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‘Operación Cataluña’, lo que el juez y los fiscales no quieren investigar

Pablo Casado entrega la Justicia a Pedro Sánchez. -Luis del Pino/LD-

Cuando Casado fue elegido presidente del PP, publiqué en este programa un editorial felicitando a su partido por la elección, que daba a los populares la oportunidad de recuperarse y de volver a atraer a los electores desencantados.

Pero – advertí en ese editorial – una posibilidad no equivale a una certeza. Y el que el PP recuperara a su electorado tradicional iba a depender de tres cosas: de que Casado tuviera verdaderas intenciones de regenerar el PP, de que se hiciera de verdad con el poder en el partido para llevar a cabo esa regeneración y de que fuera capaz de soportar las campañas mediáticas que desde fuera de su partido le iban a montar.

Han pasado desde entonces poco más de tres meses y ya hemos salido todos de dudas: las ilusiones que Casado había podido despertar se han ido difuminando, hasta quedar esta semana en nada, tras el vergonzoso pacto en relación con el Consejo General del Poder Judicial.

A pesar de que Partido Popular y Ciudadanos cuentan con los votos necesarios para bloquear cualquier renovación del órgano de gobierno de los jueces, Pablo Casado ha pactado con el PSOE un reparto de los vocales del CGPJ que implica tres cosas:

– Que PSOE y Podemos se hacen con la mayoría de ese órgano, con lo que a partir de este momento controlarán el proceso de nombramiento de jueces.

– Que el juez Marchena abandona su puesto de ponente de la sentencia por el golpe de estado de Cataluña, quitando así de en medio a alguien que resultaba incómodo para los separatistas.

– Que un juez conservador se ve sustituido por otro del sector progresista en la sala del Supremo que debe juzgar el golpe de estado, facilitando así el que la sentencia sea más benévola.

Insisto: Pablo Casado y el PP han llegado a este pacto con el PSOE sin tener necesidad de ello. Pueden perfectamente bloquear la renovación del CGPJ, porque hace falta mayoría de 3/5 para nombrar a los nuevos vocales y entre PP y Ciudadanos cuentan con los votos necesarios para el bloqueo, tanto en el Congreso como en el Senado.

Y no solo es que Casado entregue innecesariamente la Justicia a PSOE y Podemos: es que encima lo ha hecho negociando en secreto mientras en público fingía contundencia contra el actual gobierno:

– al mismo tiempo que pedía en público la reprobación de la actual Ministra de Justicia, Pablo Casado enviaba a Rafael Catalá a negociar con ella la renovación del CGPJ.

– al mismo tiempo que acusaba a Pedro Sánchez en el Parlamento de estar del lado de los golpistas, negociaba con él entregarle el poder judicial y poner a los separatistas un poco más fácil el juicio por el golpe de estado.

– al mismo tiempo que recordaba Venezuela para advertir del peligro que representa Podemos, alcanzaba un pacto con el PSOE que implica que Pablo Iglesias elegirá a varios de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial.

¿Por qué hace eso Pablo Casado? ¿Por qué entrega a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias el control del órgano de gobierno de los jueces, sin tener necesidad de ello? ¿Es simplemente otro Mariano Rajoy más, que no cree en nada y no tiene reparo en engañar a sus votantes? ¿Es acaso que no controla su partido y alguien le ha impuesto esa decisión internamente? ¿Le han amenazado con sacar a la luz nuevos escándalos que le afecten a él o a su partido? ¿Lo hace a cambio de que las causas de corrupción contra el PP queden en nada? ¿Es una condición que le han impuesto para librar a Rajoy de cualquier persecución judicial?

En el fondo, da lo mismo cuál sea la razón por la que Pablo Casado defrauda las esperanzas que muchos habían depositado en él. Lo importante es que, de nuevo, el Partido Popular vuelve a hacerle el juego al PSOE y a adoptar decisiones claramente lesivas para los intereses de España. Da lo mismo si lo hace por descreimiento, por interés o como consecuencia de un chantaje: el caso es que el PP no solo renuncia a defender a sus votantes y a los españoles, sino que se pone una vez más del lado de los que los atacan.

Lo siento por aquellos que creyeran sinceramente en las buenas intenciones de Casado y que se hicieran ilusiones con la posibilidad de regeneración del PP. Tal como vengo advirtiendo hace tiempo, el PP forma parte del problema. Mientras el Partido Popular siga teniendo oportunidad de traicionar a sus votantes, los traicionará. Eso sí: disfrazará sus traiciones con discursos contundentes para fingir que está en el lado correcto. Pero no lo está.

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La vida de los otros. -Hermann Tertsch/ABC-

Muchos se sorprenden en España y Europa continental ante ese soberbio espectáculo de ministros del Reino Unido que dimiten uno tras otro porque las decisiones de su jefa de gobierno no son compatibles con su opinión, con su conciencia o con el voto de su circunscripción electoral que viene a ser lo mismo. En Westminster los diputados defenderán con la palabra y todos los colmillos retóricos la opinión y el interés de sus electores. Y es que eso solo pasa en esas islas y allende el Atlántico, allá donde gobierna el malísimo Donald Trump. El del imperdonable delito de decir todas esas verdades inconvenientes que la hipocresía socialdemócrata no tolera. Como que no se puede sacrificar la vida de los otros en aras de disquisiciones ideológicas. Ni destruir el trabajo ni el precario bienestar de los más pobres en aplicación de los experimentos sociales con seres humanos. Esos experimentos que tanto gustan a políticos de izquierdas, académicos, intelectuales, periodistas y otros privilegiados que pueden protegerse contra los efectos de la política que, con frivolidad, egoísmo y arrogancia, propugnan.

Si el Reino Unido es hoy la patria de la libertad y la responsabilidad, España lo es de la arbitrariedad y el desprecio, en una deriva hacia el desastre cada vez más similar a la previa a la Guerra Civil. ¿Y la UE, dónde está? La Comisión, tan dispuesta siempre a meterse en todo en la vida de las naciones y sus ciudadanos, guarda silencio ante tropelías y abusos de un gobierno que desmantela sin parar las defensas constitucionales y los derechos de los ciudadanos españoles. Callan los siempre dispuestos a difamar, acosar y demandar a gobiernos como los de Hungría o Polonia, que cumplen con la voluntad de sus programas refrendados por amplísimas mayorías absolutas. Nadie se queja de que las hordas de socios del Gobierno asalten la vivienda del juez del Tribunal Supremo que instruye el caso más importante de la historia de la democracia española contra el peor golpe de Estado sufrido desde la guerra civil. El juez acosado desde hace meses carece de protección mientras la Policía protege a responsables de estas acciones propias de camisas pardas nazis y bandas de sicarios comunistas.

Nadie protesta porque socios comunistas de Sánchez acosen a un partido legal como Vox y exijan la muerte y mutilación de los asistentes a un mitin. Y amenacen con una repetición de las matanzas de Paracuellos, con sus miles de muertos inocentes a manos de verdugos de aquel Frente Popular del que el Gobierno se siente heredero. Aplastan la libertad de movimiento de millones en el centro de Madrid por pura arbitrariedad y pisotean los intereses y derechos de todos sus habitantes, agreden a la industria del automóvil y sus cientos de miles de empleados, hunden los patrimonios familiares con su agresión al coche, amenazan a las gasolineras con destruirlas a multas si no se pliegan a un plan ridículo inviable, cierran las nucleares a diez años vista sin plan alternativo. Todo es ideología totalitaria y experimentación social y todo es desprecio a la vida de los otros.

La obscena ocupación de todos los resortes del poder va acompañada del total desprecio al control de la oposición y de los pocos medios no adictos, con casi todos los ministros inhabilitados por criterios aplicados a todo gobierno anterior. Con una brutal descomposición de las instituciones, del orden, la seguridad jurídica y la propia seguridad personal de los españoles. El Gobierno de Sánchez es una amenaza masiva e inminente para la democracia en España y la seguridad económica y física de los españoles. A ver si nos damos cuenta.

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El gran banquete del Consejo General del Poder Judicial. -Javier Gómez de Liaño/LD-

Estas nueve palabras que llevo al título del presente comentario muy bien pudieran haber sido otras. Por ejemplo, Este Consejo no es para ingenuos o Manos pringosas sobre el CGPJ, que quizá fueran los más ciertos y precisos. También pensé en El Consejo ha muerto, lo que no hubiera sido excesivo, pues son muchos los males y los virus que desde su origen en 1980 acechan a la institución.

Al margen de la honradez profesional de los vocales propuestos que no pongo en duda, aunque en algún caso concreto no faltan motivos para la crítica, lo verdaderamente grave es el espectáculo de cómo los partidos políticos se han repartido las veinte vocalías de la institución, más el presidente que también lo es del Tribunal Supremo. Limpieza y suciedad se distribuyen, como las virtudes y los vicios, con criterios bastantes más complejos.

Ante el pacto sin escrúpulos para adjudicarse la octava edición del CGPJ y de este modo controlar el Poder Judicial, hay que dar la razón a quienes califican el proceso de elección de chapuza, paripé, farsa o chanchullo, lo cual se parece mucho a lo que el gran León Felipe, el poeta maldito, payaso de múltiples bofetadas y fervoroso defensor de la Justicia, decía con su garganta rota y en estribillo de matraca de que la justicia mezclada con política era “una pantomima, un truco de pista, un número de circo”.

En su obra El Poder, la Administración y los Jueces, el catedrático de Derecho Administrativo José Eugenio Soriano García afirma que el CGPJ “es cualquier cosa menos muestra alguna del Poder Judicial, sino, más bien, del puro Poder Político” y su situación la de “completo descrédito, sea cual sea el baremo, criterio, herramienta o técnica que se utilice para medir dicho estigma”. La descripción no sólo es obra de expertos externos como el profesor Soriano, sino que son los propios jueces quienes confirman el oprobio al quejarse del sesgo descaradamente partidista de los nombramientos de los vocales del CGPJ, de las injerencias públicas y notorias de los partidos políticos en los nombramientos del presidente y vicepresidente de ese órgano y lamentan el desencanto de una judicatura que se siente poco valorada y, lo que es mucho peor, atosigada por un poder político que mete la mano sin complejos en el poder judicial. Y todo ante la mirada de los ciudadanos que ríen, o sufren, pero en todo caso con espanto.

Y un dato que me he permitido sacar del escalafón de la carrera judicial. Salvo error u omisión, el próximo CGPJ tendrá entre sus competencias la de nombrar discrecionalmente a 36 magistrados del Tribunal Supremo, distribuidos en 3 de la Sala del Civil, 4 de la Sala de lo Penal, 13 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 8 de la Sala de lo Social y 7 de la Sala de lo Militar, más al vicepresidente del Tribunal Supremo, quienes se jubilarán al cumplir la edad de 72 años. Que cada uno haga su personal lectura.

La vergüenza que el escalafón entero de la carrera judicial padece es por la institución en sí misma, por un CGPJ que las instancias políticas que designan a sus miembros manchan de forma irreversible, hasta el extremo de que la independencia de los vocales está en tela de juicio durante el quinquenio que cada mandato dura. ¿Qué queremos que sienta esa gran parte de la magistratura convencida de que su carrera profesional queda en manos de un órgano confeccionado por la maquinaria de los partidos?

En fin. Quien esto escribe cree en la Justicia y en el Poder Judicial y no se avergüenza de hacer pública su fe. Por eso soy capaz de pensar que sin jueces y fiscales realmente independientes un país se va al garete sin remisión y doy por hecho que los ciudadanos no podrán soñar con la justicia, ni con jueces de verdad, mientras los políticos sigan manipulando el CGPJ como si fuera una sucursal de los partidos políticos ocupada por sus representantes o delegados.

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La felonía de Sánchez. -Francisco Rosell/El Mundo-

Cumpliendo las diez de últimas que le dictaron sus socios independentistas y podemitas, Pedro Sánchez ha recurrido al «puñal del godo», en la peor tradición de traidores a la causa de España, para acuchillar al Estado de derecho y hacer dejación extrema de sus deberes como presidente del Gobierno. Al final, es lo de siempre: “Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”. Como el felón de Fernando VII al jurar la Constitución de Cádiz en marzo de 1820 y, después de ser tenido por El Deseado, renegar desde ese día contra la Carta Magna. Eso es cabalmente lo que ha hecho un presidente que a su cuestionable legitimidad de origen suma su cada vez más palpable ilegitimidad de ejercicio.

Contraviniendo todas sus promesas, el doctor Sánchez, ¿supongo? no sólo valida el golpe de Estado de los insurgentes en Cataluña, sino que posibilita que estos asalten la nave del Estado y arrebaten el timón a un presidente encantado de haberse conocido. No es extraño, disfrutando de las bicocas y prebendas de ese Estado al que socava con estúpida irresponsabilidad.

Lo peor del caso es que, después de humillarse y humillar al Estado para recabar el apoyo de los independentistas a los Presupuestos, estos lo han dejado en ridículo. Si él lo consiente, allá él y su conciencia, pero los españoles no debieran transigir con tamaña falta de respeto a sus instituciones.

En vísperas del Día de Difuntos, por mor de su atrabiliaria conducta, Sánchez ha hecho verdad lo escrito por Larra en su célebre artículo de 1836 sobre esta elegíaca efemérides: “Aquí yace media España; murió de la otra media”. Tratando de sepultar el Régimen del 78, formalizó su claudicación ante los independentistas al cumplimentar una de las exigencias que estos verbalizaron la mañana del viernes 19 de octubre. Fue horas antes de que su también socio, Pablo Iglesias, visitara en prisión a uno de los dos cabecillas del golpe, Oriol Junqueras, para rendirle pleitesía e implorarle su apoyo al proyecto de presupuesto en común del Gobierno y de Podemos. Pere Aragonès, mano derecha de Junqueras en el golpe y actual vicepresidente de la Generalitat con Quim Torra, reclamó a Sánchez que, por medio de la Abogacía del Estado, el Gobierno reorientara la causa del 1-O.

Dicho y hecho. Haciendo mangas y capirotes con el trabajo desarrollado hasta ahora por los Servicios Jurídicos del Estado, el Gobierno ha coaccionado a estos a retirar su calificación provisional de rebelión y marca así el camino a la Fiscalía para cuando llegue la hora de fijar sus peticiones en firme. Sánchez retoma así la discrecional doctrina que el otrora Fiscal General del Estado y hoy magistrado del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, puso a disposición de Zapatero en sus tejemanejes con el terrorismo etarra: “El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino”, dado que el ministerio público no puede ser ajeno a la realidad social, “sino profundamente comprometida en su transformación”. Parecida argumentación esgrimió el viernes la ministra de Justicia, la fiscal Delgado, para explicar el volantazo de la Abogacía.

Sánchez atropella así la independencia judicial española y la pone en solfa en el ámbito internacional al municionar los requerimientos independentistas de cara a su recurso en Estrasburgo. A este paso, como en la sátira de Horacio, “Solventur risu tabulae, tu missus abibis“, esto es, la causa acabará en risas y quedarán libres de cargos. Nunca tan pocos hicieron tanto daño al Estado de Derecho.

Conviene insistir en que, al margen de la mayor pena, la rebelión entraña una transgresión contra el orden constitucional -esto es, un golpe de Estado-, mientras la sedición supone un quebrantamiento del orden público. Todo ello después de que Sánchez manifestara que era clarísimo el delito de rebelión. Claro que las opiniones del doctor Jekyll para llegar a La Moncloa no comprometen al mister Hyde apoltronado en el Palacio (Carmen Calvo dixit).

Ante esa deserción del Gobierno, cabe preguntarse qué espectáculo aguarda cuando el separatismo, con su dominio de las artes escénicas, convierta el juicio en un proceso a la democracia española como en su día los alzados del 23-F.

No es para menos cuando, además, anuncia por adelantado el indulto a los golpistas en pago a que estos le hicieran presidente mediante una moción de censura que supone un cambio de régimen en España. Por eso, fue incapaz de responder a la interpelación directa que le hizo en este sentido el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. No era cosa que le creciera aún más la nariz de Pinocho. Todo en él se revela fraudulento como su tesis doctoral. Ya lo advierte el adagio latino: “Falsum in uno, falsum in omnibus” (“Quien falsea un punto, los falsea todos”).

Habiendo rebasado ampliamente las rayas rojas que prometió no saltarse, empero, casi todos en su partido callan como muertos. No hacen siquiera un mohín de protesta ante los desatinos de un presidente al que los españoles le dispensaron los peores resultados de la historia reciente del PSOE. ¿Qué ha sido de tanto barón y baronesa socialistas sino verduras de las eras? Aún en los momentos más dramáticos del PSOE, siempre se alzaron voces críticas cuando la situación de emergencia lo requería. Ahora sólo se escucha un ensordecedor y clamoroso silencio.

En una tesitura similar como fue la asonada del 23 de febrero de 1981, un Gobierno tan débil, pero firme en sus convicciones, como el de Leopoldo Calvo Sotelo, supo estar a la altura de aquella dramática encrucijada logrando las máximas penas contra sus promotores, sin ningún posterior indulto. Amén de ello, conjurada la asonada mediante la histórica comparecencia televisiva del Rey Don Juan Carlos en la que éste se ganó el Trono, aquel Ejecutivo capeó la campaña de desprestigio que se maquinó contra el Monarca desde ámbitos proclives al golpe. Como anota Calvo Sotelo en su Memoria viva de la Transición, al igual que los hombres de Nehemías, el artífice de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, “con una mano levantábamos los muros y con la otra sosteníamos la espada”.

Contrariamente a su padre, en su particular 23-F que fue el 1-O separatista y que tuvo su plasmación en su memorable alocución televisiva del 3 de octubre, Felipe VI vive a cuerpo gentil la campaña de hostilidad y hostigamiento secesionista, mientras el Ejecutivo avala la despenalización de las injurias al Jefe del Estado.

A diferencia de su antepasado Felipe IV que acometió la conquista de Breda con el mejor estratega de la época, el genovés Ambrosio de Spinola, y consiguió hacer capitular a Justino de Nassau, de la casa de Orange, Felipe VI debe confiarse a un presidente tributario de quienes quieren romper España y a los que entrega las llaves, poniendo del revés el óleo velazqueño de Las lanzas. Como antaño los visigodos lo fueron de los caudillos moros merced a la traición del Conde Don Julián, luego reivindicado por Juan Goytisolo, tras franquearles el paso del Estrecho de Gibraltar en venganza, según la leyenda, al ultraje de Don Rodrigo a su hija.

Que nadie dude de que, una vez repuestos los golpistas, como acaeció con Companys en la II República, ellos seguirán a lo suyo con mayor fuerza y más crecidos. Por eso, en un instante tan oscuro, tiene sentido parafrasear las palabras de Churchill a Lord Halifax cuando éste le instó a negociar con Hitler y a abandonar su fantasía de luchar hasta el final: cuándo aprenderemos la lección, cuántos independentistas deberán ser cortejados, apaciguados, colmados de inmensos privilegios antes de que se aprenda la dolorosa lección de que “no se puede razonar con un tigre cuando tienes la cabeza en su boca“.

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La Manada podemita sigue violando a la víctima. -Liberal Enfurruñada/OK Diario-

La izquierda abusa impunemente de la víctima de ‘La Manada’. La usa como si fuera un objeto con el que satisfacer sus deseos y cuando ya haya quedado satisfecha la dejará tirada en el suelo, igual que hicieron las cinco malas bestias condenadas a nueve años de prisión por haberla violado en un portal de Pamplona. Porque en realidad la izquierda neofeminista utiliza a las pobres víctimas de violaciones para conseguir votos o subvenciones y para eso no sirven todas. Si abusa de ti un soldado o un guardia civil tendrás que aguantar estar durante meses en todas las portadas. Montarán manifestaciones en la puerta del juzgado hasta que tus violadores sean guillotinados en una plaza pública y no te dejarán llorar tu dolor.

Pero si quien abusa de ti es un inmigrante africano puedes apostar a que la izquierda neofeminista te ignorará. Se esfuerzan por ocultar los casos en los que los violadores son inmigrantes y mucho más si profesan la religión de aquel que, con 53 años, se casó con una niña de 6 ó 7 años con la que consumó el matrimonio cuando cumplió 9. Esa religión que condena a morir lapidadas a las mujeres que son violadas jamás será criticada por la izquierda neofeminista. Porque su enemigo es sólo el heteropatriarcado y el capitalismo, o sea, los que no les votarán jamás. Existen infinidad de ejemplos pero para mi uno de los más claros es el de una sentencia que acaba de emitir la Audiencia Provincial de Asturias por la que condena a 6 años de prisión a un hombre que violó a una niña de 18 años en Avilés.

En este caso la sentencia considera hechos probados que la víctima acudió voluntariamente al domicilio del condenado. Cuando la niña manifestó su deseo de irse, el violador la agarró por los brazos, le tiró del pelo y la penetró vaginalmente, mientras la niña protestaba y se resistía. Como en el caso de La Manada el tribunal entiende que el uso de la fuerza no fue suficiente para considerarlo agresión sexual y lo condena por abuso. Y también en este caso una de las tres magistradas del tribunal ha pedido la absolución al no dar credibilidad a la niña violada. ¿Sabéis por qué la izquierda neofeminista no ha montado un escandalazo con este caso tan similar al de La Manada? ¿Por qué no ha ocupado durante meses las portadas de la prensa progre? ¿Por qué las redes sociales no han ardido de indignación? Porque el violador es un inmigrante guineano y la violación ocurrió en un piso de acogida. Tan repugnante como real.

No es un caso aislado, lamentablemente la izquierda neofeminista siempre actúa igual. Cuatro argelinos violaron en grupo a una niña de 19 años hace unos días en Alicante. A finales de marzo, también en Alicante, diez argelinos fueron detenidos por violar a tres niñas de entre 14 y 17 años. A la más pequeña la retuvieron durante 24 horas mientras la violaban repetidamente todos ellos. En octubre cuatro marroquíes violaron en la calle a una turista danesa, en Gran Canaria. En septiembre seis menores marroquíes internos en un centro de acogida, violaron a dos niñas de 12 y 13 años en Cádiz. Habrá que poner un presuntamente delante de cada caso, pero la que no es presunta es la poca vergüenza de la izquierda neofeminista, que oculta todos estas violaciones que no les van a dar ni votos ni subvenciones y sólo usan a la pobre niña a la que primero violó La Manada sevillana y de la que hoy sigue abusando La Manada podemita.

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