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El lastre del rajoyismo -Emilio Campmany/LD-

Desde un punto de vista programático, el PP se parece cada vez más a Vox. La única diferencia apreciable está en el inequívoco europeísmo del PP frente al relativo euroescepticismo de Vox. No tiene nada de particular, ya que Vox, lejos de ser el partido de extrema derecha que dicen, no es más que una suerte de PP auténtico nacido al socaire de los incumplimientos de Rajoy. Momento cumbre de esa descafeinización que sufrió el PP fue aquél en el que el anterior presidente del partido expulsó a liberales y conservadores. Idos éstos, tras la renuncia a su ideario liberal-conservador, ¿qué PP quedó? Quedó el rajoyismo, una mezcla de gramática parda y socarronería provinciana argamasada con galleguismo de sainete, servil y complaciente con el ideario de la izquierda.

De forma que el problema de Casado consiste en convencer a los electores del PP de que el Partido Popular de siempre ha vuelto. Por eso los programas de Vox y PP se parecen tanto. Hacer un programa con las ideas de siempre del PP es fácil, pero para ganar no es suficiente. Hay que conseguir que los potenciales votantes crean que se aplicará si se gobierna. Para que lo hagan no basta decir que se cumplirán las viejas promesas que dieron a Rajoy la mayoría absoluta. Hay que demostrarlo. Y, mientras no se gobierne, la única forma de hacerlo es renegando de Rajoy, de sus colaboradores y de su herencia. Mucho más cuando el que pretende ser creído es uno de esos ayudantes cómplices. Mientras esto no se haga, el PP seguirá siendo incapaz de recuperar su fuerza.

Si el programa de Casado fuera creíble, Vox sería innecesario y Ciudadanos se vería empujado hacia la izquierda. No sucede tal porque una parte considerable de los potenciales votantes del PP no se cree lo que Casado dice. Y es normal que no lo haga mientras en las listas aparezcan hombres y mujeres de Rajoy, que en el Ejecutivo, en el Legislativo y hasta en la prensa callaron mientras Rajoy se ciscaba en las ideas que ahora dicen defender.

Hay quien opina que una campaña electoral no es momento para renegar de los tuyos. Eso será en condiciones normales. En éstas, tras haber abandonado de modo flagrante el PP a sus votantes, es más necesario que nunca, si se quiere tener alguna credibilidad defendiendo las viejas ideas una y otra vez traicionadas en el altar laico de la izquierda. Mucho más cuando quien dirige el PP es uno de los muchos que callaron, cuando no justificaron, las groseras traiciones del jefe. Puede que Casado tuviera que hacerlo para sobrevivir y tener ahora la oportunidad de rescatar al PP. Pero, si quiere que lo crean, lo único que puede quedar de Rajoy en el partido es él mismo. Los demás, a la calle.

Como no lo ha hecho, Vox sigue atrayendo a muchos de sus votantes. Y por eso el futuro de Casado es más incierto e inseguro que el reinado de Witiza.

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Feminismo Munchausen -Santiago Navajas/LD-

¿Qué tienen que ver Andrea Dworkin y Carmen Calvo? Son célebres feministas. La primera, teórica; la segunda, política. También se parecen en que van de sufridoras profesionales y han hecho de su feminismo una de las infinitas maneras del victimismo subvencionado. Carmen Calvo, profesora de Derecho Constitucional y vicepresidenta del Gobierno, cree que “(las mujeres) pagamos un dramático peaje por ser mujeres”. Que eso lo diga una heredera de aquellos socialistas que persiguieron a la política feminista liberal Clara Campoamor es significativo del grado de hipocresía del feminismo filisteo. Esto puede parecer una generalización exagerada pero tenga en cuenta que Calvo, una intelectual académica, ha leído lo que Dworkin sentenció sobre la situación de las mujeres:

“Bajo el patriarcado, el hijo de cada mujer es su potencial traidor y también el inevitable violador y explotador de otra mujer”

Así que, según el principio Dworkin-Calvo, si es usted una mujer seguramente habrá sido asaltada por un par de Manadas y si es un hombre mayor de dieciocho años con casi total seguridad habrá violado a un par de mujeres (salvo Pedro Sánchez, claro está y, quizás, Grande Marlaska).

Otra ideóloga del 8M monopolizado por el feminismo radical, Catherine MacKinnon, creía que (en el resumen apropiado que hizo de su pensamiento la investigadora académica del feminismo Daphne Patai):

“En una sociedad patriarcal, todo coito heterosexual es violación puesto que las mujeres como colectivo carecen del poder para otorgar un consentimiento que tenga valor”.

O, dicho de otro modo, que todas las mujeres están alienadas por la sociedad capitalista, así que ni siquiera cuando dicen “sí” quieren decir que sí porque en realidad no saben lo que quieren y son meras marionetas de los hombres que, por definición, son unos violadores. Y, por tanto, el enemigo. Desde otra trinchera del feminismo socialista, Manuela Carmena sostiene que “la violencia está incardinada en el ADN de la masculinidad (…) con un gen de la violencia que ha dominado el mundo.” Por ello Calvo define feminismo como “la lucha conjunta de todas las mujeres para tener las mismas oportunidades y para parar las injusticias y los obstáculos que tenemos”. De este modo, satanizan a todos los hombres incluyendo a la inmensa mayoría que está de acuerdo con el objetivo humanista de la igualdad entre hombres y mujeres. Un objetivo que defendieron filósofos como Platón en la República y John Stuart Mill en El sometimiento de las mujeres. Cuando termine de leer Manual de resistencia, Carmen Calvo debería intentar leerlos.

Para la dupla Dworkin-MacKinnon lo importante no era conseguir la igualdad entre hombres y mujeres por la sencilla razón de que en una democracia liberal esa igualdad siempre sería, para su radicalismo de extrema izquierda, una engañifa. Por ello de lo que se trata es de quejarse por lo que sea. Aunque España sea un país que destaca como uno de los países más feministas del mundo según todos los índices internacionales, para una feminista radical como Carmen Calvo siempre será un país estructuralmente idéntico a, pongamos, Arabia Saudí. Por ello, de lo que se trata es de erosionar al máximo lo que es, desde su perspectiva de feminismo socialista, el enemigo público número 1 de las mujeres: el Estado de Derecho y la economía de mercado, instituciones ambas basadas en la libertad individual, la espontaneidad social y la sociedad abierta. Por ello introducen medidas iliberales al estilo de la asimetría penal, las cuotas de género, el lenguaje inclusivo y la obligatoriedad de los permisos de paternidad. Como no pudieron derrotar al liberalismo desde fuera, con el comunismo, tratan de corroerlo desde dentro, con el feminismo de género.

El síndrome Munchausen es una dolencia mental caracterizada por autoinfligirse heridas y daños corporales para causar pena y pedir atención. Como analogía, y respetando a los que realmente sufren la enfermedad, sirve como explicación de lo que trata de hacer el feminismo socialista contemporáneo. Carmen Calvo y el resto de feministas doctrinarias han convertido el feminismo en un negocio y un privilegio, desvirtuándolo y parasitándolo.

Las elecciones del 28-A serán también, y en tan grande medida como el conflicto entre constitucionalistas, por un lado, y golpistas y terroristas, por otro, una confrontación entre el feminismo liberal y el feminismo Munchausen.

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Alerta anticomunista -Emilio Campmany/LD-

Que Pablo Iglesias decrete una “alerta antifascista” porque Vox haya obtenido 12 escaños en las elecciones andaluzas es normal. La querencia de este sicofante de ideas totalitarias al lenguaje y los modos de los años treinta no es cosa ya que maraville. Lo que sobresalta es que la práctica totalidad de los medios haya secundado la alerta aceptando la premisa de que Vox es un partido antidemocrático.

Una de las acusaciones que arrojan sobre Vox es que se opone a la inmigración ilegal. Todos, partidos políticos y medios de comunicación, deberían oponerse a ella, aunque sólo fuera porque, como su propia denominación indica, es “ilegal”. Pero, además, lo que hay detrás es el crimen organizado: mafias que venden el pasaje a Europa y empresarios desaprensivos que ocupan a los inmigrantes en el tráfico de copias piratas, en empleos ocultos al fisco y a la Seguridad Social, en la prostitución y demás. Y esos negocios son posibles porque nuestros políticos brindan a los inmigrantes ilegales la protección social que las mafias venden en origen y de la que se aprovechan quienes los explotan. ¿Oponerse a que los criminales se enriquezcan gracias a la protección social que el Estado otorga a los inmigrantes y que se financia con nuestros impuestos es antidemocrático? No digo que no haya argumentos para defender que quienes logren entrar ilegalmente en España merecen ser protegidos. Pero también los hay, y muy poderosos, en contra. Y son tan legítimos como los otros.

También acusan a Vox de ser anticonstitucional y lo comparan, no ya con Podemos, sino con los golpistas catalanes, pues, si éstos trataron de volar la Constitución decretando la independencia de Cataluña, los de Vox pretenden otro tanto liquidando las autonomías. Vox no quiere incumplir la Constitución. Al contrario. Pretende que todos, incluidos los independentistas catalanes, la cumplamos. Como casi todos los partidos, además quiere reformarla. El pecado que no le perdonan es que su propuesta, la de liquidar las autonomías, vaya en el sentido contrario a las de los demás. Como si la España confederal que proponen PSOE y Podemos tenga que ser más democrática que la España centralista que defiende Vox.

No obstante, el problema no es que nacionalistas, podemitas y socialistas tachen de antidemocrático a Vox sin serlo. Lo inquietante es que la mayoría de los medios se unan al vocerío incumpliendo su obligación de informar. Si quieren defender la inmigración ilegal y el Estado de las Autonomías, pueden hacerlo con los argumentos que encuentren, que cada vez son menos. Lo que no pueden hacer es tachar de antidemocráticas las propuestas de combatir a una y liquidar al otro porque no lo son. Mucho más cuando encubren a la vez a comunistas confesos, disfrazándolos de socialdemócratas, y aceptan mansamente que Iglesias pretenda antidemocráticamente ganar en la calle y con violencia lo que perdió en las urnas.

Si la democracia española está en peligro no es por los ataques que pueda recibir desde la derecha. El peligro procede de la izquierda. No sólo porque los comunistas jamás han sido demócratas, sino sobre todo porque los socialistas se están dejando colonizar por aquéllos. Y la mayoría de la prensa no denuncia ninguna de las dos cosas. Si hay que decretar algo, es una alerta anticomunista.

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La rebelión de Vox. -Cristina Losada/LD-

Un día habrá que hablar de la literatura de las irrupciones. Porque es ya un hábito que a la aparición de un nuevo partido se reaccione no con el ánimo de entender el fenómeno, sino con un chorro de (por lo general, mala) literatura. Cuando irrumpió Podemos, en las europeas de 2014, el chorro fue encomiástico. Ay, aquellos profes de Políticas, qué listos eran. Y su llegada a la arena política expresaba, por supuesto, la justa y santa indignación de los españoles con los políticos, con la corrupción y con la crisis. Ahora, con la entrada de Vox en el Parlamento andaluz, en lugar de chorro hay un chorreo.

Si uno lee la literatura alarmista, y es inevitable porque está por todas partes, se imagina que ahora mismo hay bandas de camisas pardas alborotando las ciudades andaluzas, incendiando cosas y amenazando a los vecinos de los barrios que votan a la izquierda. Y que, pronto, esos cafres estarán por toda España. La realidad, sin embargo, es que las pandillas que han salido a las calles en Andalucía fueron convocadas por Podemos e Izquierda Unida para amenazar a los que votaron a Vox. La realidad es que, fuera del ámbito andaluz, las acciones políticas coactivas y violentas más frecuentes son las de separatistas catalanes contra catalanes no separatistas. Y las que siguen protagonizando los herederos de ETA en el País Vasco: acaban de darle una paliza a un estudiante en Vitoria. Pero nada de esto es tan grave como lo de Vox porque los partidos que fomentan o consienten aquellos actos son perfectamente constitucionales. Desde ERC hasta Bildu, pasando por los de Quim Torra. Todos, Podemos el que más, son constitucionalistas sin tacha, según el PSOE.

La peligrosa payasada de la alerta antifascista que han hecho sonar los que no esperaban tal varapalo en las elecciones andaluzas testimonia la voluntad, no sólo de tapar el fracaso, sino de abrir un ciclo de histeria política y mediática –uno más– que recuerda al que hubo después de la victoria de Trump en los Estados Unidos. Por cierto: a Trump se le endosó la etiqueta fascista. Y también: la histeria no desanimó, sino que reafirmó a sus votantes. Pero sería ingenuo pensar que los que ponen en marcha los ciclos histéricos quieren convencer al votante equivocado de que reconsidere su opción. Pretenden, más bien, reafirmar a sus propios votantes y reenganchar a los que perdieron instalando la batalla política en la lucha del Bien contra el Mal. El universo maniqueo de siempre. De modo que el pronóstico es que va a haber histeria para rato con Vox. Y que eso le irá bien a Vox.

A Vox le irá bien porque una de sus vías de crecimiento la han abierto los que han ido cegando, histéricamente, las posibilidades de expresión e influencia ideológicas de los conservadores en España. Vox lleva, en lo económico, un programa de corte liberal, pero en materia de valores sus propuestas son conservadoras. En eso se diferencia en grados del PP, aunque no sólo. Hay que recordar que Vox es una escisión del PP cuyo motivo más decisivo radica en el abandono de principios o esencias que, en otro tiempo, encarnaba el gran partido del centroderecha español. Así se percibe, al menos, y eso es lo que cuenta. Pero hay más. Porque Vox, en donde muchos ven tics y tonos autoritarios, representa paradójicamente la rebelión contra un autoritarismo: el de la corrección política. Es un autoritarismo que no se reconoce como tal pero lo es. Impone en la vida pública y en la privada una serie de creencias y valores y, lo que es más relevante en nuestro caso, proscribe absolutamente otros. Creo que fue Mark Lilla, que no es un conservador, quien hace años escribió que aquellas imposiciones, entonces circunscritas a las universidades norteamericanas, eran una forma de “totalitarismo blando”.

En España, la corrección política tiene sus prescripciones y prohibiciones específicas. No son de ahora. En esas tablas del bien y del mal, ser de derechas o conservador es un estigma. Lo es desde la Transición. Ser español es un pecado. O un defecto. O una vergüenza. Para la izquierda existente, insistir en la españolidad –o en la Hispanidad– es síntoma claro de derechismo y nostalgia franquista. (Lo siento por la gente de izquierdas que ha intentado y aún intenta construir un partido de izquierdas libre de ese complejo, pero es lo que hay). A esas manchas o impurezas se han añadido otras. Hoy, no estar con el feminismo radical es un crimen. Y plantear que se frene la inmigración irregular es fascista, cuando no nazi. ¿Cómo extrañarse de que crezca un partido como Vox, que hace gala de combatir los dictados del pensamiento correcto, de decir lo que muchos piensan pero no se atrevían a decir?

Sólo queda constatar que, al cabo del tiempo, se está cumpliendo aquel deseo que formuló Rajoy agriamente en el Congreso de Valencia hace diez años. Los liberales ya tienen otro partido al que irse (Ciudadanos) y los conservadores o liberalconservadores acaban de encontrar otro: Vox.

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Pablo Casado entrega la Justicia a Pedro Sánchez. -Luis del Pino/LD-

Cuando Casado fue elegido presidente del PP, publiqué en este programa un editorial felicitando a su partido por la elección, que daba a los populares la oportunidad de recuperarse y de volver a atraer a los electores desencantados.

Pero – advertí en ese editorial – una posibilidad no equivale a una certeza. Y el que el PP recuperara a su electorado tradicional iba a depender de tres cosas: de que Casado tuviera verdaderas intenciones de regenerar el PP, de que se hiciera de verdad con el poder en el partido para llevar a cabo esa regeneración y de que fuera capaz de soportar las campañas mediáticas que desde fuera de su partido le iban a montar.

Han pasado desde entonces poco más de tres meses y ya hemos salido todos de dudas: las ilusiones que Casado había podido despertar se han ido difuminando, hasta quedar esta semana en nada, tras el vergonzoso pacto en relación con el Consejo General del Poder Judicial.

A pesar de que Partido Popular y Ciudadanos cuentan con los votos necesarios para bloquear cualquier renovación del órgano de gobierno de los jueces, Pablo Casado ha pactado con el PSOE un reparto de los vocales del CGPJ que implica tres cosas:

– Que PSOE y Podemos se hacen con la mayoría de ese órgano, con lo que a partir de este momento controlarán el proceso de nombramiento de jueces.

– Que el juez Marchena abandona su puesto de ponente de la sentencia por el golpe de estado de Cataluña, quitando así de en medio a alguien que resultaba incómodo para los separatistas.

– Que un juez conservador se ve sustituido por otro del sector progresista en la sala del Supremo que debe juzgar el golpe de estado, facilitando así el que la sentencia sea más benévola.

Insisto: Pablo Casado y el PP han llegado a este pacto con el PSOE sin tener necesidad de ello. Pueden perfectamente bloquear la renovación del CGPJ, porque hace falta mayoría de 3/5 para nombrar a los nuevos vocales y entre PP y Ciudadanos cuentan con los votos necesarios para el bloqueo, tanto en el Congreso como en el Senado.

Y no solo es que Casado entregue innecesariamente la Justicia a PSOE y Podemos: es que encima lo ha hecho negociando en secreto mientras en público fingía contundencia contra el actual gobierno:

– al mismo tiempo que pedía en público la reprobación de la actual Ministra de Justicia, Pablo Casado enviaba a Rafael Catalá a negociar con ella la renovación del CGPJ.

– al mismo tiempo que acusaba a Pedro Sánchez en el Parlamento de estar del lado de los golpistas, negociaba con él entregarle el poder judicial y poner a los separatistas un poco más fácil el juicio por el golpe de estado.

– al mismo tiempo que recordaba Venezuela para advertir del peligro que representa Podemos, alcanzaba un pacto con el PSOE que implica que Pablo Iglesias elegirá a varios de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial.

¿Por qué hace eso Pablo Casado? ¿Por qué entrega a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias el control del órgano de gobierno de los jueces, sin tener necesidad de ello? ¿Es simplemente otro Mariano Rajoy más, que no cree en nada y no tiene reparo en engañar a sus votantes? ¿Es acaso que no controla su partido y alguien le ha impuesto esa decisión internamente? ¿Le han amenazado con sacar a la luz nuevos escándalos que le afecten a él o a su partido? ¿Lo hace a cambio de que las causas de corrupción contra el PP queden en nada? ¿Es una condición que le han impuesto para librar a Rajoy de cualquier persecución judicial?

En el fondo, da lo mismo cuál sea la razón por la que Pablo Casado defrauda las esperanzas que muchos habían depositado en él. Lo importante es que, de nuevo, el Partido Popular vuelve a hacerle el juego al PSOE y a adoptar decisiones claramente lesivas para los intereses de España. Da lo mismo si lo hace por descreimiento, por interés o como consecuencia de un chantaje: el caso es que el PP no solo renuncia a defender a sus votantes y a los españoles, sino que se pone una vez más del lado de los que los atacan.

Lo siento por aquellos que creyeran sinceramente en las buenas intenciones de Casado y que se hicieran ilusiones con la posibilidad de regeneración del PP. Tal como vengo advirtiendo hace tiempo, el PP forma parte del problema. Mientras el Partido Popular siga teniendo oportunidad de traicionar a sus votantes, los traicionará. Eso sí: disfrazará sus traiciones con discursos contundentes para fingir que está en el lado correcto. Pero no lo está.

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El gran banquete del Consejo General del Poder Judicial. -Javier Gómez de Liaño/LD-

Estas nueve palabras que llevo al título del presente comentario muy bien pudieran haber sido otras. Por ejemplo, Este Consejo no es para ingenuos o Manos pringosas sobre el CGPJ, que quizá fueran los más ciertos y precisos. También pensé en El Consejo ha muerto, lo que no hubiera sido excesivo, pues son muchos los males y los virus que desde su origen en 1980 acechan a la institución.

Al margen de la honradez profesional de los vocales propuestos que no pongo en duda, aunque en algún caso concreto no faltan motivos para la crítica, lo verdaderamente grave es el espectáculo de cómo los partidos políticos se han repartido las veinte vocalías de la institución, más el presidente que también lo es del Tribunal Supremo. Limpieza y suciedad se distribuyen, como las virtudes y los vicios, con criterios bastantes más complejos.

Ante el pacto sin escrúpulos para adjudicarse la octava edición del CGPJ y de este modo controlar el Poder Judicial, hay que dar la razón a quienes califican el proceso de elección de chapuza, paripé, farsa o chanchullo, lo cual se parece mucho a lo que el gran León Felipe, el poeta maldito, payaso de múltiples bofetadas y fervoroso defensor de la Justicia, decía con su garganta rota y en estribillo de matraca de que la justicia mezclada con política era “una pantomima, un truco de pista, un número de circo”.

En su obra El Poder, la Administración y los Jueces, el catedrático de Derecho Administrativo José Eugenio Soriano García afirma que el CGPJ “es cualquier cosa menos muestra alguna del Poder Judicial, sino, más bien, del puro Poder Político” y su situación la de “completo descrédito, sea cual sea el baremo, criterio, herramienta o técnica que se utilice para medir dicho estigma”. La descripción no sólo es obra de expertos externos como el profesor Soriano, sino que son los propios jueces quienes confirman el oprobio al quejarse del sesgo descaradamente partidista de los nombramientos de los vocales del CGPJ, de las injerencias públicas y notorias de los partidos políticos en los nombramientos del presidente y vicepresidente de ese órgano y lamentan el desencanto de una judicatura que se siente poco valorada y, lo que es mucho peor, atosigada por un poder político que mete la mano sin complejos en el poder judicial. Y todo ante la mirada de los ciudadanos que ríen, o sufren, pero en todo caso con espanto.

Y un dato que me he permitido sacar del escalafón de la carrera judicial. Salvo error u omisión, el próximo CGPJ tendrá entre sus competencias la de nombrar discrecionalmente a 36 magistrados del Tribunal Supremo, distribuidos en 3 de la Sala del Civil, 4 de la Sala de lo Penal, 13 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 8 de la Sala de lo Social y 7 de la Sala de lo Militar, más al vicepresidente del Tribunal Supremo, quienes se jubilarán al cumplir la edad de 72 años. Que cada uno haga su personal lectura.

La vergüenza que el escalafón entero de la carrera judicial padece es por la institución en sí misma, por un CGPJ que las instancias políticas que designan a sus miembros manchan de forma irreversible, hasta el extremo de que la independencia de los vocales está en tela de juicio durante el quinquenio que cada mandato dura. ¿Qué queremos que sienta esa gran parte de la magistratura convencida de que su carrera profesional queda en manos de un órgano confeccionado por la maquinaria de los partidos?

En fin. Quien esto escribe cree en la Justicia y en el Poder Judicial y no se avergüenza de hacer pública su fe. Por eso soy capaz de pensar que sin jueces y fiscales realmente independientes un país se va al garete sin remisión y doy por hecho que los ciudadanos no podrán soñar con la justicia, ni con jueces de verdad, mientras los políticos sigan manipulando el CGPJ como si fuera una sucursal de los partidos políticos ocupada por sus representantes o delegados.

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¿Hasta dónde llega la mierda? -Luis del Pino/LD-

Harry Gross nació en Nueva York, en el seno de una humilde familia de inmigrantes rusos. En 1940, con 24 años, empezó un negocio de apuestas ilegales que poco a poco comenzó a crecer. A principio de 1941, un policía lo abordó por la calle: “Tú, eres un maricón por saltarte las reglas. ¿Qué haces operando sin permiso?”. Gross le dio al policía un billete de 50$ y le preguntó qué había que hacer para “sacarse el permiso”. Una semana después, el policía volvió con la respuesta: “Te podemos ofrecer protección, pero me preguntan en la división si estás dispuesto a ir hasta el final”. Gross no se lo pensó dos veces: “Por supuesto que sí”.

Durante la siguiente década, Harry Gross estuvo operando sus negocios ilegales en la ciudad de los rascacielos en la más absoluta impunidad, gracias a las mordidas que generosamente repartía. Las investigaciones judiciales posteriores demostraron que llegó a repartir en comisiones para la policía, en un solo año, lo que al cambio de hoy serían unos 13 millones de dólares.

Una escena chusca retrata hasta qué punto los negocios de Gross se habían convertido en una necesidad para la policía neoyorquina: muy al principio de su carrera criminal, Gross se sumió en la bancarrota apostando en partidos de baloncesto y huyó a California. Allí fueron a buscarle dos policías de Nueva York, que le prestaron los 50.000$ que necesitaba para saldar sus deudas inmediatas y le llevaron de vuelta, para que continuara con sus negocios. Sin ellos, el flujo de las comisiones hacia la policía se paraba.

Cuando cayó la red criminal de Harry Gross en 1950, 22 policías fueron condenados y
otros 240 policías y funcionarios de Nueva York dimitieron o fueron despedidos. Entre
los que se vieron forzados a dimitir estaba el propio alcalde de la ciudad, William
O’Dwyer.

La lección que cabe destacar del caso de Harry Gross es que cuando alguien ejecuta una prolongada operación delictiva en la más absoluta impunidad, la explicación más obvia es que quien tendría que poner fin a esas actividades criminales está sacando provecho de las mismas.

Viene esto a cuento, por supuesto, de la red de extorsión que al parecer ha estado operando en este país durante décadas, y en la que juega un papel destacado el comisario Villarejo. Si esa red ha podido operar con total impunidad es porque quien tenía que desmantelarla (es decir, el poder político del que esos mandos policiales dependían) sacaba provecho de la misma, de una u otra manera.

¿Nos estamos refiriendo a dinero? No necesariamente. Si fuera solo dinero, el problema no sería tan grave para nuestra democracia. En realidad, no tenemos que irnos a los años cincuenta del siglo pasado para buscar unos antecedentes mejores al tema de Villarejo. ¿Se acuerdan Vds. de Cambridge Analytica?

Cambridge Analytica era una empresa inglesa que asesoraba en campañas electorales y que se vio obligada a cerrar este año , después de demostrarse que recopiló ilegalmente los datos personales de 87 millones de usuarios de Facebook, aprovechando una brecha de seguridad en el sistema.

Pero no era la única práctica ilegal de esa empresa. Reporteros camuflados de la cadena de televisión británica Channel 4 grabaron a directivos de Cambridge Analytica ofreciendo servicios especiales para influir en las elecciones de Ceilán. Esos servicios especiales incluían sobornos y el uso de prostitutas ucranianas de alto nivel (¿les suena el tema?) para luego chantajear a políticos de la oposición.

Volvamos a la red en la que, según declaración propia, estaba encuadrado Villarejo. ¿Qué beneficio sacaban los responsables políticos que permitieron a Villarejo operar con impunidad durante tantos años? Si es cierto, como él mismo declaraba en la cinta que hemos conocido, que Villarejo montó, entre otras cosas, una empresa de señoritas de compañía para obtener información sobre políticos y empresarios y someterlos potencialmente a extorsión, ¿a quién llegó esa información?

Lo pregunto más claramente: ¿alguien en el PP o el PSOE, o ambos, recibió y utilizó la información recabada por Villarejo de manera ilegal?

Y no es esa la pregunta más inquietante: ¿a quiénes se ha sometido a chantaje estos años, dentro del mundo de la política y de la judicatura? ¿Qué decisiones políticas se han tomado en este país bajo la influencia del chantaje? ¿Qué sentencias o instrucciones judiciales se han visto adulteradas gracias a la información recabada por la red de extorsión? Y algo que me interesa especialmente: ¿operó algún chantaje durante la instrucción del 11-M, para condicionarla?

Me llama mucho la atención que ni Ciudadanos, ni PP, ni Podemos, hayan salido inmediatamente a la palestra a preguntar lo evidente: ¿hasta dónde llega la mierda? ¿Hasta dónde alcanzaba la red de extorsión y para qué se ha venido utilizando en las últimas décadas?

¿Hasta qué punto y desde cuándo nuestra democracia ha sido manipulada por una red mafiosa? Porque esa es la pregunta fundamental, y no de dónde han salido las cintas.

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Todo negativo, nada positivo. -Luis Herrero/LD-

Todo le salió mal. Primero quiso zafarse del cañón de luz que enfocaba el escándalo de su tesis con el señuelo del fin de los aforamientos. Luego se sacó de la manga la carta marcada de una enmienda fraudulenta para evitar, por la puerta de atrás, el veto del Senado a los Presupuestos. Más tarde escondió a la ministra de Justicia para que la investigación judicial sobre los chanchullos garzonitas en la Audiencia Nacional no lastimara su crédito. Pero todo fue inútil.

Al abrir el melón de la reforma constitucional para suprimir los aforamientos desató una puja de propuestas envenenadas -desde incluir en ella el derecho de autodeterminación hasta liquidar la inviolabilidad del rey- que colocaron el debate en términos imposibles. Nadie salió en su ayuda. Se quedó tan solo que el Consejo de Ministros renunció a aprobar el anteproyecto de ley que el propio Sánchez había anunciado solemnemente durante el acto de autobombo programado para hacer hagiografía de sus cien primeros días de Gobierno. Un incumplimiento más. El enésimo. Suma y sigue.

Tampoco le funcionó como quería la trampa de la enmienda. No solo no está nada claro que pueda lograr el objetivo que pretendía -evitar la bola negra del Senado a su acuerdo con Podemos para gastar seis mil millones más de lo que puede-, sino que ha sentado las bases para que las dos cámaras legislativas, tras el pulso inevitable de dos mayorías parlamentarias de signo opuesto, se enfrenten en un conflicto de competencias, previsto en la ley pero todavía inédito, que exigirá la mediación arbitral del Tribunal Constitucional, obligado por su propia doctrina, y por el criterio mayoritario de los letrados de Las Cortes, a dejar al Gobierno con el culo al aire.

Respecto al futuro de Dolores Delgado, las expectativas no han mejorado. Al revés. Nuevas informaciones periodísticas vuelven a situarla en el ojo del huracán de la trama de tráfico de influencias montada por Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional. El exjuez, según parece, invocó su ascendiente sobre la ministra de Justicia para ofrecerle a Sandro Rosell la libertad condicional que hasta ahora se le ha denegado. Delgado guarda silencio. Pero el silencio no basta. El foco de infección descubierto en la Audiencia es, de todas las espadas de Damocles que penden sobre la cabeza del Gobierno, la que tiene el borde más afilado.

Para colmo de sus desdichas, Sánchez ha visto cómo se escapaba Pablo Casado del laberinto judicial de su máster bajo sospecha. Salvo sorpresa mayúscula, los jueces del Tribunal Supremo harán suyo el informe del fiscal en los próximos días y liberarán el brazo que el líder de la Oposición llevaba atado a la espalda durante los debates de la indecente tesis doctoral del presidente del Gobierno. Ahora, quien ocupa el sitio de Casado en el microscopio de la magistrada Rodríguez Medel es la exministra Carmen Montón, cuya conducta fue calificada de ejemplar por la portavoz Celaá. Hay ejemplaridades que las carga el diablo.

Añádase a esta lista de infortunios la incorporación de El País a la lapidación académica del presidente, la falta de acuerdo sobre la revalorización de las pensiones en el Pacto de Toledo, la revelación de Ernest Maragall de que la ministra Batet se había comprometido a teledirigir a los fiscales en la causa del 1-O y la petición de indulto a los cabecillas de la rebelión que acaba de formular la delegada del Gobierno en Cataluña y obtendremos la crónica completa -o casi- de otra semana negra para los intereses del PSOE. El balance no puede ser más demoledor. Como diría Van Gaal: todo negativo, nada positivo.

El panorama político es tan sombrío que, ante el riesgo de derrumbe, Iglesias, Torra y Urkullu, los ingenieros que le abrocharon las tuercas a Frankenstein, han comenzado a distanciarse del pacto que suscribieron con Sánchez por miedo a que los cascotes les aplasten la cabeza. El podemita, que hasta ahora hacía la vista gorda en el asunto del plagio de la tesis, ya pide explicaciones. El presidente catalán vincula el apoyo independentista a los presupuestos a que se permita la celebración de su anhelado referéndum. Y el lehendakari, sabiendo que no cabe en la Constitución, acaba de lanzarse a la conquista de un estado plurinacional que se inspire en el modelo de la Unión Europea: tantos miembros, tantos sujetos de soberanía. Solo falta que alguien pida dos huevos duros más.

A esta legislatura, el culo le huele a pólvora.

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La corrupción de los aforados. -José García Domínguez/LD-

Hablando de aforamientos, que es la cortina de humo de moda durante esta semana, resulta que aquí está aforado hasta el adjunto al Defensor del Pueblo de Andalucía. No el mentado y prescindible Defensor, que por supuesto que también lo está, sino el adjunto al mentado. Y no está aforado el gato del concejal de Abastos del Ayuntamiento de Betanzos porque no se acordaron de él cuando se redactó la última reforma del Estatuto de Autonomía de Galicia. Solo por eso. Y es que, como tan frecuente resulta en el diseño desquiciado del modelo de descentralización política español, el problema no reside en que esa figura discutible, la del aforamiento, esté contemplada en la Constitución con el fin exclusivo de amparar a diputados nacionales y senadores, prerrogativa que una ley orgánica hizo luego extensiva a jueces, fiscales y magistrados integrantes de los máximos tribunales del Reino, además de los miembros del Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo (el de verdad). El definitivo disparate es que el señor alcalde de Castellón, al igual que el adjunto del otro en Sevilla, resulten ser igualmente cargos institucionales que gozan de un absurdo aforamiento por obra y gracia del incontinente afán de las comunidades autónomas por emular la apariencia externa y el oropel formal propio de un estadito soberano de la señorita Pepys.

Una paranoia narcisista, la que alimenta esos delirios de grandeza de nuestros napoleoncitos y napoleoncitas regionales, que, más allá del afán permanente por imitar los atributos propios y exclusivos del Leviatán, tiene algunas implicaciones prácticas particularmente golosas para los corruptos y corruptas periféricos con denominación de origen. Y es que, para que en una democracia liberal exista de verdad la separación de poderes, esa separación debe ser también física, no sólo jurídica. Por algo el caciquismo ha sido siempre una lacra asociada a los pequeños territorios alejados de las grandes ciudades. Y por eso mismo en muchos países con democracias viejas el Tribunal Supremo suele estar ubicado en una ciudad distinta y distante de aquella donde tiene su sede el Gobierno. Contra lo que ordena el prejuicio popular, en una gran ciudad como Madrid resulta mucho más difícil corromper a un juez que en alguna de esas pequeñas capitales de provincia donde todos los notables del lugar se conocen desde la infancia y coinciden cada tarde en el casino. Y no sólo porque el adjunto del de Sevilla, el edil de Alicante y el conselleiro de Santiago se tuteen con los miembros del correspondiente tribunal superior autonómico, valga el oxímoron, sino porque, además de tutearse y merendar con ellos, también los nombran. Y eso ya son palabras mayores.

De ahí el entusiasmo de los parlamentos regionales por extender el chaleco salvavidas de los aforamientos hasta al que toca la bandurria en el Orfeón Donostiarra. El tan buscado chollo del aforamiento pedáneo ofrece al delincuente autonómico potencial la garantía cierta de que, en el caso de ser pillado en acto de servicio, dos de los cuatro miembros de la Sala llamada a juzgar y condenar sus fechorías habrán surgido de una terna elegida por ellos mismos, merced a la facultad que se otorgó en su día a los parlamentos regionales para que metieran la nariz en los nombramientos judiciales. Dos de cuatro. Un cincuenta por ciento de probabilidades a priori de que el juez del caso resulte ser un compadre del reo. ¿Se atreverá a intentar acabar con eso Pedro Sánchez? A que no.

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La hora de los cobardes. -Eduardo Goligorsky/LD-

En agosto de 1968 viajaba desde Buenos Aires rumbo a Nápoles en un crucero que hizo una escala de pocas horas en Barcelona. Atrapado por el infantilismo de izquierda, me negué a pisar el país gobernado por un dictador llamado Francisco Franco. Y un buen amigo, el admirado escritor y editor de ciencia ficción Domingo Santos, debió subir abordo para conversar conmigo. En 1975, cuando Franco agonizaba, vencí aquellos pueriles escrúpulos y visité Madrid y Barcelona, allanando el camino para huir del infierno argentino. Y en 1976 me radiqué definitivamente en Barcelona.

La hora de los valientes

Tuve el privilegio de asistir a la epopeya de la Transición. Aquella fue la hora de los valientes. Se llamaban Juan Carlos I, Adolfo Suárez, Rodolfo Martín Villa, Manuel Fraga Iribarne, Santiago Carrillo, Felipe González, Josep Tarradellas, Manuel Gutiérrez Mellado y una pléyade de políticos, juristas, empresarios, sindicalistas, militares e intelectuales que, anteponiendo la racionalidad a las vísceras, sentaron las bases de la convivencia en una sociedad democrática regida por una Constitución modélica e integrada en la Comunidad Europea.

Y tuvieron que ser valientes porque enfrente se alzaban fuerzas poderosas que sembraban el terror moviéndose en direcciones opuestas: asesinos de ultraderecha entreverados con militares golpistas; asesinos de ultraizquierda vinculados con tenebrosas bandas extranjeras; y asesinos ultranacionalistas conjurados nada menos que para adueñarse de fragmentos de España después de hacerla saltar en pedazos. El corolario de esta ofensiva perpetrada por fanáticos embrutecidos fue un tendal de víctimas, entre las que ocupaban un lugar sobresaliente los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, acompañados por adultos y niños civiles. Los valientes y los mártires quedaron eternizados en la memoria histórica de la Transición.

Lobotomía selectiva

Nada que ver con el engañabobos que nos endilgó con ese nombre –Ley de Memoria Histórica– en el 2007, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando todavía se estaba entrenando, a costa de los españoles, para convertirse en el alcahuete de Nicolás Maduro. Esa ley, que su discípulo Pedro Sánchez está tuneando con los guerracivilistas y los renegados de su acta de nacimiento española, es unescalpelo de lobotomía selectiva, que borra los recuerdos fácticos que contradicen el dogma ideológico y los sustituye por posverdades sectarias, para así anular los efectos terapéuticos de la Transición.

El historiador Josep M. Fradera impugnó esta manipulación del pasado practicada con alevosía (La pàtria dels catalans, La Magrana, 2009):

En realidad, los españoles adoptaron este camino de reconciliación de manera mayoritaria a partir de los años 1976-1977 y se reafirmaron en el momento del golpe de Armada, Milans del Bosch y Tejero, en una combinación, difícil de definir, de olvido, de esperanza en un futuro libre de los fantasmas del pasado y de confianza en las capacidades de la democracia que precisamente se estaba consolidando. En términos generales, respondía a una reflexión, a menudo silenciosa, sobre el desastre colectivo de periodos anteriores, y respondía, además, a la experiencia colectiva de los últimos años del franquismo. El hecho de plantear el rescate del pasado como una rectificación de esta percepción mayoritaria es una operación políticamente insensata y moralmente execrable.

Tira y afloja obsceno

La “operación políticamente insensata y moralmente execrable” ha ido in crescendo desde que se puso en marcha. Cambios arbitrarios en el nomenclátor urbano; ocultamientos y falsedades añadidos en los textos escolares; expurgación de placas conmemorativas de avances sociales y de inauguraciones de infraestructuras; símbolos e imágenes descolgados de los edificios y lugares públicos, olvido de las checas y de los “paseos” homicidas. Hasta llegar al extremo de emprender un tira y afloja obsceno con una momia que lleva cuarenta y tres años arrumbada en el pudridero. En otra época se habría interpretado esta pantomima como una blasfemia, pero hoy la vemos como una maniobra de distracción típica de los demagogos timadores que subestiman la inteligencia de los ciudadanos.

El locuaz supremacista Carles Mundó no se conforma con la espectacularidad del esperpento y exige más claudicaciones al pelele (“Enterrar a Franco”, LV, 30/8):

Han tenido que pasar cuatro décadas para que un gobierno socialista se atreviera a dar ese paso, que nunca dio ni Felipe González ni José Luis Rodríguez Zapatero. El frágil apoyo parlamentario de Pedro Sánchez explica que a falta de resultados tangibles se dedique a sustentar su acción política en cuestiones de fuerte carga simbólica para acentuar perfil ideológico.

Fanfarrones de pacotilla

Ha sonado la hora de los cobardes, propulsados al puesto de mando por los traficantes de odio. Estos advenedizos han salido de sus idílicos despachos burgueses para comportarse como si hubieran ganado la guerra incivil y estuvieran castigando a los vencidos y recogiendo el botín. Fanfarrones de pacotilla, balbucean su asentimiento cuando los caciques de la tribu amotinada les recitan su pliego de condiciones. Se ensañan con los muertos, pero permiten que los vivos los atropellen, los humillen y les vacíen la bolsa.

Cobardes sin remedio, asisten acojonados a la okupación de cuatro provincias del Reino de España por los jerarcasdepredadores de una repúblika inexistente. “Sánchez avisa a Torra de que aplicará el 155 si vuelve a la vía unilateral”, truena La Vanguardia (31/8). Pero el día siguiente, leemos en el mismo diario que la ministra portavoz, Isabel Colaá subrayó que la advertencia al Govern catalán de que no debe saltarse la ley “no quiere decir que el Gobierno tenga encima de la mesa la aplicación de nuevo del artículo 155, porque no se lo ha planteado”. Con dos titulares intencionalmente hilvanados en la misma página. Arriba: “Torra responde al Gobierno que su misión es `obedecer al pueblo´”. Y abajo: “…y Sánchez pide al president que abra un diálogo político en Catalunya”.El pozo del servilismo no tiene fondo

Borregos complacientes

Solo en un país gobernado por borregos complacientes es posible que los políticos, empresarios, periodistas y aquella fracción de la sociedad que se preocupa por el futuro, hayan estado pendientes de la arenga que amenazó con pronunciar el 4 de septiembre el cabecilla vicario de la banda que ha invadido cuatro provincias del Reino de España, regurgitando las órdenes del capo emboscado en el palacio de Waterloo.

Y por fin descargó su órdago contra el Gobierno constitucional el golpista que usurpa contra natura, con el 47 % de los votos y el 36 % del censo electoral, la representación de la mayoría social del pueblo de Cataluña, mayoría social por la que este intruso siente y demuestra un desprecio mayúsculo. No solo dio por válidos los actos delictivos que culminaron en la proclamación de una falsa repúblika, sino que despotricó contra el Poder Judicial con la misma virulencia con que lo hacen los autócratas ultrarreaccionarios polacos y húngaros, y se comprometió a desobedecer las sentencias si estas castigan a los jerarcas del Estado Mayor del entramado subversivo que lo cuenta entre sus cerebritos. Eso sí, Torra reclama que las masas apoyen su política con movilizaciones semejantes a las que organizaban disciplinadamente nazis, fascistas, comunistas y peronistas, y radicalmente opuestas, por sus fines discriminatorios y segregacionistas, a las que encabezaban dos próceres de cuyos nombres los supremacistas se apropian arteramente: Nelson Mandela y Martin Luther King.

Instrumento de liberación

Recuerdo una vez más la lúcida advertencia que formuló Marius Carol, director de La Vanguardia, apartándose, en un acceso de hartazgo, de la tibieza oportunista de su diario (“Salir de la rueda del hámster”, 4/12/2017):

O enterramos el procesismo o cavará nuestra tumba.

Para enterrarlo, España deberá tener un Gobierno que no descanse, como el de la minoría socialista, sobre las palas de quienes están cavando nuestra tumba. Este nuevo Gobierno de salvación nacional entenderá que aplicar el artículo 155 equivale a tratar una gangrena con ibuprofeno. Los sabios que redactaron la Constitución nos legaron el artículo 116, convencidos de que para evitar amputaciones territoriales como la que estamos padeciendo es imperioso recurrir a los estados de alarma, de excepción y de sitio. Cuando existe este instrumento de liberación, es imperdonable dejar a la mayoría social de Cataluña sometida a la estulticia de sus invasores.

PD: Desesperado por alcanzar la mayoría social que la ciudadanía le niega perseverantemente, el caradura Oriol Junqueras publicó una empalagosa “Oda a la amistad” (El Periódico, 3/9) en la que hace votos de amor fraternal, incluso con aquellos con quienes discrepa. Esto, escrito por uno de los caudillos de la horda etnocéntrica que se subleva para levantar fronteras materiales y emocionales entre los habitantes de cuatro provincias del Reino de España, por un lado, y sus hermanos del resto del país, por otro, bate records de desfachatez.

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