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Franco vence de nuevo al Frente Popular. -Liberal Enfurruñada/OK Diario- incluso muerto gana batallas como “El Cid Campeador” @MuyLiberal –

En julio de 1936 parte del ejército español se alzó en armas contra la Segunda República del Frente Popular que formaban el PSOE unido a todos los partidos de extrema izquierda e independentistas. La Guerra Civil la ganó el bando liderado por Franco, quien se mantuvo al frente de una dictadura hasta su muerte hace 43 años. Pese a que ni él ni su familia lo tenían así previsto, el rey don Juan Carlos, en nombre del Gobierno de Arias Navarro, solicitó al abad del Valle de los Caídos que Franco fuera enterrado allí. Desde entonces sus restos han reposado a más de 50 kilómetros de Madrid, en plena sierra de Guadarrama, en el valle de Cuelgamuros, muy cerca del casoplón de los Iglesias–Montero, apartado y aislado.

El monumento no se construyó como homenaje a Franco, sino para rendir honor a todos los caídos en la Guerra Civil “sin distinción del campo en que combatieran” y en él se hallan también sepultados entre 33.700 y 50.000 combatientes, además del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera. Hasta que la Ley de Memoria Histórica lo prohibió, en aquel lugar apartado de la civilización se celebraba cada 20 de noviembre, en el aniversario de la muerte de Franco y José Antonio, una misa y una concentración a la que acudían un puñado de sus ya hoy escasos nostálgicos, con símbolos franquistas y falangistas. Por su valor arquitectónico el monumento era visitado por unas 280.000 personas al año, cifra muy alejada de los 4,5 millones de visitantes que recibe la Sagrada Familia de Barcelona, o los 1,5 millones que visitan cada año el Palacio Real de Madrid. Pero eso ha empezado a cambiar, ya hay atascos en la autovía de acceso y largas colas para entrar.

En junio de 2018 Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno con los votos de un reinventado Frente Popular que, al igual que el del 36, conforma el PSOE unido a todos los partidos de extrema izquierda e independentistas. Y este nuevo Frente Popular se propuso que casi 80 años después, esta vez sí que iban a ganarle la Guerra Civil a Franco. Decidieron que lo iban a desenterrar costara lo que costara y en contra de la opinión de sus familiares y de la Abadía del Valle de los Caídos y sin contar con el consenso de la Conferencia Episcopal Española ni de la Santa Sede. Posiblemente influyera en esta decisión que Pablo Iglesias y su señora ‘portavoza’ no desean ser molestados en su mansión de Guadarrama. Pero su familia dice que va a trasladar sus restos a la Catedral de la Almudena para que las colas den vueltas a la Plaza de Oriente, en pleno centro de Madrid.

Cuenta la leyenda de Cardeña que el Cid Campeador —otro fascista, dirán los cultos podemitas— ganó batallas después de muerto gracias a la treta de colocar su cadáver sobre su caballo para hacer creer al enemigo que no había fallecido. Pues parece que Pedro Sánchez va a conseguir algo parecido resucitando a Franco. Su cadáver, que descansaba casi olvidado entre las rocas de la sierra madrileña, va a vencer de nuevo a la extrema izquierda independentista, como hizo en los años 30. Y ahora ya no son sólo los nostálgicos del régimen franquista los que se levantan contra el nuevo Frente Popular, sino que todos los demócratas exigen al doctor Cum Fraude que deje en paz a los muertos y convoque elecciones de una vez. Ni los golpistas catalanes, ni los amigos de los terroristas vascos, ni la extrema izquierda chavista van a salirse con la suya. ¡Ríndete Pedro Sánchez, QUEREMOS VOTAR!

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¿Se repite la historia?. -La verdad ofende/La tribuna del País Vasco-

Tras anunciar, organizar, financiar, armar y ejecutar el golpe de Estado de octubre de 1934, el golpista PSOE pretendía tomar el poder en la II República, ganado en buena lid electoral por la derecha de Gil Robles, emulando así el golpe de Estado ejecutado apenas 17 años antes por Lenin contra el Gobierno Menchevique que trataba de configurar una incipiente democracia en Rusia.

Aquel golpe de Estado de los bolcheviques aupó al poder a Lenin. Organizados en “soviets” (círculos), los soviéticos pronto tomaron el control del ejército y eliminaron a dos millones de rusos que consideraban oposición. El llamado “Lenin español” y perdedor de las elecciones, Largo Caballero, (jamás ganó unos comicios), a la sazón secretario general del PSOE, caía preso tras alzarse contra la II República, con otros golpistas como el catalán de ERC Companys, dejando un saldo de miles de crueles asesinatos, asaltos a templos, quema de universidades, bibliotecas, saqueos y destrucción.

El envío de armas que había organizado Prieto (sus guardaespaldas causarán el magnicidio que provocó el inicio de la Guerra Civil), probaba la culpabilidad del PSOE en el golpe de Estado. ¿Por qué les cuento esto? En la campaña electoral de 1936, el eslogan reivindicativo de la izquierda fue “libertad de los presos”, hoy llamados “presos políticos” si son tus políticos los delincuentes. Aquel Frente Popular que asaltó el poder tras subvertir la democracia reventando las elecciones y manipulando las actas electorales, tras tomar el poder, liberaba a los asesinos golpistas sin esperar ni siquiera al decreto que después el gobierno firmó.

Aquel Frente Popular representó y aglutinó entonces a la misma izquierda que hoy ha dado el poder, tras una moción de censura por un caso de corrupción de 245.000 euros, al por dos veces perdedor de las elecciones Pedro Sánchez, a la sazón también secretario general del PSOE, a quien muchos llamamos ya “el Largo Caballero”.

El PNV no solo ha exigido a cambio de sus votos que no se deroguen los presupuestos del Gobierno saliente que le otorgan una jugosa mordida de 700 millones extras y poder manejar las inversiones en infraestructuras de Navarra, el viejo reino, donde ya ondea la bandera del PNV llamada “ikurriña”, que muy pronto anexionarán.
Quieren también, como exigen los etarras que conforman las listas de Bildu, la salida completa de la Guardia Civil del País Vasco, la cesión de las competencias de prisiones y el acercamiento de los asesinos de ETA a cárceles de Vascongadas, asesinos que no se arrepienten, no colaboran ni esclarecen los asesinatos, no han indemnizado, no han pedido perdón y se ufanan de sus crímenes, mientras son recibidos con vítores de heroicos luchadores del tiro en la nuca.

Los catalanes de ERC exigen a Sánchez la libertad del nuevo “Companys” y sus cómplices del 3%, cuya extradición es inminente si la justicia alemana finalmente respeta los acuerdos Schengen y aplica la euro-orden. Podemos, por su parte, además de exigir los ministerios de Defensa, Interior y el de Educación, quiere impunidad para sus agoreros del asesinato, quienes bajo el disfraz de truhanes juglares del siglo XXI o “raperos”, amenazan la vida del presidente de Actua baleares, Jorge Campos Asensi, mientras hacen apología del terrorismo o piden a gritos que se asesine a la Guardia Civil. Es el viejo crimen marxista leninista disfrazado de líricas prosas musicales.

Tras el cobarde asesinato de 2 tiros en la nuca del líder de la oposición D. José Calvo Sotelo, redactor de la primera ley de sufragio femenino bajo el Gobierno de Primo de Rivera, su compañero Gil Robles, a quien esa misma noche los guardaespaldas de Prieto buscaron sin fortuna en su casa para asesinarlo, relataba en Cortes: “Desde el 16 de junio al 13 de julio, inclusive, se han cometido en España los siguientes actos de violencia, habiendo de tener en cuenta los señores que me escuchan que esta estadística no se refiere más que ha hechos plenamente comprobados y no a rumores que, por desgracia, van teniendo en días sucesivos una completa confirmación: Incendios de iglesias, 10; atropellos y expulsiones de párrocos, 9; robos y confiscaciones, 11; derribos de cruces, 5; muertos, 61; heridos de diferente gravedad, 224; atracos consumados, 17; asaltos e invasiones de fincas, 32; incautaciones y robos, 16; Centros asaltados o incendiados, 10; huelgas generales, 129; bombas, 74; petardos, 58; botellas de líquidos inflamables lanzadas contra personas o casas, 7; incendios, no comprendidos los de las iglesias, 19. Esto en veintisiete días”.

Los comunistas de Podemos pedirán la libertad para los apologetas del asesinato; ERC, libertad e impunidad para los golpistas, y el PNV el indisimulado perdón y blanqueamiento de sus hijos políticos de ETA, los asesinos marxistas leninistas llamados falsamente “gudaris”. Quienes en 1931 trajeron la II República bajo el Pacto de San Sebastián, tienen a gala desde el minuto 1 de su existencia ser golpistas. Fue su primera decisión orquestar el pronunciamiento militar del capitán Galán en Jaca, detenido y fusilado, una medida ejemplar que la II República no aplicó al golpista Companys cuando dio su sangriento golpe de Estado, quien sin embargo si la aplicó en julio de 1936 con los alzados, acusados de ser “fascistas”.

Tras la no derogación de la ley de memoria histórica por un cobarde Rajoy, quienes contamos estos datos históricos pronto seremos procesados también por “fascistas” y nuestra culpa será relatar hechos tan indiscutibles como que el pronunciamiento militar de Franco fue la consecuencia del crimen marxista leninista que, desde el pacto de San Sebastián, el pucherazo del 12 de abril de 1931, el golpe de Estado de 1934 y la llegada del asesino y golpista Frente Popular, buscó sin un ápice de duda, como anunció Largo Caballero, la revolución bolchevique.

La violencia física siempre viene precedida de la violencia verbal, y créanme si les auguro que en estos tiempos turbulentos donde una izquierda tan corrupta como el PP, retorciendo las reglas democráticas toma el poder, cuando vea las sentencias judiciales que les condenan por sus crímenes de corrupción, se negarán a dejar el poder. Y a quienes protestemos nos señalarán y llamarán también fascistas por exigir lo que ellos hoy utilizan para tomar el poder.

Pero no olvidemos la causa real de este desastre. La corrupción de todo el Estado, desde las más altas instancias reales (la Corona) hasta lo más humilde, la clase obrera y sindical. Y lo que llevó al exilio a Alfonso XIII, hoy amenaza nuestra joven, imperfecta, corrupta, y aun así próspera monarquía democrática, una realidad con la que nuestro joven rey habrá de lidiar muy pronto.

España, tierra fértil de libertades civiles y hombres trabajadores, ve de nuevo amenazada su paz civil y prosperidad por dogmáticos ombliguismos marxistas de otra época, que rescatan viejos odios guerracivilistas y separatistas que no dudan en usar de modo maniqueo, como los casos de corrupción, para hacer estallar lo que llaman sin pudor el “régimen del 78”. Lo pagaremos.

“Cuando el sable esté enmohecido y el arado reluciente; las prisiones vacías y los graneros llenos; entonces estará la nación bien gobernada”

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La Segunda República: de mito a timo. -Jorge Vilches/Vozpópuli-

El mito es una falsedad para sostener un discurso político. En eso han convertido la Segunda República ciertos historiadores, algunos partidos y unos cuantos medios. La distancia y el acercamiento crítico a los hechos nos muestra otra cosa.

Un tribunal ha obligado al alcalde de Cádiz, José María González, más conocido como “Kichi”, a retirar la bandera tricolor de un lugar público. El dirigente podemita alegó que se trataba solamente de una referencia histórica –como hizo el año pasado–, pero es dudoso que, con el mismo ánimo de recordar la Historia, el próximo 18 de Julio ponga la rojigualda con el águila de San Juan. Otro tribunal ha impedido que el gobierno de Navarra, otrora cuna de los requetés que se batían por el “Dios, Patria, Rey”, hiciera lo mismo. Tenemos también al impagable diputado Alberto Garzónhaciendo bolos por todo el país para blanquear el comunismo republicano, como si el PCE, entre su fundación y 1956,  hubiera alguna vez luchado por una República que no fuera soviética.

Todo este esperpento procede de la mitificación de la Segunda República, que aquí se ha pasado a historiar como la “antiEspaña” por los franquistas y posfranquistas, y como la culminación buenista por los izquierdistas. Dejando aparte el teatro dramático de polemistas como Pío Moa y Ángel Viñas –que viven de la bronca, retroalimentándose como si fueran trolls tuiteros o personajes de un talk-show de La Sexta-, lo cierto es que aquel periodo nada tuvo que ver con la democracia, la reforma o la libertad, y sí con la violencia, el exclusivismo y el ajuste de cuentas.

La Segunda República es un mal ejemplo democrático, pero la hegemonía cultural de la izquierda, que ha tomado la educación, las artes y los medios, nos lo han presentado de otra manera. Ahora que se aproxima el 14 de abril, y que veremos recordatorios mediáticos y callejeros, voy a repasar algunas de estas cuestiones.

La bandera republicana

La sustitución de la tricolor por la rojigualda fue por decretazo, con fecha del 27 de abril de 1931, de un Gobierno autoproclamado, provisional, que nadie había elegido. El gran JosepPla, entonces por Madrid, escribió que el 14 de abril, cuando Alfonso XIII ya se había ido, la izaron en el Palacio de Comunicaciones unos funcionarios, quienes, decía, “solo tienen de bandera el sueldo”. Los madrileños la miraban preguntándose qué era aquello. Pla no exageraba porque era el emblema de la Conjunción republicana; esto es, de una parte.

Miguel Maura, que fue ministro de la Gobernación en aquel primer Ejecutivo republicano, dejó escrito que no pensaban cambiar la bandera porque entrañaba “problemas de todo tipo”, pero que se dejaron llevar por el ímpetu de algunas autoridades locales, como la de Barcelona. Luego buscaron un anclaje histórico falso: no era el morado de Castilla ni se creó durante la Primera República (1873).

El general Vicente Rojo, el último defensor del Madrid “republicano”, escribió tras la guerra que la nueva bandera había sido un error: la rojigualda no representaba a la monarquía, como dijeron, sino a la nación, que la hicieron suya los que desde 1808 lucharon por la libertad. La republicana, concluía, no fue una aspiración popular, era partidaria y dividía España.

La imposición trajo muchos problemas porque no fue el resultado de un referéndum, ni de una votación parlamentaria, ni contó con un informe técnico como sí había tenido el cambio del escudo en 1869. El gobierno arrestó a los que portaban la rojigualda o escribían a su favor, y se produjeron quemas de la tricolor como protesta.

La cultura del odio

En la España de la Segunda República se desarrolló lo que Mosse llamó “brutalización de la política”, con una “banalización de la violencia”, tal y como contó Arendt. El socialismo bolchevizado de Largo Caballero, que contó con la complicidad ocasional de Indalecio Prieto, el comunismo y el anarquismo, alimentaron los peores instintos posibles en la incipiente sociedad española de masas: el odio. El aplastamiento del enemigo era una forma de librar al Progreso de un obstáculo para llegar al Paraíso. De ahí la tolerancia hacia la violencia de abajo, y la planificación de violencia desde arriba, como en 1934, así como la más dura represión, como en Casas Viejas. Y es que la violencia partió mayoritariamente del lado izquierdista.

La quema de iglesias, sedes políticas y periódicos –solo 18 entre febrero y julio de 1936-, así como los asesinatos políticos –un total de 2.250-, asaltos y palizas, fueron muy frecuentes. Los anarquistas se levantaron en cuatro ocasiones contra la República gobernada por los socialistas antes de 1934. También contó con el pronunciamiento chusco del general Sanjurjo, las continuas declaraciones del estado de guerra –hasta 18-, y la violencia verbal en las Cortes.

El liberalismo y el parlamentarismo eran fantasmas en aquella España, sustituidos por la cultura del odio, en la que un acto violento era un instrumento político en nombre del pueblo, la patria, la raza o el proletariado.

Más censura que nunca

Desde el primer día. La Ley en Defensa de la República (octubre de 1931) tipificaba como delito la difusión de noticias que el gobierno entendiera que podían perturbar “la paz o el orden público”, que despreciaran “las instituciones u organismos del Estado”, o hicieran “apología del régimen monárquico”. Aquello era un atentado a la libertad, como dijeron algunos diputados, a lo que Azaña contestó que había periodistas que eran “monas epilépticas que por equivocación llevan el nombre de hombres” y que estaba dispuesto a “romper el espinazo al que toque la República”.

La suspensión de periódicos de todo tipo y las multas para forzar su cierre, a pesar de la censura previa, eran más que frecuentes. El gobierno de Azaña prohibió a la prensa que llamara “asesinato” a la muerte del diputado Calvo Sotelo, pero no a la del teniente Castillo. El periódico Ya se saltó la prohibición y fue suspendido. La libertad de prensa y expresión retrocedió en España durante la Segunda República en comparación con la existente durante la Restauración.

El voto y las elecciones

Casi toda la izquierda se opuso a que la mujer votara. No hace falta más que leer a Clara Campoamor frente a la socialista Victoria Kent y la comunista Margarita Nelken. El argumento en contra era que la mujer –como si fuera un sujeto colectivo, muy parecido, por cierto, a cómo lo aborda ahora la perspectiva de género- era prisionera del confesionario, y que votaría lo que dijeran los curas.

Claro, preferían el púlpito de los mítines socialistas o comunistas de sus religiones laicas. Luego se produjo la persecución de Campoamor –recomiendo su obra “El voto femenino y yo. Mi pecado mortal” (1936)- por parte de las izquierdas, con insultos machistas, vejaciones y apartamiento de la política porque la culpaban de la victoria de la derecha en 1933.

A esto añadimos el fraude en los resultados electorales de febrero de 1936. La ola de violencia que rodeó la primera vuelta, el 16 de ese mes, hizo que el presidente Portela dimitiera, y Alcalá Zamora lo sustituyó en pleno proceso electoral por Manuel Azaña, uno de los jefes del Frente Popular. Ante su pasividad –por ser benévolo-, los frentepopulistas asaltaron los colegios electorales, violaron la documentación, tacharon resultados y pusieron otros.

No contentos con esto, y tras una segunda vuelta en la que la derecha, la CEDA en particular, bajó los brazos, la Comisión de Actas quitó por “convicción moral” 50 escaños a sus enemigos y se los atribuyó al Frente Popular con la connivencia de Azaña y Prieto. Así consiguió mayoría absoluta. Esto no justifica el golpe de Estado del dictador Franco y compañía, sino que deja en su sitio antidemocrático a la Segunda República.

El mito

El mito es una falsedad para sostener un discurso político. En eso han convertido la Segunda República ciertos historiadores, algunos partidos y unos cuantos medios. La distancia y el acercamiento crítico a los hechos nos muestra otra cosa. Y eso que, por falta de espacio, no hablo del papel deplorable que tuvieron las élites, tanto de la derecha como de la izquierda –como señaló el sociólogo Juan José Linz–, ni de otros “agentes sociales”. Dejémoslo aquí.

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El ‘pucherazo’ del 36. -Javier Redondo/El Mundo-

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Acta manipulada a lápiz para atribuir más votos al FP. Aparece en el libro 1936 Fraude y violencia. Procede del archivo de la Diputación de Jaén.

Actas con raspaduras y dígitos cambiados para añadir más votos que los reales a los candidatos del Frente Popular en Jaén, donde hubo urnas con más votos que votantes; recuento adulterado gravemente en La Coruña; fraude en Cáceres, Valencia -con escrutinios a puerta cerrada sin testigos- o Santa Cruz de Tenerife, donde “la victoria oficiosa del centro-derecha se convirtió en un corto triunfo del FP, que se anotó los cuatro escaños de las mayorías; desvíos de votos en Berlanga, Don Benito y Llerena para perjudicar a la CEDA… Al menos el 10% del total de los escaños repartidos (lo que supone más de 50) no fue fruto de una competencia electoral en libertad, sostienen Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, los autores de ‘1936: Fraude y Violencia‘. El libro supone, según el historiador Stanley G. Payne, “el fin del último de los grandes mitos políticos del siglo XX”. “España se ha vuelto Coruña”, dejó escrito Niceto Alcalá-Zamora para referir cómo se generalizó lo ocurrido en La Coruña, que para el ex presidente de la República ejemplificaba “esas póstumas y vergonzosas rectificaciones” acontecidas con las actas electorales. Si a los 240 asientos conseguidos por el Frente Popular se le restan los que fueron fruto del fraude, las izquierdas solas no habrían llegado al Gobierno.

Tras un meticuloso empeño detectivesco, consultar y desempolvar los archivos y actas, una a una, de cada provincia, además de otras fuentes primarias -memorias y prensa-, los prestigiosos historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García han reconstruido, casi minuto a minuto, el relato del recuento de las últimas elecciones generales anteriores a la Guerra Civil. Y publican, por primera vez, tras consultar todas las actas, los resultados oficiales de las elecciones del 16 de febrero de 1936, que pasaron a la historia como las de la gran victoria del Frente Popular y situaron a Manuel Azaña al frente del Gobierno de la II República. No sólo confirman que la derecha se impuso por 700.000 votos en el conjunto de España, sino que explican los casos más escandalosos de fraude.

Vuelcos increíbles y recuentos de papeletas interrumpidas. Papeletas que aparecen a última hora, en bloque y a veces en sobres abiertos, para decantar el resultado en una mesa. Otras con tachaduras, borrones y raspaduras… En La Coruña, Orense, Cáceres, Málaga, Jaén, Santa Cruz de Tenerife, Granada o Cuenca ocurrieron cosas muy raras. Todas influidas por una circunstancia sabida pero que ha pasado relativamente desapercibida: en mitad del recuento -que ocupaba varios días- dimitió el Gobierno de Portela -a quien los autores responsabilizan en gran parte del desaguisado-. El nuevo Gobierno, “sólo de Azaña”, como diría el presidente de la República, Alcalá Zamora, para subrayar que lo integraban figuras secundarias de la Izquierda Republicana y Unión Republicana, condicionó las horas decisivas del escrutinio.

Las elecciones de febrero de 1936 fueron limpias; la campaña, muy sucia. Se cerró, precisan los autores, con 41 muertos y 80 heridos de gravedad. La violencia se instaló en las calles y los comicios adquirieron un carácter plebiscitario en un ambiente viciado, radicalizado, polarizado y caníbal. Fueron unos comicios en pie de guerra en los que parecía ventilarse el futuro de la República.

Ahora el libro de los historiadores y expertos en el periodo Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, que recogen en la obra 1936. Fraude y Violencia en las elecciones del Frente Popular (Espasa), descubre la verdad de lo ocurrido. Se trata de una mastodóntica y absolutamente novedosa investigación que, como subraya el hispanista Stanley Payne, pone fin a uno de los “grandes mitos políticos del siglo XX».

Porque los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos (Álvarez imparte allí Historia del Pensamiento Político y Villa, Historia Política) desmontan leyendas construidas en torno a la victoria de las izquierdas. Lo que sucedió durante los días posteriores a la votación no fueron manifestaciones de entusiasmo, celebración y alborozo de simpatizantes del Frente Popular, sino prácticas coactivas y de intimidación organizadas e instigadas por las autoridades interinas provinciales, que aprovecharon el cambio repentino de Gobierno el día 19. Se extendieron por todo el país, generaron un clima de inseguridad jurídica en torno al recuento e influyeron en los resultados finalmente admitidos.

Los autores, además de publicar por vez primera los resultados oficiales de aquellas elecciones, identifican los casos de fraude, falseamiento y manipulación. Detallan caso a caso, vuelcos inexplicables y recuentos interrumpidos; papeletas que aparecen a última hora, en bloque, para decantar el resultado en una mesa y otras con tachaduras, borrones y raspaduras. Demuestran que algo más del 10% del total de escaños de esas nuevas Cortes, más de 50, no fue fruto de una libre competencia electoral.

Nunca hubo un acta única con los resultados oficiales. Las Juntas Provinciales informaban del recuento a la Central, que lo trasladaba al Congreso. El cómputo final debía aparecer en los anuarios estadísticos del año siguiente. No fue así. Hasta el momento, los historiadores hacían proyecciones sobre la base de la relación entre las cifras publicadas en prensa y la asignación final de escaños.

El fraude fue directamente promovido o pasivamente respaldado por las autoridades provinciales interinas del Frente Popular, que obraron con total impunidad y pudieron hacerse con la documentación electoral tras el cambio de Ejecutivo, hecho que propició la dimisión de los gobernadores civiles y presidentes de Diputación o simplemente su expulsión o detención -en algunos casos para preservar “su seguridad”-. Por supuesto, la ola de violencia desatada entre los días 16 y 19 precipitó los acontecimientos. En algunos lugares los alborotadores obligaron a las autoridades de un hospital de leprosos a dejar marchar a los enfermos.

Las elecciones se falsearon fundamentalmente en mesas de Málaga y Santa Cruz de Tenerife, donde hubo de repetirse la votación. Aunque sin la fiscalización y presencia de apoderados de centristas y representantes de las derechas. Fueron, según se desprende del nuevo libro, una auténtica farsa.

El día 20 debían abrirse de nuevo 57 colegios de la capital malacitana. Se disputaban nada menos que 29.000 votos. Los resultados del día 16 favorecieron con holgura al FP. Por eso resulta un misterio que la coalición cambiara de candidato (práctica legal), el socialista Luis Dorado, que tenía que sacar 13.000 votos de diferencia respecto del cedista para asegurar su escaño. Militantes del FP ocuparon en la víspera la sede del Gobierno Civil y sustituyeron al gobernador por un concejal afín. Lo mismo hicieron en el Ayuntamiento y la Diputación. El nuevo gobernador clausuró las sedes de la CEDA y Falange y detuvo a varios afiliados. Finalmente, el cedista Emilio Hermida retiró su candidatura (lo que no impedía que fuera votado). Hubo disturbios y tiroteos, pero votó todo el mundo: unos 29.000 censados. Casi 28.000, al socialista Dorado.

En Santa Cruz de Tenerife el triunfo parecía asegurado para el representante de centro-derecha, que llevaba, según el Gobierno Civil y a falta de abrir los últimos colegios, una ventaja de 11.000 votos. El centrista Félix Benítez de Lugo, dándose por vencedor, pidió el voto por las candidaturas republicanas para frenar a socialistas y comunistas (el sistema electoral era de lista y mayoritario en circunscripciones plurinominales).

El día 19 se produjo un giro inesperado: candidatos del FP invitaron al gobernador a dejar su puesto. La razón era sencilla: no tenía sentido que siguiera en él si su Gobierno había dimitido. Ugetistas, cenetistas y miembros del FP exigieron a Azaña en varias ciudades la apertura de cárceles para liberar a los “presos sociales” y la entrega a las izquierdas de los ayuntamientos, esto último para impedir que la derecha alterase los resultados. El día 20 se declaró el estado de guerra en la ciudad. El candidato radical se retiró. Proclamada una huelga general, las elecciones no se celebraron. No obstante, en ocho de nueve colegios aparecieron las papeletas del FP: 3.700 votos fantasma que contribuyeron, junto con otras manipulaciones de las actas, a dar un vuelco al resultado de la provincia.

También tenían que votar el día 20 los electores del pueblo jienense de Alcaudete. Acudieron a las urnas mientras la Junta Provincial procedía al escrutinio. Total, que las izquierdas se impusieron en ese feudo de tradición conservadora por 599 a 0. En Linares aparecieron urnas sin precintar y en cinco de la provincia había más votos que votantes censados. Asimismo, en Valencia, La Coruña o Cáceres se rompieron o interceptaron urnas.

En Valencia las fuerzas estaban igualadas. El cambio de Gobierno precipitó un aparatoso recuento de 21 municipios: las izquierdas ganaron por 400 votos, los suficientes. La Junta Provincial se negó a un recuento oficial, porque “ya se había hecho a puerta cerrada”.

En La Coruña el cómputo se prolongó hasta el día 24: los resultados de 188 actas no se correspondían con las certificaciones de las mesas. “España se ha vuelto Coruña”, escribió Alcalá Zamora. Allí las autoridades interinas exigieron la presentación inmediata de las actas de 56 colegios y amenazaron con una huelga general si no se encontraba una solución “satisfactoria para las izquierdas”. Los candidatos de las derechas fueron arrestados por un día acusados de fraude.

Y en siete municipios de Cáceres la documentación llegó a la Junta Provincial con el lacrado roto y los sobres abiertos. En cinco mesas desapareció el acta de la votación. Los investigadores ilustran con muchos ejemplos de maniobras similares que el cambio de autoridades modificó el reparto final de escaños. Interrumpieron el recuento donde la contienda estaba más ajustada.

El día 20, cuando se reunían las Juntas Provinciales, el procedimiento para introducir confusión fue parecido en muchos sitios: las izquierdas denunciaban a las derechas por manipulación y fraude, impugnaban los resultados e incluso detenían a sus representantes. Hasta ese momento, la mayoría del FP sólo se daba “por supuesta”.

El propio Portela, cuyo escaño por Pontevedra estaba en el aire, rehusó avanzar resultados antes del día 20. Algunas embajadas adelantaban el día 18 un empate, lo cual convertía en decisiva la segunda vuelta, que a la postre fue irrelevante, a pesar de tener que realizarse en un buen número de provincias. Las izquierdas pusieron en marcha su aparato propagandístico: el FP “no se dejaría arrebatar la victoria”; “¿Tienen el mismo valor, políticamente, el medio millón de sufragios logrados en Madrid y Barcelona que los 50.000 arrancados a los campesinos palentinos por el caciquismo?“. Las consignas del PCE iban dirigidas al nuevo Gobierno, cuyo deber era ajustar las Cortes, “desembarazadas de impurezas”, a las preferencias electorales, que nada tenían que ver con las de “un capitán de industria como March”.

Las izquierdas no estaban dispuestas a admitir un escrutinio que no les otorgara la victoria. Según el estado de opinión que se creó, partiendo con la ventaja adquirida, cualquier vuelco durante el escrutinio era fraudulento. El FP se impondría en número de escaños, pero estaba en juego la mayoría parlamentaria suficiente: 240 asientos.

¡Bingo!, obtuvieron más de 50 escaños de manera dudosa. Los números salieron tras el cambio de Gobierno, pues antes de esa fecha y en los dos primeros días de recuento, los datos de Alcalá Zamora, Azaña y el embajador británico coincidían: entre 216 y 217 diputados para el FP. Si a los 240 asientos conseguidos por el Frente Popular se le restan los que fueron fruto del fraude, las izquierdas solas no habrían llegado al Gobierno. En total había 473 escaños en liza.

El Gobierno de Azaña era legal y legítimo, pues correspondía al presidente disolver y nombrar otro, pero su “inteligencia política” no sale bien parada. Este libro precisa todo lo que ocurre en esos cuatro días. El 19 lo cambió todo. Tras la “huida” de Portela, el FP se hizo con el poder local, hecho decisivo para condicionar el recuento y crear una atmósfera intimidatoria. Los desórdenes no se produjeron como reacción a los rumores de golpe sino para asegurar una mayoría parlamentaria al FP. El Estado de Derecho quedó de facto suspendido.

La tarea que han hecho Tardío y Villa es prodigiosa. Para demostrar el fraude han seguido un escrupuloso método de verificación de los aspectos legales y formales de las elecciones. Después han comparado votos escrutados en las mesas y los resultados proclamados por las juntas -aquí está la madre del cordero del falseamiento-. Y por último, han analizado la justificación de las impugnaciones.

Han sido más de cinco años de investigación. No recurren a documentos secretos. Todos son públicos. Había que expurgarlos, ordenarlos y construir el puzle. La mayoría de los papeles no habían sido consultados antes. Los autores han recorrido España y han escudriñados los archivos del Foreign Office, el Quai d’Orsay y el archivo del Vaticano para contar desde distintos ángulos seis meses decisivos en la historia de España, desde diciembre de 1935 hasta la primavera del 36.

Los autores testan la calidad democrática de la República y sostienen que la CEDA resistió electoralmente. Demuestran que había una sólida base sociológica para construir una República inclusiva. Por desgracia, sostienen en conversación con Crónica, “la estrategia del Frente Popular en la discusión de las actas en el Congreso y el hecho de que la izquierda republicana, con Azaña a la cabeza, no se plantara ante el radicalismo socialista, fue lo que una vez más dinamitó los puentes de diálogo con la oposición conservadora. Eso constituyó un duro golpe para la consolidación de la joven democracia republicana“. En todo caso, no dan pábulo a las tesis revisionistas que proyectan determinados acontecimientos sobre el Golpe del 36. Cuentan hechos desnudos, con máximo rigor y sin prejuicios. Muy pocas veces se puede decir de un libro que es definitivo. 1936. Fraude y Violencia lo es.

-“1936. Fraude y violencia” (Espasa), de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, sale a la venta este martes-

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