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La profecía fallida del separatismo. -Cristina Losada/LD-

Desde la fuga de Puigdemont no paro de pensar en uno de los experimentos sociológicos más sensacionales que conozco. Lo hizo el psicólogo social Leon Festinger y lo describió –junto a otros– en el libro When Prophecy Fails (“Cuando falla la profecía”), de 1956. Interesados por un pequeño culto ufólogo que había en Chicago, Festinger y sus colaboradores infiltraron a varias personas en él. El grupo, que estaba dirigido por una mujer, creía que el fin del mundo iba a tener lugar el 21 de diciembre de 1954; pero lo más importante, al menos para ellos, es que estaban convencidos de que horas antes del apocalipsis una nave extraterrestre iría a recogerlos para salvarlos y conducirlos al planeta Clarion.

Sí, era una marcianada total. El experimento permitió observar cómo los creyentes en una marcianada reaccionan al fallo de la profecía.

La noche antes del fin del mundo, el grupo de elegidos estuvo horas reunido esperando a los extraterrestres, sin que los de Clarion se dignaran aparecer. Por fin, después de un silencio sepulcral y del llanto desconsolado de la profeta, la divinidad tuvo a bien comunicarse con ella. Le dijo que gracias a la intensa vigilia del grupo había decidido darle más tiempo al mundo antes de destruirlo. Los creyentes no sólo se fueron contentos a casa. Además, redoblaron sus esfuerzos para tratar de extender su mensaje y convencer a más gente de la veracidad de aquello que se acababa de demostrar falso.

Esta reacción era la que habían previsto los investigadores. La hipótesis confirmada era que, al producirse un fallo evidente de la profecía, los creyentes iban a hacer lo posible por aferrarse a ella. Sobre todo cuanto mayor fuera su inversión en la creencia, cuantas más cosas hubieran hecho que fueran difíciles de revertir, como lo eran, en aquel caso, dejar trabajo, estudios y familia, o entregar dinero y posesiones. Para esas personas, la manera de lidiar con el trauma de la profecía fallida era conseguir alistar a más gente. Cuanto más apoyo social tuviera la marcianada después de muerta, más podían convencerse de que a pesar de todo era verdad.

Quítenle a esto el fin del mundo, los extraterrestres y el bonito planeta Clarion. Pongan en su lugar la creencia en que la independencia se haría realidad desde el instante de su proclamación, en que el reconocimiento y los apoyos exteriores iban a llegar enseguida para salvarla y en que la flamante república catalana sería el paraíso terrenal. Ahora pongámonos en el lugar del creyente cuando lo esencial de todo eso se viene abajo. ¿Va a dejar de creer ya mismo?

No. Lo que hará primero será tratar de integrar lo sucedido en su sistema de creencias. Para facilitarlo, ya circulan marcianadas como que las elecciones del 21-D han sido impuestas por Europa a modo de un (nuevo) plebiscito. Si lo ganan, dice el bulo, Europa obligará a España a hacer un referéndum legal o a reconocer la independencia sin más. Es el equivalente al mensaje divino transmitido por la visionaria: la profecía no se incumple, se posterga.

Por más que hayan quedado al descubierto las mentiras separatistas, no hay que esperar caídas del caballo en masa entre los fieles. Digerir lo sucedido les va a llevar un rato largo. No aceptarán la realidad ni reconocerán que han creído en mentiras de la noche a la mañana. Esto no es una buena noticia de cara a las elecciones autonómicas. Pero se puede compensar. Porque no todo el voto separatista es cien por cien creyente y junto a los que han hecho una inversión emocional en el procés están los que han hecho un cálculo: algo se sacará de este lío, y en cualquier caso no tendrá costes.

Ahora, los costes económicos y sociales han quedado tan claros como la inviabilidad de imponer la ruptura por encima de la ley y la democracia, y en contra de la mitad de la población catalana. Al tiempo, los costes para los dirigentes del delirio empiezan a estar a la vista. Esto es particularmente importante por una razón: fue una revolución impulsada de arriba abajo, no de abajo arriba. Si los que han llevado la batuta han de responder ante la justicia, si no hay tratos de favor –ni amnistías como la que ya proponen los comunes, cada vez más abrazados al partido de los Pujol–, serán menos temerarios.

Por volver al culto ufólogo de Chicago: éste no se hundió por el fracaso de la profecía, pero sí por la fuga de la profeta ante la posibilidad de ser detenida e internada en una institución psiquiátrica. No estoy dando ideas. Pero, sí, también huyó.

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Dos golpes por el precio de uno. -F.J. Losantos/LD-

Añadiré un par de cosas al artículo publicado anteanoche en LD, tras oir en esRadio, entre la náusea y la vergüenza, al presidente del Gobierno diciendo que su fórmula para acabar con el golpismo catalán es convocar elecciones autonómicas. La fundamental es que Soraya, que siempre ha representado, y presumido, y paseado, y masajeado, con el nacionalista Millo al bolso, la política de diálogo y soborno con el separatismo catalán, ha sido la elegida por Rajoy como presidenta del Gobierno para Cataluña.

Eso significa que el Gobierno no sólo mantiene la política de Soraya durante los últimos años como personal de Rajoy y del Gobierno del PP, sino que no entiende que haya razón alguna para cambiar de política tras el Golpe de Estado y la proclamación de la república catalana. O lo que es lo mismo: que lo que se establece en Cataluña es lo que estaba establecido y que lo que se ha hecho con los golpistas es lo que se venía haciendo y se piensa hacer en la campaña electoral: regañarles en público pero evitarles en privado las consecuencias judicial y económicamente desagradables de esa costumbre, tan traviesa entrañablemente suya, de ciscarse en las leyes españolas. Lo que se deduce de la ‘parapresidencia sorayina’ es que se ha pactado que los golpistas no vayan a la cárcel si van a las elecciones.

El Gobierno ha pactado y pactará

Dicho de otro modo: ‘Cocomocho‘ no pactó del todo con el Gobierno las elecciones, pero el Gobierno sí pactó con Mas, agente de ‘Cocomocho’. A cambio de una declaración de independencia tan zarrapastrosa que una Justicia ciega y una casta política indecente podría seguir fingiendo que no ha existido del todo, les ahorrará los treinta años de cárcel porque sí existió. Uno comete mal un delito y el otro dice que tanta torpeza lo rebaja a falta. ‘Cocomocho’ y su tribu han dado el golpe que Rajoy les ha permitido, pero como han fracasado bastante, se rebaja el golpe a fallido pronunciamiento.

La doctrina rajoyesca y sorayina es que aquí será impune el delito del que pueda pagarlo o amenazar con que no paga. Hay que ser tan generosos en la victoria que nadie note la derrota. Al que sí hay que perseguir es al autónomo que se olvidó de pagar un mes a Hacienda. Al que da un golpe de estado, no, siempre que el delito lo cometan políticos nacionalistas. A los nacionalistas no se les persigue nunca: se les premia o se les indulta. Ayer dijo Méndez de Vigo que el Gobierno “vería con agrado” que ‘Cocomocho’ se presentara a las elecciones. Podría dejarle el Ministerio de Educación, para asegurarse de que siga sin haber ningún problema educativo en Cataluña. No recuerdo haberme sentido nunca tan insultado por ningún ministro. Palabra de honor.

Del Código Penal al Código Constitucional

Los delitos de rebelión y sedición que contempla el Código Penal no han sido nunca esgrimidos por la Fiscalía, que ha delegado en el Gobierno una forma de castigo dentro de un Código Constitucional, que consagra la impunidad de cualquier delito siempre que se cometa entre políticos. Los ciudadanos no existimos. La Ley, tampoco. Aquí impera una casta política que se entiende entre ella y manipulando los medios de comunicación nos convence de que combate lo que permite y persigue lo que protege. Cuanto más se acerca uno al golpe de Estado catalán ve más aterradoramente claro que el Gobierno siempre estuvo en el golpe, que sigue estándolo, y que si las elecciones le salen relativamente bien, con una mayoría exigua que deje al PSC en condiciones de formar una alianza de Gobierno, el golpe seguirá.

Porque el golpe no es sólo que medio Parlamento haya proclamado la República, aunque por menos fueron treinta años a la cárcel los del 23F, sino todo lo que ha llevado a esa proclamación, desde la negación absoluta a cumplir la Ley a la dictadura mediática, pasando por la tiranía escolar. Y el doctor Rajoy y la comadrona Soraya, con el respaldo de los enfermeros Sánchez y Rivera, están dispuestos a no operar el cáncer de una democracia agonizante mientras puedan cambiar de hospital, si encuentran plaza.

Inmensas ruedas de molino

No es raro que para hacernos comulgar con tan gigantesca rueda de molino se recurra a los magos del 11M, Cebrián y Ferreras. El intelectual orgánico del sorayismo debe convencer al PSOE de que lo que todos, hay que insistir en todos, vamos a hacer en Cataluña es muy de izquierdas y que de no hacerlo resucitaría una Derecha que querría nada menos que acabar con el Estado de las Autonomías, que tan buen resultado nos da. Y su jefe de Informativos en la SER convencerá a Podemos de que después de esto de Cataluña ya vendrá el País Vasco y tendrán su oportunidad como única y legítima oposición -con la ETA- al régimen del 78. O sea, lo pactado en ‘Can Roures’, pero a plazos. Pablo lo entenderá.

Para parar un golpe de Estado sin pararlo, Rajoy ha tenido que darlo sin que parezca que lo da. Tenemos dos golpes por el precio de uno. Y aún habrá gente -viles reaccionarios, casposos nacionalistas españoles- que se quejará de cómo nos tratan los amos. Nos han ahorrado nada menos que la violencia de una intervención militar para restaurar la Ley, a cambio de que la Ley sólo se aplique a los militares que pretendan que se cumpla. Otra vez dos por el precio de uno. Seguiremos siendo europeos si no insistimos en ser españoles, libres e iguales ante la ley, que eso seguirá siendo delito. Pero pronto nos dirán que el golpe de Estado en Cataluña nunca existió, y muchos lo creerán. Hasta el próximo golpe o hasta que perdamos la cuenta.

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Los separatistas aún pueden ganar  -J.G.Dominguez/LD-

El periódico propiedad del mismo Grande de España en cuya emisora radiofónica se ha informado esta semana pasada a la audiencia de que “diez mil ratas” procedentes de las bodegas del crucero Piolín están recluidas en el puerto de Barcelona, por más señas la antigua Vanguardia Española, publicó el domingo último un editorial con el nada equívoco título de “Saque las urnas, president”. Un título que, acaso por esa costumbre local de cometer editoriales conjuntos, vino a coincidir con el de la pieza que el director de El Periódico de Catalunya, el otro vocero canónico de las fuerzas vivas del país petit, envió a la imprenta el mismo día. Y es que si Napoleón era un loco que se creía Napoleón, ese pobre diablo que ahora mora recluido en la Plaza de San Jaime, Puigdemont, no es más que un simple que se ha llegado a creer que la inmensa red clientelar sobre la que se asienta la ubicua escenografía callejera del golpe es algo que se podría mantener sin el mágico lubricante del dinero público. El problema de nuestro iluminado de comarcas es que ha terminado comprando su propia propaganda. Pero resulta que únicamente él la ha comprado. Él y solo él.

Porque ni el Grande, ni el hijo bienamando del Grande, ni los Carulla, ni los Rodés, ni los Lara ni ninguna de las grandes fortunas locales que llevan décadas jugando a la puta y a la Ramoneta, facilitando la agitación separatista en Barcelona y al mismo tiempo pasando en cazo en Madrid, se creen ese pueril cuento de hadas. Decía un cromañón de la ETA, uno cuyo alias no recuerdo ahora, que aquello, el País Vasco, volvería a ser España en un par de semanas si sus pistolas no siguieran segando vidas. Y aquí, en Cataluña, ocurre algo similar: sin la máquina de lavar cerebros de las madrasas de la Generalitat, sin los medios de comunicación del Movimiento funcionando a toda máquina durante las veinticuatro horas del día, y sin los centenares de chiringuitos insurreccionales financiados con cargo al Erario, esto volvería a parecer un sitio normal de la Europa civilizada en cuestión de meses. Por eso los que dentro de la sala de máquinas de la asonada todavía conservan la cabeza encima de los hombros, el cínico Mas por ejemplo, son tan sabedores de que perder ahora el control de la Generalitat significaría perder la partida.

Y tratar de evitarlo es algo que todavía estará a su alcance, al menos, durante la próxima semana. Así, postrera burla al Estado ingeniada por Mas y su entorno, la idea que ahora mismo estarían tratando –con prisas y a la desesperada– de injertar en la cabeza de chorlito de Puigdemont pasaría por otra ininteligible proclamación cantinflesca de la independencia catalana. Un trabalenguas marca de la casa que diese paso de inmediato al anuncio formal y solemne de unas elecciones “constituyentes” de la República. En la práctica, unos comicios autonómicos vulgares y corrientes que les sirvieran para eludir el 155 en el último segundo, pero rodeados del boato escénico y la charlatanería apocalíptica e iconoclasta necesarios para seguir manteniendo hiperventilada a su base electoral. Si consiguen persuadir finalmente al chalado, lo que van a intentar es eso. Pero si el Estado, después de todo lo ocurrido, les consintiera ese final corte de mangas, entonces sí que podría dar por perdida Cataluña. El efecto de una claudicación semejante resultaría tan demoledor para los cientos de miles de catalanes leales a España, resultaría tan desmovilizador para ellos, que la derrota del constitucionalismo estaría garantizada, ahora sí, desde mucho antes de abrir las urnas. Como diría Talleyrand, sería mucho peor que un crimen: sería un imperdonable error. Veremos.

Origen: Libertad Digital

Con Rajoy , 155=0 -LibertadDigital-

Resulta muy difícil que la Cataluña nacionalista vuelva a la silenciada y ominosa independencia de facto que ha venido disfrutando en los últimos años mientras un presidente de la Generalidad como Carles Puigdemont siga empecinado en que el Reino de España y la comunidad internacional reconozcan una independencia de iure que se traduzca en la creación de un nuevo Estado soberano en forma de república.

Este delirante empecinamiento de los golpistas, que a día de hoy siguen detentando el poder regional en el Principado, también hace muy difícil el sostenimiento de la impunidad de que gozan, a pesar de la cantidad y la gravedad de los delitos que han perpetrado desde la convocatoria de la consulta secesionista del 1-O hasta la proclamación de independencia del pasado día 10; una declaración que el cabecilla del golpe ha tenido a bien dejar en suspenso con el delirante propósito de que la respalde el presidente del Gobierno de la Nación.

A día de hoy, la Fiscalía General del Estado, ni motu proprio ni a requerimiento del Gobierno –tal y como señala el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal– se atreve a presentar querella alguna contra los cabecillas del golpe, más allá de la que presentó el 8 de septiembre, con ocasión de la convocatoria del referéndum del 1-O; una querella en la que el único delito penado con cárcel del que se acusaba a los mandatarios regionales de Cataluña era el de malversación; una querella en la que no se pidió como medida cautelar la prisión preventiva para ninguno de ellos y que saben Dios, Rajoy y el ministro de Justicia cuándo será dirimida en los tribunales. La impunidad respecto de un persistente delito de sedición es tanto o más bochornosa aun cuando no la disfruten meros subordinados de los cabecillas como el major y la intendente de los Mossos d’Esquadra o los presidentes de las plataformas separatistas ANC y Òmnium Cultural, estos últimos en prisión preventiva.

Teniendo presente esta persistente impunidad de facto, cabe hacerse una idea de lo poco que se puede esperar de una medida estrictamente política como la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte de un presidente como Rajoy: no contento con ofrecer a los golpistas la vuelta a una “legalidad” que conlleva impunidad y una tolerada independencia de facto, les ha brindado a través de sus ministros todavía “más dinero y autonomía financiera”, y hasta una reforma constitucional que, como bien ha denunciado José María Aznar, bien pudiera ser un “pago a plazo de lo que no estamos dispuestos a pagar al contado”.

Sin una intervención total de la Administración autonómica en rebeldía y de sus órganos de gobierno por el tiempo que sea necesario para desarticular y clausurar las ilegales estructuras de Estado y las redes clientelares del secesionismo, así como para regenerar el sistema regional de enseñanza, la aplicación del artículo 155 no tendrá otro efecto que no el de alimentar, todo lo injustificadamente que se quiera, el victimismo de los golpistas.

No faltará quien alegue que habrá que esperar al Consejo de Ministros extraordinario del sábado para conocer y valorar las medidas que el Gobierno baraje tomar. Pero esta objeción, siendo una obviedad, no deja de resultar escandalosa: hace tiempo que todos los españoles –empezando por los golpistas– tienen derecho a saber qué cabe esperar si el presidente se dispone, por fin, a aplicar el 155. Aunque sólo fuera por generar efectos disuasorios entre los secesionistas, ya se debería saber qué tienen en mente Mariano Rajoy y Pedro Sánchez para restablecer en Cataluña un ordenamiento constitucional ante cuya quiebra han mantenido tantos años una clamorosa pasividad rayana en la complicidad.

¿Están dispuestos Rajoy y Sánchez a cerrar la radiotelevisión pública catalana, principal propagandista de la causa separatista? ¿Están dispuestos a clausurar unas embajadas catalanas dedicadas a agitar por la independencia y cuyas nóminas ha seguido pagando Montoro tras la esperpéntica intervención de las cuentas bancarias de la Generalidad? ¿Van a acabar con el adoctrinamiento antiespañol en las escuelas, después de haber saboteado los esfuerzos parlamentarios de Ciudadanos en tal sentido? ¿Van a tomar el control de los Mossos d’Esquadra, o, cuando menos, a expulsar de su seno a todos los traperos que los deshonran?

¿De verdad hay que esperar al sábado para hacerse una idea de lo poco que cabe esperar de la aplicación del 155 por parte de un presidente del Gobierno que, por confesión propia, todavía el propio sábado y cualquier otro día venidero estaría dispuesto a no aplicarlo si el golpista Puigdemont consintiera celebrar nuevas elecciones autonómicas? Claro que no. Basta ya de sucumbir a perniciosos autoengaños.

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Rajoy y ‘Cocomocho’: dos traiciones en una hora. -F.J.Losantos/LD-

El 10 de octubre de 2017 pasará a la historia española por una razón absolutamente trágica y dos traiciones relativamente cómicas. Lo trágico es que el Gobierno de España permitiera que poco más de medio Parlamento catalán, encabezado por las autoridades autonómicas que allí representan al Estado Español, proclamara la república catalana y pidiera a los países de todo el mundo reconocimiento y ayuda ante la feroz opresión que sufre por parte de la despótica España.

Todos los golpistas habían anunciado mucho antes ese Golpe de Estado, usando como excusa un referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional y que el propio presidente del Gobierno español anunció en la casa Blanca que no se celebraría. Fraudulentamente, pero se celebró. Y Rajoy, ridiculizado por los hechos, se limitó a negarlos. Peor: para ocultar la traición de los Mozos de Escuadra, mandó cargar a la Policía Nacional en algunos tugurios electorales, regalando así una inapreciable ayuda propagandística a los golpistas catalanes, sobre todo porque el Gobierno se ha negado a combatir internacional y nacionalmente las trolas golpistas.

Peor: un sujeto llamado Millo, íncubo de Soraya en Cataluña, pidió perdón en TV3 por la actuación policial, que produjo una sola persona hospitalizada, en vez de pedir explicaciones por los montajes de supuestos actos de violencia policial protagonizados hace años por los Mozos o por la policía de otros países. Tampoco pidió los partes médicos de los cientos de heridos que según los golpistas habría provocado la Policía, a la que la alcaldesa de Barcelona acusó públicamente de abusos sexuales. Pues bien, todos los golpistas, los calumniadores, los diputados traidores y los mozos de escuadra golpistas siguen cobrando sus altísimos sueldos. Ni una multa.

La proclamación de independencia

Si la campaña contra las falsas atrocidades policiales es comparable en mendacidad con la de Asturias de 1934, los agujeros negros del 11M son levísimas huellas en la fina arena de una playa hawaiana al lado de la estafa informativa perpetrada a dúo por el Gobierno legal de Madrid y los ilegales de esa República proclamada con nuestro dinero y en nuestras narices gracias al Gobierno de Rajoy. La estafa consistió en proclamar la República y después pedir su temporal suspensión al parlamento catalán, al que no se había dejado votar esa república que después se pedía suspender, como si la soberanía proclamada pudiera nacer y desnacer, ser y no ser, o no ser del todo, o sí, pero no tanto que no puedan ser gemelos… soberanos.

La proclamación de la república fue después refrendada por escrito, sin pedir suspensión temporal alguna a nadie, por 78 diputados golpistas que se autoproclamaron “representantes legítimos del pueblo de Cataluña” pese a situarse fuera de la ley nacional, regional, europea y parlamentaria. Y entonces vino lo mejor: el Gobierno se apresuró a decir que no estaba claro o cabían dudas sobre si se había proclamado la República Catalana. Y montado en ese clavileño tuvo la infinita cobardía, disfrazada de cuquería, de pedirle a ‘Cocomocho’, alias Puigdemont, que aclarase si realmente había proclamado la república que, oralmente y por escrito, había proclamado.

La pregunteja, además de un monumento a la prevaricación que acredita, qué digo acredita, que doctora en golpismo pasivo al Gobierno de Rajoy, empeñado en no perseguir el delito peor, cometido ante millones de personas de todo el mundo, España incluida, es absurda. Si no la hubiera proclamado, no podría suspenderla, y si ilegal era la proclamación, aún más ilegal es la suspensión, aunque sólo oral y encomendada al Parlamento, que no se ha reunido ni se piensa reunir. Pero es que además se proclamó por escrito y lo firmaron los que la proclamaron, e hicieron infinitas copias. Si en España hubiera justicia independiente, no hubiera hecho falta recurrir al Gobierno ni al Constitucional, porque los jueces se habrían encargado de perseguir los delitos de rebelión y sedición que contempla el Código Penal.

Traición a la CUP, traición a España

Lo que alimentó la duda sobre lo indudable, que es la proclamación de la República Catalana que el Gobierno de España no ha querido impedir, fue la hora de retraso de ‘Cocomocho’ en dirigirse al parlamento, un tiempo que se hizo largo y al cabo del cual y de la famosa suspendencia, la CUP se negó públicamente a saludarle y forzó luego la proclamación por escrito.

¿Qué pasó en esa hora? Desde luego, las llamadas del extranjero, los mediadores de última hora y la carta de Tusk, eran pamemas para memos. La única cancillería extranjera al habla con la Republiqueta era la española. Ayer, en la crónica para El Mundo de la recepción real del 12 de Octubre, perdida en el moaré y el cebrianeo, Cayetana Álvarez de Toledo dejaba caer esta perla, que con menos espumillón hubiera merecido una portada:

“Ha habido una negociación. En la fiebre palaciega, casi de salida, me lo reconoció una persona que ha participado en las conversaciones secretas. Miembros del Gobierno han estado esta semana en contacto casi permanente con consejeros de la Generalidad. En las horas previas a la esquizofrénica intervención de Puigdemont -declaro pero suspendo- los whatsapps iban y venían: haced una DUI vegetariana y os haremos un 155 light. «Nos pidieron desesperadamente una salida. La necesitan y debemos dársela. No podemos hacer frente a una rebelión popular”.

Ha habido, sigue habiendo más, muchísimo más y muchísimo peor:

“Más locuaces o más ingenuas, las máximas autoridades judiciales reconocían estar ahora al albur de la política. «Nos piden que no vayamos demasiado fuerte, que ahora no conviene». Otras togas a las que el poder ejecutivo pretende manchar con el polvo del camino. Y qué decir de la oposición: Margarita Robles llegó a pedir al ministro de Justicia que sujetara a los fiscales después de reprobarlo por idéntico motivo”.

Es decir, que si ‘Cocomocho’ traicionó a la CUP, pero no es seguro que siga haciéndolo este lunes, Rajoy traicionó a España y piensa seguir haciéndolo con la ayuda del PSOE y a las órdenes del PSC. Naturalmente, habrá quién se pregunte de qué hablaron, qué le ofreció Rajoy al golpismo para que ‘Cocomocho’ hiciera como que desproclamaba lo proclamado. Para mí está clarísimo. Cuando un tonto coge una linde, la linde acaba y el tonto sigue. ¿A qué vino la retahíla de nombres y procesos a prebostes de la Generalidad de Mas y ‘Tresvergencia’, a sus cárceles y multas? A que ‘Cocomocho’ estaba presentando las ofertas de Moncloa para borrar, mediante esa prevaricación continuada que algunos llaman política, los años a la sombra y en la ruina de Mas y sus masoveros del golpe anterior.

Esto es lo que se proclamó y escrito quedó

Que un Gobierno salga malo es normal. Si todo un Papa ha llegado a atacar el Descubrimiento de América, que supuso su evangelización, ¿qué esperar de unos seres dedicados a mantenerse en el poder a toda costa? ‘Cocomocho’ es medio traidor; y Rajoy, traidor y medio. Vale. Lo único que pedimos es que no nos tomen por imbéciles. Únanse al golpe, que ya lo pagarán, pero no nos insulten más. No digan que esto no se proclamó y firmó, porque proclamado queda y firmado quedó:

“Nosotros, representantes democráticos del pueblo de Cataluña, en el libre ejercicio del derecho de autodeterminación, y de acuerdo con el mandato recibido de la ciudadanía de Cataluña,

CONSTITUIMOS la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social.

DISPONEMOS la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.

INICIAMOS el proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante.

AFIRMAMOS la voluntad de abrir negociaciones con el estado español, sin condicionantes previos, dirigidas a establecer un régimen de colaboración en beneficio de las dos partes. Las negociaciones tendrán que ser, necesariamente, en pie de igualdad.

PONEMOS EN CONOCIMIENTO de la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea la constitución de la República catalana y la propuesta de negociaciones con el estado español.

INSTAMOS a la comunidad internacional y a las autoridades de la Unión Europea a intervenir para detener la violación de derechos civiles y políticos en curso, y hacer el seguimiento del proceso negociador con el Estado Español y ser testigos de ello.

MANIFESTAMOS la voluntad de construcción de un proyecto europeo que refuerce los derechos sociales y democráticos de la ciudadanía, así como el compromiso de continuar aplicando, sin solución de continuidad y de manera unilateral, las normas del ordenamiento jurídico de la Unión Europeo y las del ordenamiento del estado español y del autonómico catalán que trasponen esta normativa.

AFIRMAMOS que Cataluña tiene la voluntad inequívoca de integrarse tan rápidamente como sea posible a la comunidad internacional. El nuevo Estado se compromete a respetar las obligaciones internacionales que se apliquen actualmente en su territorio y a continuar siendo parte de los tratados internacionales de los que forma parte el Reino de España.

APELAMOS a los Estados y a las organizaciones internacionales a reconocer la República catalana como un Estado independiente y soberano.

INSTAMOS al Gobierno de la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para hacer posible la plena efectividad de esta Declaración de Independencia y de las previsiones de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.

HACEMOS una llamada a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la República catalana a hacernos dignos de la libertad que nos hemos dado y a construir un Estado que traduzca en acción y conducta las aspiraciones colectivas.

Los legítimos representantes del pueblo de Cataluña:

Barcelona, 10 de octubre de 2017”

Ver artículo original:

El artículo 155 y el Código Penal, en suspenso. -Editorial/LD-

Parece ser que ni el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se han dado por enterados (o querido darse por enterados) de la declaración de independencia de Cataluña proclamada el martes por Carles Puigdemont en el Parlamento catalán. No se explica, de otro modo, que, en lugar de presentar inmediatamente una querella contra el presidente de la Generalidad por un delito de rebelión (tipificado claramente como tal en el artículo 472.5 del Código Penal), el máximo responsable del Ministerio Público guarde silencio; o que el presidente del Gobierno, en el colmo del surrealismo, se haya visto en la necesidad de pedir una aclaración al cabecilla del golpe de Estado para que “confirme” si ha declarado la independencia de Cataluña.

Lo peor de todo, sin embargo, es la brutal manipulación mediática y política que ha hecho pasar esa surrealista petición de aclaración al todavía impune y ya reincidente delincuente que preside la Generalidad como si se tratase del “requerimiento previo” del que habla el artículo 155 de la Constitución. Ese “requerimiento previo” tiene como finalidad la de exigir al presidente de la comunidad autónoma el inmediato cumplimiento de las obligaciones que las leyes le imponen o el inmediato cese de actuaciones que atenten gravemente contra el interés general de España, incumplimientos e ilegales actuaciones que el legislador da por descontadas y no susceptibles de ser valoradas por el presidente autonómico que las ha perpetrado.

La decisión de Rajoy de incluir al mismo tiempo un segundo requerimiento –este sí– en el que insta a Puigdemont a cesar en dichos “incumplimientos” y “actuaciones” nos aboca a tener que esperar al día 19 de octubre para conocer cuáles son las medidas que Rajoy propone al Senado para forzar el acatamiento del orden constitucional por parte de la Administración autonómica en rebeldía, medidas que podrían significar –o no– su suspensión parcial, total, temporal o indefinida.

No menos grave es la circunstancia de que este esperpéntico compás de espera esté afectando a la acción de la Justicia, como ilustra el inquietante hecho de que la Fiscalía General del Estado no haya instado querella alguna contra los cabecillas del golpe y máximos mandatarios de la Generalidad desde el pasado 7 de septiembre, con ocasión de la convocatoria del 1-O. Pasividad inexplicable si se tiene en cuenta la cantidad de delitos que se han perpetrado desde entonces y el hecho de que sí se ha procedido judicialmente contra los subordinados de Puigdemont, como el mayor de los Mossos d’Esquadra, o los presidentes de Òmnium Cultural y la ANC. ¿Cómo es posible que se haya abierto causa judicial por delito de sedición contra quienes, como Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, sirvieron de correas de transmisión del público y sedicioso llamamiento de Puigdemont del 20 de septiembre pero no se haya incluido en la causa a la autoridad que incitó públicamente dicha sedición? ¿También la implicación de Puigdemont en estos hechos va a quedar a juicio del propio Puigdemont?

Eso, por no olvidar la inolvidable y escandalosa decisión de la Fiscalía, tras la dimisión de Torres Dulce como fiscal general, de retirar de su escrito de acusación contra Artur Mas los delitos que implicaran penas de cárcel (usurpación de funciones y malversación); decisión del Ministerio Público tomada en paralelo a la decisión del Gobierno de Rajoy de impulsar lo que se conoció como operación Diálogo, a cargo de Soraya.

Todo apunta a que esta inexplicable impunidad de Puigdemont y esta igualmente inexplicable resistencia de Rajoy a suspender una Administración que lleva en rebeldía desde 2012 obedecen a ese “diálogo dentro de la legalidad” que este mismo miércoles el presidente del Gobierno ha vuelto a ofrecer a unos golpistas a los que ningún propósito de enmienda les debería evitar soportar todo el peso de la ley. En este mismo repugnante sentido apuntan las esclarecedoras declaraciones de Pedro Sánchez, en las que ha asegurado haber acordado con Rajoy la puesta en marcha de una comisión constitucional para “modernizar” la Carta Magna.

Habida cuenta de las inocultadas ganas de Rajoy –no digamos de Pedro Sánchez– de contentar a los nacionalistas, todo apunta a que la Cataluña nacionalista va a seguir gozando –con o sin reforma constitucional– de una inadmisible independencia de facto si Puigdemont renuncia a que dicha independencia sea declarada y reconocida de iure.

Ver artículo original:

http://www.libertaddigital.com/opinion/editorial/el-articulo-155-y-el-codigo-penal-en-suspenso-83405/

155 rodeos y una mentira. -Javier Somalo/LD-

Casi una semana después de que lo hiciera el Rey, el presidente del Gobierno se dignó a hablar públicamente sobre Cataluña. Entre medias, un millón de personas llenó Barcelona de banderas de España y el presidente de la Generalidad consumó el golpe de Estado proclamando, para todo aquel que lo quiera leer, la independencia de Cataluña en forma de república.

La frase pronunciada por Rajoy en el Pleno extraordinario del Congreso al hilo de un requerimiento que casi parece un chivatazo –Espero fervientemente que Puigdemont acierte en su respuesta– revela su nula intención de aplicar la Ley frente a una flagrante violación. Significa que la Generalidad goza de un privilegio más que añadir a la larga lista que ha hecho de Cataluña una comunidad artificialmente líder en muchos sectores: el privilegio de incumplir la ley sin consecuencias. Aun si se diera el remoto caso de que Puigdemont se retractara efectivamente del golpe –no de una declaración sino de todo lo que la ha rodeado–, la ausencia de una respuesta penal sería una omisión intolerable. Pero el problema real es que el nacionalismo es, por definición, inintegrable en una sociedad democrática, por lo que los indescriptibles deseos de Rajoy aventuran una rendición sin precedentes.

Como buen orador que es, Rajoy ha expuesto brillantemente, remontándose varios años, el inventario de agravios del separatismo catalán a España. Pero en su análisis está su condena: ¿cómo puede un presidente del Gobierno reconocer públicamente que se ha violado sistemáticamente la Ley hace años y que no ha habido consecuencias más allá o más acá del artículo 155? ¿Ha convertido acaso Mariano Rajoy el Poder Ejecutivo en un mero órgano consultivo que emite informes sin carácter vinculante? Si todavía tuviera un diagnóstico erróneo del problema podríamos achacarle ineptitud, que no está falta España de figuras políticas poco dotadas para el análisis. Pero si, como ha hecho en la tribuna, acierta de pleno en el diagnóstico sobre el nacionalismo no cabe sino reprobar con vehemencia su actitud como la más inútil para que vuelva la legalidad a Cataluña que fue, precisamente, lo que le reclamó el Rey.

Pese a que el texto del requerimiento remitido por Soraya Sáenz de Santamaría a Puigdemont se erige en paso preceptivo para la aplicación del artículo 155 de la Constitución, no lo es. Nada más lejos. Lo explicó muy bien el propio Mariano Rajoy en su turno de réplicas a los grupos parlamentarios:

Es muy importante que el señor Puigdemont acierte. Basta con que diga lo que le hemos escuchado aquí al señor Aitor Esteban [que no ha habido declaración de independencia]. No es lo mismo que el presidente de la Generalidad diga que ha habido declaración de independencia, en cuyo caso el gobierno actuará de una manera, o que diga que no ha habido declaración de independencia, en cuyo caso el gobierno actuará de otra manera. Son situaciones diferentes.

Así que, este remozado artículo 155 contempla la versión del delincuente como única, mienta o no. La calificación del delito le corresponde pues, al reo. ¡Menciona el 155 para que se callen! Pero si Puigdemont “acierta” ya podemos descansar de tanta fatiga y negociar. Esta es la gran mentira que hoy calma a los constitucionalistas sobrevenidos. La mentira que además, avanza los términos en los que puede plantearse una reforma constitucional. El artículo 155 sufrirá el mismo proceso que padeció la LOAPA –auténtico desarrollo del marginado artículo y magistralmente armada por Eduardo García Enterría–, que se usó para calmar los ánimos tras el 23-F y se fulminó en las fronteras del cambio político entre Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González.

El Gobierno de España ha sentado una suerte de jurisprudencia política con la gestión del golpe de la Generalidad. Si la compañía elegida es el PSOE de Sánchez –sombra y sostén de Podemos– y su idea de España, habrá quedado sin reparar la puerta derribada a patadas por la Generalidad para que la crucen el País Vasco, Navarra, Galicia, Valencia, Baleares y todo aquel que quiera ser nación destruyendo la única que lo era y merecía preservarse.

Ver artículo original:

http://www.libertaddigital.com/opinion/javier-somalo/155-rodeos-y-una-mentira-83400/

Ceguera voluntaria ante un delincuente reincidente – Editorial/LD-

Lo más grave es que Puigdemont ha vuelto a perpetrar un delito castigado con prisión sin que haya sido detenido o siquiera apartado de un cargo que le deja al mando de un cuerpo armado como son los Mossos d’Esquadra.

La administración golpista de Cataluña sigue sin ser intervenida, y al frente de ella sigue un delincuente que goza de escandalosa impunidad. Así se podría resumir lo que ocurre en Cataluña con independencia de lo que el cabecilla del golpe de Estado y presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, dijera este martes en el Parlamento regional. Dicho de otra forma: aunque el golpista hubiera pedido perdón y hecho un solemne acatamiento del orden constitucional, sus palabras no hubieran podido borrar, jurídicamente hablando, la quiebra del orden constitucional en Cataluña ni el delito de rebelión perpetrado con la proclamación de la Ley de Transitoriedad Jurídica y la Ley del Referéndum: el artículo 472.1 del Código Penal (CP) castiga con penas de prisión cualquier intento de “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución”.

Esa hipotética retractación de Puigdemont no habría borrado la malversación de fondos públicos que conllevó la convocatoria y celebración del referéndum secesionista del pasado día 1. Ni el delito de sedición perpetrado por el mandatario regional el 20 de septiembre, cuando hizo un llamamiento a la ciudadanía a tomar las calles para protestar por la detención de varios altos cargos de su Administración a instancias del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona. A pesar de que, en relación con esto último, ya han sido imputados el presidente de Òmnium Cultural y el de la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez; y a pesar de que el artículo 545 del CP castiga más gravemente a quienes, “siendo autoridad, hubieran inducido la sedición”, el hecho es que Puigdemont sigue sin correr la misma suerte que los referidos personajes.

Ningún arrepentimiento de Puigdemont hubiera podido llevar a la Justicia a cerrar los ojos y olvidar el alto coste que supuso el desplazamiento a Cataluña de miles de agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía para tratar de impedir que el golpista perpetrara su delito de desobediencia el pasado día 1.

Lo más delirante es que la esperada intervención de este martes de Puigdemont, lejos de ser una retracción pública, una muestra de arrepentimiento o un anuncio del fin del proceso secesionista iniciado en 2012, se ha traducido en la comisión de un nuevo delito de rebelión, en este caso el reflejado en el artículo 472.5 del CP, que castiga la “declaración de independencia de una parte del territorio nacional”.

Desde luego, Cataluña no va a convertirse formalmente en un Estado soberano por el hecho de que así lo proclame un delincuente reincidente. Cosa distinta es que dicha proclamación no tenga consecuencias penales. Tampoco tiene trascendencia alguna que el propio delincuente haya suspendido los efectos de su proclamación de independencia, pero sí que lo haya hecho con la confesa intención de embarcar al Gobierno y a los demás poderes del Estado en un ominoso y delictivo proceso de diálogo.

Lo más grave es que Puigdemont ha vuelto a perpetrar un delito castigado con prisión sin que haya sido detenido o siquiera apartado de un cargo que le deja al mando de un cuerpo armado como son los Mossos d’Esquadra.

Mariano Rajoy podrá seguir siendo el irresponsable gobernante que se negó a suspender la autonomía para evitar que se siguieran cometiendo tantos y tan graves delitos. La aplicación del artículo 155 de la Constitución, al fin y al cabo, es facultad del Gobierno. Lo que en absoluto es facultativo de ningún Gobierno es la inobservancia de los artículos del Código Penal que castigan con penas de prisión a quienes perpetran los delitos mencionados. El propio CP, por cierto, advierte en su artículo 408: “Toda autoridad que dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia, o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”.

Tome buena nota el presidente del Gobierno y cumpla con su deber, si no quiere convertirse en el cooperador necesario del miserable que está perpetrando un golpe de Estado desde una de las instituciones más importantes del Estado.

Origen: EDITORIAL – Ceguera voluntaria ante un delincuente reincidente – Libertad Digital

Golpista, cobarde, falsario -Isabel San Sebastián/ABC-

Carles Puigdemont ha proclamado la independencia. A la eslovena, de forma cobarde, ayuna del coraje necesario para ir hasta el final del camino sedicioso y arrojarse al precipicio sin red, arrastrando las consecuencias plenas de ese anuncio, la ha proclamado. La respuesta del Gobierno debe ser inmediata y fulminante. La justicia, a instancias de la Fiscalía, debe actuar con todo su peso contra este golpista. El presidente Rajoy debe responder desde la Moncloa, en nombre del Ejecutivo, antes de comparecer ante el Congreso. No cabe más dilación. Puigdemont y sus rebeldes no pueden llevar las riendas de la Generalitat ni un día más. Han traspasado todos los límites.

El todavía líder catalán busca desesperadamente internacionalizar el presunto «conflicto entre Cataluña y el Estado español», como han pretendido ETA y el PNV durante lustros. Presentando ese «conflicto» como una disputa entre iguales, cuando no es sino un intento de secesión por parte de una comunidad autónoma que siempre ha formado parte de España, nunca ha sido otra cosa que parte integrante de España, y se ha estrellado contra un muro de rechazo en todos y cada uno de los intentos efectuados con el dinero de nuestros impuestos para lograr un reconocimiento internacional inalcanzable. ¡Ya ha gastado suficiente!

El tono conciliador y melífluo con el que ha hablado, sus palabras engañosas (democracia, diálogo, empatía, voluntad negociadora, progreso, convivencia) constituyen trampantojos con los que trata de ocultar una pared infranqueable denominada golpe de Estado. Una muralla que la democracia ha de defender con todo el vigor necesario. Un delito de rebelión, envuelto en mentiras, al que es preciso poner fin de una vez por todas.

Puigdemont ha tratado de justificar su proclamación sediciosa dando validez democrática a una votación convocada al margen de la legalidad, realizada sin garantía alguna, ni control, ni interventores, ni rigor, que ha dividido en dos mitades irreconciliables a la sociedad catalana. Ha presentado la legítima actuación de la justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad como medidas de represión antidemocráricas, y el desacato a la Carta Magna como un alarde de valentía. Ha culpado al Estado de los daños irreparables causados por su deriva suicida. Y en eso no se equivoca del todo. Esto habría que haberlo parado mucho antes. Como muy tarde, el 9-N. Los errores de cálculo y la pusilanimidad del Partido Popular y el Partido Socialista han contribuido decisivamente a llegar a este callejón sin salida con un balance de daños altísimo.

Entre victimismo, acusaciones de catalanofobia, apelaciones a Franco, falsedades sobre presuntas desinversiones en infraestructuras y persecución de la lengua catalana, cuando el único perseguido allí es el castellano, Puigdemont ha tejido un relato lacrimógeno que podría tener algún viso de credibilidad fuera de nuestras fronteras si Cataluña fuese una región deprimida y no una de las más ricas de Europa. Ni una vez ha pronunciado las palabras «Constitución» o «España». Se ha permitido desacreditar al Rey y al Tribunal Constitucional por cumplir con su deber de defender la unidad nacional, la legalidad y el orden democrático, presentando a los golpistas como víctimas de la represión y denominando «peticiones catalanas» lo que son hechos consumados, desobediencia a las leyes democráticas y desafíos sediciosos. ¡Cuánto daño hizo José Luis Rodríguez Zapatero diciendo aquello de «aceptaré lo que venga de Cataluña»! Proporcionó un pretexto impagable al separatismo para justificar lo sucedido este martes, deslegitimando la Carta Magna, liquidando el principio de soberanía y deshaciendo con una ocurrencia siglos de cohesión nacional.

«No somos golpistas, delincuentes o locos», ha exclamado casi suplicante el inminente ex «president», tratando de inspirar lástima. Sí, lo son. No solo golpistas y locos, sino unos ladrones que pretenden robar la soberanía de los españoles.

Al final, llegado el momento de cumplir con la promesa formulada a las CUP a cambio de su apoyo parlamentario, le han temblado las rodillas y ha tenido que beber agua pensando en los 20 años de cárcel que podrían y deberían caerle por un delito de rebelión. «Cataluña se ha ganado el derecho a ser un estado independiente en forma de república», ha declarado, vacilante. Como además de golpista y ladrón es un hipócrita cobarde, ha añadido a renglón seguido «pido que el Parlamento suspenda los efectos de esta declaración para emprender una etapa de diálogo».

Yo pido a Mariano Rajoy y al fiscal general del Estado que pongan fin a este desatino hoy mejor que mañana. Que manden detener a los rebeldes y restauren el orden democrático. Los ciudadanos catalanes ya han pagado bastante cara la ineptitud de sus gobernantes. De todos.

Ver artículo original:

http://www.abc.es/opinion/abci-columnistas-abc-opinan-sobre-declaracion-puigdemont-201710102052_noticia.html