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Ceguera voluntaria ante un delincuente reincidente – Editorial/LD-

Lo más grave es que Puigdemont ha vuelto a perpetrar un delito castigado con prisión sin que haya sido detenido o siquiera apartado de un cargo que le deja al mando de un cuerpo armado como son los Mossos d’Esquadra.

La administración golpista de Cataluña sigue sin ser intervenida, y al frente de ella sigue un delincuente que goza de escandalosa impunidad. Así se podría resumir lo que ocurre en Cataluña con independencia de lo que el cabecilla del golpe de Estado y presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, dijera este martes en el Parlamento regional. Dicho de otra forma: aunque el golpista hubiera pedido perdón y hecho un solemne acatamiento del orden constitucional, sus palabras no hubieran podido borrar, jurídicamente hablando, la quiebra del orden constitucional en Cataluña ni el delito de rebelión perpetrado con la proclamación de la Ley de Transitoriedad Jurídica y la Ley del Referéndum: el artículo 472.1 del Código Penal (CP) castiga con penas de prisión cualquier intento de “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución”.

Esa hipotética retractación de Puigdemont no habría borrado la malversación de fondos públicos que conllevó la convocatoria y celebración del referéndum secesionista del pasado día 1. Ni el delito de sedición perpetrado por el mandatario regional el 20 de septiembre, cuando hizo un llamamiento a la ciudadanía a tomar las calles para protestar por la detención de varios altos cargos de su Administración a instancias del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona. A pesar de que, en relación con esto último, ya han sido imputados el presidente de Òmnium Cultural y el de la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez; y a pesar de que el artículo 545 del CP castiga más gravemente a quienes, “siendo autoridad, hubieran inducido la sedición”, el hecho es que Puigdemont sigue sin correr la misma suerte que los referidos personajes.

Ningún arrepentimiento de Puigdemont hubiera podido llevar a la Justicia a cerrar los ojos y olvidar el alto coste que supuso el desplazamiento a Cataluña de miles de agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía para tratar de impedir que el golpista perpetrara su delito de desobediencia el pasado día 1.

Lo más delirante es que la esperada intervención de este martes de Puigdemont, lejos de ser una retracción pública, una muestra de arrepentimiento o un anuncio del fin del proceso secesionista iniciado en 2012, se ha traducido en la comisión de un nuevo delito de rebelión, en este caso el reflejado en el artículo 472.5 del CP, que castiga la “declaración de independencia de una parte del territorio nacional”.

Desde luego, Cataluña no va a convertirse formalmente en un Estado soberano por el hecho de que así lo proclame un delincuente reincidente. Cosa distinta es que dicha proclamación no tenga consecuencias penales. Tampoco tiene trascendencia alguna que el propio delincuente haya suspendido los efectos de su proclamación de independencia, pero sí que lo haya hecho con la confesa intención de embarcar al Gobierno y a los demás poderes del Estado en un ominoso y delictivo proceso de diálogo.

Lo más grave es que Puigdemont ha vuelto a perpetrar un delito castigado con prisión sin que haya sido detenido o siquiera apartado de un cargo que le deja al mando de un cuerpo armado como son los Mossos d’Esquadra.

Mariano Rajoy podrá seguir siendo el irresponsable gobernante que se negó a suspender la autonomía para evitar que se siguieran cometiendo tantos y tan graves delitos. La aplicación del artículo 155 de la Constitución, al fin y al cabo, es facultad del Gobierno. Lo que en absoluto es facultativo de ningún Gobierno es la inobservancia de los artículos del Código Penal que castigan con penas de prisión a quienes perpetran los delitos mencionados. El propio CP, por cierto, advierte en su artículo 408: “Toda autoridad que dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia, o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”.

Tome buena nota el presidente del Gobierno y cumpla con su deber, si no quiere convertirse en el cooperador necesario del miserable que está perpetrando un golpe de Estado desde una de las instituciones más importantes del Estado.

Origen: EDITORIAL – Ceguera voluntaria ante un delincuente reincidente – Libertad Digital

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Golpe de Estado separatista: no a la impunidad, no a la prevaricación -LD-

No es de recibo que se proceda contra los subordinados mientras se deja en libertad y en el cargo a los cabecillas del golpe.

Bien está que la Audiencia Nacional haya “imputado” por un delito de sedición al mayor y a la intendente de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero y Teresa Laplana, así como a los presidentes de Òmnium Cultural y la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez: Más que meros “indicios”, hay clamorosas pruebas de que la cúpula de la Policía autonómica catalana ha sido en todo momento más fiel a los cabecillas del golpe (el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, y SU consejero de Interior, Joaquim Forn) que a las expresas órdenes que habían recibido de la Fiscalía destinadas a impedir la ilegal votación del pasado domingo. Otro tanto se podría decir de las plataformas secesionistas mencionadas, que, nutriéndose de dinero público, claramente sirvieron de correa de transmisión del sedicioso llamamiento de Puigdemont a tomar las calles el pasado 20 de septiembre, en protesta por las detenciones de unos altos cargos de la Administración golpista llevadas a cabo por la Guardia Civil a instancias del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona.

Lo que resulta escandaloso –hasta el punto de convertir estas loables imputaciones en un clamoroso acto de hipocresía– es la impunidad de los cabecillas del golpe, que a día de hoy no están sentados en ningún banquillo sino en las poltronas del Gobierno regional catalán, desde donde preparan y nos anuncian nuevos delitos de sedición y rebelión.

Rajoy podrá incurrir en la irresponsabilidad y en la bajeza moral y política de seguir ignorando lo que ha denunciado el Rey, así como lo que dice el artículo 155 de la Constitución. Podrá dejar una “puerta abierta” a la negociación con los separatistas, tal y como aún proclamó en su bochornosa declaración del 1 de octubre. Lo que no puede ignorar nadie ni nada –incluido el muy politizado sistema de administración de justicia– es lo que dice el Código Penal. Y es que “derogar, suspender o modificar, total o parcialmente, la Constitución”, tal y como ya han hecho los autoridades golpistas de Cataluña, es un delito de rebelión, tipificado como tal en el articulo 472.1 del CP.

Eso, por no hablar del no menos consumado delito de sedición (artículo 544 del CP) de quienes “se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad”. El artículo 545 especifica que “si fueran personas constituidas en autoridad” las que “hubiesen, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años”. ¿Es de recibo que se impute por sedición a Jordi Cuixart y no a Carles Puigdemont?

Resulta inexplicable que, a día de hoy, la única imputación por un delito castigado con pena de cárcel contra los cabecillas del golpe sea la denuncia por malversación que la Fiscalía dirigió contra los miembros del Gobierno de Puigdemont con ocasión de la convocatoria del 1-O; malversación, por cierto, que Montoro en su día aseguró que no se había producido. Pero ¿qué hay del sedicioso llamamiento de Puigdemont del 20 de septiembre, por el que se quiere juzgar a Cuixart y a Sánchez? ¿Qué hay de la propia celebración del 1 de octubre?

Algunos excusan al presidente del Gobierno alegando que está esperando para sofocar el golpe a que los golpistas perpetren otro delito de sedición –este reflejado en el artículo 472.5–, el de “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. Sin embargo, ser consciente de que un delincuente va a cometer nuevos delitos, lejos de justificar la demora de su detención y juicio, lo hace todavía más inadmisible. El tan manido “cargarse de razones para tener razón” con que algunos han querido justificar la inagotable pasividad de Rajoy, además de ser una temeraria estrategia política que puede llevar al enfrentamiento civil, compromete al Estado de Derecho y a una Administración de Justicia que no puede seguir cerrando los ojos ante quienes son los máximos responsables de lo que está ocurriendo.

Pero, en esas seguimos, teniendo que ver cómo un cómplice de los golpistas, Pablo Iglesias, se ofrece de “mediador”, o cómo el molt honorable cabecilla del golpe sigue impunemente, y a través de medios de comunicación públicos, justificando y anunciando su “amable y cordial” determinación de acabar con la nación española y con su Estado de Derecho.

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Gobierno catalán y Mossos, reos de sedición -Isabel San Sebastián/ABC-

Lo ocurrido en Cataluña este aciago 1 de octubre está tipificado en el artículo 544 del Código Penal como un delito de sedición castigado con hasta 15 años de cárcel si quien lo comete es una autoridad: “Son reos de sedición quienes se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de las resoluciones administrativas o judiciales.” Basta ver a Puigdemont y sus acólitos votar en su parodia de consulta ilegal, desobedeciendo abiertamente la prohibición de los tribunales; contemplar las imágenes de los tumultos instigados por ellos desde los medios de comunicación que controlan, o constatar la flagrante traición de los “mossos d’esquadra”, cuyo comportamiento ha oscilado entre el incumplimiento doloso del mandamiento judicial recibido y la complicidad con los golpistas, hasta el extremo de enfrentarse a la Guardia Civil que trataba de defender el orden constitucional, para comprobar hasta qué punto es aplicable ese tipo delictivo a la conducta de los gobernantes catalanes. Los responsables de la Generalitad han utilizado las instituciones sujetas a su custodia para alzarse contra el Estado del que emana su poder. Desde la Policía autonómica hasta la Consejería de Educación, sin hacer ascos a la utilización de niños como escudos humanos frente a las fuerzas del orden. Desde las televisiones y radios autonómicas, lanzadas a la agitación de la calle, hasta el consejero de la Presidencia, tan envalentonado como para amenazar públicamente con denunciar al Ejecutivo español. ¿Tenemos que aguantar tanta infamia?

No es posible zanjar este episodio restando trascendencia a lo ocurrido por carecer de legitimidad, como parece desprenderse de las declaraciones hechas por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. No puede volver a salirles gratis como ocurrió el 9-N. Es evidente que las urnas, estas y aquéllas, no tienen valor alguno en términos legales ni cumplen con los requisitos mínimos exigibles en cualquier votación. Ellos lo saben y lo asumen como una burla más hacia nosotros. No buscan legitimidad, desde el momento mismo en que ignoran de forma chulesca las reglas del juego democrático. Lo que quieren es romper el marco de convivencia en el que se desarrolla este pulso y hacerlo no solo con impunidad, sino en el papel de oprimidos, apareciendo ante los ojos del mundo como víctimas de un Goliat opresor. Pues bien, la torpeza del Gobierno en la respuesta ha sido de tal magnitud que en buena medida lo han conseguido. Y no porque Policía Nacional y Guardia Civil hayan fallado lo más mínimo en el cumplimiento de su deber, pese a la dureza de las condiciones en las que han debido trabajar, sino porque han faltado explicaciones, pedagogía, información, atención a la prensa internacional, valentía en la defensa de los valores y firmeza en la aplicación de la legislación vigente. O sea, coraje y convicción democráticos.

Si tras el referendum de 2014 se hubiera cortado en seco el desafío secesionista, asumiendo el control de la autonomía en aplicación del artículo 155 de la Constitución, nunca habríamos llegado a la situación actual. Si tras lo sucedido este 1-O no se activa de inmediato ese mecanismo previsto en la Carta Magna precisamente para casos como éste, se procede a detener a los sediciosos, se disuelve el cuerpo de los mossos o se asegura su obediencia a los jueces, y se garantiza el restablecimiento del Estado de Derecho en Cataluña, el golpe habrá triunfado y acabará quebrándose España. Pero antes, mucho antes, caerán Rajoy y su Gobierno.

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