupción. La clave está en la inspección tributaria. Quien la controla decide quién ha de ser inspeccionado y quién no. El contribuyente seguro de que no lo será podrá ocultar o disfrazar cualquier ingreso. El problema que tienen ahora quienes esperaban beneficiarse es encontrar el modo de parar a la Esquerra y a la CUP. Todo lo que les pase se lo habrán ganado a pulso.

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La inevitabilidad del 155 -Emilio Campmany/LD- 

Muchos de los debates jurídicos alrededor del golpe de Estado de Cataluña versan sobre si tal o cual cargo público ha cometido o está a punto de cometer tal o cual delito. Si se piensa detenidamente, el debate es absurdo. La cuestión no es si Trapero, cuando discute la pertinencia de las órdenes que recibe y se reserva el derecho de desobedecerlas; o si la consejera de Educación de la Generalidad, Clara Ponsati, cuando amenaza con inventarse actividades escolares para que los colegios no puedan ser precintados o tengan que serlo con riesgo para la integridad de los niños, cometen o no un delito. La cuestión es que, si las autoridades catalanas no obedecen las órdenes que están obligadas a cumplir, lo procedente es destituirlas y sustituirlas por personas que vayan a ser inequívocamente obedientes. Ya habrá tiempo de discutir si cometieron o no delito. De momento, lo que hay que hacer es destituirlas. Y para hacerlo es indispensable recurrir al artículo 155 de la Constitución. Si el precepto no está para esto, es que no está para nada y habría que considerarlo derogado de facto.

Ahora bien, como el Gobierno tiene el absurdo prurito de desarticular el golpe de Estado sin recurrir al 155, nos vemos en esta situación kafkiana en la que las autoridades dictan unas órdenes y los cargos que tienen que cumplirlas no sólo las desobedecen sino que las desafían, cuando no se ciscan directamente en ellas, y, por el momento, no pasa nada.

Es evidente que recurrir al 155 puede tener el peligro de que, desde el punto de vista del orden público, las cosas empeoren. Pero el caso es que no hay alternativa. ¿O cree el Gobierno que todo consiste en pasar el 1 de octubre sin que haya pantomima de referéndum? Porque después del 1 de octubre, con independencia de cuántas urnas haya habido y de en cuántos colegios se haya podido hacer que se vota, los actuales cargos de Cataluña que incumplieron la ley la seguirán incumpliendo, que es por otra parte lo que llevan haciendo desde hace lustros.

Ha llegado el momento de imponer la Constitución en Cataluña, y para hacerlo no hay más remedio que recurrir al 155 y asumir los riesgos que ello conlleva. Salvo que lo que queramos sea volver a la situación anterior donde los derechos de los españoles que en Cataluña se vulneraban vuelvan a ser lo suficientemente pocos como para poder mirar hacia otro lado. Y éste no debería ser un problema cuantitativo, de cuántos son los españoles privados de cuántos derechos. Debería ser cualitativo, donde lo relevante fuera que algunos españoles, muchos o pocos, ven violados algunos, muchos o pocos, de sus derechos. Y el Gobierno tiene la obligación de devolverles a una situación en que todos sean debidamente amparados. Y si se niegan a hacerlo, en mucho o en poco, las autoridades catalanas deben ser apartadas del poder por la única vía legal que lo permite, esto es, el 155.

Origen: Emilio Campmany – La inevitabilidad del 155 – Libertad Digital

¿Qué hace Zapatero en Venezuela? -Emilio Campmany/LD-

Zapatero es el mayor responsable del conflicto catalán. No deja de ser notable que el Gobierno le haya elegido para mediar en el que padece Venezuela.

Zapatero es el mayor responsable del conflicto catalán por haber respaldado un estatuto inconstitucional. No deja de ser notable que el Gobierno de España le haya elegido precisamente a él para mediar en el que padece Venezuela. ¿No había nadie más? Es como poner a un tartaja de telefonista, porque es imposible escoger a alguien más torpe. Lo de Venezuela está de color de hormiga, pero cualquier posibilidad de arreglo que tuviera se ha hecho infinitamente más remota si tiene que depender de este personaje que aúna de forma inigualable idiocia y atrevimiento.

Su nombre vuelve a ser noticia ahora que encabeza el enésimo esfuerzo para lograr que oposición y Gobierno venezolanos lleguen a un acuerdo mediante una ronda de negociaciones en la República Dominicana. Presentan las crónicas a nuestro ex como un exquisito árbitro que tan sólo desea una solución pacífica. Sin embargo, algo ha debido de olerse la oposición cuando parte importante de ella se niega a intervenir en las sesiones organizadas por Zapatero hasta que se den determinadas condiciones, bastante razonables, por cierto, como es que sean liberados los presos políticos. En cambio, Nicolás Maduro siempre está dispuesto, y en esta ocasión no iba a ser menos, a acudir a donde Zapatero diga.

Son muchos los países que tienen intereses en Venezuela y que ansían que el conflicto se solucione de un modo u otro. Está China, que consume cantidades ingentes de petróleo procedente, entre otros países productores, de Venezuela. Están Estados Unidos y Rusia, que tienen importantes inversiones en el país. Está Cuba, que sobrevive gracias al petróleo que Maduro le regala a cambio de enviar a Venezuela agentes de inteligencia con los que someter y encarcelar a la oposición. Y está España. ¿Qué clase de intereses tenemos allí? Pues, aparte las inversiones y el petróleo que les podamos comprar, hay que recordar que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero vendió al régimen chavista unas fragatas provistas de software estadounidense cuando teníamos prohibido transmitir esa tecnología sin permiso de los americanos. Qué casualidad que sea ese mismo Zapatero quien ahora está tratando de buscar una salida al Gobierno que le compró las dichosas fragatas, quién sabe bajo qué condiciones.

Se rumorea que a Maduro le están arreglando un exilio dorado en Cuba, pero que Raúl Castro sólo cederá cuando se le garantice que Venezuela le seguirá regalando petróleo con el que suministrar energía a su desgraciada isla y que el Vaticano respalda la operación. Pero, aunque fuera así, ¿qué pasa con Diosdado Cabello? ¿Y con Tarek el Aissami? No obstante, desde el punto de vista español, la pregunta es: ¿qué narices hace allí Zapatero? Y da toda la impresión de que lo que trata el solemne es de evitar que haya un verdadero cambio de régimen o, si no hay más remedio de que lo haya, impedir que afloren las relaciones que su Gobierno y vaya usted a saber quién más tuvieron o tienen todavía con el régimen chavista. Y el Gobierno actual lo respalda.

Origen: Libertad Digital

Duelo de cobardes -Emilio Campmany/LD-

Tan cobardes son los separatistas, que serían incapaces de llegar hasta donde lo han hecho de no ser porque tienen enfrente a unos tan cobardes como ellos.

España tiene la fortuna de que los dirigentes separatistas de hoy son mucho más cobardes que los de ayer, que ya lo eran bastante. Y tiene la desgracia de que quienes tienen que defenderla de ellos no lo son menos. Llevan los separatistas cinco años esperando a reunir el coraje para hacer lo que se supone que es su máximo anhelo. ¿Qué sentido tiene buscar y rebuscar la forma legal de cometer una grosera ilegalidad? Tarde o temprano habrá que violar una ley, desobedecer a un tribunal. ¿Por qué han tardado tanto en hacerlo? Por cobardía. Si al final se atreven a hacer algo será a base de animarse los unos a los otros, como hacen los matones que, aislados de los demás, agachan la cabeza avergonzados, pero que, en grupo, jaleados los unos por los otros y escondidos tras la responsabilidad grupal, son capaces de las mayores atrocidades.

Tan cobardes son que serían incapaces de llegar hasta donde lo han hecho de no ser porque tienen enfrente a unos tan cobardes como ellos. Han ido probando, dando pequeños pellizcos al Gobierno de España, y al ver que éste no respondía se han atrevido poco a poco a hacer más. Han venido los arañazos y luego, los mordiscos. Y el Gobierno, atenazado por el pánico que le da ejercer de tal, apenas es capaz de responder con fallos, resoluciones y sentencias, como si estuviéramos en un proceso civil y no ante un golpe dirigido al mismo corazón de la nación. Lo único que lo hace parecer inofensivo es la cobardía de los que lo está perpetrando. Y lo único que lo hace ser un peligro es la de los que nos tienen que defender de él.

Dicen todos, el Gobierno y la oposición, que hay que actuar con proporcionalidad para no generar más descontento en Cataluña, que aplicar el artículo 155 de la Constitución es lo que los separatistas quieren para reunir tras de sí más partidarios de los que ahora tienen. No discuto que sea lo que ellos quieren, pero, aunque fuera así, no merece la pena que un territorio siga siendo España si allí no se aplican las leyes españolas. ¿Qué más da que Cataluña siga siendo formalmente España si mi derecho a hablar español no se reconoce y mis hijos, en caso de vivir allí, serían obligados a escolarizarse en una lengua que no es la suya? ¿Qué más da si allí, cuando un nacionalista malversa fondos públicos, no se le aplica el Código Penal que rige para los demás? Lo primero que hay que hacer en Cataluña es imponer el imperio de la ley, ausente desde hace decenios. Si es verdad que hay catalanes a los que, aun sin ser independentistas, les incomoda la aplicación de la ley hasta el punto de convertirles al separatismo, será un problema de ellos, no del resto. No podemos aceptar, como llevamos lustros haciendo, que para que Cataluña siga siendo España allí sólo rijan las leyes que los nacionalistas quieren que rijan. Si para ser un Estado de Derecho tenemos que quedarnos cuatro gatos, que así sea. Pero no sin pelearlo. Basta tener un poco más de coraje que ellos. Y para eso bastaría el de un ratón que saliera medio bravío.

Origen: Emilio Campmany – Duelo de cobardes – Libertad Digital

El Congreso,contra el interés nacional. -Emilio Campmany/LD-

El Congreso de los Diputados ha aprobado que Pablo Iglesias compatibilice su sueldo de diputado con el de locutor de HispanTV, el medio que Irán emplea para influir en España, entre otros países. Se supone que los diputados están sometidos a un severísimo régimen de incompatibilidades con el fin de evitar que se corrompan. Se trata de que los diputados no puedan verse tentados de favorecer a sus clientes o empleadores en perjuicio del interés general. Pero cuando se supone que no hay ese peligro puede autorizarse la actividad remunerada. Sin embargo, el caso de Pablo Iglesias es excepcional, porque no es el interés general el que se podría ver perjudicado, sino el nacional. La cuestión no es si se puede o no ser diputado y locutor a la vez. La cuestión es quién paga esos emolumentos y para qué. HispanTV no es un medio cualquiera. Es una cadena iraní, financiada por el régimen de los ayatolás. Lo que le acaban de autorizar a Pablo Iglesias es la recepción de un salario de una teocracia, enemiga de Occidente, que reprime las libertades en su territorio y ampara el terrorismo. Dicho de otro modo, le permiten estar a sueldo de una potencia extranjera que pretende erradicar de la sociedad española los valores occidentales, entre otros medios, a través de HispanTV.

El PSOE ha votado en contra con el solo argumento de que se opone a toda compatibilidad. Pero PP y Ciudadanos han votado a favor, quizá para poder así aprobar la compatibilidad pedida por sus propios diputados. Pero ésa sigue sin ser la cuestión. Los demás diputados que han solicitado autorización para sus actividades remuneradas extraparlamentarias no pretenden que se les autorice a cobrar un estipendio de ninguna potencia extranjera que sin reparos podría calificarse de enemiga.

Que nadie en el Congreso de los Diputados, ni siquiera los socialistas, que son los únicos que han votado en contra, haya puesto de relieve esta circunstancia pone en evidencia la hipocresía de nuestros parlamentarios. Dicen combatir la corrupción y luego autorizan aquella sobre la que recaen las peores sospechas, las que permiten suponer que un diputado podría estar obligado a obedecer las consignas de una potencia enemiga desde el momento en que recibe dinero de ella. Evidentemente, aunque el Congreso no hubiera autorizado la compatibilidad, Irán podría encontrar el modo de pagar a Pablo Iglesias, pero al menos tendría que hacerlo ilegalmente y, si se llegara a descubrir, se pondría en evidencia la colusión. De este modo, en cambio, se legaliza lo que es a todas luces ilegítimo. Y se hace aplicando una norma encaminada a combatir la corrupción. El PP y Ciudadanos podrían en consecuencia ser acusados de obviar el interés nacional por electoralismo, en la medida en que Podemos resta votos al PSOE. Y los socialistas… Bueno, a los socialistas nunca les ha preocupado el interés nacional.

Origen: Libertad Digital