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Pablo Casado entrega la Justicia a Pedro Sánchez. -Luis del Pino/LD-

Cuando Casado fue elegido presidente del PP, publiqué en este programa un editorial felicitando a su partido por la elección, que daba a los populares la oportunidad de recuperarse y de volver a atraer a los electores desencantados.

Pero – advertí en ese editorial – una posibilidad no equivale a una certeza. Y el que el PP recuperara a su electorado tradicional iba a depender de tres cosas: de que Casado tuviera verdaderas intenciones de regenerar el PP, de que se hiciera de verdad con el poder en el partido para llevar a cabo esa regeneración y de que fuera capaz de soportar las campañas mediáticas que desde fuera de su partido le iban a montar.

Han pasado desde entonces poco más de tres meses y ya hemos salido todos de dudas: las ilusiones que Casado había podido despertar se han ido difuminando, hasta quedar esta semana en nada, tras el vergonzoso pacto en relación con el Consejo General del Poder Judicial.

A pesar de que Partido Popular y Ciudadanos cuentan con los votos necesarios para bloquear cualquier renovación del órgano de gobierno de los jueces, Pablo Casado ha pactado con el PSOE un reparto de los vocales del CGPJ que implica tres cosas:

– Que PSOE y Podemos se hacen con la mayoría de ese órgano, con lo que a partir de este momento controlarán el proceso de nombramiento de jueces.

– Que el juez Marchena abandona su puesto de ponente de la sentencia por el golpe de estado de Cataluña, quitando así de en medio a alguien que resultaba incómodo para los separatistas.

– Que un juez conservador se ve sustituido por otro del sector progresista en la sala del Supremo que debe juzgar el golpe de estado, facilitando así el que la sentencia sea más benévola.

Insisto: Pablo Casado y el PP han llegado a este pacto con el PSOE sin tener necesidad de ello. Pueden perfectamente bloquear la renovación del CGPJ, porque hace falta mayoría de 3/5 para nombrar a los nuevos vocales y entre PP y Ciudadanos cuentan con los votos necesarios para el bloqueo, tanto en el Congreso como en el Senado.

Y no solo es que Casado entregue innecesariamente la Justicia a PSOE y Podemos: es que encima lo ha hecho negociando en secreto mientras en público fingía contundencia contra el actual gobierno:

– al mismo tiempo que pedía en público la reprobación de la actual Ministra de Justicia, Pablo Casado enviaba a Rafael Catalá a negociar con ella la renovación del CGPJ.

– al mismo tiempo que acusaba a Pedro Sánchez en el Parlamento de estar del lado de los golpistas, negociaba con él entregarle el poder judicial y poner a los separatistas un poco más fácil el juicio por el golpe de estado.

– al mismo tiempo que recordaba Venezuela para advertir del peligro que representa Podemos, alcanzaba un pacto con el PSOE que implica que Pablo Iglesias elegirá a varios de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial.

¿Por qué hace eso Pablo Casado? ¿Por qué entrega a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias el control del órgano de gobierno de los jueces, sin tener necesidad de ello? ¿Es simplemente otro Mariano Rajoy más, que no cree en nada y no tiene reparo en engañar a sus votantes? ¿Es acaso que no controla su partido y alguien le ha impuesto esa decisión internamente? ¿Le han amenazado con sacar a la luz nuevos escándalos que le afecten a él o a su partido? ¿Lo hace a cambio de que las causas de corrupción contra el PP queden en nada? ¿Es una condición que le han impuesto para librar a Rajoy de cualquier persecución judicial?

En el fondo, da lo mismo cuál sea la razón por la que Pablo Casado defrauda las esperanzas que muchos habían depositado en él. Lo importante es que, de nuevo, el Partido Popular vuelve a hacerle el juego al PSOE y a adoptar decisiones claramente lesivas para los intereses de España. Da lo mismo si lo hace por descreimiento, por interés o como consecuencia de un chantaje: el caso es que el PP no solo renuncia a defender a sus votantes y a los españoles, sino que se pone una vez más del lado de los que los atacan.

Lo siento por aquellos que creyeran sinceramente en las buenas intenciones de Casado y que se hicieran ilusiones con la posibilidad de regeneración del PP. Tal como vengo advirtiendo hace tiempo, el PP forma parte del problema. Mientras el Partido Popular siga teniendo oportunidad de traicionar a sus votantes, los traicionará. Eso sí: disfrazará sus traiciones con discursos contundentes para fingir que está en el lado correcto. Pero no lo está.

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La vida de los otros. -Hermann Tertsch/ABC-

Muchos se sorprenden en España y Europa continental ante ese soberbio espectáculo de ministros del Reino Unido que dimiten uno tras otro porque las decisiones de su jefa de gobierno no son compatibles con su opinión, con su conciencia o con el voto de su circunscripción electoral que viene a ser lo mismo. En Westminster los diputados defenderán con la palabra y todos los colmillos retóricos la opinión y el interés de sus electores. Y es que eso solo pasa en esas islas y allende el Atlántico, allá donde gobierna el malísimo Donald Trump. El del imperdonable delito de decir todas esas verdades inconvenientes que la hipocresía socialdemócrata no tolera. Como que no se puede sacrificar la vida de los otros en aras de disquisiciones ideológicas. Ni destruir el trabajo ni el precario bienestar de los más pobres en aplicación de los experimentos sociales con seres humanos. Esos experimentos que tanto gustan a políticos de izquierdas, académicos, intelectuales, periodistas y otros privilegiados que pueden protegerse contra los efectos de la política que, con frivolidad, egoísmo y arrogancia, propugnan.

Si el Reino Unido es hoy la patria de la libertad y la responsabilidad, España lo es de la arbitrariedad y el desprecio, en una deriva hacia el desastre cada vez más similar a la previa a la Guerra Civil. ¿Y la UE, dónde está? La Comisión, tan dispuesta siempre a meterse en todo en la vida de las naciones y sus ciudadanos, guarda silencio ante tropelías y abusos de un gobierno que desmantela sin parar las defensas constitucionales y los derechos de los ciudadanos españoles. Callan los siempre dispuestos a difamar, acosar y demandar a gobiernos como los de Hungría o Polonia, que cumplen con la voluntad de sus programas refrendados por amplísimas mayorías absolutas. Nadie se queja de que las hordas de socios del Gobierno asalten la vivienda del juez del Tribunal Supremo que instruye el caso más importante de la historia de la democracia española contra el peor golpe de Estado sufrido desde la guerra civil. El juez acosado desde hace meses carece de protección mientras la Policía protege a responsables de estas acciones propias de camisas pardas nazis y bandas de sicarios comunistas.

Nadie protesta porque socios comunistas de Sánchez acosen a un partido legal como Vox y exijan la muerte y mutilación de los asistentes a un mitin. Y amenacen con una repetición de las matanzas de Paracuellos, con sus miles de muertos inocentes a manos de verdugos de aquel Frente Popular del que el Gobierno se siente heredero. Aplastan la libertad de movimiento de millones en el centro de Madrid por pura arbitrariedad y pisotean los intereses y derechos de todos sus habitantes, agreden a la industria del automóvil y sus cientos de miles de empleados, hunden los patrimonios familiares con su agresión al coche, amenazan a las gasolineras con destruirlas a multas si no se pliegan a un plan ridículo inviable, cierran las nucleares a diez años vista sin plan alternativo. Todo es ideología totalitaria y experimentación social y todo es desprecio a la vida de los otros.

La obscena ocupación de todos los resortes del poder va acompañada del total desprecio al control de la oposición y de los pocos medios no adictos, con casi todos los ministros inhabilitados por criterios aplicados a todo gobierno anterior. Con una brutal descomposición de las instituciones, del orden, la seguridad jurídica y la propia seguridad personal de los españoles. El Gobierno de Sánchez es una amenaza masiva e inminente para la democracia en España y la seguridad económica y física de los españoles. A ver si nos damos cuenta.

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El gran banquete del Consejo General del Poder Judicial. -Javier Gómez de Liaño/LD-

Estas nueve palabras que llevo al título del presente comentario muy bien pudieran haber sido otras. Por ejemplo, Este Consejo no es para ingenuos o Manos pringosas sobre el CGPJ, que quizá fueran los más ciertos y precisos. También pensé en El Consejo ha muerto, lo que no hubiera sido excesivo, pues son muchos los males y los virus que desde su origen en 1980 acechan a la institución.

Al margen de la honradez profesional de los vocales propuestos que no pongo en duda, aunque en algún caso concreto no faltan motivos para la crítica, lo verdaderamente grave es el espectáculo de cómo los partidos políticos se han repartido las veinte vocalías de la institución, más el presidente que también lo es del Tribunal Supremo. Limpieza y suciedad se distribuyen, como las virtudes y los vicios, con criterios bastantes más complejos.

Ante el pacto sin escrúpulos para adjudicarse la octava edición del CGPJ y de este modo controlar el Poder Judicial, hay que dar la razón a quienes califican el proceso de elección de chapuza, paripé, farsa o chanchullo, lo cual se parece mucho a lo que el gran León Felipe, el poeta maldito, payaso de múltiples bofetadas y fervoroso defensor de la Justicia, decía con su garganta rota y en estribillo de matraca de que la justicia mezclada con política era “una pantomima, un truco de pista, un número de circo”.

En su obra El Poder, la Administración y los Jueces, el catedrático de Derecho Administrativo José Eugenio Soriano García afirma que el CGPJ “es cualquier cosa menos muestra alguna del Poder Judicial, sino, más bien, del puro Poder Político” y su situación la de “completo descrédito, sea cual sea el baremo, criterio, herramienta o técnica que se utilice para medir dicho estigma”. La descripción no sólo es obra de expertos externos como el profesor Soriano, sino que son los propios jueces quienes confirman el oprobio al quejarse del sesgo descaradamente partidista de los nombramientos de los vocales del CGPJ, de las injerencias públicas y notorias de los partidos políticos en los nombramientos del presidente y vicepresidente de ese órgano y lamentan el desencanto de una judicatura que se siente poco valorada y, lo que es mucho peor, atosigada por un poder político que mete la mano sin complejos en el poder judicial. Y todo ante la mirada de los ciudadanos que ríen, o sufren, pero en todo caso con espanto.

Y un dato que me he permitido sacar del escalafón de la carrera judicial. Salvo error u omisión, el próximo CGPJ tendrá entre sus competencias la de nombrar discrecionalmente a 36 magistrados del Tribunal Supremo, distribuidos en 3 de la Sala del Civil, 4 de la Sala de lo Penal, 13 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 8 de la Sala de lo Social y 7 de la Sala de lo Militar, más al vicepresidente del Tribunal Supremo, quienes se jubilarán al cumplir la edad de 72 años. Que cada uno haga su personal lectura.

La vergüenza que el escalafón entero de la carrera judicial padece es por la institución en sí misma, por un CGPJ que las instancias políticas que designan a sus miembros manchan de forma irreversible, hasta el extremo de que la independencia de los vocales está en tela de juicio durante el quinquenio que cada mandato dura. ¿Qué queremos que sienta esa gran parte de la magistratura convencida de que su carrera profesional queda en manos de un órgano confeccionado por la maquinaria de los partidos?

En fin. Quien esto escribe cree en la Justicia y en el Poder Judicial y no se avergüenza de hacer pública su fe. Por eso soy capaz de pensar que sin jueces y fiscales realmente independientes un país se va al garete sin remisión y doy por hecho que los ciudadanos no podrán soñar con la justicia, ni con jueces de verdad, mientras los políticos sigan manipulando el CGPJ como si fuera una sucursal de los partidos políticos ocupada por sus representantes o delegados.

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La felonía de Sánchez. -Francisco Rosell/El Mundo-

Cumpliendo las diez de últimas que le dictaron sus socios independentistas y podemitas, Pedro Sánchez ha recurrido al «puñal del godo», en la peor tradición de traidores a la causa de España, para acuchillar al Estado de derecho y hacer dejación extrema de sus deberes como presidente del Gobierno. Al final, es lo de siempre: “Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”. Como el felón de Fernando VII al jurar la Constitución de Cádiz en marzo de 1820 y, después de ser tenido por El Deseado, renegar desde ese día contra la Carta Magna. Eso es cabalmente lo que ha hecho un presidente que a su cuestionable legitimidad de origen suma su cada vez más palpable ilegitimidad de ejercicio.

Contraviniendo todas sus promesas, el doctor Sánchez, ¿supongo? no sólo valida el golpe de Estado de los insurgentes en Cataluña, sino que posibilita que estos asalten la nave del Estado y arrebaten el timón a un presidente encantado de haberse conocido. No es extraño, disfrutando de las bicocas y prebendas de ese Estado al que socava con estúpida irresponsabilidad.

Lo peor del caso es que, después de humillarse y humillar al Estado para recabar el apoyo de los independentistas a los Presupuestos, estos lo han dejado en ridículo. Si él lo consiente, allá él y su conciencia, pero los españoles no debieran transigir con tamaña falta de respeto a sus instituciones.

En vísperas del Día de Difuntos, por mor de su atrabiliaria conducta, Sánchez ha hecho verdad lo escrito por Larra en su célebre artículo de 1836 sobre esta elegíaca efemérides: “Aquí yace media España; murió de la otra media”. Tratando de sepultar el Régimen del 78, formalizó su claudicación ante los independentistas al cumplimentar una de las exigencias que estos verbalizaron la mañana del viernes 19 de octubre. Fue horas antes de que su también socio, Pablo Iglesias, visitara en prisión a uno de los dos cabecillas del golpe, Oriol Junqueras, para rendirle pleitesía e implorarle su apoyo al proyecto de presupuesto en común del Gobierno y de Podemos. Pere Aragonès, mano derecha de Junqueras en el golpe y actual vicepresidente de la Generalitat con Quim Torra, reclamó a Sánchez que, por medio de la Abogacía del Estado, el Gobierno reorientara la causa del 1-O.

Dicho y hecho. Haciendo mangas y capirotes con el trabajo desarrollado hasta ahora por los Servicios Jurídicos del Estado, el Gobierno ha coaccionado a estos a retirar su calificación provisional de rebelión y marca así el camino a la Fiscalía para cuando llegue la hora de fijar sus peticiones en firme. Sánchez retoma así la discrecional doctrina que el otrora Fiscal General del Estado y hoy magistrado del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, puso a disposición de Zapatero en sus tejemanejes con el terrorismo etarra: “El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino”, dado que el ministerio público no puede ser ajeno a la realidad social, “sino profundamente comprometida en su transformación”. Parecida argumentación esgrimió el viernes la ministra de Justicia, la fiscal Delgado, para explicar el volantazo de la Abogacía.

Sánchez atropella así la independencia judicial española y la pone en solfa en el ámbito internacional al municionar los requerimientos independentistas de cara a su recurso en Estrasburgo. A este paso, como en la sátira de Horacio, “Solventur risu tabulae, tu missus abibis“, esto es, la causa acabará en risas y quedarán libres de cargos. Nunca tan pocos hicieron tanto daño al Estado de Derecho.

Conviene insistir en que, al margen de la mayor pena, la rebelión entraña una transgresión contra el orden constitucional -esto es, un golpe de Estado-, mientras la sedición supone un quebrantamiento del orden público. Todo ello después de que Sánchez manifestara que era clarísimo el delito de rebelión. Claro que las opiniones del doctor Jekyll para llegar a La Moncloa no comprometen al mister Hyde apoltronado en el Palacio (Carmen Calvo dixit).

Ante esa deserción del Gobierno, cabe preguntarse qué espectáculo aguarda cuando el separatismo, con su dominio de las artes escénicas, convierta el juicio en un proceso a la democracia española como en su día los alzados del 23-F.

No es para menos cuando, además, anuncia por adelantado el indulto a los golpistas en pago a que estos le hicieran presidente mediante una moción de censura que supone un cambio de régimen en España. Por eso, fue incapaz de responder a la interpelación directa que le hizo en este sentido el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. No era cosa que le creciera aún más la nariz de Pinocho. Todo en él se revela fraudulento como su tesis doctoral. Ya lo advierte el adagio latino: “Falsum in uno, falsum in omnibus” (“Quien falsea un punto, los falsea todos”).

Habiendo rebasado ampliamente las rayas rojas que prometió no saltarse, empero, casi todos en su partido callan como muertos. No hacen siquiera un mohín de protesta ante los desatinos de un presidente al que los españoles le dispensaron los peores resultados de la historia reciente del PSOE. ¿Qué ha sido de tanto barón y baronesa socialistas sino verduras de las eras? Aún en los momentos más dramáticos del PSOE, siempre se alzaron voces críticas cuando la situación de emergencia lo requería. Ahora sólo se escucha un ensordecedor y clamoroso silencio.

En una tesitura similar como fue la asonada del 23 de febrero de 1981, un Gobierno tan débil, pero firme en sus convicciones, como el de Leopoldo Calvo Sotelo, supo estar a la altura de aquella dramática encrucijada logrando las máximas penas contra sus promotores, sin ningún posterior indulto. Amén de ello, conjurada la asonada mediante la histórica comparecencia televisiva del Rey Don Juan Carlos en la que éste se ganó el Trono, aquel Ejecutivo capeó la campaña de desprestigio que se maquinó contra el Monarca desde ámbitos proclives al golpe. Como anota Calvo Sotelo en su Memoria viva de la Transición, al igual que los hombres de Nehemías, el artífice de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, “con una mano levantábamos los muros y con la otra sosteníamos la espada”.

Contrariamente a su padre, en su particular 23-F que fue el 1-O separatista y que tuvo su plasmación en su memorable alocución televisiva del 3 de octubre, Felipe VI vive a cuerpo gentil la campaña de hostilidad y hostigamiento secesionista, mientras el Ejecutivo avala la despenalización de las injurias al Jefe del Estado.

A diferencia de su antepasado Felipe IV que acometió la conquista de Breda con el mejor estratega de la época, el genovés Ambrosio de Spinola, y consiguió hacer capitular a Justino de Nassau, de la casa de Orange, Felipe VI debe confiarse a un presidente tributario de quienes quieren romper España y a los que entrega las llaves, poniendo del revés el óleo velazqueño de Las lanzas. Como antaño los visigodos lo fueron de los caudillos moros merced a la traición del Conde Don Julián, luego reivindicado por Juan Goytisolo, tras franquearles el paso del Estrecho de Gibraltar en venganza, según la leyenda, al ultraje de Don Rodrigo a su hija.

Que nadie dude de que, una vez repuestos los golpistas, como acaeció con Companys en la II República, ellos seguirán a lo suyo con mayor fuerza y más crecidos. Por eso, en un instante tan oscuro, tiene sentido parafrasear las palabras de Churchill a Lord Halifax cuando éste le instó a negociar con Hitler y a abandonar su fantasía de luchar hasta el final: cuándo aprenderemos la lección, cuántos independentistas deberán ser cortejados, apaciguados, colmados de inmensos privilegios antes de que se aprenda la dolorosa lección de que “no se puede razonar con un tigre cuando tienes la cabeza en su boca“.

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La Manada podemita sigue violando a la víctima. -Liberal Enfurruñada/OK Diario-

La izquierda abusa impunemente de la víctima de ‘La Manada’. La usa como si fuera un objeto con el que satisfacer sus deseos y cuando ya haya quedado satisfecha la dejará tirada en el suelo, igual que hicieron las cinco malas bestias condenadas a nueve años de prisión por haberla violado en un portal de Pamplona. Porque en realidad la izquierda neofeminista utiliza a las pobres víctimas de violaciones para conseguir votos o subvenciones y para eso no sirven todas. Si abusa de ti un soldado o un guardia civil tendrás que aguantar estar durante meses en todas las portadas. Montarán manifestaciones en la puerta del juzgado hasta que tus violadores sean guillotinados en una plaza pública y no te dejarán llorar tu dolor.

Pero si quien abusa de ti es un inmigrante africano puedes apostar a que la izquierda neofeminista te ignorará. Se esfuerzan por ocultar los casos en los que los violadores son inmigrantes y mucho más si profesan la religión de aquel que, con 53 años, se casó con una niña de 6 ó 7 años con la que consumó el matrimonio cuando cumplió 9. Esa religión que condena a morir lapidadas a las mujeres que son violadas jamás será criticada por la izquierda neofeminista. Porque su enemigo es sólo el heteropatriarcado y el capitalismo, o sea, los que no les votarán jamás. Existen infinidad de ejemplos pero para mi uno de los más claros es el de una sentencia que acaba de emitir la Audiencia Provincial de Asturias por la que condena a 6 años de prisión a un hombre que violó a una niña de 18 años en Avilés.

En este caso la sentencia considera hechos probados que la víctima acudió voluntariamente al domicilio del condenado. Cuando la niña manifestó su deseo de irse, el violador la agarró por los brazos, le tiró del pelo y la penetró vaginalmente, mientras la niña protestaba y se resistía. Como en el caso de La Manada el tribunal entiende que el uso de la fuerza no fue suficiente para considerarlo agresión sexual y lo condena por abuso. Y también en este caso una de las tres magistradas del tribunal ha pedido la absolución al no dar credibilidad a la niña violada. ¿Sabéis por qué la izquierda neofeminista no ha montado un escandalazo con este caso tan similar al de La Manada? ¿Por qué no ha ocupado durante meses las portadas de la prensa progre? ¿Por qué las redes sociales no han ardido de indignación? Porque el violador es un inmigrante guineano y la violación ocurrió en un piso de acogida. Tan repugnante como real.

No es un caso aislado, lamentablemente la izquierda neofeminista siempre actúa igual. Cuatro argelinos violaron en grupo a una niña de 19 años hace unos días en Alicante. A finales de marzo, también en Alicante, diez argelinos fueron detenidos por violar a tres niñas de entre 14 y 17 años. A la más pequeña la retuvieron durante 24 horas mientras la violaban repetidamente todos ellos. En octubre cuatro marroquíes violaron en la calle a una turista danesa, en Gran Canaria. En septiembre seis menores marroquíes internos en un centro de acogida, violaron a dos niñas de 12 y 13 años en Cádiz. Habrá que poner un presuntamente delante de cada caso, pero la que no es presunta es la poca vergüenza de la izquierda neofeminista, que oculta todos estas violaciones que no les van a dar ni votos ni subvenciones y sólo usan a la pobre niña a la que primero violó La Manada sevillana y de la que hoy sigue abusando La Manada podemita.

Ver artículo original:

Análisis de la sentencia de #LaManada realizada por un “profano” en la materia @Anonimo_Abogado y no por “expertos” que pululan por twitter,#Podemos y #Feminazis .

Las estupideces que uno lee en los hashtag de ignorantes/ignorantas que opinan sin leer sentencias y entenderlas me hacen para poder opinar libremente tener que crear esta cuenta. Abro hilo…

1) En primer lugar la victima del abuso cambió su declaración de forma abismal. >En dependencias policiales dijo que fue usada violencia e intimidación. >En el juicio fue negado por ella misma. Esto lo resalta la propia sentencia: Pag 33, 171, 179 entre otras

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2) Otros ejemplos de las contradicciones serian los que publico en estas fotos. Los 2 magistrados que deciden la condena entienden que los cambios de criterio no son de importancia, a diferencia del voto en particular que entiende que los cambios son de gran importancia

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4) > La turba del dice que hubo violencia > La victima confirma que no hubo violencia para acceder al lugar, cambiando su declaración policial en la que decia que si hubo.

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5) Para existir violación se requiere: – Violencia o.. – Intimidación La propia victima niega en juicio que hubiera violencia o intimidación y el informe medico pericial indica que no habia indicios de violación

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6) El informe medico aprecia que no existían en base a las lesiones que tenía indicios de agresión sexual. ¿Los/las feministas pancarteras pasarán por la guillotina también a los servicios médicos? Que facil opinar sin tener estudios y sin leer la sentencia…

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7) Y aun con todo esto se ha condenado a 9 años del maximo posible, 10 años. Parece como si no hubiesen sido castigados y lo cierto es que no. Es más, hay dudas razonables de que tampoco deberían haber sido condenados por abuso sexual, tal y como expresa el tercer magistrado.

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8) Los 3 magistrados están deacuerdo en que no hubo ni violencia ni intimidación en el caso de La Manada. Sin embargo uno de los 3 opina que tampoco hubo abuso sexual. Desgloso alguno de sus argumentos

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9) Ni tan siquiera está acreditado según los informes médicos forenses de ambas partes que la victima estuviera en estado de shock. Esta es otra de las criticas que el tercer magistrado hace respecto a la opinion de sus 2 compañeros.

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10) Otra mentira de quienes no se han leido una linea de la sentencia es decir que no se ha escuchado a la victima. Todo lo contrario. Se basa el tribunal en su declaración en la que niega la violencia e intimidación.

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11 a) Por último y clave del asunto son las declaraciones de la víctima. Lo normal hubiera sido que no las conozcamos pero gracias al magistrado tercero, en la exposición para justificar su voto las muestra, asi como sus multiples contradicciones. Puede comprobarse…

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11 b) como la victima niega existir cualquier clase de violencia o intimidación… Sin violencia ni intimidación no hay violación. De ahi que les condenases por abuso sexual. Comprendo que debe ser complicado leer este resumen de menos de 20 páginas para los/las ignorantas…

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Es lamentable criticar una sentencia ignorantas e interesados que les da igual la verdad y no tienen formación para ello. Los magistrados han pasado como minimo 5 años de carrera de derecho, luego unas oposiciones durisimas y por ultimo muchos años de experiencia para estar alli

A los/ las ignorantas les da igual la verdad, no tienen la formación y lo único que les importa es atacar a los hombres. Si por ellas fuera se colgaria a los jueces y a la manada del cuello y lo llamarian justicia… Luego esas mismas critican la prision permanente revisable…

Si eres de las personas que no tienen miedo a difundir la verdad se agradece la difusión (RT) Si eres una persona que no está deacuerdo con todas las pruebas expuestas con gusto responderé a las dudas o debatiré los comentarios (siempre desde el respeto).

Enlace con el twitt original:

 

El racismo alemán humilla a España y destroza la UE. -F.J.Losantos/LD-

No, no ha sido un juez de provincias, ni una instancia judicial mal informada por el Gobierno de Rajoy. Ha sido la ministra de Justicia socialista la que en una rueda de prensa tan innecesaria que sólo podía ser deliberada, se comportó de forma insultante y ofensiva contra España, ciscándose en el principio básico de la creación de la UE, que es la inviolabilidad de las fronteras de los países miembros, un principio que se debe a la propensión alemana a invadir y masacrar a los países vecinos, la última vez en 1939. No ha sido la “decisión judicial” que acataron cobardemente Soraya y Catalá, porque la sentencia antiespañola fue respaldada y ampliada por el Gobierno. Y tampoco unas declaraciones “desafortunadas” como musitó penosamente Dastis, porque avalan una acción judicial que humilla a España y destroza cualquier principio de unidad judicial europea en los casos más importantes.

La Rieffenstahl socialista de Merkel

Repasemos las claves del discurso de la ministra germana, que a mí me recuerda a Leni Riefenstahl, la brillante cineasta nazi cuya obra maestra El triunfo de la voluntad tanto contribuyó a deificar a su admirado y admirador Adolf Hitler y, de paso, a retratar el fanatismo del pueblo alemán. Tras escapar de las ruinas del Reich Leni se dedicó a la filmación y disfrute de otra raza superior, en este caso negra, masai, en Africa Central; y murió casi centenaria, discretamente venerada en todas las filmotecas del mundo. La esbelta y racista ministra socialista Katarina Barley no tendrá su talento, pero sí su arrogancia. Lo que dijo fue nada más y nada menos que esto:

1. Que ya conocía antes de ser pública, y que compartía plenamente los argumentos de la sentencia del tribunal de Schleswig-Holstein. O sea, que el tribunal, sabedor de su importancia y gravedad, la había adelantado al Gobierno Merkel, que la ocultó aviesa y deslealmente al Gobierno español. No fue, pues, una decisión independiente, sin prever su efecto político. Los jueces de esa región tuvieron previamente el respaldo del Gobierno alemán.

2. Que sobre negarse a cumplimentar la euroorden por el delito de rebelión -lo único que debía hacer el tribunal, sin entrar en el fondo del asunto, que no es de su incumbencia según los acuerdos de la UE, “no le será fácil” al Gobierno español “probar el delito de malversación”. Como si fuera el Gobierno y no el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial, el encargado de calificar los delitos de un prófugo de la Justicia española, es decir, que la ministra, léase Gobierno alemán, comparte lo que los golpistas catalanes dicen del Estado Español: que no es una democracia. Si no lo es y no respeta los principios fundamentales de la UE, sorprende que la ministra pro-golpista alemana y los propios forajidos golpistas esperen que respeten, sin embargo, lo que decida un juzgado alemán, con su Gobierno detrás. ¿Ha de ser España un protectorado alemán para considerarse Estado de Derecho? Para el Gobierno alemán, evidentemente, sí. Y para sus jueces, también.

3. Para que no haya duda al respecto, la ministra alemana comunica al Estado racial y políticamente inferior -la aceitosa colonia sureña llamada España- que si no demuestra -y ya ha adelantado que le será muy difícil- la malversación de fondos públicos, Puigdemont “será libre en un país libre, que es la República Federal Alemana”. Está claro que para la máxima autoridad en materia de Justicia del Gobierno alemán, ni España es libre ni, por tanto, merece ser un país, así que resulta moralmente imperativo que Alemania dedique todo su esfuerzo a destruirlo. Como el propio Pigdemont.

La raza superior sí tiene derecho a combatir el separatismo

Oportunísima para entender la Leyenda Negra contra España es la exposición que esta semana presentó María Elvira Roca sobre Lutero en Alcobendas, porque el fundador del protestantismo lo es también del racismo alemán moderno, que culmina en Hitler pero se alarga hasta Katarina Barley, criatura anglo-germánica que no oculta el secular desprecio de los países reformistas a los católicos, cuyo gran exponente era España. Aquí no quedan casi católicos ni allí protestantes, pero el racismo contra el Sur sigue intacto.

El racismo protestante -ferozmente antisemita desde Lutero y Calvino– contra los españoles no era sólo por ser católicos, sino por tener sangre judía, lo mismo que decían los padres del nacionalismo catalán, que los españoles somos muy judíos. Hace poco escribía Junqueras que los catalanes tenían un ADN más parecido al francés que al español. No se atrevió a decir que eran arios puros. Ahora, tal vez se atreverán, porque el IV Reich ha iniciado la desmembración de Europa que el III llevó al paroxismo. En Memoria del Comunismo cuento que una de las hazañas hitlerianas que desembocaron en la II Guerra Mundial, la anexión de los sudetes, fue saludada por Companys y Aguirre como “un triunfo de la autodeterminación de los pueblos”, y le enviaron un caluroso telegrama de felicitación a Chamberlain por permitirla. La historia no se repite, pero a veces se parece horrores.

¿Por qué digo que lo de la socialista Katarina Barley es racismo puro? Porque para la izquierda europea la libertad y la democracia, cuya garantía es el Estado de Derecho, no es natural en los países o razas inferiores, eslavos y católicos, sobre todo hispanos. Carlos Rangel explica en Del buen salvaje al buen revolucionario cómo anglosajones, alemanes y franceses defienden para Iberoamérica las dictaduras comunistas que para sus países rechazan. Creen que para Cuba, Nicaragua, Colombia o Venezuela, como para España en 1936, el imperio de la Ley, el Estado de Derecho son productos exóticos para los que nunca estaremos realmente preparados. Una dictadura con toques pintorescos, atractivos para el turista político, es más que suficiente.

El recuerdo político-legal de Sosa Wagner

La prueba de que sólo el racismo político de la izquierda europea, perfectamente representado por la socialista Barley, explica la miserable agresión no de un juzgado de Shleswig-Holstein -insisto- sino del Gobierno alemán contra España y la UE, es que el tribunal constitucional de Karlsruhe condenó tajantemente, y hace bien poco para que un juez pueda olvidarlo, un referéndum para la independencia de Baviera. Lo recordó ayer en El Mundo el eurodiputado Francisco Sosa Wagner en un artículo formidable: El horror de Schleswig-Holstein, del que transcribo estos párrafos esenciales:

(…) ustedes, señores de mohosas togas de Schleswig-Holstein, han considerado que un proyecto de secesión como el de Cataluña que implica violar el texto constitucional y además -¡una bagatela!- alterar las fronteras de un país europeo, es asunto menor y que desde luego no es motivo para mantener en prisión a su autor y entregarlo a los jueces y tribunales españoles. Y todo en virtud de una confusa argumentación, propia no de juristas sino de rábulas, sobre la inexistencia de violencia que ustedes por supuesto no aceptarían si de analizar una alta traición (Hochverrat) se tratara.

¿O es que no recuerdan ustedes la celeridad con la que el Tribunal Constitucional de Karlsruhe zanjó la pretensión de celebrar un referéndum en Baviera (2 BvR 349/16)? Lo hizo con estas escuetas palabras contra las que no creo que ninguno de ustedes se revolviera: “En la República Federal de Alemania, Estado nacional fundamentado en el poder constituyente del pueblo alemán, los Länder no son señores de la Constitución. En la Constitución no existe ningún espacio para las aspiraciones secesionistas de los Länder. Son contrarias al orden constitucional”.

Tan clarito es lo que he tratado de contar que me inclino a pensar que su disparatada decisión -sea dicho con el máximo de los respetos- es el fruto, por un lado, de su ignorancia de lo que significan España y el orden establecido en los Tratados europeos; por otro, del hecho de que viven ustedes en una burbuja periodística y televisiva en la que prácticamente no han tenido cabida más que las tesis de los secesionistas catalanes.

Al siempre educado Sosa Wagner le faltó añadir: y porque ustedes son unos racistas siniestros, que desprecian para España lo que defienden para Alemania: fronteras seguras, orden constitucional y defensa de la integridad nacional garantizados por la cooperación internacional de la UE. ¿No apoyó España la reunificación de Alemania pese a la oposición de las Francia y Gran Bretaña? ¿Y así nos lo pagan? ¿Diciendo que en 340 actos violentos no hay violencia? ¿Porque pegan a policías españoles? ¿Esto es cooperación entre democracias o repugnante racismo político? Para mí no hay duda: puro racismo, desprecio del grande al chico, del rubio al moreno, del izquierdista al español, que sólo si es comunista deja de ser franquista, en todo caso fuera de las delicatessen democráticas de los arios civilizados.

Si la UE no condena a Alemania, que disfrute el IV Reich

Duro es el golpe a España, pero mucho más duro a la UE, cuyo primer país, Alemania, respalda la destrucción física y legal del cuarto, que es España. Y no es sólo culpa de Rajoy, aunque si tuviera decencia, tras el estrepitoso fracaso internacional de su política ante el golpismo catalán, dimitiría de un cargo del que pocos dudan que para él es sólo el parapeto ante el banquillo. La oposición con una cierta idea de España, es decir, Ciudadanos, debería poner en marcha no sólo una moción de censura para echar al Gobierno y convocar elecciones, sino una campaña internacional -aquí quiero ver a Macron– para que la UE desautorice a Alemania y defienda nítidamente la integridad nacional española. Y si no, que disfruten otros del IV Reich. Al final, si no nos defendemos nosotros, en esta Europa nadie nos defenderá.

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A hacer puñetas. -Javier Somalo/LD-

Podemos pensar que la Unión Europea es un engendro de burocracias nacionales regida por una burocracia superior que genera normativas y funcionarios a granel, podemos deducir pues, que las partes y el todo no tienen nada en común y que queda un largo camino para que sea una realidad al servicio del ciudadano. Pues sí. Pero mientras eso se arregla, si es que es posible, lo inadmisible en este negro abril de 2018 es que un estado miembro, España, haya renunciado a sofocar un golpe de Estado interno.

No estaríamos en Alemania ni habríamos pasado por Bélgica o Suiza de haber tenido los arrestos para acabar con el órdago separatista en casa. Pero Pilatos se lavó las manos dejando el destino de España en la bocamanga de los jueces. Pocas veces un gobierno ha estado tan respaldado como el de Rajoy para plantar cara a los golpistas. Habíamos pasado del “hablando se entiende la gente” o el “habrá que intentarlo” de Juan Carlos I a los puños apretados y el discurso firme de Felipe VI; de la mayoría acobardada y silenciosa a la Tabarnia –a Dios gracias– escandalosa. Pues nada. En España, el Ejecutivo está concebido para vivir en La Moncloa, y de la política de Estado que se encarguen los tribunales. El desgaste por la defensa de la democracia y el imperio de la Ley que se lo remitan al juez Llarena y a su familia, que ya sufren el terrorismo de la diana en la frente.

Rajoy sólo habla de Economía y de Europa. La primera, por bien que pueda progresar y por más que sea éxito de todos, no tanto del Gobierno, está ahora en manos del PNV que se deja ofertar. Y de la segunda, estamos viendo los frutos y la anoréxica imagen de nuestro país. Ni con José María Aznar ni con Felipe González habríamos hecho parada y fonda en montañas lejanas. Gracias a Mariano Rajoy, la herencia envenenada de José Luis Rodríguez Zapatero emponzoña nuestras instituciones a un ritmo sobrecogedor.

El gobierno de España está instalado en la política de pudridero y en acatar, por no madrugar, lo que digan los tribunales propios y ajenos. ¿Es esto gobernar? No, pero hay todavía más insultos que inventariar. El pago de la fianza al golpista Puigdemont lleva el sello del Banco de España y ha salido de los Presupuestos del Estado, los mismos que costean cada afrenta en TV3. ¿Alta traición? Sí, pero dónde. ¿Malversación? También, pero de quién. “Ni un euro –dijo Cristóbal Montoro– se va a dedicar al referéndum”. Pues además de que aquello era mentira, ahí están –una vez más– Omnium Cultural y la ANC, o sea, la República de Cataluña declarada y firmada, depositando el sucio dinero español porque Madrid sí paga traidores.

En España se hizo una abdicación histórica sin Ley: se tuvo que pergeñar después del hecho consumado porque nadie se lo había planteado aunque algunos achaquen a Spottorno un papel brillante y crucial en la improvisación. Es todo así, como cuándo los franquistas se preguntaban qué llegaría después de Franco porque no concebían “el hecho biológico inevitable”. No es que legislemos en caliente, como dicen los oportunistas, es que se hace casi siempre tarde y mal, derogando lo útil e hipertrofiando lo obvio, creando instancias especiales allí donde bastaría lo ordinario, si se aplicara, claro. Y ya no somos una democracia joven, como se solía justificar en los casos más sonados de inepcia legislativa. Que van 40 años.

España se ha ido a hacer puñetas en Cataluña usando a los jueces para esconder la cobardía. Se tarda mucho en confeccionar tanto bordado y encaje que adornan las bocamangas de las togas, por eso se hacían en conventos, y hasta en cárceles, en los largos tiempos muertos del retiro. Ahora la solución togada al golpe, por omisión del deber de gobierno, se complica con interpretaciones extranjeras que sólo confirman otra desgracia más: la insistencia de Europa por autodestruirse. Eso sí, a imagen de España.

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El artículo 155 y el Código Penal, en suspenso. -Editorial/LD-

Parece ser que ni el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se han dado por enterados (o querido darse por enterados) de la declaración de independencia de Cataluña proclamada el martes por Carles Puigdemont en el Parlamento catalán. No se explica, de otro modo, que, en lugar de presentar inmediatamente una querella contra el presidente de la Generalidad por un delito de rebelión (tipificado claramente como tal en el artículo 472.5 del Código Penal), el máximo responsable del Ministerio Público guarde silencio; o que el presidente del Gobierno, en el colmo del surrealismo, se haya visto en la necesidad de pedir una aclaración al cabecilla del golpe de Estado para que “confirme” si ha declarado la independencia de Cataluña.

Lo peor de todo, sin embargo, es la brutal manipulación mediática y política que ha hecho pasar esa surrealista petición de aclaración al todavía impune y ya reincidente delincuente que preside la Generalidad como si se tratase del “requerimiento previo” del que habla el artículo 155 de la Constitución. Ese “requerimiento previo” tiene como finalidad la de exigir al presidente de la comunidad autónoma el inmediato cumplimiento de las obligaciones que las leyes le imponen o el inmediato cese de actuaciones que atenten gravemente contra el interés general de España, incumplimientos e ilegales actuaciones que el legislador da por descontadas y no susceptibles de ser valoradas por el presidente autonómico que las ha perpetrado.

La decisión de Rajoy de incluir al mismo tiempo un segundo requerimiento –este sí– en el que insta a Puigdemont a cesar en dichos “incumplimientos” y “actuaciones” nos aboca a tener que esperar al día 19 de octubre para conocer cuáles son las medidas que Rajoy propone al Senado para forzar el acatamiento del orden constitucional por parte de la Administración autonómica en rebeldía, medidas que podrían significar –o no– su suspensión parcial, total, temporal o indefinida.

No menos grave es la circunstancia de que este esperpéntico compás de espera esté afectando a la acción de la Justicia, como ilustra el inquietante hecho de que la Fiscalía General del Estado no haya instado querella alguna contra los cabecillas del golpe y máximos mandatarios de la Generalidad desde el pasado 7 de septiembre, con ocasión de la convocatoria del 1-O. Pasividad inexplicable si se tiene en cuenta la cantidad de delitos que se han perpetrado desde entonces y el hecho de que sí se ha procedido judicialmente contra los subordinados de Puigdemont, como el mayor de los Mossos d’Esquadra, o los presidentes de Òmnium Cultural y la ANC. ¿Cómo es posible que se haya abierto causa judicial por delito de sedición contra quienes, como Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, sirvieron de correas de transmisión del público y sedicioso llamamiento de Puigdemont del 20 de septiembre pero no se haya incluido en la causa a la autoridad que incitó públicamente dicha sedición? ¿También la implicación de Puigdemont en estos hechos va a quedar a juicio del propio Puigdemont?

Eso, por no olvidar la inolvidable y escandalosa decisión de la Fiscalía, tras la dimisión de Torres Dulce como fiscal general, de retirar de su escrito de acusación contra Artur Mas los delitos que implicaran penas de cárcel (usurpación de funciones y malversación); decisión del Ministerio Público tomada en paralelo a la decisión del Gobierno de Rajoy de impulsar lo que se conoció como operación Diálogo, a cargo de Soraya.

Todo apunta a que esta inexplicable impunidad de Puigdemont y esta igualmente inexplicable resistencia de Rajoy a suspender una Administración que lleva en rebeldía desde 2012 obedecen a ese “diálogo dentro de la legalidad” que este mismo miércoles el presidente del Gobierno ha vuelto a ofrecer a unos golpistas a los que ningún propósito de enmienda les debería evitar soportar todo el peso de la ley. En este mismo repugnante sentido apuntan las esclarecedoras declaraciones de Pedro Sánchez, en las que ha asegurado haber acordado con Rajoy la puesta en marcha de una comisión constitucional para “modernizar” la Carta Magna.

Habida cuenta de las inocultadas ganas de Rajoy –no digamos de Pedro Sánchez– de contentar a los nacionalistas, todo apunta a que la Cataluña nacionalista va a seguir gozando –con o sin reforma constitucional– de una inadmisible independencia de facto si Puigdemont renuncia a que dicha independencia sea declarada y reconocida de iure.

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http://www.libertaddigital.com/opinion/editorial/el-articulo-155-y-el-codigo-penal-en-suspenso-83405/