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La inevitabilidad del 155 -Emilio Campmany/LD- 

Muchos de los debates jurídicos alrededor del golpe de Estado de Cataluña versan sobre si tal o cual cargo público ha cometido o está a punto de cometer tal o cual delito. Si se piensa detenidamente, el debate es absurdo. La cuestión no es si Trapero, cuando discute la pertinencia de las órdenes que recibe y se reserva el derecho de desobedecerlas; o si la consejera de Educación de la Generalidad, Clara Ponsati, cuando amenaza con inventarse actividades escolares para que los colegios no puedan ser precintados o tengan que serlo con riesgo para la integridad de los niños, cometen o no un delito. La cuestión es que, si las autoridades catalanas no obedecen las órdenes que están obligadas a cumplir, lo procedente es destituirlas y sustituirlas por personas que vayan a ser inequívocamente obedientes. Ya habrá tiempo de discutir si cometieron o no delito. De momento, lo que hay que hacer es destituirlas. Y para hacerlo es indispensable recurrir al artículo 155 de la Constitución. Si el precepto no está para esto, es que no está para nada y habría que considerarlo derogado de facto.

Ahora bien, como el Gobierno tiene el absurdo prurito de desarticular el golpe de Estado sin recurrir al 155, nos vemos en esta situación kafkiana en la que las autoridades dictan unas órdenes y los cargos que tienen que cumplirlas no sólo las desobedecen sino que las desafían, cuando no se ciscan directamente en ellas, y, por el momento, no pasa nada.

Es evidente que recurrir al 155 puede tener el peligro de que, desde el punto de vista del orden público, las cosas empeoren. Pero el caso es que no hay alternativa. ¿O cree el Gobierno que todo consiste en pasar el 1 de octubre sin que haya pantomima de referéndum? Porque después del 1 de octubre, con independencia de cuántas urnas haya habido y de en cuántos colegios se haya podido hacer que se vota, los actuales cargos de Cataluña que incumplieron la ley la seguirán incumpliendo, que es por otra parte lo que llevan haciendo desde hace lustros.

Ha llegado el momento de imponer la Constitución en Cataluña, y para hacerlo no hay más remedio que recurrir al 155 y asumir los riesgos que ello conlleva. Salvo que lo que queramos sea volver a la situación anterior donde los derechos de los españoles que en Cataluña se vulneraban vuelvan a ser lo suficientemente pocos como para poder mirar hacia otro lado. Y éste no debería ser un problema cuantitativo, de cuántos son los españoles privados de cuántos derechos. Debería ser cualitativo, donde lo relevante fuera que algunos españoles, muchos o pocos, ven violados algunos, muchos o pocos, de sus derechos. Y el Gobierno tiene la obligación de devolverles a una situación en que todos sean debidamente amparados. Y si se niegan a hacerlo, en mucho o en poco, las autoridades catalanas deben ser apartadas del poder por la única vía legal que lo permite, esto es, el 155.

Origen: Emilio Campmany – La inevitabilidad del 155 – Libertad Digital

¿Qué hace Zapatero en Venezuela? -Emilio Campmany/LD-

Zapatero es el mayor responsable del conflicto catalán. No deja de ser notable que el Gobierno le haya elegido para mediar en el que padece Venezuela.

Zapatero es el mayor responsable del conflicto catalán por haber respaldado un estatuto inconstitucional. No deja de ser notable que el Gobierno de España le haya elegido precisamente a él para mediar en el que padece Venezuela. ¿No había nadie más? Es como poner a un tartaja de telefonista, porque es imposible escoger a alguien más torpe. Lo de Venezuela está de color de hormiga, pero cualquier posibilidad de arreglo que tuviera se ha hecho infinitamente más remota si tiene que depender de este personaje que aúna de forma inigualable idiocia y atrevimiento.

Su nombre vuelve a ser noticia ahora que encabeza el enésimo esfuerzo para lograr que oposición y Gobierno venezolanos lleguen a un acuerdo mediante una ronda de negociaciones en la República Dominicana. Presentan las crónicas a nuestro ex como un exquisito árbitro que tan sólo desea una solución pacífica. Sin embargo, algo ha debido de olerse la oposición cuando parte importante de ella se niega a intervenir en las sesiones organizadas por Zapatero hasta que se den determinadas condiciones, bastante razonables, por cierto, como es que sean liberados los presos políticos. En cambio, Nicolás Maduro siempre está dispuesto, y en esta ocasión no iba a ser menos, a acudir a donde Zapatero diga.

Son muchos los países que tienen intereses en Venezuela y que ansían que el conflicto se solucione de un modo u otro. Está China, que consume cantidades ingentes de petróleo procedente, entre otros países productores, de Venezuela. Están Estados Unidos y Rusia, que tienen importantes inversiones en el país. Está Cuba, que sobrevive gracias al petróleo que Maduro le regala a cambio de enviar a Venezuela agentes de inteligencia con los que someter y encarcelar a la oposición. Y está España. ¿Qué clase de intereses tenemos allí? Pues, aparte las inversiones y el petróleo que les podamos comprar, hay que recordar que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero vendió al régimen chavista unas fragatas provistas de software estadounidense cuando teníamos prohibido transmitir esa tecnología sin permiso de los americanos. Qué casualidad que sea ese mismo Zapatero quien ahora está tratando de buscar una salida al Gobierno que le compró las dichosas fragatas, quién sabe bajo qué condiciones.

Se rumorea que a Maduro le están arreglando un exilio dorado en Cuba, pero que Raúl Castro sólo cederá cuando se le garantice que Venezuela le seguirá regalando petróleo con el que suministrar energía a su desgraciada isla y que el Vaticano respalda la operación. Pero, aunque fuera así, ¿qué pasa con Diosdado Cabello? ¿Y con Tarek el Aissami? No obstante, desde el punto de vista español, la pregunta es: ¿qué narices hace allí Zapatero? Y da toda la impresión de que lo que trata el solemne es de evitar que haya un verdadero cambio de régimen o, si no hay más remedio de que lo haya, impedir que afloren las relaciones que su Gobierno y vaya usted a saber quién más tuvieron o tienen todavía con el régimen chavista. Y el Gobierno actual lo respalda.

Origen: Libertad Digital

Duelo de cobardes -Emilio Campmany/LD-

Tan cobardes son los separatistas, que serían incapaces de llegar hasta donde lo han hecho de no ser porque tienen enfrente a unos tan cobardes como ellos.

España tiene la fortuna de que los dirigentes separatistas de hoy son mucho más cobardes que los de ayer, que ya lo eran bastante. Y tiene la desgracia de que quienes tienen que defenderla de ellos no lo son menos. Llevan los separatistas cinco años esperando a reunir el coraje para hacer lo que se supone que es su máximo anhelo. ¿Qué sentido tiene buscar y rebuscar la forma legal de cometer una grosera ilegalidad? Tarde o temprano habrá que violar una ley, desobedecer a un tribunal. ¿Por qué han tardado tanto en hacerlo? Por cobardía. Si al final se atreven a hacer algo será a base de animarse los unos a los otros, como hacen los matones que, aislados de los demás, agachan la cabeza avergonzados, pero que, en grupo, jaleados los unos por los otros y escondidos tras la responsabilidad grupal, son capaces de las mayores atrocidades.

Tan cobardes son que serían incapaces de llegar hasta donde lo han hecho de no ser porque tienen enfrente a unos tan cobardes como ellos. Han ido probando, dando pequeños pellizcos al Gobierno de España, y al ver que éste no respondía se han atrevido poco a poco a hacer más. Han venido los arañazos y luego, los mordiscos. Y el Gobierno, atenazado por el pánico que le da ejercer de tal, apenas es capaz de responder con fallos, resoluciones y sentencias, como si estuviéramos en un proceso civil y no ante un golpe dirigido al mismo corazón de la nación. Lo único que lo hace parecer inofensivo es la cobardía de los que lo está perpetrando. Y lo único que lo hace ser un peligro es la de los que nos tienen que defender de él.

Dicen todos, el Gobierno y la oposición, que hay que actuar con proporcionalidad para no generar más descontento en Cataluña, que aplicar el artículo 155 de la Constitución es lo que los separatistas quieren para reunir tras de sí más partidarios de los que ahora tienen. No discuto que sea lo que ellos quieren, pero, aunque fuera así, no merece la pena que un territorio siga siendo España si allí no se aplican las leyes españolas. ¿Qué más da que Cataluña siga siendo formalmente España si mi derecho a hablar español no se reconoce y mis hijos, en caso de vivir allí, serían obligados a escolarizarse en una lengua que no es la suya? ¿Qué más da si allí, cuando un nacionalista malversa fondos públicos, no se le aplica el Código Penal que rige para los demás? Lo primero que hay que hacer en Cataluña es imponer el imperio de la ley, ausente desde hace decenios. Si es verdad que hay catalanes a los que, aun sin ser independentistas, les incomoda la aplicación de la ley hasta el punto de convertirles al separatismo, será un problema de ellos, no del resto. No podemos aceptar, como llevamos lustros haciendo, que para que Cataluña siga siendo España allí sólo rijan las leyes que los nacionalistas quieren que rijan. Si para ser un Estado de Derecho tenemos que quedarnos cuatro gatos, que así sea. Pero no sin pelearlo. Basta tener un poco más de coraje que ellos. Y para eso bastaría el de un ratón que saliera medio bravío.

Origen: Emilio Campmany – Duelo de cobardes – Libertad Digital

El Congreso,contra el interés nacional. -Emilio Campmany/LD-

El Congreso de los Diputados ha aprobado que Pablo Iglesias compatibilice su sueldo de diputado con el de locutor de HispanTV, el medio que Irán emplea para influir en España, entre otros países. Se supone que los diputados están sometidos a un severísimo régimen de incompatibilidades con el fin de evitar que se corrompan. Se trata de que los diputados no puedan verse tentados de favorecer a sus clientes o empleadores en perjuicio del interés general. Pero cuando se supone que no hay ese peligro puede autorizarse la actividad remunerada. Sin embargo, el caso de Pablo Iglesias es excepcional, porque no es el interés general el que se podría ver perjudicado, sino el nacional. La cuestión no es si se puede o no ser diputado y locutor a la vez. La cuestión es quién paga esos emolumentos y para qué. HispanTV no es un medio cualquiera. Es una cadena iraní, financiada por el régimen de los ayatolás. Lo que le acaban de autorizar a Pablo Iglesias es la recepción de un salario de una teocracia, enemiga de Occidente, que reprime las libertades en su territorio y ampara el terrorismo. Dicho de otro modo, le permiten estar a sueldo de una potencia extranjera que pretende erradicar de la sociedad española los valores occidentales, entre otros medios, a través de HispanTV.

El PSOE ha votado en contra con el solo argumento de que se opone a toda compatibilidad. Pero PP y Ciudadanos han votado a favor, quizá para poder así aprobar la compatibilidad pedida por sus propios diputados. Pero ésa sigue sin ser la cuestión. Los demás diputados que han solicitado autorización para sus actividades remuneradas extraparlamentarias no pretenden que se les autorice a cobrar un estipendio de ninguna potencia extranjera que sin reparos podría calificarse de enemiga.

Que nadie en el Congreso de los Diputados, ni siquiera los socialistas, que son los únicos que han votado en contra, haya puesto de relieve esta circunstancia pone en evidencia la hipocresía de nuestros parlamentarios. Dicen combatir la corrupción y luego autorizan aquella sobre la que recaen las peores sospechas, las que permiten suponer que un diputado podría estar obligado a obedecer las consignas de una potencia enemiga desde el momento en que recibe dinero de ella. Evidentemente, aunque el Congreso no hubiera autorizado la compatibilidad, Irán podría encontrar el modo de pagar a Pablo Iglesias, pero al menos tendría que hacerlo ilegalmente y, si se llegara a descubrir, se pondría en evidencia la colusión. De este modo, en cambio, se legaliza lo que es a todas luces ilegítimo. Y se hace aplicando una norma encaminada a combatir la corrupción. El PP y Ciudadanos podrían en consecuencia ser acusados de obviar el interés nacional por electoralismo, en la medida en que Podemos resta votos al PSOE. Y los socialistas… Bueno, a los socialistas nunca les ha preocupado el interés nacional.

Origen: Libertad Digital

La crisis qatarí  -Emilio Campmany/LD-

En la crisis desencadenada a raíz de que Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin rompieran relaciones diplomáticas con Qatar, hay muchas más preguntas que respuestas. La primera que podría hacerse desde Occidente es cómo es posible que esos cuatro países reaccionen de esa manera a la financiación del terrorismo islamista y que nosotros, que lo padecemos como el que más, sigamos manteniendo buenas relaciones con Doha. Una de dos, o lo de la financiación del terrorismo es mentira y no es más que un pretexto inventado para justificar una medida adoptada por razones inconfesables o, si es verdad, los occidentales somos unos pardillos.

En todo caso, es evidente que el terrorismo no es la única causa del conflicto diplomático. Éste se comprende más fácilmente si se enmarca en la guerra civil que padece el mundo islámico entre Irán y Arabia Saudí, y que no es exactamente entre chiíes y suníes. De hecho, Qatar es suní y eso no le impide ser un aliado relativamente leal a Irán. Desde Al Yazira, fundada por el régimen qatarí, se han estado desprestigiando los regímenes musulmanes que se consideraban enemigos de Irán y se ha estado apoyando de una u otra forma a los Hermanos Musulmanes, especialmente durante la época en la que la organización gobernó Egipto tras la caída de Mubarak.

No obstante, Qatar no es el obvio enemigo de Occidente que podría deducirse de estos hechos. Es también el país huésped de la mayor base militar norteamericana en la zona y el actual emir, Tamim, se esfuerza por mantener buenas relaciones con todo el mundo sirviéndose tanto como sea necesario de sus inmensas riquezas (es el país con mayor renta per cápita del mundo). Esta política exterior basculante, que en parte está justificada por la geografía, ya que Qatar tiene frontera terrestre con Arabia Saudí y está a escasas millas de la costa iraní, viene igualmente impuesta por la complicada situación política interior. Probablemente, Tamim preferiría distanciarse algo de Irán, pero al parecer una facción respaldada por su padre, el anterior emir, que se vio obligado a abdicar a favor de su hijo a mediados de 2013, exige conservar los lazos con Teherán.

 No es desdeñable que haya influido también la delicada situación económica de Arabia Saudí, provocada por el descenso de los precios del petróleo. Riad está intentando imponer restricciones a la producción de hidrocarburos para que los precios suban y los díscolos, como Qatar, impiden que lo logre.

Todo esto, y unos cuantos detalles más que se quedan en el tintero, dibujan un tablero extraordinariamente confuso en el que nadie se atreve a pronosticar nada, pero en el que hay una cosa clara: la irrelevancia por incomparecencia de nuestros países occidentales, probablemente porque ninguno de nuestros gobernantes está en condiciones de dañar las magníficas relaciones que todos nosotros, quién sabe por qué, mantenemos con Qatar. Quizá resulte que las prácticas empleadas por el emirato para conseguir la adjudicación del mundial de fútbol de 2022 se hayan extendido a otros ámbitos.

Origen: Libertad Digital