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Pablo Casado entrega la Justicia a Pedro Sánchez. -Luis del Pino/LD-

Cuando Casado fue elegido presidente del PP, publiqué en este programa un editorial felicitando a su partido por la elección, que daba a los populares la oportunidad de recuperarse y de volver a atraer a los electores desencantados.

Pero – advertí en ese editorial – una posibilidad no equivale a una certeza. Y el que el PP recuperara a su electorado tradicional iba a depender de tres cosas: de que Casado tuviera verdaderas intenciones de regenerar el PP, de que se hiciera de verdad con el poder en el partido para llevar a cabo esa regeneración y de que fuera capaz de soportar las campañas mediáticas que desde fuera de su partido le iban a montar.

Han pasado desde entonces poco más de tres meses y ya hemos salido todos de dudas: las ilusiones que Casado había podido despertar se han ido difuminando, hasta quedar esta semana en nada, tras el vergonzoso pacto en relación con el Consejo General del Poder Judicial.

A pesar de que Partido Popular y Ciudadanos cuentan con los votos necesarios para bloquear cualquier renovación del órgano de gobierno de los jueces, Pablo Casado ha pactado con el PSOE un reparto de los vocales del CGPJ que implica tres cosas:

– Que PSOE y Podemos se hacen con la mayoría de ese órgano, con lo que a partir de este momento controlarán el proceso de nombramiento de jueces.

– Que el juez Marchena abandona su puesto de ponente de la sentencia por el golpe de estado de Cataluña, quitando así de en medio a alguien que resultaba incómodo para los separatistas.

– Que un juez conservador se ve sustituido por otro del sector progresista en la sala del Supremo que debe juzgar el golpe de estado, facilitando así el que la sentencia sea más benévola.

Insisto: Pablo Casado y el PP han llegado a este pacto con el PSOE sin tener necesidad de ello. Pueden perfectamente bloquear la renovación del CGPJ, porque hace falta mayoría de 3/5 para nombrar a los nuevos vocales y entre PP y Ciudadanos cuentan con los votos necesarios para el bloqueo, tanto en el Congreso como en el Senado.

Y no solo es que Casado entregue innecesariamente la Justicia a PSOE y Podemos: es que encima lo ha hecho negociando en secreto mientras en público fingía contundencia contra el actual gobierno:

– al mismo tiempo que pedía en público la reprobación de la actual Ministra de Justicia, Pablo Casado enviaba a Rafael Catalá a negociar con ella la renovación del CGPJ.

– al mismo tiempo que acusaba a Pedro Sánchez en el Parlamento de estar del lado de los golpistas, negociaba con él entregarle el poder judicial y poner a los separatistas un poco más fácil el juicio por el golpe de estado.

– al mismo tiempo que recordaba Venezuela para advertir del peligro que representa Podemos, alcanzaba un pacto con el PSOE que implica que Pablo Iglesias elegirá a varios de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial.

¿Por qué hace eso Pablo Casado? ¿Por qué entrega a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias el control del órgano de gobierno de los jueces, sin tener necesidad de ello? ¿Es simplemente otro Mariano Rajoy más, que no cree en nada y no tiene reparo en engañar a sus votantes? ¿Es acaso que no controla su partido y alguien le ha impuesto esa decisión internamente? ¿Le han amenazado con sacar a la luz nuevos escándalos que le afecten a él o a su partido? ¿Lo hace a cambio de que las causas de corrupción contra el PP queden en nada? ¿Es una condición que le han impuesto para librar a Rajoy de cualquier persecución judicial?

En el fondo, da lo mismo cuál sea la razón por la que Pablo Casado defrauda las esperanzas que muchos habían depositado en él. Lo importante es que, de nuevo, el Partido Popular vuelve a hacerle el juego al PSOE y a adoptar decisiones claramente lesivas para los intereses de España. Da lo mismo si lo hace por descreimiento, por interés o como consecuencia de un chantaje: el caso es que el PP no solo renuncia a defender a sus votantes y a los españoles, sino que se pone una vez más del lado de los que los atacan.

Lo siento por aquellos que creyeran sinceramente en las buenas intenciones de Casado y que se hicieran ilusiones con la posibilidad de regeneración del PP. Tal como vengo advirtiendo hace tiempo, el PP forma parte del problema. Mientras el Partido Popular siga teniendo oportunidad de traicionar a sus votantes, los traicionará. Eso sí: disfrazará sus traiciones con discursos contundentes para fingir que está en el lado correcto. Pero no lo está.

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La vida de los otros. -Hermann Tertsch/ABC-

Muchos se sorprenden en España y Europa continental ante ese soberbio espectáculo de ministros del Reino Unido que dimiten uno tras otro porque las decisiones de su jefa de gobierno no son compatibles con su opinión, con su conciencia o con el voto de su circunscripción electoral que viene a ser lo mismo. En Westminster los diputados defenderán con la palabra y todos los colmillos retóricos la opinión y el interés de sus electores. Y es que eso solo pasa en esas islas y allende el Atlántico, allá donde gobierna el malísimo Donald Trump. El del imperdonable delito de decir todas esas verdades inconvenientes que la hipocresía socialdemócrata no tolera. Como que no se puede sacrificar la vida de los otros en aras de disquisiciones ideológicas. Ni destruir el trabajo ni el precario bienestar de los más pobres en aplicación de los experimentos sociales con seres humanos. Esos experimentos que tanto gustan a políticos de izquierdas, académicos, intelectuales, periodistas y otros privilegiados que pueden protegerse contra los efectos de la política que, con frivolidad, egoísmo y arrogancia, propugnan.

Si el Reino Unido es hoy la patria de la libertad y la responsabilidad, España lo es de la arbitrariedad y el desprecio, en una deriva hacia el desastre cada vez más similar a la previa a la Guerra Civil. ¿Y la UE, dónde está? La Comisión, tan dispuesta siempre a meterse en todo en la vida de las naciones y sus ciudadanos, guarda silencio ante tropelías y abusos de un gobierno que desmantela sin parar las defensas constitucionales y los derechos de los ciudadanos españoles. Callan los siempre dispuestos a difamar, acosar y demandar a gobiernos como los de Hungría o Polonia, que cumplen con la voluntad de sus programas refrendados por amplísimas mayorías absolutas. Nadie se queja de que las hordas de socios del Gobierno asalten la vivienda del juez del Tribunal Supremo que instruye el caso más importante de la historia de la democracia española contra el peor golpe de Estado sufrido desde la guerra civil. El juez acosado desde hace meses carece de protección mientras la Policía protege a responsables de estas acciones propias de camisas pardas nazis y bandas de sicarios comunistas.

Nadie protesta porque socios comunistas de Sánchez acosen a un partido legal como Vox y exijan la muerte y mutilación de los asistentes a un mitin. Y amenacen con una repetición de las matanzas de Paracuellos, con sus miles de muertos inocentes a manos de verdugos de aquel Frente Popular del que el Gobierno se siente heredero. Aplastan la libertad de movimiento de millones en el centro de Madrid por pura arbitrariedad y pisotean los intereses y derechos de todos sus habitantes, agreden a la industria del automóvil y sus cientos de miles de empleados, hunden los patrimonios familiares con su agresión al coche, amenazan a las gasolineras con destruirlas a multas si no se pliegan a un plan ridículo inviable, cierran las nucleares a diez años vista sin plan alternativo. Todo es ideología totalitaria y experimentación social y todo es desprecio a la vida de los otros.

La obscena ocupación de todos los resortes del poder va acompañada del total desprecio al control de la oposición y de los pocos medios no adictos, con casi todos los ministros inhabilitados por criterios aplicados a todo gobierno anterior. Con una brutal descomposición de las instituciones, del orden, la seguridad jurídica y la propia seguridad personal de los españoles. El Gobierno de Sánchez es una amenaza masiva e inminente para la democracia en España y la seguridad económica y física de los españoles. A ver si nos damos cuenta.

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Magnicidio de cine cubano. -Hermann Tertsch/ABC-

Muchos chistes se hicieron ayer tras anunciarse los peculiares detalles de los supuestos preparativos de un atentado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde el bigote de Maduro en la cara avinagrada de Sánchez al viejo Franco con escopeta de caza posando como francotirador, eran ayer cientos las imágenes y los chascarrillos, y muchos, buenos e imaginativos. Ante las rocambolescas y oscuras informaciones, muchos han evocado los atentados falsos que «sufrieron» Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el último el de los drones, atentados que siempre sirvieron para atacar aún más a la oposición, para perseguir y encarcelar a discrepantes y para crear leyes especiales que recortaran aún más las libertades bajo la criminal dictadura venezolana, siempre según la escuela dictada por los agentes cubanos. Se acumulan esas coincidencias con el perfecto manual de agitación y desinformación comunista que socios privilegiados de Sánchez como Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón y tantos otros comunistas de Podemos conocen tan bien por sus lucrativas estancias en Caracas.

La cosa no tiene gracia. No porque tuviera posibilidad de hacer daño al doctor Sánchez este señor mayor más o menos desequilibrado, según su entorno, del que los Mozos dicen que es experto tirador y la gente del campo de tiro tachan de perfecto inútil. Las televisiones, todas frentepopulistas, presentan este caso como un «magnicidio» abortado in extremis. Resulta, como todo lo de este Gobierno, ridículo y a la vez amenazante y peligroso. Ridículo porque parece que Sánchez no quiere parecerse a John F. Kennedy solo por poses de fantoche dentro o fuera del Falcon. Amenazante porque se adivinan las intenciones de esta gran operación de intoxicación, muy acorde con la general deriva del Gobierno del PSOE en su vocación de criminalizar a la oposición de acuerdo con sus aliados chavistas. Ayer, Monedero ya pedía cárcel para periodistas y cualquiera que se resistiera al rodillo comunista. Los medios sumisos al Frente Popular, gran mayoría gracias a los gobiernos del PP, trabajan en la invención de un «terrorismo de ultraderecha». Que sirva para trivializar el terrorismo real de ETA, ya aliado objetivo del Gobierno, como para combatir con nuevas medidas a la «amenaza franquista», en la que incluirán a todo el que no se una o pliegue ante su discurso.

Para saber lo realmente importante sobre este caso tan tóxico y tramposo, lo importante no es saber cómo empezó la ridícula peripecia del «francotirador que es hijo del último alcalde franquista de Rubí», sino las conclusiones que quieren sacar aquellos que lo pretenden convertir en la prueba de una conspiración masiva contra «el líder del progresismo». La primera información -cuando lleva un mes en prisión el acusado- la publica «Público», panfleto digital filogolpista, propiedad de Jaume Roures. Él es uno de los cerebros de la operación -con Iglesias y Junqueras- que transforma el golpe de Estado separatista en una amplia ofensiva contra la monarquía, la democracia y la unidad de España. Su gran éxito es el Frente Popular. En la película, muy del estilo de los servicios secretos cubanos ella, del francotirador ya han metido a Franco, aunque ni en el auto del TSJ de Cataluña ni en declaraciones del acusado se habla de Franco. Con el éxito añadido de tener mencionado al partido VOX. Termina «Público» su artículo novelado y tóxico: «Queda claro que a partir de ahora los servicios de inteligencia policiales deberán estar atentos a un nuevo y amenazador perfil: el de los franquistas frustrados, sin filiación ni historial violento, que de pronto están dispuestos a tomar las armas contra la Memoria Histórica». Ahí caben todos los constitucionalistas. Sigan los líderes de los partidos constitucionalistas peleándose, que cualquier día se despiertan, ven un miliciano junto a la cama y creerán estar en el peor Caribe.

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La felonía de Sánchez. -Francisco Rosell/El Mundo-

Cumpliendo las diez de últimas que le dictaron sus socios independentistas y podemitas, Pedro Sánchez ha recurrido al «puñal del godo», en la peor tradición de traidores a la causa de España, para acuchillar al Estado de derecho y hacer dejación extrema de sus deberes como presidente del Gobierno. Al final, es lo de siempre: “Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”. Como el felón de Fernando VII al jurar la Constitución de Cádiz en marzo de 1820 y, después de ser tenido por El Deseado, renegar desde ese día contra la Carta Magna. Eso es cabalmente lo que ha hecho un presidente que a su cuestionable legitimidad de origen suma su cada vez más palpable ilegitimidad de ejercicio.

Contraviniendo todas sus promesas, el doctor Sánchez, ¿supongo? no sólo valida el golpe de Estado de los insurgentes en Cataluña, sino que posibilita que estos asalten la nave del Estado y arrebaten el timón a un presidente encantado de haberse conocido. No es extraño, disfrutando de las bicocas y prebendas de ese Estado al que socava con estúpida irresponsabilidad.

Lo peor del caso es que, después de humillarse y humillar al Estado para recabar el apoyo de los independentistas a los Presupuestos, estos lo han dejado en ridículo. Si él lo consiente, allá él y su conciencia, pero los españoles no debieran transigir con tamaña falta de respeto a sus instituciones.

En vísperas del Día de Difuntos, por mor de su atrabiliaria conducta, Sánchez ha hecho verdad lo escrito por Larra en su célebre artículo de 1836 sobre esta elegíaca efemérides: “Aquí yace media España; murió de la otra media”. Tratando de sepultar el Régimen del 78, formalizó su claudicación ante los independentistas al cumplimentar una de las exigencias que estos verbalizaron la mañana del viernes 19 de octubre. Fue horas antes de que su también socio, Pablo Iglesias, visitara en prisión a uno de los dos cabecillas del golpe, Oriol Junqueras, para rendirle pleitesía e implorarle su apoyo al proyecto de presupuesto en común del Gobierno y de Podemos. Pere Aragonès, mano derecha de Junqueras en el golpe y actual vicepresidente de la Generalitat con Quim Torra, reclamó a Sánchez que, por medio de la Abogacía del Estado, el Gobierno reorientara la causa del 1-O.

Dicho y hecho. Haciendo mangas y capirotes con el trabajo desarrollado hasta ahora por los Servicios Jurídicos del Estado, el Gobierno ha coaccionado a estos a retirar su calificación provisional de rebelión y marca así el camino a la Fiscalía para cuando llegue la hora de fijar sus peticiones en firme. Sánchez retoma así la discrecional doctrina que el otrora Fiscal General del Estado y hoy magistrado del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, puso a disposición de Zapatero en sus tejemanejes con el terrorismo etarra: “El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino”, dado que el ministerio público no puede ser ajeno a la realidad social, “sino profundamente comprometida en su transformación”. Parecida argumentación esgrimió el viernes la ministra de Justicia, la fiscal Delgado, para explicar el volantazo de la Abogacía.

Sánchez atropella así la independencia judicial española y la pone en solfa en el ámbito internacional al municionar los requerimientos independentistas de cara a su recurso en Estrasburgo. A este paso, como en la sátira de Horacio, “Solventur risu tabulae, tu missus abibis“, esto es, la causa acabará en risas y quedarán libres de cargos. Nunca tan pocos hicieron tanto daño al Estado de Derecho.

Conviene insistir en que, al margen de la mayor pena, la rebelión entraña una transgresión contra el orden constitucional -esto es, un golpe de Estado-, mientras la sedición supone un quebrantamiento del orden público. Todo ello después de que Sánchez manifestara que era clarísimo el delito de rebelión. Claro que las opiniones del doctor Jekyll para llegar a La Moncloa no comprometen al mister Hyde apoltronado en el Palacio (Carmen Calvo dixit).

Ante esa deserción del Gobierno, cabe preguntarse qué espectáculo aguarda cuando el separatismo, con su dominio de las artes escénicas, convierta el juicio en un proceso a la democracia española como en su día los alzados del 23-F.

No es para menos cuando, además, anuncia por adelantado el indulto a los golpistas en pago a que estos le hicieran presidente mediante una moción de censura que supone un cambio de régimen en España. Por eso, fue incapaz de responder a la interpelación directa que le hizo en este sentido el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. No era cosa que le creciera aún más la nariz de Pinocho. Todo en él se revela fraudulento como su tesis doctoral. Ya lo advierte el adagio latino: “Falsum in uno, falsum in omnibus” (“Quien falsea un punto, los falsea todos”).

Habiendo rebasado ampliamente las rayas rojas que prometió no saltarse, empero, casi todos en su partido callan como muertos. No hacen siquiera un mohín de protesta ante los desatinos de un presidente al que los españoles le dispensaron los peores resultados de la historia reciente del PSOE. ¿Qué ha sido de tanto barón y baronesa socialistas sino verduras de las eras? Aún en los momentos más dramáticos del PSOE, siempre se alzaron voces críticas cuando la situación de emergencia lo requería. Ahora sólo se escucha un ensordecedor y clamoroso silencio.

En una tesitura similar como fue la asonada del 23 de febrero de 1981, un Gobierno tan débil, pero firme en sus convicciones, como el de Leopoldo Calvo Sotelo, supo estar a la altura de aquella dramática encrucijada logrando las máximas penas contra sus promotores, sin ningún posterior indulto. Amén de ello, conjurada la asonada mediante la histórica comparecencia televisiva del Rey Don Juan Carlos en la que éste se ganó el Trono, aquel Ejecutivo capeó la campaña de desprestigio que se maquinó contra el Monarca desde ámbitos proclives al golpe. Como anota Calvo Sotelo en su Memoria viva de la Transición, al igual que los hombres de Nehemías, el artífice de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, “con una mano levantábamos los muros y con la otra sosteníamos la espada”.

Contrariamente a su padre, en su particular 23-F que fue el 1-O separatista y que tuvo su plasmación en su memorable alocución televisiva del 3 de octubre, Felipe VI vive a cuerpo gentil la campaña de hostilidad y hostigamiento secesionista, mientras el Ejecutivo avala la despenalización de las injurias al Jefe del Estado.

A diferencia de su antepasado Felipe IV que acometió la conquista de Breda con el mejor estratega de la época, el genovés Ambrosio de Spinola, y consiguió hacer capitular a Justino de Nassau, de la casa de Orange, Felipe VI debe confiarse a un presidente tributario de quienes quieren romper España y a los que entrega las llaves, poniendo del revés el óleo velazqueño de Las lanzas. Como antaño los visigodos lo fueron de los caudillos moros merced a la traición del Conde Don Julián, luego reivindicado por Juan Goytisolo, tras franquearles el paso del Estrecho de Gibraltar en venganza, según la leyenda, al ultraje de Don Rodrigo a su hija.

Que nadie dude de que, una vez repuestos los golpistas, como acaeció con Companys en la II República, ellos seguirán a lo suyo con mayor fuerza y más crecidos. Por eso, en un instante tan oscuro, tiene sentido parafrasear las palabras de Churchill a Lord Halifax cuando éste le instó a negociar con Hitler y a abandonar su fantasía de luchar hasta el final: cuándo aprenderemos la lección, cuántos independentistas deberán ser cortejados, apaciguados, colmados de inmensos privilegios antes de que se aprenda la dolorosa lección de que “no se puede razonar con un tigre cuando tienes la cabeza en su boca“.

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Un repaso al Gobierno cum fraude. -Liberal Enfurruñada/OK Diario-

Este lunes, la ministra portavoz, Isabel Celaá, ha dicho que el Gobierno sufre una “ola de fake news” procedente de medios de comunicación digitales. Un día antes, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, pidió tenacidad frente al intento de la derecha y de la “basura mediática” de “pervertir” la política del Gobierno de Sánchez. Parece claro que ese es el argumento con el que el Gobierno del doctor cum fraude quiere poner pie en pared para evitar que se les caiga ningún ministro más por las escandalosas noticias que estamos conociendo sobre casi todos ellos; tachar de “fake news” y de “basura mediática” la información que les perjudique al más puro estilo podemita. Merece la pena que hagamos un repaso de esas noticias de las que están hablando.

No han pasado cuatro meses del día que Sánchez anunció el nombre de los ministros que integrarían su ejecutivo y causa sonrojo recordar las alabanzas conque la mayoría recibimos su habilidad para repartir carteras entre personas que parecían medianamente presentables. Aunque la alegría duró poco, ya que a los siete días cayó el ministro de Cultura, Màxim Huerta, tras conocerse que había sido multado por Hacienda por defraudar más de 200.000 euros. Y aunque parezca imposible no ha sido el único en caer, a los tres meses de ser nombrada la ministra de Sanidad, Carmen Montón, tuvo que dimitir por haber plagiado su trabajo de fin de máster. Tenemos que suponer que cuando Sánchez admitió la dimisión de estos dos ministros estaba dando por veraces estas noticias.

Deben referirse a las informaciones publicadas por OKDIARIO que le han hecho merecedor del deshonroso título de doctor Cum Fraude, esas por las que anunció que se iba a querellar aunque ahora no parece muy dispuesto a defender su verdad ante un juez. Pero también es posible que de lo que hablen sea de la información que hemos publicado acerca de esa sociedad patrimonial con la que su ministro de Ciencia, Pedro Duque, se ahorró tramposamente unos impuestos de esos que los socialistas nos quieren subir mucho a todos. O quizá hablan de la noticia que cuenta que su ministra de Industria, Reyes Maroto, ha consignado en su declaración de bienes un plan privado de pensiones como si fuera un seguro de vida, avergonzada por su poca confianza en el sistema público.

O de las conversaciones de su ministra de Justicia, Dolores Delgado, con Baltasar Garzón y el comisario Villarejo, a quienes confesó que en un viaje de trabajo a Cartagena de Indias (Colombia) vio como “una serie de jueces y fiscales españoles terminaron con menores de edad”, cosa que jamás denunció. O de las declaraciones de su ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, quien reconoce que “no sé mucho de economía”. O de como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mintió durante cinco años a la Junta de Andalucía con un falso máster en su currículo y está denunciada por “prevaricación continuada” en la realización de “nombramientos ilegales” en la Sanidad andaluza. O de cómo el multimillonario ministro de Exteriores, Josep Borrell, declaró que “Cataluña es una nación y prefiero a los independentistas presos en libertad condicional”. La lista sigue, pero no creo que necesitéis más ejemplos, aquel Gobierno que tanto os gustó se ha demostrado un fraude de cabo a rabo. Todo lo que toca Sánchez es más falso que una moneda de tres euros. Éstas no son “fake news” y quienes os denunciamos no somos “basura mediática”. Enfrentaros a la verdad poniendo las urnas y dejando que los españoles os digan lo que piensan de vosotros, ministros Cum Fraude.

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Prohibido lo malo. -Hermann Tertsch/ABC-

Estén atentos los españoles, porque si este Gobierno no cae pronto, sea por inepto, por tramposo, por mentiroso, por plagiario, por traidor, por cómplice de mafias, por colaborador de golpistas y enemigos de España, puede que se quede. Puede que transforme tanto los métodos de trabajo en nuestro sistema que no podamos, no nos dejen hablar sobre su relevo hasta que las condiciones de miseria, violencia y caos ocupen organismos internacionales. En España asistimos ya a muchos pasos consecuentes que dicta el guión de una toma de las riendas del poder, no solo del Gobierno, sino del sistema, para poder casi excluir la alternancia. De ahí que sean tan alarmantes las palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo que anuncian la intención del Gobierno de imponer límites a la libertad de expresión e información. Siempre en defensa de la verdad, faltaría más.

Tras los baratos eufemismos de Calvo, queda claro que el Gobierno considera que jueces y tribunales no son suficientes como hasta ahora para perseguir los delitos en opinión e información. Porque hay informaciones u opiniones que este Gobierno quiere perseguir y que aún no puede. «Necesitamos seguridad». Se regulará -dice que con otros países- lo no regulado hasta ahora en el ámbito de la libertad de expresión y del derecho a la información. Las amenazas a los medios de este Gobierno no tienen precedentes en España desde 1978. No quieren que se hable mal de ellos. Y decretan que todo lo malo sobre ellos es mentira. Ya lo advirtió Pedro Sánchez, menos solemne que macarra, que quien le critique a él o al Gobierno critica al Estado. Al principio nos hizo gracia. ¿Qué rayos se habría creído ese galán de grandes superficies? La risita se nos ha borrado. Con su carácter práctico, no serán ni el principio de contradicción, ni la honradez, ni la vergüenza ni el sentido del honor lo que frene la incontrolada ambición de Pedro Sánchez. No tiene dudas ni muestra escrúpulos. No hay elecciones. Los golpistas son buenos. Los constitucionalistas, malos. Monto cuando quiero en avión. Mi mujer trabaja donde me dé la gana. Quien me ataca ataca a España. Punto.

Atentos españoles, el Gobierno quiere armas para combatir «la mentira» de los periodistas. Eso que les gusta llamar «fake news» porque hacen mucho daño, «a veces», dramatizaba ayer Calvo, «daños irreparables». En un ambiente tan comprensivo de la leal soldadesca izquierdista del periodismo patrio nadie le haría reparar ayer que los daños que sufre actualmente el Gobierno no los generan unas mentiras sino unas verdades. Estas nuevas medidas para limitar la libertad de expresión y de información encajan con las disposiciones de la nueva ley de memoria histórica que tiene en la recámara el PSOE y que impone penas de prisión, graves multas e inhabilitación a quienes cuestionen la interpretación de la guerra civil española y del franquismo que hacen quienes se consideran herederos de los perdedores. Dará con sus huesos en la cárcel quien crea como yo que la tragedia española no comenzó el 18 de julio de 1936, sino con la criminal quema de iglesias y conventos de 11 de mayo de 1931 y que, por supuesto, fue una inmensa suerte para España que la guerra la ganara Franco y no Stalin.

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Todo negativo, nada positivo. -Luis Herrero/LD-

Todo le salió mal. Primero quiso zafarse del cañón de luz que enfocaba el escándalo de su tesis con el señuelo del fin de los aforamientos. Luego se sacó de la manga la carta marcada de una enmienda fraudulenta para evitar, por la puerta de atrás, el veto del Senado a los Presupuestos. Más tarde escondió a la ministra de Justicia para que la investigación judicial sobre los chanchullos garzonitas en la Audiencia Nacional no lastimara su crédito. Pero todo fue inútil.

Al abrir el melón de la reforma constitucional para suprimir los aforamientos desató una puja de propuestas envenenadas -desde incluir en ella el derecho de autodeterminación hasta liquidar la inviolabilidad del rey- que colocaron el debate en términos imposibles. Nadie salió en su ayuda. Se quedó tan solo que el Consejo de Ministros renunció a aprobar el anteproyecto de ley que el propio Sánchez había anunciado solemnemente durante el acto de autobombo programado para hacer hagiografía de sus cien primeros días de Gobierno. Un incumplimiento más. El enésimo. Suma y sigue.

Tampoco le funcionó como quería la trampa de la enmienda. No solo no está nada claro que pueda lograr el objetivo que pretendía -evitar la bola negra del Senado a su acuerdo con Podemos para gastar seis mil millones más de lo que puede-, sino que ha sentado las bases para que las dos cámaras legislativas, tras el pulso inevitable de dos mayorías parlamentarias de signo opuesto, se enfrenten en un conflicto de competencias, previsto en la ley pero todavía inédito, que exigirá la mediación arbitral del Tribunal Constitucional, obligado por su propia doctrina, y por el criterio mayoritario de los letrados de Las Cortes, a dejar al Gobierno con el culo al aire.

Respecto al futuro de Dolores Delgado, las expectativas no han mejorado. Al revés. Nuevas informaciones periodísticas vuelven a situarla en el ojo del huracán de la trama de tráfico de influencias montada por Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional. El exjuez, según parece, invocó su ascendiente sobre la ministra de Justicia para ofrecerle a Sandro Rosell la libertad condicional que hasta ahora se le ha denegado. Delgado guarda silencio. Pero el silencio no basta. El foco de infección descubierto en la Audiencia es, de todas las espadas de Damocles que penden sobre la cabeza del Gobierno, la que tiene el borde más afilado.

Para colmo de sus desdichas, Sánchez ha visto cómo se escapaba Pablo Casado del laberinto judicial de su máster bajo sospecha. Salvo sorpresa mayúscula, los jueces del Tribunal Supremo harán suyo el informe del fiscal en los próximos días y liberarán el brazo que el líder de la Oposición llevaba atado a la espalda durante los debates de la indecente tesis doctoral del presidente del Gobierno. Ahora, quien ocupa el sitio de Casado en el microscopio de la magistrada Rodríguez Medel es la exministra Carmen Montón, cuya conducta fue calificada de ejemplar por la portavoz Celaá. Hay ejemplaridades que las carga el diablo.

Añádase a esta lista de infortunios la incorporación de El País a la lapidación académica del presidente, la falta de acuerdo sobre la revalorización de las pensiones en el Pacto de Toledo, la revelación de Ernest Maragall de que la ministra Batet se había comprometido a teledirigir a los fiscales en la causa del 1-O y la petición de indulto a los cabecillas de la rebelión que acaba de formular la delegada del Gobierno en Cataluña y obtendremos la crónica completa -o casi- de otra semana negra para los intereses del PSOE. El balance no puede ser más demoledor. Como diría Van Gaal: todo negativo, nada positivo.

El panorama político es tan sombrío que, ante el riesgo de derrumbe, Iglesias, Torra y Urkullu, los ingenieros que le abrocharon las tuercas a Frankenstein, han comenzado a distanciarse del pacto que suscribieron con Sánchez por miedo a que los cascotes les aplasten la cabeza. El podemita, que hasta ahora hacía la vista gorda en el asunto del plagio de la tesis, ya pide explicaciones. El presidente catalán vincula el apoyo independentista a los presupuestos a que se permita la celebración de su anhelado referéndum. Y el lehendakari, sabiendo que no cabe en la Constitución, acaba de lanzarse a la conquista de un estado plurinacional que se inspire en el modelo de la Unión Europea: tantos miembros, tantos sujetos de soberanía. Solo falta que alguien pida dos huevos duros más.

A esta legislatura, el culo le huele a pólvora.

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¿Un Maduro en ciernes en Moncloa? -Jesús Cacho/Vozpópuli-

Es la preocupación que embarga a cada día mayor número de españoles. Lo que hace un mes podía calificarse de boutade, una exageración sin paliativos, desde esta semana aparece como una posibilidad que convendría no desdeñar por estrafalaria que parezca, por extemporánea que pueda sonar a la altura de 2018 y en el marco de la Unión Europea. La decisión de Pedro Sánchez de vaciar de competencias al Senado con una treta legalista para obviar el obstáculo que suponía para sus planes de aprobar los PGE para 2019, ha encendido todas las alarmas. Estamos ante un tipo al que no se le pone nada por delante en su afán de hacerse fuerte en el poder. Un amoral sin ningún escrúpulo democrático. Sánchez ha dejado de ser una sorpresa, incluso agradable para quienes estaban hartos de la inanidad de Mariano Rajoy, para convertirse en un peligro para las libertades. Convendría que nadie lo tomara a broma.

Alguien comentaba esta semana en la radio la anécdota vivida en primera persona con Rajoy, cuando el entonces presidente disfrutaba del confort que le proporcionaban los 186 diputados de que dispuso entre 2012 y 2015. Ese alguien le animaba a que tuviera la audacia de cambiar la Ley Electoral. Se trataba de ir a una elección a doble vuelta de forma que Comunidades y Ayuntamientos fuesen gobernados por la lista más votada. Con ese sistema, Manuela Carmena jamás hubiera sido alcaldesa de Madrid. El interlocutor insistía vehemente, puedes hacerlo, tienes mayoría absoluta, y el gallego taimado, nuestro Sancho entonces a lomos del rocín de Moncloa, le respondió que no, que aunque tuviera mayoría en el Congreso un cambio de tanta trascendencia política no se podía hacer sin contar con el visto bueno del PSOE, con la anuencia del PSOE. Esa es la diferencia entre un demócrata pasmado pero respetuoso con la ley, y un aventurero sin complejos decidido a saltarse a la torera cualquier obstáculo legal que se interponga entre él y sus ambiciones.

El Artículo 66 de la Constitución, Título III, Capítulo Primero, dice textualmente que “Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. Las Cortes Generales son inviolables”. De donde se deduce que intentar anular las competencias de una de las Cámaras o de ambas es un atentado contra la soberanía del pueblo español, un golpe más o menos disfrazado contra la propia Constitución que recuerda como dos gotas de agua a otro golpe, el  protagonizado por la mayoría separatista del parlamento de Cataluña el 6 de septiembre del año pasado, cuando la tropa indepe impuso una nueva “legalidad” saltándose a la torera la Constitución y el propio Estatuto catalán. “Exigimos al PSOE que, para llegar a un acuerdo de Presupuestos, lo primero que habría que hacer era arrebatarle al PP su último instrumento de poder en España, que es la capacidad de veto en el Senado. Es una anomalía democrática”. Es el texto de un tuit que Podemos ha vuelto a publicar estos días.

Para Podemos, los resultados de las elecciones de junio de 2016 que otorgaron al PP la mayoría en el Senado son “una anomalía democrática” con la que hay que acabar de grado o por fuerza, sin esperar a los resultados de unas nuevas generales. Una concepción típicamente bolivariana de la democracia parlamentaria. “La revolución bolivariana solo triunfará si se extiende por todo el continente americano y, después, por el resto del mundo” (Juan Carlos Monedero). Para nadie es un secreto que la vanguardia podemita, formada y financiada por Irán y Venezuela, sueña con la idea de reproducir esa experiencia revolucionaria en España. Lo desean tanto que su gran líder se ha comprado ya una dacha de 1,2 millones en la sierra de Madrid, en la esperanza de poder recibir el santo advenimiento del desastre colectivo bien pertrechado de comodidades. Es también evidente que el cóctel de partidos populistas-nacionalistas que entronizó en la Moncloa a Sánchez abocaba más pronto o más tarde a la nación, no solo al Estado, a un estrés sin precedentes, agravado por la herida abierta de un problema como el planteado por el separatismo catalán.

Pero lo que pocos, salvo sus más íntimos conocedores, podían sospechar es que Sánchez, líder de un partido que ha gobernado durante casi 22 años, clave en la historia de la Transición, y que ha tenido, con sus luces y sombras, las mismas que el PP, un papel esencial en el mejoramiento de la calidad de vida de los españoles, fuera a mostrarse, víctima de su irrefrenable ambición de poder, tan proclive a dejarse arrastrar por las pulsiones dictatoriales de una minoría que pretende hacer tabla rasa de nuestras instituciones para hacer realidad el experimento de revolución bolivariana en España, esa que tan felices tiene a los venezolanos dentro y fuera de Venezuela. Y una pregunta recorre hoy en voz baja las cuatro esquinas de la piel de toro. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Sánchez? ¿Alguien que es capaz de vaciar de competencias el Senado, en un golpe sin paliativos contra la Carta Magna, tiene algún tope o norma moral de conducta que le impida, en caso de ver su futuro político en riesgo, atentar contra nuestras libertades?

¿Cuándo se jodió Venezuela?

Hoy es una evidencia que esas libertades están en peligro no porque en el Parlamento se siente un grupo como Podemos, sino porque Sánchez parece haber renegado del PSOE socialdemócrata que conocimos tras la muerte de Franco, para abrazar la causa del populismo rampante dispuesto a todo con tal de conservar el poder. Las condiciones están dadas en la España extraviada de nuestros días, una España que desde 2012 atraviesa uno de sus momentos de mayor debilidad histórica. Raúl Gallegos, corresponsal que fue de Dow Jones y WSJ en Caracas, explica en su libro “¿Cuándo se jodió Venezuela?”las razones que han llevado a la ruina al país con las mayores reservas petroleras y mineras del mundo. La corrupción en el origen del problema. Como en España. Una clase política roba, y un iluminado llega para decir que eso se va a acabar, porque él se va a encargar de repartir mejor la riqueza nacional. El marco: una población que desconoce el valor del trabajo (“Póngame donde hay; del resto me encargo yo”) y el esfuerzo, acostumbrada a vivir de las rentas del petróleo, y un entorno socio-económico que empuja al Gobierno a gastar a manos llenas para mantener su popularidad y, sobre todo, para fabricarse una clase subsidiada que pronto estará dispuesta a defender a muerte al iluminado ya convertido en dictador.

Un país cuyos gobernantes, de ínfimo nivel cultural, viven instalados en el corto plazo, porque se trata de sobrevivir una semana más en el machito. Como en España: un tipo ignorante de casi todo, pero listo, ni un pelo de tonto, y sobre todo malo, engreído y  soberbio hasta el éxtasis. Un chavismo reñido con cualquier tipo de planificación a medio o largo plazo, que hace frente a las emergencias con simples parches, con una población narcotizada a la que el Estado resuelve el día a día, un aparato productivo destrozado por las importaciones de todo tipo de productos, un Ejército silente al que el gorila ha hecho de oro, unos empresarios acostumbrados a vivir de la tarifa a la sombra del poder político, siempre en primera posición de saludo, como en España, como en Casa de América, y unos medios de comunicación plagados de periodistas de izquierda radical dispuestos, en su mayoría, a la manipulación ideológica y la ocultación de la verdad, medios en buena medida propiedad de ricos millonarios progres a quienes parece divertir el experimento de pobreza ajena. Como nuestras televisiones. Lo que no tenía Venezuela es la amenaza añadida de quiebra de su unidad territorial, riesgo muy presente para España y no sólo en Cataluña. Lo único que resta a los enemigos de la libertad de los españoles es el control de la Justicia, aunque están en ello, se han puesto manos a la obra con una ministra del ramo íntima de Garzón (“Querido Emilio”), y de sus Boyes, Villarejos y demás. “Desterrada la Justicia, que es vínculo de las sociedades humanas, muere también la libertad que está unida a ella y vive por ella”, que dijo el gran humanista español Juan Luis Vives.

Es una obviedad aclarar que las medidas de política económica que plantea el Gobierno Sánchez van directamente orientadas a la creación de esa clase popular subsidiada y dispuesta no solo a votarle en unas eventuales generales, sino a apoyar cualquier decisión que implique incluso transgredir la Constitución. Todo dependerá de cómo se mueva este artista de la mentira, para quien leyes y procedimientos son un estorbo, en la cuerda floja de un Gobierno con 84 diputados obligado a satisfacer al alimón las exigencias de populistas y separatistas. En paralelo al vaciado del Senado, lo que el sanchismo persigue es acabar con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada en 2012 tras la reforma constitucional del artículo 135 que en 2011 lideró Zapatero con el respaldo del PP, según la cual los objetivos de déficit del Gobierno deben ser aprobados por Congreso y Senado. Una ley clave, por cuanto permitió restaurar la confianza de los mercados en España en el peor momento de la crisis, reducir el déficit y propiciar el crecimiento. A Sánchez le estorba esa ley. Él quiere volver a gastar a manos llenas para lo que ya sabemos. Toda su política fiscal, directamente empeñada en acabar con el ahorro de las familias, es un atentado a la prosperidad colectiva. “Dejen competir, dejen ahorrar y dejen crear riqueza. Estos deberían ser los principios de cualquier Gobierno que quiera promover y fomentar la vía de los ingresos, base de una subsiguiente política de gasto, sea o no acertada” (“Por un crecimiento racional”, Juan María Nin, Ed. Deusto)

La peor de las pestes

El cerco de Podemos se estrecha sobre Sánchez. Tras mantener un llamativo silencio sobre el caso de la tesis plagiada que probablemente ni siquiera escribió él, Iglesias ha entrado en liza al calificar de “cutre” la existencia de “párrafos sin citar” en la misma, asunto por el que el presidente por accidente “tendrá que dar explicaciones”. Al señor marqués de Galapagar le conviene un Sánchez débil, cada vez más uncido al yugo de los morados, así hasta que llegue el día, que quizá esté muy próximo, en que el líder socialista tenga que elegir entre romper la baraja y alinearse en el bando de los demócratas o echarse definitivamente al monte en brazos de los populistas y demás enemigos de España para emprender el camino sin retorno de esa “revolución bolivariana” que pretende imponerle Podemos. “El riesgo es que el chavismo llega rápido pero luego resulta extremadamente difícil, por no decir imposible, revertir por medios democráticos” (Raúl Gallegos). La tantas veces denunciada aquí baja calidad de nuestra democracia se ha convertido en un grave problema de salud democrática que ya no está solo residenciado en Cataluña, donde un nacionalismo (“la peor de las pestes”, como lo definió Stefan Zweig) de tinte supremacista y totalitario, con el que el Gobierno Sánchez está negociando en secreto, pugna por hacerse con el poder al margen de la ley y de la mitad de la población, sino que acaba de instalarse en el corazón de la nación, en el mismo Palacio de la Moncloa. El enemigo está dentro, y fue capaz de afirmar hace justo 5 días que “Soy el presidente del Gobierno y haré lo que quiera en la Cámara”.

Queda la España de la silente sociedad civil, esos millones de españoles -también socialistas, del viejo socialismo reñido con las aventuras de este personaje sin escrúpulos-, dispuestos a defender contra viento y marea sus libertades y su nivel de vida. Quedan ellos, queda el Rey, y quedan un nutrido grupo de jueces. No son poca cosa. Pero tendrán que estar dispuestos a fajarse y echarse a la calle para defender esos principios de manera activa. No valdrá parapetarse tras los visillos viendo desfilar a las hordas de la división, la sinrazón y el odio. El 2 de septiembre escribí aquí que “Toca movilizarse de nuevo. Toca arremangarse para impedir la tropelía de la vuelta atrás. Toca luchar por la Constitución y la unidad es España, que es tanto como decir por la paz y el progreso. Por los valores de la Ilustración”. El momento se acerca.

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Doctor Cum Fraude… porque le dejan. -Liberal Enfurruñada/OK Diario-

Es imposible pensar que en algún país civilizado se demuestre que el presidente del Gobierno ha hecho con su tesis doctoral la mitad de lo que sabemos que hizo Pedro Sánchez y no presente inmediatamente su dimisión. Sin excusas, sin dilaciones, de forma inmediata, avergonzado y pidiendo perdón, se marcharía en el instante en que se publicara la primera noticia por alguno de estos tres motivos. En primer lugar por decencia, honestidad y dignidad; cualidades que deberíamos exigir a cualquiera que ocupe tan alto puesto. Pero si no fuera por eso, se marcharía obligado por su partido, temeroso de las consecuencias que causaría a la organización un presidente tan temerario como para no dimitir por decisión propia. Y en tercer lugar, si no se diera ninguna de las circunstancias anteriores, tendría que marcharse obligado por sus votantes y militantes, que en ninguna democracia occidental consentirían un fraude como el de Pedro Sánchez.

El problema es que los votantes de la izquierda española no son homologables a los de ningún otro país civilizado. En España existe una doble vara de medir según la cual a la izquierda se le consiente absolutamente todo mientras que el centroderecha debe hacerse perdonar continuamente su existencia. La diferencia está en los votantes, no en los líderes políticos y fundamentalmente está causada por su ignorancia. El español de izquierdas no siente vergüenza de su pasado porque se cree heredero de los santos de la Segunda República, mientras que el de centro derecha se la coge con papel de fumar, creyéndose hijo de un franquismo del que se avergüenza. Así, Pedro Sánchez puede prometer en el Congreso de los Diputados que la moción de censura que está defendiendo es exclusivamente para convocar elecciones generales y cuando consigue ser investido asegurar con todo su descaro que piensa agotar la legislatura, sabiendo que sus votantes le perdonarán todas sus mentiras, todos sus plagios, todos sus enchufes y todos sus fines de semana de juerga en el Falcon oficial.

Y a los podemitas les ocurre tres cuartos de lo mismo. Pablo Iglesias y la madre de sus hijos pueden comprarse tranquilamente un casoplón de lujo, pese a haber prometido que vivirían en su pisito de Vallecas. A Echenique no se le cayó la cara de vergüenza cuando se descubrió que defraudaba a la Seguridad Social y mantenía en condiciones de semiesclavitud a su asistente. A Monedero lo pillamos intentando defraudar a Hacienda usando una empresa pantalla y sigue dando lecciones. Errejón fue sancionado por la Universidad de Málaga a la que estafaba con su beca black y tan tranquilo. De Espinar supimos que especuló con su VPO y ahora pontifica sobre el derecho a una vivienda digna. Podríamos escribir una enciclopedia con la lista de fraudes que los podemitas les perdonan a sus líderes, pero no hacen falta más ejemplos porque los conocéis todos.

Esta doble vara de medir, así como la pretendida superioridad moral de la izquierda, no es más que ignorancia de su verdadera historia. Los colegios, los cines y los medios de comunicación españoles llevan décadas contando una tergiversada historia de España en la que no se estudian los crímenes de la izquierda que nos llevaron a la Guerra Civil. No se saben los desmanes cometidos por los comunistas que usurparon la Segunda República ni las barbaridades que cometieron durante la guerra. Hasta que en España no se estudie la verdad de nuestra historia, sin tergiversaciones partidistas ni falsos héroes, hasta que todos sepan lo que ocurrió de verdad y las vergüenzas se repartan a todos por igual, la izquierda española seguirá tragando sapos y culebras.

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