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Orden de prioridades. -Hermann Tertsch/ABC-

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Las talegas de Méndez de Vigo (o como remunerar a los golpistas). -Pedro J. Ramirez/El Español-

Al día siguiente de que Puigdemont, Junqueras y los suyos consumaran su golpe de Estado proclamando la República Catalana, el ministro portavoz Iñigo Méndez de Vigo realzó ante la BBC la singular respuesta del Gobierno de Rajoy: aplicar el artículo 155 en Cataluña –destituyendo naturalmente a los golpistas- pero a los solos efectos de convocar y celebrar elecciones autonómicas el 21 de diciembre. O sea en el plazo mínimo permitido por la ley.

Y la forma de sacar pecho de Méndez de Vigo fue subrayar la consecuencia más llamativa de esa solución. El Gobierno “recibiría con agrado” que Puigdemont se presentara a esas elecciones. O sea que intentara recuperar a través de las urnas, en cuestión de cincuenta y cinco días, el puesto del que acababa de ser cesado por el BOE, en castigo de su perfidia.

“Si Puigdemont quiere continuar en política está en su derecho”, aseguró, omitiendo toda referencia a sus flagrantes delitos de sedición y/o rebelión que implican largas penas de cárcel e inhabilitación. Como el presidente del autodenominado “gobierno legítimo de Cataluña” aun no se había fugado, Méndez de Vigo perdió la oportunidad de precisar que nuestro sistema es tan garantista que hasta podría ser candidato estando en prisión preventiva, como ocurre ya con Junqueras, siete de sus consellers y los Jordis.

Pero Méndez de Vigo iba más de cheerleader que de jurista, añadiendo el típico “creo que debería prepararse para las próximas elecciones” con que se jalea a un púgil el día que se señala la fecha de un combate decisivo. Y cual torero que remata la faena con una revolera, concluyó con un “sería bueno, porque es una manera de que los catalanes juzguen sobre sus políticas”. Fue, de hecho, el único “juicio” al que se refirió: al de las urnas.

Todos entendimos lo que pretendía transmitirnos: fíjense, propios y extraños, qué inteligente y audaz ha sido Rajoy al vincular el acto de autoridad que supone fulminar a estos señores de sus cargos, con una convocatoria electoral que les coge a ellos con el pie cambiado, vacía su discurso victimista y restablece la legalidad, recurriendo a un cauce inobjetable para cualquier demócrata. ¡Oh, proteico y grande Rajoy! ¡Qué listo has resultado una vez más, al ofrecer a tus adversarios esa golosina, envenenada por el sometimiento al orden constitucional, que no van a poder rechazar!

Ciudadanos y el PSC ya estaban aplaudiendo la fórmula pues no en vano era la modalidad de 155 que venían reclamando, desde la tranquilidad de no corresponderles a ellos ni la responsabilidad intransferible de aplicarlo, ni el mérito o culpa de lo que pueda suceder. Hasta Pablo Iglesias se bajó diez minutos del estribo del convoy insurreccional para aceptar, “por una vez”, la solución elegida.

Todos parecían de acuerdo en aparcar las vicisitudes propias del ámbito penal, en el bien entendido de que el tiempo y la maña política podrían diluirlas en función de la salida que propicien las urnas.

O sea que las elecciones se convocaban como si no existiera el Código Penal, como si no funcionara la Fiscalía, como si no hubiera jueces dispuestos a cumplir con su obligación, como si no fuera poco menos que inevitable que la plana mayor delseparatismo tuviera que presentarse y hacer campaña desde la cárcel. Por eso a nadie parecía inquietarle la tesis que, tal y como estaba cantado, ha hecho suya Puigdemont, desde el exilio belga: el 21-D será un “plebiscito”, destinado a legitimar políticamente y blanquear penalmente, ante el mundo entero, la proclamación de la República Catalana.

***

A mí, en cambio, en cuanto escuché a Méndez de Vigo esbozar lo que en realidad no es a la vez sino una vía de salida y una segunda oportunidad, en circunstancias bastante propicias, para los golpistas, me vino a la memoria el desenlace de otro Consejo de Ministros extraordinario. Se celebró el sábado 13 de agosto de 1836 y catapultó a una nada lucida notoriedad histórica a un antepasado del actual ministro portavoz.

El gabinete, que se reunía con carácter de urgencia, estaba presidido por Istúriz e incluía a próceres del liberalismo moderado, de los que ya me ocupé sobradamente en mi libro sobre el Trienio, como Alcalá Galiano o el Duque de Rivas. Tenían que responder a las dramáticas noticias llegadas de madrugada desde el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso.

Un grupo de sargentos había sublevado a las unidades de la Guardia Real que prestaban allí servicio y tenía como rehenes a la propia Reina Gobernadora María Cristina de Nápoles y a sus hijas, las princesas Isabel y Luisa Fernanda. Exigían, entre otras medidas, la derogación del Estatuto Real que, a modo de carta otorgada, servía de marco legal tras la muerte de Fernando VII, y el restablecimiento de la Constitución de 1812.

¿Qué hacer? El impulsivo Quesada, capitán general de Madrid, se ofreció a marchar al frente de la mitad de los cuatro mil hombres de su guarnición e imponer la fuerza de las armas. Pero la mayoría del Gobierno estaba “aterrada” y oscilaba, según la certera percepción de Andrés Borrego, fundador y director de El Español, entre la “prudencia” y la “pusilanimidad”. Invocando la seguridad de las Reales Personas, pero temiendo en realidad más por la propia, pues Madrid también había entrado en convulsión y les asustaba dividir el contingente adicto, los ministros optaron por una alternativa más creativa.

Alcalá Galiano relató en sus memorias lo acordado: “Apelóse, al fin, al triste recurso de que pasase a San Ildefonso el ministro de la Guerra, portador de una razonable suma de dinero, para que con las armas de la persuasión, ayudadas con dádivas, pusiese en la obediencia a los que seducidos y cohechados habían cometido un delito sin mira política alguna”.

Aquel ministro de la Guerra era Santiago Méndez de Vigo y su “razonable suma de dinero”, tres sacas o talegas repletas de monedas de oro. Apenas llegó a La Granja combinó la prosaica exhibición de su contenido con las más nobles exhortaciones. Las consecuencias fueron tan dispares en sus inicios como confluyentes en sus culminaciones. Hubo quienes cogieron el dinero -siempre se ha dicho que el célebre sargento Gómez se quedó con ocho onzas- y quienes lo rechazaron, pero todos convirtieron aquel intento de soborno en cauce y estímulo para mantener y extremar sus exigencias.

El resultado fue que, al cabo de un cierto tira y afloja, Méndez de Vigo volvió a Madrid con María Cristina y sus hijas, pero también con los sargentos y una serie de decretos que incluían el restablecimiento de la Pepa. Según la crónica de El Español, María Cristina vestía un “sencillo traje verde”, el color de los constitucionales desde las Cortes de Cádiz. Según Miñano, “fue conducida a Madrid como un trofeo conseguido por los exaltados”.

***

Las “talegas de Méndez de Vigo” han quedado desde entonces como un símbolo de lo perniciosa que puede resultar la suma de la cobardía y la incompetencia ministerial. Como ha escrito Jesús Sanz Fernández en su documentada monografía sobre los sucesos de La Granja, “resulta que es el Gobierno quien soborna y, para colmo, sin ningún resultado práctico, porque la insurrección continuó”.

Ese va a ser, en mi opinión -está siendo ya de hecho-, el efecto de la improvisada convocatoria electoral del 21 de diciembre, con la que se pretende seducir y sobornar, para reintegrarlos en el juego constitucional, a unos sediciosos que, habiendo declarado ya la independencia, deberían haber quedado exclusivamente o, al menos, antes que nada, a expensas de los tribunales.

El circo con tres pistas -Cataluña, Bruselas, las cárceles madrileñas- que está poniéndose en marcha era perfectamente previsible. Nada hay tan esperpéntico como solapar los tiempos de la Justicia con los de las urnas, de modo que los alegatos de las defensas se hagan en los mítines, las estrategias de campaña en las comparecencias judiciales y puedan llegar a confundirse las votaciones con los recursos de apelación y el escrutinio con la sentencia firme.

Lo lógico habría sido castigar penalmente la sedición y/o rebelión con la máxima urgencia, dando pie a las correspondientes inhabilitaciones. Y una vez cribadas así las listas electorales y serenadas las conciencias tras la destrucción del principio de impunidad, convocar las elecciones, dentro de seis meses o un año, manteniendo entre tanto la administración catalana bajo la interinidad del artículo 155.

Este parecía ser, de hecho, el plan de Rajoy y por eso rechazó la condición del PSOE, filtrada por Carmen Calvo, de que hubiera elecciones en tres meses. ¿Qué le llevó a cambiar de caballo cuando estaba atravesando el río? Pues lo mismo que impulsó al gobierno de Istúriz a enviar a La Granja a un general con talegas en lugar de a un general con soldados. Su extrema debilidad. El vértigo ante el deber. La súbita conciencia de no ser capaz de hacer lo conveniente para la Nación.

No era sólo un problema de lasitud moral -que también-, sino sobre todo de incompetencia política. De la misma manera que, entre junio y septiembre, quedó claro que el Gobierno carecía de plan alguno para impedir la convocatoria y celebración del referéndum ilegal; y de la misma manera que el 1 de octubre quedó claro que el Gobierno había sido incapaz de evitar la votación y enmascaró a porrazos su frustración, ahora lo que ha aflorado es que tampoco se atreve a nombrar -o peor aún, no sabe cómo hacerlo- a un ejecutivo catalán que aplique el 155 desde Cataluña durante tanto tiempo como sea necesario para restablecer la lealtad institucional, al margen de mayorías y minorías electorales.

Ese planteamiento -aplicado durante la Segunda República- hubiera permitido que alguien como Santi Vila se hubiera erigido en líder del nacionalismo moderado, que Pablo Iglesias hubiera seguido notando el desgaste por su raudo alineamiento contodo aquel que trate de hacer daño a la España constitucional, e incluso que alguno de los líderes golpistas hubiera pedido perdón, en pos de un indulto que le permitiera seguir en la política.

Pero en lugar de con la firmeza de una actuación consistente, sostenida en el tiempo, se ha respondido a la proclamación de la República Catalana, ofreciendo a sus artífices las talegas de una segunda vuelta en las urnas, a modo de Jordán en el que lavar sus pecados. Y al igual que hicieron los sargentos insurrectos de La Granja, los golpistas ya han anunciado que cogerán las talegas, o sea las bien remuneradas actas, sin escrúpulo alguno, pero a modo de cauce, instrumento y estímulo para seguir adelante con la destrucción de España.

Al disparate se le añade la recurrente chapuza. ¿Cómo es posible que aquel Méndez de Vigo fuera tan torpe como para no darse cuenta de lo que ocurriría en La Granja en cuanto empezara a exhibir sus talegas? ¿Cómo es posible que este Méndez de Vigo y sus compañeros hayan sido tan torpes como para no haber previsto e impedido la fuga de Puigdemont y no haber calibrado el efecto interno y externo de celebrar unas elecciones con el favorito a ganarlas entre rejas? ¿Qué hemos hecho para merecer a estos?

***

La Sargentada de La Granja sólo tuvo un efecto beneficioso: la caída del gobierno de Istúriz y su sustitución por uno encabezado por mi admirado Calatrava que, a modo de postrera salida de don Quijote, rindió su último gran servicio a España promoviendo una reforma constitucional por consenso. De esa manera tanto las utopías de la Pepa, como la cortedad de miras del Estatuto Real, quedaron superadas por la Constitución de 1837 -auténtico antecedente de la de 1978-; y, abierto de nuevo el “segundo sobre”, el reloj de la Nación reanudó su marcha. Eso es lo que ocurrirá, antes o después, cuando lleguemos a la conclusión de que cuanto sucede en Cataluña no es sino el síntoma más agudo de la falta de un proyecto regenerador para España.

Ver artículo original:

La estructura del golpe sigue intacta. -F.J.Losantos/LD-

Durante una semana, los lacayos de Soraya y de Rajoy, que son los mismos y de lo mismo, han puesto de vuelta y media a los pocos que venimos pidiendo hace años la intervención del Estado, cuya dirección pertenece en buena parte al Gobierno, para frenar el golpe de Estado en Cataluña. Somos los mismos que hace tres años, tras el referéndum del 9 de Noviembre, nos declaramos traicionados por el Gobierno de Rajoy, que se negó a mandar a la cárcel a Artur Mas, usando todos los recursos legales a su alcance y utilizando su mayoría absoluta en el Congreso y Senado.

El manifiesto de Libres e Iguales en 2014

Recordaba Arcadi Espada la movilización de Libres e Iguales bajo el lema “Sí nos importa” en todas las capitales españolas, pidiendo la anulación del referéndum y la defensa de la nación y de la Constitución. Cuando se celebró y el Gobierno, que había asegurado que no se celebraría, dijo que no había habido referéndum porque no tenía valor legal, Libres e Iguales publicó una nota. Me complace tanto como me apena repetirla.

“Después del 9-N

El pasado sábado miles de ciudadanos convocados por Libres e Iguales en las grandes ciudades españolas exigieron del gobierno de España firmeza contra la iniciativa secesionista del gobierno de la Generalidad y la burla de la democracia que ha acabado consumándose ayer en Cataluña.

Por desgracia para la democracia y para el mantenimiento de los más elementales vínculos de confianza entre gobernantes y ciudadanos, el gobierno del presidente Rajoy ha observado pasivamente el desarrollo de los acontecimientos, olvidando culpablemente que su primera obligación es la de cumplir y hacer cumplir la Constitución.

El gobierno de la Generalidad no sólo ha organizado política y logísticamente la jornada sino que ha exhibido su compromiso con la ilegalidad de manera retadora. Se ha negado a acatar la sentencia inequívoca del Tribunal Constitucional y ha exhibido el sometimiento del Estado de Derecho como un triunfo político.

Esta agresión a la democracia no ha recibido la respuesta que merece. El Gobierno del presidente Rajoy no ha impedido el atropello a la legalidad en Cataluña. Su dejación ha debilitado gravemente al Estado y ha colocado a los ciudadanos en la indefensión jurídica y el desamparo político.

El incumplimiento de la ley y este desistimiento abren una crisis política de una envergadura desconocida desde la aprobación de la Constitución y un foso de profunda desafección ciudadana que, a juicio de Libres e Iguales, descalifica al Gobierno del presidente Rajoy para seguir cumpliendo su mandato constitucional.”

Las consecuencias de tres años de inacción

Por supuesto, los lacayos de Soraya y de Mariano, aliados entonces con Podemos a través de La Sexta, nos pusieron verdes. Pues bien, lo que ha pasado en España estos tres años ha desembocado en la farsa de un pacto de quejicas: unos fingen en Madrid que están matando al golpismo y los golpistas en Barcelona fingen que los matan, a través de ese aparato de lloros y gemidos que va del Barça a TV3 y de La Sexta a… Antena 3.

En ésta última, criatura de Rajoy y Soraya, para honra y provecho de Planeta y sus directivos, se ha dado un paso importante en el alineamiento mediático del PP con el golpismo a través de la reforma desconstitucional. En lo que legalmente sigue siendo una concesión gubernamental para un servicio público, que ese es el estatus de la televisión llamada privada, El Follonero aprovechó el prime time de El Hormiguero, cuyo presentador Pablo Motos fue un día compañero de baile de Soraya, para atacar a la juez Lamela y ciscarse en el régimen constitucional español durante una hora. Esos sí que son medios responsables, no los que criticamos a Rajoy.

Viendo el estado de los medios audiovisuales en Cataluña, rendidos al golpe, y el de los del resto de lo que quiere seguir siendo, no sabe cómo, España, entregados a la desconstitución de la nación, cabría pedir a este Gobierno que al final ha convocado las elecciones de la impunidad que pactó con Puigdemont, que no presuma de que defiende la Ley y la Nación. Nos ha traicionado como hace tres años, mantiene íntegra la estructura del golpe y tras dejar en manos del PSOE la convocatoria electoral a cambio de no aplicar el 155, va a dejar en manos de Podemos y el PSC una reforma de la Constitución que sólo puede ser, viniendo de Pablo Iglesias y del partido traidor a España por antonomasia, una puñalada a la soberanía nacional.

Seguimos insistiendo: no bastan las urnas

Sin embargo, las encuestas sobre intención de voto en Cataluña están llenando de perplejidad a los devotos del pensamiento mágico de Rajoy, ese Houdini abúlico que escapa de las situaciones más difíciles metiéndose en otras más complicadas. Excluyo de la cofradía de los perplejos a los agradaores del Poder, en especial a uno que empezó diciendo en el Avui que “hablar español es de pobres” y ahora es opinaet preopinat en ABC y la COPE. En el diario duda si es separatista o no, y me recuerda el número de los tres ratas de Arniches. En la radio aún no ha explicado, al menos en directo, la diferencia de olor vaginal entre jóvenes y maduras, como en Telemadrid, pero igual que entonces le grabaron sin saberlo, un día se abre el micro y habemus ictus masivo en la Aquiescencia Episcopal, que, por cierto, tras doblar vilmente la cerviz ante el Prusés, ahora celebra el 155… poco. Lo siento por los católicos decentes. Desde que redujeron la Cruz a la crucecita de Hacienda, ni Cruz ni crucecita. Así que el opinaet está muy bien allí: del coro al caño, y ojo a las vocales.

Sin embargo, el rebaño opinat debe aclararse al aplaudir a su pastor. Rajoy dijo sobre el 155: “No nos obliguen a hacer lo que no queremos hacer”. Al proclamarse la república que no se iba a proclamar tras el referéndum ilegal que no se iba a celebrar, dijo: aplicaré el 155 hasta que haya condiciones para nuevas elecciones, “al menos seis meses”. Entonces iba a intervenir TV3 y otros medios golpistas y castigar a los centros que educan los niños en el odio a España. De pronto, anunció elecciones en 55 días sin tocar TV3. ¿A qué Rajoy de los tres aplauden? ¿A los tres?

Las urnas sirven para cambiar pacíficamente de Gobierno, no para abortar un golpe de Estado que es parte de un cambio de régimen en toda España. De las urnas, con los mismos partidos y medios audiovisuales, en seis semanas saldrá casi lo mismo que nos ha llevado al Golpe y a un 155 limitado a convocar elecciones. Había y hay que desnazificar, no conservar intacta la dictadura. Hace años que tuvo que aplicarse el 155, pero entonces Rajoy acertaba. Ahora tampoco se aplica, pero acierta. Cuando gane ERC y haya otro Tripartito habremos “vuelto a la normalidad”, y habrá acertado. Los agradaores se romperán las manos –nunca los bolsillos- aplaudiendo.

Ver artículo original:

Dos golpes por el precio de uno. -F.J. Losantos/LD-

Añadiré un par de cosas al artículo publicado anteanoche en LD, tras oir en esRadio, entre la náusea y la vergüenza, al presidente del Gobierno diciendo que su fórmula para acabar con el golpismo catalán es convocar elecciones autonómicas. La fundamental es que Soraya, que siempre ha representado, y presumido, y paseado, y masajeado, con el nacionalista Millo al bolso, la política de diálogo y soborno con el separatismo catalán, ha sido la elegida por Rajoy como presidenta del Gobierno para Cataluña.

Eso significa que el Gobierno no sólo mantiene la política de Soraya durante los últimos años como personal de Rajoy y del Gobierno del PP, sino que no entiende que haya razón alguna para cambiar de política tras el Golpe de Estado y la proclamación de la república catalana. O lo que es lo mismo: que lo que se establece en Cataluña es lo que estaba establecido y que lo que se ha hecho con los golpistas es lo que se venía haciendo y se piensa hacer en la campaña electoral: regañarles en público pero evitarles en privado las consecuencias judicial y económicamente desagradables de esa costumbre, tan traviesa entrañablemente suya, de ciscarse en las leyes españolas. Lo que se deduce de la ‘parapresidencia sorayina’ es que se ha pactado que los golpistas no vayan a la cárcel si van a las elecciones.

El Gobierno ha pactado y pactará

Dicho de otro modo: ‘Cocomocho‘ no pactó del todo con el Gobierno las elecciones, pero el Gobierno sí pactó con Mas, agente de ‘Cocomocho’. A cambio de una declaración de independencia tan zarrapastrosa que una Justicia ciega y una casta política indecente podría seguir fingiendo que no ha existido del todo, les ahorrará los treinta años de cárcel porque sí existió. Uno comete mal un delito y el otro dice que tanta torpeza lo rebaja a falta. ‘Cocomocho’ y su tribu han dado el golpe que Rajoy les ha permitido, pero como han fracasado bastante, se rebaja el golpe a fallido pronunciamiento.

La doctrina rajoyesca y sorayina es que aquí será impune el delito del que pueda pagarlo o amenazar con que no paga. Hay que ser tan generosos en la victoria que nadie note la derrota. Al que sí hay que perseguir es al autónomo que se olvidó de pagar un mes a Hacienda. Al que da un golpe de estado, no, siempre que el delito lo cometan políticos nacionalistas. A los nacionalistas no se les persigue nunca: se les premia o se les indulta. Ayer dijo Méndez de Vigo que el Gobierno “vería con agrado” que ‘Cocomocho’ se presentara a las elecciones. Podría dejarle el Ministerio de Educación, para asegurarse de que siga sin haber ningún problema educativo en Cataluña. No recuerdo haberme sentido nunca tan insultado por ningún ministro. Palabra de honor.

Del Código Penal al Código Constitucional

Los delitos de rebelión y sedición que contempla el Código Penal no han sido nunca esgrimidos por la Fiscalía, que ha delegado en el Gobierno una forma de castigo dentro de un Código Constitucional, que consagra la impunidad de cualquier delito siempre que se cometa entre políticos. Los ciudadanos no existimos. La Ley, tampoco. Aquí impera una casta política que se entiende entre ella y manipulando los medios de comunicación nos convence de que combate lo que permite y persigue lo que protege. Cuanto más se acerca uno al golpe de Estado catalán ve más aterradoramente claro que el Gobierno siempre estuvo en el golpe, que sigue estándolo, y que si las elecciones le salen relativamente bien, con una mayoría exigua que deje al PSC en condiciones de formar una alianza de Gobierno, el golpe seguirá.

Porque el golpe no es sólo que medio Parlamento haya proclamado la República, aunque por menos fueron treinta años a la cárcel los del 23F, sino todo lo que ha llevado a esa proclamación, desde la negación absoluta a cumplir la Ley a la dictadura mediática, pasando por la tiranía escolar. Y el doctor Rajoy y la comadrona Soraya, con el respaldo de los enfermeros Sánchez y Rivera, están dispuestos a no operar el cáncer de una democracia agonizante mientras puedan cambiar de hospital, si encuentran plaza.

Inmensas ruedas de molino

No es raro que para hacernos comulgar con tan gigantesca rueda de molino se recurra a los magos del 11M, Cebrián y Ferreras. El intelectual orgánico del sorayismo debe convencer al PSOE de que lo que todos, hay que insistir en todos, vamos a hacer en Cataluña es muy de izquierdas y que de no hacerlo resucitaría una Derecha que querría nada menos que acabar con el Estado de las Autonomías, que tan buen resultado nos da. Y su jefe de Informativos en la SER convencerá a Podemos de que después de esto de Cataluña ya vendrá el País Vasco y tendrán su oportunidad como única y legítima oposición -con la ETA- al régimen del 78. O sea, lo pactado en ‘Can Roures’, pero a plazos. Pablo lo entenderá.

Para parar un golpe de Estado sin pararlo, Rajoy ha tenido que darlo sin que parezca que lo da. Tenemos dos golpes por el precio de uno. Y aún habrá gente -viles reaccionarios, casposos nacionalistas españoles- que se quejará de cómo nos tratan los amos. Nos han ahorrado nada menos que la violencia de una intervención militar para restaurar la Ley, a cambio de que la Ley sólo se aplique a los militares que pretendan que se cumpla. Otra vez dos por el precio de uno. Seguiremos siendo europeos si no insistimos en ser españoles, libres e iguales ante la ley, que eso seguirá siendo delito. Pero pronto nos dirán que el golpe de Estado en Cataluña nunca existió, y muchos lo creerán. Hasta el próximo golpe o hasta que perdamos la cuenta.

Ver artículo original:

Golpe de Estado separatista: no a la impunidad, no a la prevaricación -LD-

No es de recibo que se proceda contra los subordinados mientras se deja en libertad y en el cargo a los cabecillas del golpe.

Bien está que la Audiencia Nacional haya “imputado” por un delito de sedición al mayor y a la intendente de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero y Teresa Laplana, así como a los presidentes de Òmnium Cultural y la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez: Más que meros “indicios”, hay clamorosas pruebas de que la cúpula de la Policía autonómica catalana ha sido en todo momento más fiel a los cabecillas del golpe (el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, y SU consejero de Interior, Joaquim Forn) que a las expresas órdenes que habían recibido de la Fiscalía destinadas a impedir la ilegal votación del pasado domingo. Otro tanto se podría decir de las plataformas secesionistas mencionadas, que, nutriéndose de dinero público, claramente sirvieron de correa de transmisión del sedicioso llamamiento de Puigdemont a tomar las calles el pasado 20 de septiembre, en protesta por las detenciones de unos altos cargos de la Administración golpista llevadas a cabo por la Guardia Civil a instancias del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona.

Lo que resulta escandaloso –hasta el punto de convertir estas loables imputaciones en un clamoroso acto de hipocresía– es la impunidad de los cabecillas del golpe, que a día de hoy no están sentados en ningún banquillo sino en las poltronas del Gobierno regional catalán, desde donde preparan y nos anuncian nuevos delitos de sedición y rebelión.

Rajoy podrá incurrir en la irresponsabilidad y en la bajeza moral y política de seguir ignorando lo que ha denunciado el Rey, así como lo que dice el artículo 155 de la Constitución. Podrá dejar una “puerta abierta” a la negociación con los separatistas, tal y como aún proclamó en su bochornosa declaración del 1 de octubre. Lo que no puede ignorar nadie ni nada –incluido el muy politizado sistema de administración de justicia– es lo que dice el Código Penal. Y es que “derogar, suspender o modificar, total o parcialmente, la Constitución”, tal y como ya han hecho los autoridades golpistas de Cataluña, es un delito de rebelión, tipificado como tal en el articulo 472.1 del CP.

Eso, por no hablar del no menos consumado delito de sedición (artículo 544 del CP) de quienes “se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad”. El artículo 545 especifica que “si fueran personas constituidas en autoridad” las que “hubiesen, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años”. ¿Es de recibo que se impute por sedición a Jordi Cuixart y no a Carles Puigdemont?

Resulta inexplicable que, a día de hoy, la única imputación por un delito castigado con pena de cárcel contra los cabecillas del golpe sea la denuncia por malversación que la Fiscalía dirigió contra los miembros del Gobierno de Puigdemont con ocasión de la convocatoria del 1-O; malversación, por cierto, que Montoro en su día aseguró que no se había producido. Pero ¿qué hay del sedicioso llamamiento de Puigdemont del 20 de septiembre, por el que se quiere juzgar a Cuixart y a Sánchez? ¿Qué hay de la propia celebración del 1 de octubre?

Algunos excusan al presidente del Gobierno alegando que está esperando para sofocar el golpe a que los golpistas perpetren otro delito de sedición –este reflejado en el artículo 472.5–, el de “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. Sin embargo, ser consciente de que un delincuente va a cometer nuevos delitos, lejos de justificar la demora de su detención y juicio, lo hace todavía más inadmisible. El tan manido “cargarse de razones para tener razón” con que algunos han querido justificar la inagotable pasividad de Rajoy, además de ser una temeraria estrategia política que puede llevar al enfrentamiento civil, compromete al Estado de Derecho y a una Administración de Justicia que no puede seguir cerrando los ojos ante quienes son los máximos responsables de lo que está ocurriendo.

Pero, en esas seguimos, teniendo que ver cómo un cómplice de los golpistas, Pablo Iglesias, se ofrece de “mediador”, o cómo el molt honorable cabecilla del golpe sigue impunemente, y a través de medios de comunicación públicos, justificando y anunciando su “amable y cordial” determinación de acabar con la nación española y con su Estado de Derecho.

Ver artículo original:

Si, es un golpe de estado en Cataluña | Periodista Digital

 

Perpetrado ante la indiferencia cómplice de las instituciones democráticas

AL fin el ministro Portavoz ha tenido el valor de llamarlo por su nombre: golpe de Estado.

Eso es exactamente lo que se fragua en Cataluña por parte del gobierno de la Generalitat y las fuerzas que lo sostienen en el parlamento autonómico.

Un golpe de Estado cuyo propósito es no solo subvertir el orden constitucional, sino dinamitar la indisoluble unidad de la Nación española que sirve de fundamento a esa Carta Magna.

En otras palabras; destruir el principio de soberanía nacional que da sentido y razón de ser a nuestro modelo de convivencia y llevarse por delante a España.

Íñigo Méndez de Vigo ha pronunciado las palabras fatídicas y el propio Mariano Rajoy ha confesado estar ante el acontecimiento más grave de cuantos ha conocido en su vida política.

Un plan meticulosamente urdido que contempla celebrar un referéndum de autodeterminación en este otoño o, en su defecto, proclamar unilateralmente la independencia y en ese mismo momento activar una ley de ruptura, ya redactada, cuya finalidad es someter a la Justicia, las Fuerzas de Seguridad, la Hacienda y hasta los medios de comunicación al control directo del ejecutivo de esa nueva «república catalana» hija de la sedición.

Una hoja de ruta conocida merced a una filtración periodística, que concuerda a la perfección con todo lo dicho y hecho por los golpistas en estos años, mientras algunos de sus correligionarios compatibilizaban la «patria» con el saqueo de las arcas públicas.

De modo que tenemos al presidente de la Generalitat, máximo representante del Estado en Cataluña, participando (presuntamente) en una conspiración encaminada a cometer un gravísimo delito y anunciando además públicamente su determinación de perpetrarlo desde un salón facilitado por el ayuntamiento podemita de Madrid. Tenemos a un parlamento autonómico elaborando secretamente leyes encaminadas a quebrar el ordenamiento jurídico vigente.

Tenemos a un ministro portavoz reconociendo en Bruselas, capital de la Unión Europea, que en nuestro país está en marcha un intento de golpe de Estado. Y tenemos a un presidente del Gobierno alarmado hasta el punto de expresar en voz alta su preocupación ante el acontecimiento más grave de cuantos ha vivido en su trayectoria política.

Tenemos también a un fiscal general, José Manuel Maza, de visita oficial en Cataluña, pero no con la misión de instruir a algún representante local del Ministerio Público para que ordene la detención inmediata del presunto golpista, sino en aras de honrar la cortesía institucional.

Y a juzgar por las sonrisas que exhiben tanto él como Puigdemont en las fotografías del encuentro, sin la menor tirantez derivada de la circunstancia.

Tenemos un Fondo de Liquidez Autonómico que ha proporcionado más de 66.000 millones a la quebrada administración catalana, ayuna de solvencia y de crédito internacional, gracias a la solidaridad de esos españoles que, según los separatistas, les robamos.

Los últimos 3.000 millones hace apenas unos meses, pese a las constantes ofensas lanzadas por los receptores del auxilio. Tenemos una vicepresidenta con despacho abierto en Barcelona que no se cansa de tender la mano y poner la cara, suya y nuestra, para ver cómo nos la parten.

Tenemos un Congreso que asiste impávido a este esperpento mientras el grupo de Pablo Iglesias prepara una moción de censura apoyada por los golpistas y no sabemos (confiemos en que no sea así) por el PSOE de Sánchez.

Y es que sí, lo que está urdiéndose en Cataluña es un golpe de Estado en toda regla, perpetrado ante la indiferencia cómplice de las instituciones democráticas obligadas a impedirlo. Una farsa patética.

Origen: Si, es un golpe de estado en Cataluña | Periodista Digital

Madrid 11-M: 911 días después. Las huellas del Imperio.




http://antimperialista.blogia.com/

Este documental es una reedición ampliada (44 minutos de duración) del que hice, hace cosa de seis años, para el blog Antimperialista. En este nuevo vídeo aporto más datos y argumentos con el fin de desmontar la versión oficial (autoría islamista) y la pseudo-oficial (autoría de ETA), así como para demostrar la responsabilidad primera del Imperio (OTAN) en los atentados.

“El 11 de marzo de 2004, exactamente 911 días después del 11-S, varias bombas explotaban en cuatro trenes de cercanías de Madrid (España), provocando la muerte de 190 personas y heridas graves a unas 2000. Inmediatamente y sin prueba alguna, los medios de comunicación de masas y los gobiernos de muchos países (en su mayoría, vinculados a la OTAN) responsabilizaron de la masacre a la indefinible y etérea organización islamista al-Qaeda. Sin embargo, multitud de pruebas apuntan en una dirección muy distinta.
El 11-M contribuyó a extender por toda Europa el mito de la amenaza terrorista islamista, creando entre la opinión pública europea las condiciones psicológicas necesarias para que aceptase con mayor facilidad el reforzamiento de la maquinaria militar y policial de sus Estados, así como una mayor implicación de los mismos en la lucrativa guerra mundial contra el terrorismo iniciada por Estados Unidos tras el 11-S.”

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