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Pablo Casado entrega la Justicia a Pedro Sánchez. -Luis del Pino/LD-

Cuando Casado fue elegido presidente del PP, publiqué en este programa un editorial felicitando a su partido por la elección, que daba a los populares la oportunidad de recuperarse y de volver a atraer a los electores desencantados.

Pero – advertí en ese editorial – una posibilidad no equivale a una certeza. Y el que el PP recuperara a su electorado tradicional iba a depender de tres cosas: de que Casado tuviera verdaderas intenciones de regenerar el PP, de que se hiciera de verdad con el poder en el partido para llevar a cabo esa regeneración y de que fuera capaz de soportar las campañas mediáticas que desde fuera de su partido le iban a montar.

Han pasado desde entonces poco más de tres meses y ya hemos salido todos de dudas: las ilusiones que Casado había podido despertar se han ido difuminando, hasta quedar esta semana en nada, tras el vergonzoso pacto en relación con el Consejo General del Poder Judicial.

A pesar de que Partido Popular y Ciudadanos cuentan con los votos necesarios para bloquear cualquier renovación del órgano de gobierno de los jueces, Pablo Casado ha pactado con el PSOE un reparto de los vocales del CGPJ que implica tres cosas:

– Que PSOE y Podemos se hacen con la mayoría de ese órgano, con lo que a partir de este momento controlarán el proceso de nombramiento de jueces.

– Que el juez Marchena abandona su puesto de ponente de la sentencia por el golpe de estado de Cataluña, quitando así de en medio a alguien que resultaba incómodo para los separatistas.

– Que un juez conservador se ve sustituido por otro del sector progresista en la sala del Supremo que debe juzgar el golpe de estado, facilitando así el que la sentencia sea más benévola.

Insisto: Pablo Casado y el PP han llegado a este pacto con el PSOE sin tener necesidad de ello. Pueden perfectamente bloquear la renovación del CGPJ, porque hace falta mayoría de 3/5 para nombrar a los nuevos vocales y entre PP y Ciudadanos cuentan con los votos necesarios para el bloqueo, tanto en el Congreso como en el Senado.

Y no solo es que Casado entregue innecesariamente la Justicia a PSOE y Podemos: es que encima lo ha hecho negociando en secreto mientras en público fingía contundencia contra el actual gobierno:

– al mismo tiempo que pedía en público la reprobación de la actual Ministra de Justicia, Pablo Casado enviaba a Rafael Catalá a negociar con ella la renovación del CGPJ.

– al mismo tiempo que acusaba a Pedro Sánchez en el Parlamento de estar del lado de los golpistas, negociaba con él entregarle el poder judicial y poner a los separatistas un poco más fácil el juicio por el golpe de estado.

– al mismo tiempo que recordaba Venezuela para advertir del peligro que representa Podemos, alcanzaba un pacto con el PSOE que implica que Pablo Iglesias elegirá a varios de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial.

¿Por qué hace eso Pablo Casado? ¿Por qué entrega a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias el control del órgano de gobierno de los jueces, sin tener necesidad de ello? ¿Es simplemente otro Mariano Rajoy más, que no cree en nada y no tiene reparo en engañar a sus votantes? ¿Es acaso que no controla su partido y alguien le ha impuesto esa decisión internamente? ¿Le han amenazado con sacar a la luz nuevos escándalos que le afecten a él o a su partido? ¿Lo hace a cambio de que las causas de corrupción contra el PP queden en nada? ¿Es una condición que le han impuesto para librar a Rajoy de cualquier persecución judicial?

En el fondo, da lo mismo cuál sea la razón por la que Pablo Casado defrauda las esperanzas que muchos habían depositado en él. Lo importante es que, de nuevo, el Partido Popular vuelve a hacerle el juego al PSOE y a adoptar decisiones claramente lesivas para los intereses de España. Da lo mismo si lo hace por descreimiento, por interés o como consecuencia de un chantaje: el caso es que el PP no solo renuncia a defender a sus votantes y a los españoles, sino que se pone una vez más del lado de los que los atacan.

Lo siento por aquellos que creyeran sinceramente en las buenas intenciones de Casado y que se hicieran ilusiones con la posibilidad de regeneración del PP. Tal como vengo advirtiendo hace tiempo, el PP forma parte del problema. Mientras el Partido Popular siga teniendo oportunidad de traicionar a sus votantes, los traicionará. Eso sí: disfrazará sus traiciones con discursos contundentes para fingir que está en el lado correcto. Pero no lo está.

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La vida de los otros. -Hermann Tertsch/ABC-

Muchos se sorprenden en España y Europa continental ante ese soberbio espectáculo de ministros del Reino Unido que dimiten uno tras otro porque las decisiones de su jefa de gobierno no son compatibles con su opinión, con su conciencia o con el voto de su circunscripción electoral que viene a ser lo mismo. En Westminster los diputados defenderán con la palabra y todos los colmillos retóricos la opinión y el interés de sus electores. Y es que eso solo pasa en esas islas y allende el Atlántico, allá donde gobierna el malísimo Donald Trump. El del imperdonable delito de decir todas esas verdades inconvenientes que la hipocresía socialdemócrata no tolera. Como que no se puede sacrificar la vida de los otros en aras de disquisiciones ideológicas. Ni destruir el trabajo ni el precario bienestar de los más pobres en aplicación de los experimentos sociales con seres humanos. Esos experimentos que tanto gustan a políticos de izquierdas, académicos, intelectuales, periodistas y otros privilegiados que pueden protegerse contra los efectos de la política que, con frivolidad, egoísmo y arrogancia, propugnan.

Si el Reino Unido es hoy la patria de la libertad y la responsabilidad, España lo es de la arbitrariedad y el desprecio, en una deriva hacia el desastre cada vez más similar a la previa a la Guerra Civil. ¿Y la UE, dónde está? La Comisión, tan dispuesta siempre a meterse en todo en la vida de las naciones y sus ciudadanos, guarda silencio ante tropelías y abusos de un gobierno que desmantela sin parar las defensas constitucionales y los derechos de los ciudadanos españoles. Callan los siempre dispuestos a difamar, acosar y demandar a gobiernos como los de Hungría o Polonia, que cumplen con la voluntad de sus programas refrendados por amplísimas mayorías absolutas. Nadie se queja de que las hordas de socios del Gobierno asalten la vivienda del juez del Tribunal Supremo que instruye el caso más importante de la historia de la democracia española contra el peor golpe de Estado sufrido desde la guerra civil. El juez acosado desde hace meses carece de protección mientras la Policía protege a responsables de estas acciones propias de camisas pardas nazis y bandas de sicarios comunistas.

Nadie protesta porque socios comunistas de Sánchez acosen a un partido legal como Vox y exijan la muerte y mutilación de los asistentes a un mitin. Y amenacen con una repetición de las matanzas de Paracuellos, con sus miles de muertos inocentes a manos de verdugos de aquel Frente Popular del que el Gobierno se siente heredero. Aplastan la libertad de movimiento de millones en el centro de Madrid por pura arbitrariedad y pisotean los intereses y derechos de todos sus habitantes, agreden a la industria del automóvil y sus cientos de miles de empleados, hunden los patrimonios familiares con su agresión al coche, amenazan a las gasolineras con destruirlas a multas si no se pliegan a un plan ridículo inviable, cierran las nucleares a diez años vista sin plan alternativo. Todo es ideología totalitaria y experimentación social y todo es desprecio a la vida de los otros.

La obscena ocupación de todos los resortes del poder va acompañada del total desprecio al control de la oposición y de los pocos medios no adictos, con casi todos los ministros inhabilitados por criterios aplicados a todo gobierno anterior. Con una brutal descomposición de las instituciones, del orden, la seguridad jurídica y la propia seguridad personal de los españoles. El Gobierno de Sánchez es una amenaza masiva e inminente para la democracia en España y la seguridad económica y física de los españoles. A ver si nos damos cuenta.

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El gran banquete del Consejo General del Poder Judicial. -Javier Gómez de Liaño/LD-

Estas nueve palabras que llevo al título del presente comentario muy bien pudieran haber sido otras. Por ejemplo, Este Consejo no es para ingenuos o Manos pringosas sobre el CGPJ, que quizá fueran los más ciertos y precisos. También pensé en El Consejo ha muerto, lo que no hubiera sido excesivo, pues son muchos los males y los virus que desde su origen en 1980 acechan a la institución.

Al margen de la honradez profesional de los vocales propuestos que no pongo en duda, aunque en algún caso concreto no faltan motivos para la crítica, lo verdaderamente grave es el espectáculo de cómo los partidos políticos se han repartido las veinte vocalías de la institución, más el presidente que también lo es del Tribunal Supremo. Limpieza y suciedad se distribuyen, como las virtudes y los vicios, con criterios bastantes más complejos.

Ante el pacto sin escrúpulos para adjudicarse la octava edición del CGPJ y de este modo controlar el Poder Judicial, hay que dar la razón a quienes califican el proceso de elección de chapuza, paripé, farsa o chanchullo, lo cual se parece mucho a lo que el gran León Felipe, el poeta maldito, payaso de múltiples bofetadas y fervoroso defensor de la Justicia, decía con su garganta rota y en estribillo de matraca de que la justicia mezclada con política era “una pantomima, un truco de pista, un número de circo”.

En su obra El Poder, la Administración y los Jueces, el catedrático de Derecho Administrativo José Eugenio Soriano García afirma que el CGPJ “es cualquier cosa menos muestra alguna del Poder Judicial, sino, más bien, del puro Poder Político” y su situación la de “completo descrédito, sea cual sea el baremo, criterio, herramienta o técnica que se utilice para medir dicho estigma”. La descripción no sólo es obra de expertos externos como el profesor Soriano, sino que son los propios jueces quienes confirman el oprobio al quejarse del sesgo descaradamente partidista de los nombramientos de los vocales del CGPJ, de las injerencias públicas y notorias de los partidos políticos en los nombramientos del presidente y vicepresidente de ese órgano y lamentan el desencanto de una judicatura que se siente poco valorada y, lo que es mucho peor, atosigada por un poder político que mete la mano sin complejos en el poder judicial. Y todo ante la mirada de los ciudadanos que ríen, o sufren, pero en todo caso con espanto.

Y un dato que me he permitido sacar del escalafón de la carrera judicial. Salvo error u omisión, el próximo CGPJ tendrá entre sus competencias la de nombrar discrecionalmente a 36 magistrados del Tribunal Supremo, distribuidos en 3 de la Sala del Civil, 4 de la Sala de lo Penal, 13 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 8 de la Sala de lo Social y 7 de la Sala de lo Militar, más al vicepresidente del Tribunal Supremo, quienes se jubilarán al cumplir la edad de 72 años. Que cada uno haga su personal lectura.

La vergüenza que el escalafón entero de la carrera judicial padece es por la institución en sí misma, por un CGPJ que las instancias políticas que designan a sus miembros manchan de forma irreversible, hasta el extremo de que la independencia de los vocales está en tela de juicio durante el quinquenio que cada mandato dura. ¿Qué queremos que sienta esa gran parte de la magistratura convencida de que su carrera profesional queda en manos de un órgano confeccionado por la maquinaria de los partidos?

En fin. Quien esto escribe cree en la Justicia y en el Poder Judicial y no se avergüenza de hacer pública su fe. Por eso soy capaz de pensar que sin jueces y fiscales realmente independientes un país se va al garete sin remisión y doy por hecho que los ciudadanos no podrán soñar con la justicia, ni con jueces de verdad, mientras los políticos sigan manipulando el CGPJ como si fuera una sucursal de los partidos políticos ocupada por sus representantes o delegados.

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Franco vence de nuevo al Frente Popular. -Liberal Enfurruñada/OK Diario- incluso muerto gana batallas como “El Cid Campeador” @MuyLiberal –

En julio de 1936 parte del ejército español se alzó en armas contra la Segunda República del Frente Popular que formaban el PSOE unido a todos los partidos de extrema izquierda e independentistas. La Guerra Civil la ganó el bando liderado por Franco, quien se mantuvo al frente de una dictadura hasta su muerte hace 43 años. Pese a que ni él ni su familia lo tenían así previsto, el rey don Juan Carlos, en nombre del Gobierno de Arias Navarro, solicitó al abad del Valle de los Caídos que Franco fuera enterrado allí. Desde entonces sus restos han reposado a más de 50 kilómetros de Madrid, en plena sierra de Guadarrama, en el valle de Cuelgamuros, muy cerca del casoplón de los Iglesias–Montero, apartado y aislado.

El monumento no se construyó como homenaje a Franco, sino para rendir honor a todos los caídos en la Guerra Civil “sin distinción del campo en que combatieran” y en él se hallan también sepultados entre 33.700 y 50.000 combatientes, además del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera. Hasta que la Ley de Memoria Histórica lo prohibió, en aquel lugar apartado de la civilización se celebraba cada 20 de noviembre, en el aniversario de la muerte de Franco y José Antonio, una misa y una concentración a la que acudían un puñado de sus ya hoy escasos nostálgicos, con símbolos franquistas y falangistas. Por su valor arquitectónico el monumento era visitado por unas 280.000 personas al año, cifra muy alejada de los 4,5 millones de visitantes que recibe la Sagrada Familia de Barcelona, o los 1,5 millones que visitan cada año el Palacio Real de Madrid. Pero eso ha empezado a cambiar, ya hay atascos en la autovía de acceso y largas colas para entrar.

En junio de 2018 Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno con los votos de un reinventado Frente Popular que, al igual que el del 36, conforma el PSOE unido a todos los partidos de extrema izquierda e independentistas. Y este nuevo Frente Popular se propuso que casi 80 años después, esta vez sí que iban a ganarle la Guerra Civil a Franco. Decidieron que lo iban a desenterrar costara lo que costara y en contra de la opinión de sus familiares y de la Abadía del Valle de los Caídos y sin contar con el consenso de la Conferencia Episcopal Española ni de la Santa Sede. Posiblemente influyera en esta decisión que Pablo Iglesias y su señora ‘portavoza’ no desean ser molestados en su mansión de Guadarrama. Pero su familia dice que va a trasladar sus restos a la Catedral de la Almudena para que las colas den vueltas a la Plaza de Oriente, en pleno centro de Madrid.

Cuenta la leyenda de Cardeña que el Cid Campeador —otro fascista, dirán los cultos podemitas— ganó batallas después de muerto gracias a la treta de colocar su cadáver sobre su caballo para hacer creer al enemigo que no había fallecido. Pues parece que Pedro Sánchez va a conseguir algo parecido resucitando a Franco. Su cadáver, que descansaba casi olvidado entre las rocas de la sierra madrileña, va a vencer de nuevo a la extrema izquierda independentista, como hizo en los años 30. Y ahora ya no son sólo los nostálgicos del régimen franquista los que se levantan contra el nuevo Frente Popular, sino que todos los demócratas exigen al doctor Cum Fraude que deje en paz a los muertos y convoque elecciones de una vez. Ni los golpistas catalanes, ni los amigos de los terroristas vascos, ni la extrema izquierda chavista van a salirse con la suya. ¡Ríndete Pedro Sánchez, QUEREMOS VOTAR!

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Sin vuelta atrás. -Hermann Tertsch/ABC-

El domingo supimos que no hay vuelta atrás. Que no va a haber un retorno a la constitucionalidad del PSOE. Que ya ha cruzado con Pedro Sánchez la línea roja, nunca mejor dicho, de llevar el sectarismo del Frente Popular al enfrentamiento total con las fuerzas leales a la Constitución. Lo ha hecho de forma tan brutal que muchos ayer aún no daban crédito a lo visto y oído. Porque el domingo, el Gobierno y el PSOE, que días antes había tomado abiertamente partido por los golpistas presos frente a los jueces en Cataluña, tomaba partido por los separatistas y asesinos frente a las víctimas en Navarra y País Vasco. Si gana este Frente Popular una permanencia en el poder, tratará a todos los constitucionalistas como los trataba la masa filoetarra en Alsasua o como los tratan los CDR en Cataluña. Sánchez ha llevado al Gobierno español a alinearse con Arnaldo Otegui, el Carnicero de Mondragón y otros etarras asesinos contra José Antonio Ortega Lara, Fernando Savater y otras víctimas. Con los golpistas y terroristas contra los constitucionalistas y víctimas. La imagen es tan demoledora como real.

No mintió Pablo Iglesias ayer. No se precipiten. Acotemos la afirmación. No mintió cuando en su ya habitual gran comparecencia diaria en ronda permanente por su cortijo mediático, esta vez en RNE, dijo a sus entregados periodistas que «no nos estamos jugando sólo la aprobación de los Presupuestos, sino la dirección histórica de España». Así es. En cuanto dice una verdad, estamos de acuerdo. Es una verdad poderosa. Nos jugamos la dirección que marcará el destino de al menos varias generaciones del futuro de España. Y nos la jugamos de una forma radical y trascendente, como nunca desde años antes de la Guerra Civil. Si en la guerra luchaban dos opciones dictatoriales enfrentadas y al morir Franco todos querían democracia, ahora España se debate entre la defensa de unas libertades conocidas en un sistema tan defectuoso como mejorable y la enésima oferta de paraíso colectivista de un Frente Popular cuyos visos autoritarios y vocación totalitaria son evidentes.

Parcialmente destruidos ya por el revanchismo los cimientos de la Transición, se ha consumado esa ruptura del PSOE con la Constitución. Como antaño. Ni los peores exabruptos revanchistas de Iglesias, ni la grosera retórica miliciana de Sánchez y sus ninfas contra «las derechas» dejan tan clara esa ruptura como el mensaje en Twitter del portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, que entrará en los anales de la infamia. «Y fueron a agitar el odio a Alsasua los que nunca tuvieron que mirar por la mañana debajo del coche, los que nunca despidieron a un compañero en un funeral…». Este mensaje no iba dirigido a las hordas filoetarras que intentaban agredir a la concentración y a los seguidores de Ciudadanos y Vox. Sino a los agredidos, a Ortega Lara -532 días cautivo de ETA-, a Fernando Savater y las víctimas. El Gobierno del PSOE tacha de provocación un acto en homenaje y defensa de la Guardia Civil porque no quiere que los españoles vayan a defender a otros españoles a esas regiones españolas que pretende entregar definitivamente al golpismo y al separatismo a cambio del poder en Madrid. El homenaje en Alsasua ha sido un éxito para la Fundación España Ciudadana y para todos los que participaron. Porque ha abierto los ojos a toda España sobre qué es hoy el PSOE y dónde está. Y ha expuesto la absoluta necesidad de unidad de acción constitucional para impedir un Frente Popular que acabe no solo con 40 años de democracia más o menos imperfecta, sino con la Constitución, la Monarquía, la unidad de la Nación y largos ochenta años de paz.

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Las otras tarjetas “black” que no eran de Rato. -Liberal Enfurruñada/OK Diario-

La prensa apenas se ocupó de ello, así que muchos ni siquiera os enterasteis de que ayer entraron en prisión otros dos condenados por las tarjetas black de Caja Madrid, José Antonio Moral Santín y Francisco Baquero Noriega. Moral Santín perteneció durante los años 80 al ala dura del Partido Comunista, el sector prosoviético enfrentado a Carrillo. Como fundador del Partido Comunista de los Pueblos de España se integró en Izquierda Unida, quienes lo propusieron como vicepresidente de Caja Madrid. Este comunista se fundió 456.522 euros con la tarjeta, de los que 366.350 los dispuso en efectivo sacado de los cajeros y 64.782 los gastó en restaurantes de lujo. Francisco Baquero fue el secretario de Comunicación de la Federación de Banca de CCOO, quienes lo propusieron como consejero. Gastó 266.433 euros con su tarjeta en viajes, hoteles, restaurantes, joyas y hasta 5.000 en colegios privados. Ninguno de los dos devolvió nada de lo robado.

Apenas ha sido noticia porque no se llaman Rodrigo Rato y no militan en el PP, por eso apenas se comenta nada de los otros condenados que van a ingresar en prisión o ya lo han hecho. No conviene que nos enteremos de que con Rato van para dentro 5 consejeros nombrados por el PSOE, 3 de CC.OO., 2 de UGT y otros 2 de I.U. Sus nombres, sus biografías y los cientos de miles de euros que se fundieron quedan tapados por los 99.000 euros que Rodrigo Rato devolvió voluntariamente antes de ser condenado. Y estos son sólo los condenados con penas superiores a dos años de prisión. En total han sido 64 los condenados por el uso fraudulento de las tarjetas, de los que 22 pertenecían al PSOE, a I.U., a CC.OO. o a UGT, incluido el padre del podemita Ramón Espinar.

Con los 178.400 euros robados, Espinar compró objetos de lujo en Hermès y Loewe y pagaba las vacaciones familiares en estaciones de esquí. Y es que ya dijo su vástago que él es “hijo de los obreros que no pudisteis matar”. Pero hay más tarjetas black, están también las de la Fundación Andaluza Fondo Formación para Empleo (Faffe), dependiente de la Junta de Andalucía, que era una especie de agencia de colocación para familiares y dirigentes del PSOE. La UCO ha desvelado que esta fundación, que llegó a gestionar hasta 300 millones de euros de dinero público que debían haberse destinado a la creación de empleo en una de las regiones con más paro de toda la Unión Europea, llegó a tener 8 tarjetas bancarias asociadas a una cuenta corriente que tuvo un saldo de 828 millones de euros, con las que se gastaron incorrectamente más de 80.000 euros; 32.000 de ellos en clubes de alterne y 22.000 en restaurantes.

Farsa llorada, tragedia ignorada. -Hermann Tertsch/Gentiuno-

Los españoles que, en número menguante, aún ven las noticias en los informativos de alguna televisión, todos cada vez más parecidos entre sí bajo la inspiración inequívoca del frentepopulismo carpetovetónico, tienen un grado muy desigual de conocimiento de las diferentes cosas que pasan en el mundo. Es por el implacable el filtro del «progresismo» que ya no ejercen solo los comisarios políticos. Los traen incorporados en la cabecita la mayoría de los profesionales. Todos tienen buena conciencia. Los benefactores de la humanidad tal como informan en contra de Trump, del fascismo, de Israel, de la ultraderecha, de la derecha, de los curas, de la banca, del franquismo, de los ricos que no sean izquierdistas, de los toreros, los cazadores, los judíos y los criadoras de visones. Y no solo las televisiones sucumben a la permanente perversión del lenguaje, a la tendenciosidad bienintencionada, al sentimentalismo tramposo, al grotesco sectarismo y a la superioridad moral de la abismal ignorancia generalizada.

Sánchez e Iglesias control totalVeamos las cuestiones tratadas por esas televisiones, por ejemplo sobre Iberoamérica. Todos los telespectadores sabrán bien que unos miles de hondureños caminan hacia la frontera norteamericana porque han decidido que ellos tienen derecho a vivir en EE.UU. Les han dicho que un fascista como Donald Trump no puede impedirles cruzar la frontera y que pueden ignorar y violar toda ley que se les antoje y trabajar donde les venga en gana. «Trump escucha, tenemos derecho, somos trabajadores internacionales», repetía un pobre hombre la cantinela delirante que le han embaulado. Víctimas de la violencia que causa en su país la ausencia total de ley y orden, grupos izquierdistas les han convencido de que lo mejor es irse a otro país a incumplir allí todas las leyes, la primera la de entrada. Si lo lograran todos, el país que los acogiera acabaría igual que aquel del que huyen. Pretenden los organizadores de esta operación política que la columna asalte la frontera para poner en aprietos al presidente norteamericano. Intentarán montar este nuevo espectáculo antes de las elecciones a Congreso y Senado del 6 de noviembre. También para desestabilizar fronteras, soberanía y seguridad de la región. Los mueve idéntico interés y los mismos que alimentan y explotan la inmigración ilegal en Europa.

Podemos y el PSOE dueños de los medios
Todas las televisiones en España informan con profusión sobre la caravana hondureña. Pero nada hablan de los cerca de tres millones de venezolanos en inmensas, permanentes e ignoradas «caravanas de migrantes». Son masas de hombres, mujeres y niños que huyen del infierno chavista, de un régimen socialista que ha logrado que muera por falta de alimentos y medicinas la población del país más rico del continente. No se habla de ello en las televisiones de España porque todas obedecen a socios, camaradas y simpatizantes de la canalla culpable de esa inmensa tragedia. Que poco tiene que ver con la manipulada y teatralizada caravana anti-Trump. Y es que nadie puede ocultar que las masas venezolanas que huyen lo hacen del mismo socialismo que en España estamos a punto de inaugurar. Por decreto de gobernantes nunca elegidos por los españoles, amigos unos y agentes otros de aquella dictadura criminal. Por eso se habla tanto de una caravana falsaria y nada de las otras que son la mayor catástrofe humanitaria habida en América. Causada por un régimen socialista y chavista que dirige en Caracas una cuadrilla de asesinos y narcotraficantes. Cuadrilla que cuenta con la protección del Gobierno español y la asesoría directa del expresidente Zapatero, que ya ha unido su suerte a un Nicolás Maduro al que media Europa quiere juzgar ya en La Haya. Esperemos que los españoles sepan trastocar los planes de los amigos de Maduro. Para evitar caravanas migrantes propias.

Hermhermann-tertsch-creditos-enero-2017ann Tertsch
@hermanntertsch

Periodista español. Columnista del ABC de España. Comentarista de Televisión

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Un repaso al Gobierno cum fraude. -Liberal Enfurruñada/OK Diario-

Este lunes, la ministra portavoz, Isabel Celaá, ha dicho que el Gobierno sufre una “ola de fake news” procedente de medios de comunicación digitales. Un día antes, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, pidió tenacidad frente al intento de la derecha y de la “basura mediática” de “pervertir” la política del Gobierno de Sánchez. Parece claro que ese es el argumento con el que el Gobierno del doctor cum fraude quiere poner pie en pared para evitar que se les caiga ningún ministro más por las escandalosas noticias que estamos conociendo sobre casi todos ellos; tachar de “fake news” y de “basura mediática” la información que les perjudique al más puro estilo podemita. Merece la pena que hagamos un repaso de esas noticias de las que están hablando.

No han pasado cuatro meses del día que Sánchez anunció el nombre de los ministros que integrarían su ejecutivo y causa sonrojo recordar las alabanzas conque la mayoría recibimos su habilidad para repartir carteras entre personas que parecían medianamente presentables. Aunque la alegría duró poco, ya que a los siete días cayó el ministro de Cultura, Màxim Huerta, tras conocerse que había sido multado por Hacienda por defraudar más de 200.000 euros. Y aunque parezca imposible no ha sido el único en caer, a los tres meses de ser nombrada la ministra de Sanidad, Carmen Montón, tuvo que dimitir por haber plagiado su trabajo de fin de máster. Tenemos que suponer que cuando Sánchez admitió la dimisión de estos dos ministros estaba dando por veraces estas noticias.

Deben referirse a las informaciones publicadas por OKDIARIO que le han hecho merecedor del deshonroso título de doctor Cum Fraude, esas por las que anunció que se iba a querellar aunque ahora no parece muy dispuesto a defender su verdad ante un juez. Pero también es posible que de lo que hablen sea de la información que hemos publicado acerca de esa sociedad patrimonial con la que su ministro de Ciencia, Pedro Duque, se ahorró tramposamente unos impuestos de esos que los socialistas nos quieren subir mucho a todos. O quizá hablan de la noticia que cuenta que su ministra de Industria, Reyes Maroto, ha consignado en su declaración de bienes un plan privado de pensiones como si fuera un seguro de vida, avergonzada por su poca confianza en el sistema público.

O de las conversaciones de su ministra de Justicia, Dolores Delgado, con Baltasar Garzón y el comisario Villarejo, a quienes confesó que en un viaje de trabajo a Cartagena de Indias (Colombia) vio como “una serie de jueces y fiscales españoles terminaron con menores de edad”, cosa que jamás denunció. O de las declaraciones de su ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, quien reconoce que “no sé mucho de economía”. O de como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mintió durante cinco años a la Junta de Andalucía con un falso máster en su currículo y está denunciada por “prevaricación continuada” en la realización de “nombramientos ilegales” en la Sanidad andaluza. O de cómo el multimillonario ministro de Exteriores, Josep Borrell, declaró que “Cataluña es una nación y prefiero a los independentistas presos en libertad condicional”. La lista sigue, pero no creo que necesitéis más ejemplos, aquel Gobierno que tanto os gustó se ha demostrado un fraude de cabo a rabo. Todo lo que toca Sánchez es más falso que una moneda de tres euros. Éstas no son “fake news” y quienes os denunciamos no somos “basura mediática”. Enfrentaros a la verdad poniendo las urnas y dejando que los españoles os digan lo que piensan de vosotros, ministros Cum Fraude.

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¿Hasta dónde llega la mierda? -Luis del Pino/LD-

Harry Gross nació en Nueva York, en el seno de una humilde familia de inmigrantes rusos. En 1940, con 24 años, empezó un negocio de apuestas ilegales que poco a poco comenzó a crecer. A principio de 1941, un policía lo abordó por la calle: “Tú, eres un maricón por saltarte las reglas. ¿Qué haces operando sin permiso?”. Gross le dio al policía un billete de 50$ y le preguntó qué había que hacer para “sacarse el permiso”. Una semana después, el policía volvió con la respuesta: “Te podemos ofrecer protección, pero me preguntan en la división si estás dispuesto a ir hasta el final”. Gross no se lo pensó dos veces: “Por supuesto que sí”.

Durante la siguiente década, Harry Gross estuvo operando sus negocios ilegales en la ciudad de los rascacielos en la más absoluta impunidad, gracias a las mordidas que generosamente repartía. Las investigaciones judiciales posteriores demostraron que llegó a repartir en comisiones para la policía, en un solo año, lo que al cambio de hoy serían unos 13 millones de dólares.

Una escena chusca retrata hasta qué punto los negocios de Gross se habían convertido en una necesidad para la policía neoyorquina: muy al principio de su carrera criminal, Gross se sumió en la bancarrota apostando en partidos de baloncesto y huyó a California. Allí fueron a buscarle dos policías de Nueva York, que le prestaron los 50.000$ que necesitaba para saldar sus deudas inmediatas y le llevaron de vuelta, para que continuara con sus negocios. Sin ellos, el flujo de las comisiones hacia la policía se paraba.

Cuando cayó la red criminal de Harry Gross en 1950, 22 policías fueron condenados y
otros 240 policías y funcionarios de Nueva York dimitieron o fueron despedidos. Entre
los que se vieron forzados a dimitir estaba el propio alcalde de la ciudad, William
O’Dwyer.

La lección que cabe destacar del caso de Harry Gross es que cuando alguien ejecuta una prolongada operación delictiva en la más absoluta impunidad, la explicación más obvia es que quien tendría que poner fin a esas actividades criminales está sacando provecho de las mismas.

Viene esto a cuento, por supuesto, de la red de extorsión que al parecer ha estado operando en este país durante décadas, y en la que juega un papel destacado el comisario Villarejo. Si esa red ha podido operar con total impunidad es porque quien tenía que desmantelarla (es decir, el poder político del que esos mandos policiales dependían) sacaba provecho de la misma, de una u otra manera.

¿Nos estamos refiriendo a dinero? No necesariamente. Si fuera solo dinero, el problema no sería tan grave para nuestra democracia. En realidad, no tenemos que irnos a los años cincuenta del siglo pasado para buscar unos antecedentes mejores al tema de Villarejo. ¿Se acuerdan Vds. de Cambridge Analytica?

Cambridge Analytica era una empresa inglesa que asesoraba en campañas electorales y que se vio obligada a cerrar este año , después de demostrarse que recopiló ilegalmente los datos personales de 87 millones de usuarios de Facebook, aprovechando una brecha de seguridad en el sistema.

Pero no era la única práctica ilegal de esa empresa. Reporteros camuflados de la cadena de televisión británica Channel 4 grabaron a directivos de Cambridge Analytica ofreciendo servicios especiales para influir en las elecciones de Ceilán. Esos servicios especiales incluían sobornos y el uso de prostitutas ucranianas de alto nivel (¿les suena el tema?) para luego chantajear a políticos de la oposición.

Volvamos a la red en la que, según declaración propia, estaba encuadrado Villarejo. ¿Qué beneficio sacaban los responsables políticos que permitieron a Villarejo operar con impunidad durante tantos años? Si es cierto, como él mismo declaraba en la cinta que hemos conocido, que Villarejo montó, entre otras cosas, una empresa de señoritas de compañía para obtener información sobre políticos y empresarios y someterlos potencialmente a extorsión, ¿a quién llegó esa información?

Lo pregunto más claramente: ¿alguien en el PP o el PSOE, o ambos, recibió y utilizó la información recabada por Villarejo de manera ilegal?

Y no es esa la pregunta más inquietante: ¿a quiénes se ha sometido a chantaje estos años, dentro del mundo de la política y de la judicatura? ¿Qué decisiones políticas se han tomado en este país bajo la influencia del chantaje? ¿Qué sentencias o instrucciones judiciales se han visto adulteradas gracias a la información recabada por la red de extorsión? Y algo que me interesa especialmente: ¿operó algún chantaje durante la instrucción del 11-M, para condicionarla?

Me llama mucho la atención que ni Ciudadanos, ni PP, ni Podemos, hayan salido inmediatamente a la palestra a preguntar lo evidente: ¿hasta dónde llega la mierda? ¿Hasta dónde alcanzaba la red de extorsión y para qué se ha venido utilizando en las últimas décadas?

¿Hasta qué punto y desde cuándo nuestra democracia ha sido manipulada por una red mafiosa? Porque esa es la pregunta fundamental, y no de dónde han salido las cintas.

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Prohibido lo malo. -Hermann Tertsch/ABC-

Estén atentos los españoles, porque si este Gobierno no cae pronto, sea por inepto, por tramposo, por mentiroso, por plagiario, por traidor, por cómplice de mafias, por colaborador de golpistas y enemigos de España, puede que se quede. Puede que transforme tanto los métodos de trabajo en nuestro sistema que no podamos, no nos dejen hablar sobre su relevo hasta que las condiciones de miseria, violencia y caos ocupen organismos internacionales. En España asistimos ya a muchos pasos consecuentes que dicta el guión de una toma de las riendas del poder, no solo del Gobierno, sino del sistema, para poder casi excluir la alternancia. De ahí que sean tan alarmantes las palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo que anuncian la intención del Gobierno de imponer límites a la libertad de expresión e información. Siempre en defensa de la verdad, faltaría más.

Tras los baratos eufemismos de Calvo, queda claro que el Gobierno considera que jueces y tribunales no son suficientes como hasta ahora para perseguir los delitos en opinión e información. Porque hay informaciones u opiniones que este Gobierno quiere perseguir y que aún no puede. «Necesitamos seguridad». Se regulará -dice que con otros países- lo no regulado hasta ahora en el ámbito de la libertad de expresión y del derecho a la información. Las amenazas a los medios de este Gobierno no tienen precedentes en España desde 1978. No quieren que se hable mal de ellos. Y decretan que todo lo malo sobre ellos es mentira. Ya lo advirtió Pedro Sánchez, menos solemne que macarra, que quien le critique a él o al Gobierno critica al Estado. Al principio nos hizo gracia. ¿Qué rayos se habría creído ese galán de grandes superficies? La risita se nos ha borrado. Con su carácter práctico, no serán ni el principio de contradicción, ni la honradez, ni la vergüenza ni el sentido del honor lo que frene la incontrolada ambición de Pedro Sánchez. No tiene dudas ni muestra escrúpulos. No hay elecciones. Los golpistas son buenos. Los constitucionalistas, malos. Monto cuando quiero en avión. Mi mujer trabaja donde me dé la gana. Quien me ataca ataca a España. Punto.

Atentos españoles, el Gobierno quiere armas para combatir «la mentira» de los periodistas. Eso que les gusta llamar «fake news» porque hacen mucho daño, «a veces», dramatizaba ayer Calvo, «daños irreparables». En un ambiente tan comprensivo de la leal soldadesca izquierdista del periodismo patrio nadie le haría reparar ayer que los daños que sufre actualmente el Gobierno no los generan unas mentiras sino unas verdades. Estas nuevas medidas para limitar la libertad de expresión y de información encajan con las disposiciones de la nueva ley de memoria histórica que tiene en la recámara el PSOE y que impone penas de prisión, graves multas e inhabilitación a quienes cuestionen la interpretación de la guerra civil española y del franquismo que hacen quienes se consideran herederos de los perdedores. Dará con sus huesos en la cárcel quien crea como yo que la tragedia española no comenzó el 18 de julio de 1936, sino con la criminal quema de iglesias y conventos de 11 de mayo de 1931 y que, por supuesto, fue una inmensa suerte para España que la guerra la ganara Franco y no Stalin.

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