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De inevitable a inaplazable -Hermann Tertsch/ABC-

“A estas alturas no hay formas intermedias. La desprogramación de la secta separatista debe hacerse de un modo activo, con un 155”. Estas sabias palabras de Albert Boadella, un catalán que anunció la catástrofe desde que su lucidez vio los preparativos, son una vez más rotundamente ciertas. Pero se queda corto con la receta porque es probable que el 155 ya no sea suficiente para acabar con lo que se debió acabar desde hace lustros ya todos los días. Como todos los días aumenta el coste de una intervención para restablecer la ley.

Quienes hoy pretendan que la vuelta a la legalidad pasa por la negociación con las fuerzas separatistas o no se enteran o creen beneficiarse de la falta de normalidad. O directamente pretende ayudar al golpismo antiespañol como los comunistas de Podemos, para los que todo éxito propio pasa por el desmembramiento de la nación. La cúpula golpista de la Generalidad es irrecuperable para la legalidad. El restablecimiento de la ley en Cataluña es imprescindible para que toda España pueda dedicar sus energías, su tiempo y su dinero a sus grandes objetivos de desarrollo. Tendrá que imponerse con la intervención de la fuerza legítima del Estado ante la abierta rebelión de las autoridades regionales. Esta vez con la contundencia necesaria que no hubo en la fracasada aplicación del 155 por el Gobierno de Mariano Rajoy.

El miedo al conflicto de aquel Gobierno ha tenido efectos catastróficos para España, y no solo en Cataluña. Porque más allá del descrédito del Estado que causó su fallida intervención del pasado año, es corresponsable, por su vergonzosa huida, de todos los daños que genera en la actualidad -aumentan a diario- el Gobierno de talante abiertamente macarra que preside el falso doctor Sánchez. Que lleva a cabo el más inaudito desmantelamiento de las defensas del Estado que pueda concebirse. Si al actual Gobierno lo caracterizan su mala fe y su desprecio a los intereses de los españoles, al anterior se le recordará por su justificada mala conciencia y una cobardía de altísimo coste que lamentablemente no pagan quienes debieran.

Así las cosas y tal como se aceleran los planes de un nuevo intento de insurrección, es muy posible que sea precisamente Sánchez, que gobierna gracias al golpismo y demás implicados en el intento de destrucción del Estado, quien tenga que dar la orden de suspender la autonomía en Cataluña y restablecer la ley y el orden público, ambos hoy inexistentes. O quedar expuesto ya definitivamente como uno más de los enemigos de la España de la monarquía parlamentaria. La intervención contará con el aplauso de la mayoría de los españoles, incluidos los catalanes, pero también con la feroz y previsiblemente violenta oposición de la secta fanática de que habla Boadella. Sánchez intenta aún proteger y no enfrentarse a sus socios de aventura. Pero toda España, cada vez más alerta y más dispuesta a exteriorizar su voluntad de defensa de la nación, sabe que lo inevitable ya se hace inaplazable.

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Avanza el golpe por toda España. -Hermann Tertsch/ABC-

En Barcelona quedó dramáticamente escenificada el domingo la plasmación práctica del golpe de Estado que sufre España. Porque ya se hace efectivo y patente en la radical pérdida de derechos y de libertades de los españoles. Nada lo plasma de forma más gráfica que la actuación de una policía política totalitaria que reprime a españoles que demandan sus derechos. Ese golpe comenzó el pasado año y por culpa de gobernantes débiles y mezquinos no tuvo respuesta real. Ahora triunfa de plaza en plaza y ya se ha hecho fuerte en varias regiones. Contra la Constitución, no contra el Gobierno. Porque éste ni defiende la Constitución ni hace cumplir la ley. Al contrario, alimenta su permanente cuestionamiento para mayor medro de las fuerzas golpistas, con las que ha pactado y a las que debe su existencia. En regiones como Cataluña, el País Vasco y Navarra, quienes defienden a España ya no tienen derechos. Y en Valencia o Baleares se aplasta sin escrúpulo a quien defienda el español.

El domingo, miles de catalanes salieron a las calles de Barcelona a exigir un derecho que tienen todos los europeos menos los españoles, el de estudiar y vivir en la lengua oficial de todo el territorio nacional. Es el derecho constitucional de todo español a estudiar, trabajar y vivir en español en toda España. Un derecho que se le ha arrebatado cada vez a más españoles, cada vez en más sitios. Todos los partidos han jugado un ignominioso papel en esta trágica deriva que causa inmenso sufrimiento y daños a millones de españoles. Solo piden que pueda elegirse la lengua. Imposible. La tiranía nacionalista lo excluye. El domingo, los golpistas convocaron a sus CDR, como los camisas pardas nazis, una fuerza de choque que reventó la manifestación. Los Mozos, ya abiertamente policía política del golpismo, ayudó a los grupos CDR de terrorismo urbano.

Las culpas del pasado están muy repartidas. La izquierda se unió a los nacionalistas en su hispanofobia. Como si el español o castellano cargara con un «pecado de franquismo» como la unidad nacional o el propio nombre de España. Todo lo disgregador era progresista, todo lo que evocara la España unida, «rancio», fascista y «casposo». Es el legado traidor a España de la izquierda, que entregó parte de España a unos nacionalismos minoritarios en la Transición. La derecha no tiene menos culpa. El PP emuló lo peor de la izquierda. En Galicia con el PP de Nuñez-Feijóo, la persecución del español es igual que en regiones en manos del frente popular. Ciudadanos pudo ser esperanza y se frenó ante la batalla de la idea nacional. Nadie ha hecho una defensa de la nación consecuente. Finalmente ha surgido Vox, cuyo crecimiento es parte de una revuelta de reacción nacional. Que puede alimentarse de la gran revuelta europea en favor de los estados nacionales. Pero nadie se engañe, si Sánchez, gracias a la hegemonía mediática izquierdista que el PP regaló, sobrevive al escándalo de su estafa académica y a otros, si no hay un gran acuerdo de fuerzas nacionales para hacerle frente, nadie escapará a este Frente Popular de un jefe de gobierno con dictado comunista de Podemos que, como si fuera Nicolás Maduro, dice que él en el Parlamento hará lo que quiera. Y que quien le cuestiona, cuestiona la democracia. Se extiende la obscena desigualdad en el trato oficial entre quienes propugnan ese Frente Popular y quienes defienden la unidad de España y su monarquía. Avanza el abuso censor y amenazante contra medios y periodistas discrepantes. Planean una España rota, sí. Pero con regímenes todos como ese que en Cataluña lanza a su policía a reprimir a españoles desesperados ante la pérdida de sus derechos.

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La Generalidad golpista subcontrata al Gobierno Falconetti -F.J. Losantos/LD-

Estado del golpe de Estado de otoño de 2017 en el verano de 2018 (II)

Un año después del atentado en Las Ramblas del islamismo catalán (su origen fue la mezquita de Ripoll) que, descaradamente manipulado por los separatistas, supuso el primer acto internacional del golpe de Estado, se ha repetido el desprecio a las víctimas y la exculpación de los verdugos, a los que el año pasado se compadeció y éste se ha ignorado. La razón última fue, el año pasado, la cobarde actitud del Gobierno Rajoy, que dejó solo al Rey en la defensa del orden constitucional. Este año, la cobardía ha dejado paso a la complicidad: Falconetti ha respaldado y su Gobierno ha defendido la infinidad de fechorías, injurias y mezquindades del catanazi Torra, que junto a Ada Colau (tras decir que “Barcelona responde al terror con amor” se negó a quitar una gigantesca pancarta contra el Rey que ha visto todo el mundo) ha alardeado de su dominio en las calles y de su desprecio a la legalidad que se supone representa. Por supuesto, contando con la siembra de odio a España y los españoles, en especial los catalanes no nacionalistas, que a diario destilan la TV3 y demás medios catalanes apesebrados en la Generalidad, un verdadero dineral al que, aunque español, no hacen ascos.

La Generalidad debería estar intervenida

La razón última está clara. La Generalidad, que debió ser intervenida y la autonomía suspendida sine die tras el Golpe de Octubre de 2017 fue mantenida por Rajoy y Soraya, con el respaldo condicionado del PSOE: no tocar TV3. Las elecciones absurda y rápidamente convocadas por Rajoy para quitarse de encima el muerto, o, en su jerga, el lío, arrojaron, con idénticos medios, resultados semejantes. En el lugar de Puigdemont, se colocó a un siniestro racista llamado Torra que presume de que sus hijos forman parte de las bandas de matones –CDR- que atropellan y apalean a los catalanes que no comulgan con el separatismo. Y unos meses después se produjo lo que realmente supone un cambio radical, y radicalmente a peor, de la situación nacional: Rajoy fue depuesto por los golpistas, que entronizaron a Sánchez. La Moncloa quedó subcontratada por los golpistas.

Seguimos sin saber por qué Rajoy se negó a dimitir en la moción de censura, impidiendo que se consumara la elección de Sánchez y el acceso de los golpistas al Gobierno, que desde entonces está a merced de los separatistas. Es una de las muchas deudas que el lamentable registrador de Pontevedra tiene contraídas con la opinión española y no parece dispuesto a pagar. Tampoco sabemos en qué términos se fijó el acuerdo del PSOE y los golpistas, aunque como ha recordado Xavier Salvador en Crónica Global se ajusta como un guante al pacto de Iglesias y Jonqueras en Can Roures. Da igual: los hechos acreditan el compromiso, más o menos explícito de un Sánchez que se niega a convocar elecciones para disfrutar del Falcon en sus asuetos veraniegos, aunque al precio de ignorar las actividades golpistas, cuando no las comparte mediante Batet, ministra del Golpe en su Gobierno.

Sin embargo, el aniversario del 17A, convertido por los separatistas en reedición del primero, con manifiesto desprecio a las víctimas, utilizadas como mero pretexto para recordar sus presos y reafirmarse en su proyecto de apartheid para media Cataluña y voladura del régimen constitucional, ha dejado tan groseramente claro el estado de sumisión a los golpistas en que Sánchez pretende seguir en la Moncloa año y medio, que puede decirse sin duda alguna que su Gobierno no sólo es ilegítimo –no ilegal- por incumplir la promesa que, en vez del programa de Gobierno, hizo en el Parlamento de convocar elecciones a la mayor brevedad posible (tan grave, decía, era la emergencia nacional tras la caquisentencia del bufete Garzón y Asociados) sino por negarse a cumplir sus obligaciones para con el Estado y la nación.

Las ofensas públicas al Rey no son personales

El Jefe del Estado ha sido sometido a un rosario de humillaciones –que parece considerar parte de su oficio, y no lo son- y ha sido defendido sólo por el PP y, muy especialmente, por Inés Arrimadas y C’s, que fue la fuerza más votada en las elecciones y con la que debería entenderse un Gobierno de España si no se hubiera forjado contra ella y para destruirla. Pero no sólo el PSC-PSOE ha aparecido como mero apéndice golpista sino el propio Gobierno, que se niega a cumplir sus obligaciones indeclinables. La primera, proteger al Jefe del Estado, de nuevo expuesto no sólo a unas humillaciones que no se le hacen a él en persona sino a todos los españoles, sino también a unas condiciones de inseguridad verdaderamente criminales.

La pancarta criminal contra el Rey

Criminal pantalla perfecta para un francotirador era la pancarta de quince metros que ha presidido el acto oficial para las televisiones de todo el mundo. Gracias a la actuación de un ciudadano ejemplar, Opazo, LD ha contado con todo detalle cómo eran mozos de escuadra los que la protegían en el mismo edificio usado para colgarla. Luego hemos sabido que se dio la orden de retirarla a las cinco de la mañana y se revocó a las seis, pero la fechoría fue luego defendida por Ada Colau y por el mismísimo consejero de Interior, un tal Buch, responsable de la seguridad del acto: “los mossos protegieron la pancarta contra el Rey porque hay libertad de expresión“, dijo o mugió en la radio golpista del Conde de Godó, ¡que godó que conde!

La única libertad respetable en Cataluña es la de los no nacionalistas que se enfrentan a la dictadura de los nacionalistas, estos fatuos matoncillos cebados con dinero público. Sin embargo, la gentuza que desde Torra a sus CDR injuria a diario como mujeres –sin que las femirrojas digan ni pío- y amenaza de muerte a Inés Arrimadas y otras representantes de Ciudadanos, es, por culpa del Gobierno anterior y en vez de una celda, la Generalidad catalana, máxima representación de ese Estado Español que Torra llama a combatir pero del que cobra, como sus S.A. y la mediocracia del Pessebre.

El Gobierno de España tiene el deber de proteger esa libertad, no la de agredir a los españoles, a sus instituciones y a sus símbolos, delitos penados que se niega a perseguir. Al revés. Torra ha perpetrado en apenas 48 horas tal cúmulo de fechorías que si Sánchez no fuera Falconetti habría roto cualquier relación con él y convocado elecciones generales, ya que depende de una mayoría parlamentaria que, ay, del hilillo de Torra pende.

La ministra de Justicia, con Torra

Recordemos: ese desafortunado cruce entre Popeye y Cocomocho no fue al recibir al Rey, luego le plantificó delante a la mujer del golpista Forn, el que distinguía tras el atentado entre muertos catalanes y españoles, convirtió oficialmente los actos que debían homenajear a las víctimas en algaradas en favor de los golpistas presos y del propio Golpe, ha llenado los medios de declaraciones injuriosas y ha llamado a combatir al Estado que oficialmente representa, y, por último, pero en primer lugar por su gravedad, ha respaldado la carta de Junqueras y demás patulea reclusa acusando al Estado, a través del CNI, del propio atentado de las Ramblas.

José García Domínguez ha analizado en un soberbio artículo de LD la repugnante fechoría moral del masajista de Soraya Sáenz del Diálogo. Pero un Gobierno no puede quedarse en el aspecto moral. Debe asumir en el ámbito legal una atrocidad como la que se le imputa a un órgano que él dirige, el CNI, y responder de inmediato. Lo ha hecho y precisamente la que debía, la ministra de Justicia, pero para elogiar calurosamente a Torra.

Mucho le debe el Gobierno a Garzón, pero no tanto como para hacer ministra a su entrañable. La entrevista en la SER tras el 17A prueba que si Delgado es, en lo político, una calamidad; en lo intelectual es una nulidad, y encima cursi, a lo Colau, lo que no encarece su excelencia como fiscal. La actuación de Torra, que incluyó un mitin de apoyo a los golpistas frente a la cárcel de la que no se atreve a sacarlos –lástima, volverían juntos- le pareció “correcta”; la pancarta contra el Jefe del Estado, que ha aparecido en las televisiones de todo el mundo, “no alteró el acto”; en fin, la siniestra exculpación del Islam a cargo de Gemma Nierga, otra nulidad perita en pedir diálogo con el terror y que tuvo que recurrir al Sisa de Zeleste y a su “Qualsevol nit pot sortir el sol” para hacer como que decía algo, “le gustó muchísimo”. Vamos, una cursi rematada, rendida políticamente al Golpe. Como El País, convertido en el “Izbestia” del Gobierno de Falconetti.

La utilidad mediática de la masacre

El balance de este aniversario de la masacre de las Ramblas no puede ser más triste. Ha quedado impune, mediática y políticamente, la gravísima responsabilidad de la alcaldesa Colau, que se negó a poner los bolardos que había pedido la Policía nacional. También la de los Mozos de Escuadra que recibieron alarmas desde Bélgica y los USA sobre los islamistas y sobre el atentado inminente “in a street named La Rambla” pero nada hicieron para impedirlo. Peor: tras la explosión de Alcanar, un mozo chulito echó de la escena del crimen a la mismísima jueza; y otro, no sabemos quién y nadie pregunta, mantuvo una larga conversación telefónica con el conductor de la furgoneta criminal. Por no hablar del fusilamiento en campo abierto de los terroristas, a los que no se intentó siquiera capturar para averiguar datos sobre la organización y el propio atentado que hubieran sido muy útiles.

Pero es que, para entonces, como se ha vuelto a ver en el aniversario, la utilidad de la masacre era servir de plataforma mediática internacional al Golpe de Estado. Un año después, todo sigue impune, todo parece igual, todo, Falconetti mediante, está muchísimo peor.

PD: La canción de Sisa dice: “Oh, benvinguts, passeu, paseu; / de la tristor en farem fum; / à casa meva es casa vostra /si es que n´hi ha casa de algú”. O sea: “Bienvenidos, pasad, pasad; / convertiremos la tristeza en humo; / mi casa es vuestra casa, / si es que hay casa de alguien”. Más o menos lo que dice Torra contra “los que hablan la lengua de las bestias”, los que llaman “mala puta” a Arrimadas o “que se vaya a Jerez”, los que reciben amablemente a todos pero quieren echar a media Cataluña. Es lo que va de la Barcelona de los 70 a la Cataluña actual. Sólo una indigente intelectual citaría esta canción para un fin tan opuesto al que le vio nacer.

Estado del Golpe de Estado de otoño de 2017 en el verano de 2018 (I):

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Las talegas de Méndez de Vigo (o como remunerar a los golpistas). -Pedro J. Ramirez/El Español-

Al día siguiente de que Puigdemont, Junqueras y los suyos consumaran su golpe de Estado proclamando la República Catalana, el ministro portavoz Iñigo Méndez de Vigo realzó ante la BBC la singular respuesta del Gobierno de Rajoy: aplicar el artículo 155 en Cataluña –destituyendo naturalmente a los golpistas- pero a los solos efectos de convocar y celebrar elecciones autonómicas el 21 de diciembre. O sea en el plazo mínimo permitido por la ley.

Y la forma de sacar pecho de Méndez de Vigo fue subrayar la consecuencia más llamativa de esa solución. El Gobierno “recibiría con agrado” que Puigdemont se presentara a esas elecciones. O sea que intentara recuperar a través de las urnas, en cuestión de cincuenta y cinco días, el puesto del que acababa de ser cesado por el BOE, en castigo de su perfidia.

“Si Puigdemont quiere continuar en política está en su derecho”, aseguró, omitiendo toda referencia a sus flagrantes delitos de sedición y/o rebelión que implican largas penas de cárcel e inhabilitación. Como el presidente del autodenominado “gobierno legítimo de Cataluña” aun no se había fugado, Méndez de Vigo perdió la oportunidad de precisar que nuestro sistema es tan garantista que hasta podría ser candidato estando en prisión preventiva, como ocurre ya con Junqueras, siete de sus consellers y los Jordis.

Pero Méndez de Vigo iba más de cheerleader que de jurista, añadiendo el típico “creo que debería prepararse para las próximas elecciones” con que se jalea a un púgil el día que se señala la fecha de un combate decisivo. Y cual torero que remata la faena con una revolera, concluyó con un “sería bueno, porque es una manera de que los catalanes juzguen sobre sus políticas”. Fue, de hecho, el único “juicio” al que se refirió: al de las urnas.

Todos entendimos lo que pretendía transmitirnos: fíjense, propios y extraños, qué inteligente y audaz ha sido Rajoy al vincular el acto de autoridad que supone fulminar a estos señores de sus cargos, con una convocatoria electoral que les coge a ellos con el pie cambiado, vacía su discurso victimista y restablece la legalidad, recurriendo a un cauce inobjetable para cualquier demócrata. ¡Oh, proteico y grande Rajoy! ¡Qué listo has resultado una vez más, al ofrecer a tus adversarios esa golosina, envenenada por el sometimiento al orden constitucional, que no van a poder rechazar!

Ciudadanos y el PSC ya estaban aplaudiendo la fórmula pues no en vano era la modalidad de 155 que venían reclamando, desde la tranquilidad de no corresponderles a ellos ni la responsabilidad intransferible de aplicarlo, ni el mérito o culpa de lo que pueda suceder. Hasta Pablo Iglesias se bajó diez minutos del estribo del convoy insurreccional para aceptar, “por una vez”, la solución elegida.

Todos parecían de acuerdo en aparcar las vicisitudes propias del ámbito penal, en el bien entendido de que el tiempo y la maña política podrían diluirlas en función de la salida que propicien las urnas.

O sea que las elecciones se convocaban como si no existiera el Código Penal, como si no funcionara la Fiscalía, como si no hubiera jueces dispuestos a cumplir con su obligación, como si no fuera poco menos que inevitable que la plana mayor delseparatismo tuviera que presentarse y hacer campaña desde la cárcel. Por eso a nadie parecía inquietarle la tesis que, tal y como estaba cantado, ha hecho suya Puigdemont, desde el exilio belga: el 21-D será un “plebiscito”, destinado a legitimar políticamente y blanquear penalmente, ante el mundo entero, la proclamación de la República Catalana.

***

A mí, en cambio, en cuanto escuché a Méndez de Vigo esbozar lo que en realidad no es a la vez sino una vía de salida y una segunda oportunidad, en circunstancias bastante propicias, para los golpistas, me vino a la memoria el desenlace de otro Consejo de Ministros extraordinario. Se celebró el sábado 13 de agosto de 1836 y catapultó a una nada lucida notoriedad histórica a un antepasado del actual ministro portavoz.

El gabinete, que se reunía con carácter de urgencia, estaba presidido por Istúriz e incluía a próceres del liberalismo moderado, de los que ya me ocupé sobradamente en mi libro sobre el Trienio, como Alcalá Galiano o el Duque de Rivas. Tenían que responder a las dramáticas noticias llegadas de madrugada desde el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso.

Un grupo de sargentos había sublevado a las unidades de la Guardia Real que prestaban allí servicio y tenía como rehenes a la propia Reina Gobernadora María Cristina de Nápoles y a sus hijas, las princesas Isabel y Luisa Fernanda. Exigían, entre otras medidas, la derogación del Estatuto Real que, a modo de carta otorgada, servía de marco legal tras la muerte de Fernando VII, y el restablecimiento de la Constitución de 1812.

¿Qué hacer? El impulsivo Quesada, capitán general de Madrid, se ofreció a marchar al frente de la mitad de los cuatro mil hombres de su guarnición e imponer la fuerza de las armas. Pero la mayoría del Gobierno estaba “aterrada” y oscilaba, según la certera percepción de Andrés Borrego, fundador y director de El Español, entre la “prudencia” y la “pusilanimidad”. Invocando la seguridad de las Reales Personas, pero temiendo en realidad más por la propia, pues Madrid también había entrado en convulsión y les asustaba dividir el contingente adicto, los ministros optaron por una alternativa más creativa.

Alcalá Galiano relató en sus memorias lo acordado: “Apelóse, al fin, al triste recurso de que pasase a San Ildefonso el ministro de la Guerra, portador de una razonable suma de dinero, para que con las armas de la persuasión, ayudadas con dádivas, pusiese en la obediencia a los que seducidos y cohechados habían cometido un delito sin mira política alguna”.

Aquel ministro de la Guerra era Santiago Méndez de Vigo y su “razonable suma de dinero”, tres sacas o talegas repletas de monedas de oro. Apenas llegó a La Granja combinó la prosaica exhibición de su contenido con las más nobles exhortaciones. Las consecuencias fueron tan dispares en sus inicios como confluyentes en sus culminaciones. Hubo quienes cogieron el dinero -siempre se ha dicho que el célebre sargento Gómez se quedó con ocho onzas- y quienes lo rechazaron, pero todos convirtieron aquel intento de soborno en cauce y estímulo para mantener y extremar sus exigencias.

El resultado fue que, al cabo de un cierto tira y afloja, Méndez de Vigo volvió a Madrid con María Cristina y sus hijas, pero también con los sargentos y una serie de decretos que incluían el restablecimiento de la Pepa. Según la crónica de El Español, María Cristina vestía un “sencillo traje verde”, el color de los constitucionales desde las Cortes de Cádiz. Según Miñano, “fue conducida a Madrid como un trofeo conseguido por los exaltados”.

***

Las “talegas de Méndez de Vigo” han quedado desde entonces como un símbolo de lo perniciosa que puede resultar la suma de la cobardía y la incompetencia ministerial. Como ha escrito Jesús Sanz Fernández en su documentada monografía sobre los sucesos de La Granja, “resulta que es el Gobierno quien soborna y, para colmo, sin ningún resultado práctico, porque la insurrección continuó”.

Ese va a ser, en mi opinión -está siendo ya de hecho-, el efecto de la improvisada convocatoria electoral del 21 de diciembre, con la que se pretende seducir y sobornar, para reintegrarlos en el juego constitucional, a unos sediciosos que, habiendo declarado ya la independencia, deberían haber quedado exclusivamente o, al menos, antes que nada, a expensas de los tribunales.

El circo con tres pistas -Cataluña, Bruselas, las cárceles madrileñas- que está poniéndose en marcha era perfectamente previsible. Nada hay tan esperpéntico como solapar los tiempos de la Justicia con los de las urnas, de modo que los alegatos de las defensas se hagan en los mítines, las estrategias de campaña en las comparecencias judiciales y puedan llegar a confundirse las votaciones con los recursos de apelación y el escrutinio con la sentencia firme.

Lo lógico habría sido castigar penalmente la sedición y/o rebelión con la máxima urgencia, dando pie a las correspondientes inhabilitaciones. Y una vez cribadas así las listas electorales y serenadas las conciencias tras la destrucción del principio de impunidad, convocar las elecciones, dentro de seis meses o un año, manteniendo entre tanto la administración catalana bajo la interinidad del artículo 155.

Este parecía ser, de hecho, el plan de Rajoy y por eso rechazó la condición del PSOE, filtrada por Carmen Calvo, de que hubiera elecciones en tres meses. ¿Qué le llevó a cambiar de caballo cuando estaba atravesando el río? Pues lo mismo que impulsó al gobierno de Istúriz a enviar a La Granja a un general con talegas en lugar de a un general con soldados. Su extrema debilidad. El vértigo ante el deber. La súbita conciencia de no ser capaz de hacer lo conveniente para la Nación.

No era sólo un problema de lasitud moral -que también-, sino sobre todo de incompetencia política. De la misma manera que, entre junio y septiembre, quedó claro que el Gobierno carecía de plan alguno para impedir la convocatoria y celebración del referéndum ilegal; y de la misma manera que el 1 de octubre quedó claro que el Gobierno había sido incapaz de evitar la votación y enmascaró a porrazos su frustración, ahora lo que ha aflorado es que tampoco se atreve a nombrar -o peor aún, no sabe cómo hacerlo- a un ejecutivo catalán que aplique el 155 desde Cataluña durante tanto tiempo como sea necesario para restablecer la lealtad institucional, al margen de mayorías y minorías electorales.

Ese planteamiento -aplicado durante la Segunda República- hubiera permitido que alguien como Santi Vila se hubiera erigido en líder del nacionalismo moderado, que Pablo Iglesias hubiera seguido notando el desgaste por su raudo alineamiento contodo aquel que trate de hacer daño a la España constitucional, e incluso que alguno de los líderes golpistas hubiera pedido perdón, en pos de un indulto que le permitiera seguir en la política.

Pero en lugar de con la firmeza de una actuación consistente, sostenida en el tiempo, se ha respondido a la proclamación de la República Catalana, ofreciendo a sus artífices las talegas de una segunda vuelta en las urnas, a modo de Jordán en el que lavar sus pecados. Y al igual que hicieron los sargentos insurrectos de La Granja, los golpistas ya han anunciado que cogerán las talegas, o sea las bien remuneradas actas, sin escrúpulo alguno, pero a modo de cauce, instrumento y estímulo para seguir adelante con la destrucción de España.

Al disparate se le añade la recurrente chapuza. ¿Cómo es posible que aquel Méndez de Vigo fuera tan torpe como para no darse cuenta de lo que ocurriría en La Granja en cuanto empezara a exhibir sus talegas? ¿Cómo es posible que este Méndez de Vigo y sus compañeros hayan sido tan torpes como para no haber previsto e impedido la fuga de Puigdemont y no haber calibrado el efecto interno y externo de celebrar unas elecciones con el favorito a ganarlas entre rejas? ¿Qué hemos hecho para merecer a estos?

***

La Sargentada de La Granja sólo tuvo un efecto beneficioso: la caída del gobierno de Istúriz y su sustitución por uno encabezado por mi admirado Calatrava que, a modo de postrera salida de don Quijote, rindió su último gran servicio a España promoviendo una reforma constitucional por consenso. De esa manera tanto las utopías de la Pepa, como la cortedad de miras del Estatuto Real, quedaron superadas por la Constitución de 1837 -auténtico antecedente de la de 1978-; y, abierto de nuevo el “segundo sobre”, el reloj de la Nación reanudó su marcha. Eso es lo que ocurrirá, antes o después, cuando lleguemos a la conclusión de que cuanto sucede en Cataluña no es sino el síntoma más agudo de la falta de un proyecto regenerador para España.

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La estructura del golpe sigue intacta. -F.J.Losantos/LD-

Durante una semana, los lacayos de Soraya y de Rajoy, que son los mismos y de lo mismo, han puesto de vuelta y media a los pocos que venimos pidiendo hace años la intervención del Estado, cuya dirección pertenece en buena parte al Gobierno, para frenar el golpe de Estado en Cataluña. Somos los mismos que hace tres años, tras el referéndum del 9 de Noviembre, nos declaramos traicionados por el Gobierno de Rajoy, que se negó a mandar a la cárcel a Artur Mas, usando todos los recursos legales a su alcance y utilizando su mayoría absoluta en el Congreso y Senado.

El manifiesto de Libres e Iguales en 2014

Recordaba Arcadi Espada la movilización de Libres e Iguales bajo el lema “Sí nos importa” en todas las capitales españolas, pidiendo la anulación del referéndum y la defensa de la nación y de la Constitución. Cuando se celebró y el Gobierno, que había asegurado que no se celebraría, dijo que no había habido referéndum porque no tenía valor legal, Libres e Iguales publicó una nota. Me complace tanto como me apena repetirla.

“Después del 9-N

El pasado sábado miles de ciudadanos convocados por Libres e Iguales en las grandes ciudades españolas exigieron del gobierno de España firmeza contra la iniciativa secesionista del gobierno de la Generalidad y la burla de la democracia que ha acabado consumándose ayer en Cataluña.

Por desgracia para la democracia y para el mantenimiento de los más elementales vínculos de confianza entre gobernantes y ciudadanos, el gobierno del presidente Rajoy ha observado pasivamente el desarrollo de los acontecimientos, olvidando culpablemente que su primera obligación es la de cumplir y hacer cumplir la Constitución.

El gobierno de la Generalidad no sólo ha organizado política y logísticamente la jornada sino que ha exhibido su compromiso con la ilegalidad de manera retadora. Se ha negado a acatar la sentencia inequívoca del Tribunal Constitucional y ha exhibido el sometimiento del Estado de Derecho como un triunfo político.

Esta agresión a la democracia no ha recibido la respuesta que merece. El Gobierno del presidente Rajoy no ha impedido el atropello a la legalidad en Cataluña. Su dejación ha debilitado gravemente al Estado y ha colocado a los ciudadanos en la indefensión jurídica y el desamparo político.

El incumplimiento de la ley y este desistimiento abren una crisis política de una envergadura desconocida desde la aprobación de la Constitución y un foso de profunda desafección ciudadana que, a juicio de Libres e Iguales, descalifica al Gobierno del presidente Rajoy para seguir cumpliendo su mandato constitucional.”

Las consecuencias de tres años de inacción

Por supuesto, los lacayos de Soraya y de Mariano, aliados entonces con Podemos a través de La Sexta, nos pusieron verdes. Pues bien, lo que ha pasado en España estos tres años ha desembocado en la farsa de un pacto de quejicas: unos fingen en Madrid que están matando al golpismo y los golpistas en Barcelona fingen que los matan, a través de ese aparato de lloros y gemidos que va del Barça a TV3 y de La Sexta a… Antena 3.

En ésta última, criatura de Rajoy y Soraya, para honra y provecho de Planeta y sus directivos, se ha dado un paso importante en el alineamiento mediático del PP con el golpismo a través de la reforma desconstitucional. En lo que legalmente sigue siendo una concesión gubernamental para un servicio público, que ese es el estatus de la televisión llamada privada, El Follonero aprovechó el prime time de El Hormiguero, cuyo presentador Pablo Motos fue un día compañero de baile de Soraya, para atacar a la juez Lamela y ciscarse en el régimen constitucional español durante una hora. Esos sí que son medios responsables, no los que criticamos a Rajoy.

Viendo el estado de los medios audiovisuales en Cataluña, rendidos al golpe, y el de los del resto de lo que quiere seguir siendo, no sabe cómo, España, entregados a la desconstitución de la nación, cabría pedir a este Gobierno que al final ha convocado las elecciones de la impunidad que pactó con Puigdemont, que no presuma de que defiende la Ley y la Nación. Nos ha traicionado como hace tres años, mantiene íntegra la estructura del golpe y tras dejar en manos del PSOE la convocatoria electoral a cambio de no aplicar el 155, va a dejar en manos de Podemos y el PSC una reforma de la Constitución que sólo puede ser, viniendo de Pablo Iglesias y del partido traidor a España por antonomasia, una puñalada a la soberanía nacional.

Seguimos insistiendo: no bastan las urnas

Sin embargo, las encuestas sobre intención de voto en Cataluña están llenando de perplejidad a los devotos del pensamiento mágico de Rajoy, ese Houdini abúlico que escapa de las situaciones más difíciles metiéndose en otras más complicadas. Excluyo de la cofradía de los perplejos a los agradaores del Poder, en especial a uno que empezó diciendo en el Avui que “hablar español es de pobres” y ahora es opinaet preopinat en ABC y la COPE. En el diario duda si es separatista o no, y me recuerda el número de los tres ratas de Arniches. En la radio aún no ha explicado, al menos en directo, la diferencia de olor vaginal entre jóvenes y maduras, como en Telemadrid, pero igual que entonces le grabaron sin saberlo, un día se abre el micro y habemus ictus masivo en la Aquiescencia Episcopal, que, por cierto, tras doblar vilmente la cerviz ante el Prusés, ahora celebra el 155… poco. Lo siento por los católicos decentes. Desde que redujeron la Cruz a la crucecita de Hacienda, ni Cruz ni crucecita. Así que el opinaet está muy bien allí: del coro al caño, y ojo a las vocales.

Sin embargo, el rebaño opinat debe aclararse al aplaudir a su pastor. Rajoy dijo sobre el 155: “No nos obliguen a hacer lo que no queremos hacer”. Al proclamarse la república que no se iba a proclamar tras el referéndum ilegal que no se iba a celebrar, dijo: aplicaré el 155 hasta que haya condiciones para nuevas elecciones, “al menos seis meses”. Entonces iba a intervenir TV3 y otros medios golpistas y castigar a los centros que educan los niños en el odio a España. De pronto, anunció elecciones en 55 días sin tocar TV3. ¿A qué Rajoy de los tres aplauden? ¿A los tres?

Las urnas sirven para cambiar pacíficamente de Gobierno, no para abortar un golpe de Estado que es parte de un cambio de régimen en toda España. De las urnas, con los mismos partidos y medios audiovisuales, en seis semanas saldrá casi lo mismo que nos ha llevado al Golpe y a un 155 limitado a convocar elecciones. Había y hay que desnazificar, no conservar intacta la dictadura. Hace años que tuvo que aplicarse el 155, pero entonces Rajoy acertaba. Ahora tampoco se aplica, pero acierta. Cuando gane ERC y haya otro Tripartito habremos “vuelto a la normalidad”, y habrá acertado. Los agradaores se romperán las manos –nunca los bolsillos- aplaudiendo.

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Dos golpes por el precio de uno. -F.J. Losantos/LD-

Añadiré un par de cosas al artículo publicado anteanoche en LD, tras oir en esRadio, entre la náusea y la vergüenza, al presidente del Gobierno diciendo que su fórmula para acabar con el golpismo catalán es convocar elecciones autonómicas. La fundamental es que Soraya, que siempre ha representado, y presumido, y paseado, y masajeado, con el nacionalista Millo al bolso, la política de diálogo y soborno con el separatismo catalán, ha sido la elegida por Rajoy como presidenta del Gobierno para Cataluña.

Eso significa que el Gobierno no sólo mantiene la política de Soraya durante los últimos años como personal de Rajoy y del Gobierno del PP, sino que no entiende que haya razón alguna para cambiar de política tras el Golpe de Estado y la proclamación de la república catalana. O lo que es lo mismo: que lo que se establece en Cataluña es lo que estaba establecido y que lo que se ha hecho con los golpistas es lo que se venía haciendo y se piensa hacer en la campaña electoral: regañarles en público pero evitarles en privado las consecuencias judicial y económicamente desagradables de esa costumbre, tan traviesa entrañablemente suya, de ciscarse en las leyes españolas. Lo que se deduce de la ‘parapresidencia sorayina’ es que se ha pactado que los golpistas no vayan a la cárcel si van a las elecciones.

El Gobierno ha pactado y pactará

Dicho de otro modo: ‘Cocomocho‘ no pactó del todo con el Gobierno las elecciones, pero el Gobierno sí pactó con Mas, agente de ‘Cocomocho’. A cambio de una declaración de independencia tan zarrapastrosa que una Justicia ciega y una casta política indecente podría seguir fingiendo que no ha existido del todo, les ahorrará los treinta años de cárcel porque sí existió. Uno comete mal un delito y el otro dice que tanta torpeza lo rebaja a falta. ‘Cocomocho’ y su tribu han dado el golpe que Rajoy les ha permitido, pero como han fracasado bastante, se rebaja el golpe a fallido pronunciamiento.

La doctrina rajoyesca y sorayina es que aquí será impune el delito del que pueda pagarlo o amenazar con que no paga. Hay que ser tan generosos en la victoria que nadie note la derrota. Al que sí hay que perseguir es al autónomo que se olvidó de pagar un mes a Hacienda. Al que da un golpe de estado, no, siempre que el delito lo cometan políticos nacionalistas. A los nacionalistas no se les persigue nunca: se les premia o se les indulta. Ayer dijo Méndez de Vigo que el Gobierno “vería con agrado” que ‘Cocomocho’ se presentara a las elecciones. Podría dejarle el Ministerio de Educación, para asegurarse de que siga sin haber ningún problema educativo en Cataluña. No recuerdo haberme sentido nunca tan insultado por ningún ministro. Palabra de honor.

Del Código Penal al Código Constitucional

Los delitos de rebelión y sedición que contempla el Código Penal no han sido nunca esgrimidos por la Fiscalía, que ha delegado en el Gobierno una forma de castigo dentro de un Código Constitucional, que consagra la impunidad de cualquier delito siempre que se cometa entre políticos. Los ciudadanos no existimos. La Ley, tampoco. Aquí impera una casta política que se entiende entre ella y manipulando los medios de comunicación nos convence de que combate lo que permite y persigue lo que protege. Cuanto más se acerca uno al golpe de Estado catalán ve más aterradoramente claro que el Gobierno siempre estuvo en el golpe, que sigue estándolo, y que si las elecciones le salen relativamente bien, con una mayoría exigua que deje al PSC en condiciones de formar una alianza de Gobierno, el golpe seguirá.

Porque el golpe no es sólo que medio Parlamento haya proclamado la República, aunque por menos fueron treinta años a la cárcel los del 23F, sino todo lo que ha llevado a esa proclamación, desde la negación absoluta a cumplir la Ley a la dictadura mediática, pasando por la tiranía escolar. Y el doctor Rajoy y la comadrona Soraya, con el respaldo de los enfermeros Sánchez y Rivera, están dispuestos a no operar el cáncer de una democracia agonizante mientras puedan cambiar de hospital, si encuentran plaza.

Inmensas ruedas de molino

No es raro que para hacernos comulgar con tan gigantesca rueda de molino se recurra a los magos del 11M, Cebrián y Ferreras. El intelectual orgánico del sorayismo debe convencer al PSOE de que lo que todos, hay que insistir en todos, vamos a hacer en Cataluña es muy de izquierdas y que de no hacerlo resucitaría una Derecha que querría nada menos que acabar con el Estado de las Autonomías, que tan buen resultado nos da. Y su jefe de Informativos en la SER convencerá a Podemos de que después de esto de Cataluña ya vendrá el País Vasco y tendrán su oportunidad como única y legítima oposición -con la ETA- al régimen del 78. O sea, lo pactado en ‘Can Roures’, pero a plazos. Pablo lo entenderá.

Para parar un golpe de Estado sin pararlo, Rajoy ha tenido que darlo sin que parezca que lo da. Tenemos dos golpes por el precio de uno. Y aún habrá gente -viles reaccionarios, casposos nacionalistas españoles- que se quejará de cómo nos tratan los amos. Nos han ahorrado nada menos que la violencia de una intervención militar para restaurar la Ley, a cambio de que la Ley sólo se aplique a los militares que pretendan que se cumpla. Otra vez dos por el precio de uno. Seguiremos siendo europeos si no insistimos en ser españoles, libres e iguales ante la ley, que eso seguirá siendo delito. Pero pronto nos dirán que el golpe de Estado en Cataluña nunca existió, y muchos lo creerán. Hasta el próximo golpe o hasta que perdamos la cuenta.

Ver artículo original:

Golpe de Estado separatista: no a la impunidad, no a la prevaricación -LD-

No es de recibo que se proceda contra los subordinados mientras se deja en libertad y en el cargo a los cabecillas del golpe.

Bien está que la Audiencia Nacional haya “imputado” por un delito de sedición al mayor y a la intendente de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero y Teresa Laplana, así como a los presidentes de Òmnium Cultural y la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez: Más que meros “indicios”, hay clamorosas pruebas de que la cúpula de la Policía autonómica catalana ha sido en todo momento más fiel a los cabecillas del golpe (el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, y SU consejero de Interior, Joaquim Forn) que a las expresas órdenes que habían recibido de la Fiscalía destinadas a impedir la ilegal votación del pasado domingo. Otro tanto se podría decir de las plataformas secesionistas mencionadas, que, nutriéndose de dinero público, claramente sirvieron de correa de transmisión del sedicioso llamamiento de Puigdemont a tomar las calles el pasado 20 de septiembre, en protesta por las detenciones de unos altos cargos de la Administración golpista llevadas a cabo por la Guardia Civil a instancias del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona.

Lo que resulta escandaloso –hasta el punto de convertir estas loables imputaciones en un clamoroso acto de hipocresía– es la impunidad de los cabecillas del golpe, que a día de hoy no están sentados en ningún banquillo sino en las poltronas del Gobierno regional catalán, desde donde preparan y nos anuncian nuevos delitos de sedición y rebelión.

Rajoy podrá incurrir en la irresponsabilidad y en la bajeza moral y política de seguir ignorando lo que ha denunciado el Rey, así como lo que dice el artículo 155 de la Constitución. Podrá dejar una “puerta abierta” a la negociación con los separatistas, tal y como aún proclamó en su bochornosa declaración del 1 de octubre. Lo que no puede ignorar nadie ni nada –incluido el muy politizado sistema de administración de justicia– es lo que dice el Código Penal. Y es que “derogar, suspender o modificar, total o parcialmente, la Constitución”, tal y como ya han hecho los autoridades golpistas de Cataluña, es un delito de rebelión, tipificado como tal en el articulo 472.1 del CP.

Eso, por no hablar del no menos consumado delito de sedición (artículo 544 del CP) de quienes “se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad”. El artículo 545 especifica que “si fueran personas constituidas en autoridad” las que “hubiesen, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años”. ¿Es de recibo que se impute por sedición a Jordi Cuixart y no a Carles Puigdemont?

Resulta inexplicable que, a día de hoy, la única imputación por un delito castigado con pena de cárcel contra los cabecillas del golpe sea la denuncia por malversación que la Fiscalía dirigió contra los miembros del Gobierno de Puigdemont con ocasión de la convocatoria del 1-O; malversación, por cierto, que Montoro en su día aseguró que no se había producido. Pero ¿qué hay del sedicioso llamamiento de Puigdemont del 20 de septiembre, por el que se quiere juzgar a Cuixart y a Sánchez? ¿Qué hay de la propia celebración del 1 de octubre?

Algunos excusan al presidente del Gobierno alegando que está esperando para sofocar el golpe a que los golpistas perpetren otro delito de sedición –este reflejado en el artículo 472.5–, el de “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. Sin embargo, ser consciente de que un delincuente va a cometer nuevos delitos, lejos de justificar la demora de su detención y juicio, lo hace todavía más inadmisible. El tan manido “cargarse de razones para tener razón” con que algunos han querido justificar la inagotable pasividad de Rajoy, además de ser una temeraria estrategia política que puede llevar al enfrentamiento civil, compromete al Estado de Derecho y a una Administración de Justicia que no puede seguir cerrando los ojos ante quienes son los máximos responsables de lo que está ocurriendo.

Pero, en esas seguimos, teniendo que ver cómo un cómplice de los golpistas, Pablo Iglesias, se ofrece de “mediador”, o cómo el molt honorable cabecilla del golpe sigue impunemente, y a través de medios de comunicación públicos, justificando y anunciando su “amable y cordial” determinación de acabar con la nación española y con su Estado de Derecho.

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