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Guía útil de Venezuela y Podemos.-J.C.Rodriguez/Vozpópuli-

 

Los dirigentes de Podemos han puesto a Venezuela como ejemplo hasta el desplome económico. Cuando no han podido mantener un estricto régimen de silencio.

La venezolana es una economía socialista. Hugo Chávez primero, y Nicolás Maduro después, han acabado progresivamente con lo que había de economía libre desde 1999. Esta no es una historia sobre el (neo-archi-ultra) liberalismo, sino sobre el dominio socialista de la sociedad por el Estado.

El gobierno ha tomado el control de gran número y de grandes extensiones de terreno cultivable.

Según The Economist, “la renta por persona ha vuelto a la que era en los años 50’”

En 2005, Venezuela era todavía el país número uno en renta per cápita en Iberoamérica, en paridad del poder de compra. En 2016, según datos del FMI, le superan 13 países de la región. Según The Economist, “la renta por persona ha vuelto a la que era en los años 50’”.

Chavez llegó al poder con el barril a 18 dólares. Desde 2005 y hasta su muerte, rondó los 80 a 100 dólares, aunque con una gran sacudida en 2008-2009. Dedicó una parte importante del ingente flujo de divisas a distribuirlo entre los más pobres o los más aislados económicamente. Con este modelo de compra masiva de votos se aseguró la victoria elección tras elección.

A comienzos de los años 2000, el régimen chavista comenzó a tomar el control de Petróleos de Venezuela, despidió a sus directivos y al 40 por ciento de su plantilla, y lo sometió a una gestión socialista. En Chile, Allende hizo lo mismo con el mercurio y el país, primer productor del mineral del mundo, pasó a importarlo. Hoy Venezuela tiene que importar petróleo ligero porque ya no sabe cómo producirlo.

A comienzos de los años 2000, el régimen chavista comenzó a tomar el control de Petróleos de Venezuela, despidió a sus directivos y al 40 por ciento de su plantilla, y lo sometió a una gestión socialista

Desde julio de 2014, el petróleo se ha desplomado, y el barril pasa de los 100 al entorno de los 50 dólares. Es un precio por encima del que tuvo Chavez en sus cinco primeros años en el poder, pero ahora se empiezan a ver los efectos de década y media de socialismo.

Los ingresos del petróleo dejaron de ser suficientes para comprar votos. Y los pagos se empezaron a hacer con inflación; es decir, con papelitos de un valor cada vez menor. Según Steve H. Hanke, la inflación es del 789 por ciento. El socialismo ha liberado a los venezolanos de la tiranía del trabajo asalariado, y los ha puesto a hacer cola para llevarse los restos.

Como en tantas ocasiones, el régimen quiso bajar la inflación a martillazos, es decir, imponiendo precios máximos. Al no permitir que los productores vendan a unos precios que cubran sus costes, dejaron de producir, o de vender a Venezuela. Llegó el desabastecimiento generalizado.

Los venezolanos, con un dinero que pierde valor día a día, no pueden alimentarse porque escasea la comida. El 93 por ciento dice que no puede abastecerse de alimentos suficientes, y tres de cada cuatro venezolanos ha perdido peso en el último año. Nada, por cierto, sobre lo que la FAO tenga algo que decir.

Farmacias y hospitales se han quedado sin suministros de medicinas. El año pasado la mortalidad creció un 66 por ciento.

Las familias de los dirigentes viven una ostentosa opulencia sustentada sobre la explotación capitalista del narco

Desesperados ante la perspectiva de morir de hambre en su país, decenas de miles de venezolanos cruzan a pie las fronteras con los países vecinos por pura supervivencia.

Esta carencia no afecta a los miembros del régimen, que utilizan como moneda los dólares del imperio yanqui, y que por tanto pueden acceder a los bienes vedados al común de los ciudadanos.

Las familias de los dirigentes viven una ostentosa opulencia sustentada sobre la explotación capitalista del narco. Venezuela ha pasado de ser un petroestado a un narcoestado. Era más digno ser una república bananera.

El socialismo se basa en que unos pocos mandan y los demás obedecen, y eso se refleja en unas diferencias de renta mucho mayores que en una sociedad libre. La reducción del número de pobres se hace en Venezuela por el expeditivo método de la muerte por inanición.

El hambre y la miseria son los negros frutos del socialismo en la economía. En la política, el socialismo también se está cobrando sus víctimas; los muertos por represión superan ya el centenar.

El régimen ha quitado uno por uno todos los poderes de la Asamblea. Luego ha mandado a sus esbirros a atacar físicamente a sus miembros

En 2013, tras la muerte de Chavez, Maduro ganó por un escaso margen de votos en unas elecciones con graves irregularidades. En 2015, la oposición, una alianza que va desde los comunistas a la derecha, ganó por amplia mayoría las elecciones legislativas. El fracaso económico se ha traducido en fracaso político.

El régimen ha quitado uno por uno todos los poderes de la Asamblea. Luego ha mandado a sus esbirros a atacar físicamente a sus miembros. Y finalmente la ha substituido por una “Asamblea Constituyente” cuyos candidatos están todos elegidos por el propio gobierno chavista.

La oposición ha llamado a los venezolanos a participar en un referéndum sin ninguna base institucional. Votaron 7,3 millones de venezolanos. El chavismo convocó a los venezolanos a apoyar su Asamblea Constituyente y aunque no hay datos fiables, el número de votos fue muy inferior a esos 7 millones largos.

Hugo Chávez le entregó a estos gallardos españoles más de 7 millones de euros para “crear en España fuerzas políticas bolivarianas”

La comunidad internacional le ha dado la espalda al régimen de Maduro. Sus únicos apoyos, Rusia y China, pueden acabar de hundir al régimen si Venezuela no puede pagar sus deudas con ellos y se la cobran directamente de sus recursos petrolíferos.

Los creadores de Podemos han asesorado al régimen de Hugo Chavez directamente o por medio de una organización pantalla llamada CEPS casi desde el inicio del régimen.

Allí, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y otros hacían de voceros del régimen, y le asesoraban sobre cómo mantener el socialismo y ganar elección tras elección, por medio de un execrable juego maquiavélico.

Hugo Chávez le entregó a estos gallardos españoles más de 7 millones de euros para “crear en España fuerzas políticas bolivarianas”.

Los dirigentes de Podemos han puesto a Venezuela como ejemplo hasta el desplome económico. Cuando no han podido mantener un estricto régimen de silencio, se ha negado a condenar una sola de las actuaciones del chavismo, han negado la legitimidad a la oposición y han ejercido el anti-antichavismo con profusión.

Quien vea lo que pasa en Venezuela y lo que puede pasar en España es porque no quiere.

Origen: Guía útil de Venezuela y Podemos

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Breve historia de la futbolización occidental -Gabriela Bustelo/Vozpópuli-

En España la sustitución de la emponzoñada confrontación nacional entre fachas y rojos por la confrontación generacional entre la España posfranquista y la España milenial es un avance histórico de primer orden. Podremos aceptarlo o no, pero estamos ante el final del mundo en que hemos nacido y vivido hasta ahora.

En Kuala Lumpur, a 12.000 kilómetros de España, en el corazón malasio del Sudeste Asiático, los taxistas se saben el nombre del estadio Bernabéu, pronunciándolo bernabiu en un inglés colonial con acento bahasa. Son capaces de reconocer una foto de la sede del Real Madrid del mismo modo que conocen en detalle la última alineación del equipo. Pese a la imposibilidad de contabilizar los centenares de visitantes que acuden al estadio sin entrada, a mirarlo y a hacerse el selfie de rigor, los profesionales del sector aseguran que en paradas turísticas el Bernabéu supera al Museo del Prado (que el año batió su propio récord de tres millones de visitantes, superando en un 12,5% la afluencia del 2015).

El documental británico Los Cuatro Jinetes, dirigido por Ross Ashcroft en 2012, destaca la sobrevaloración del deporte como uno de los síntomas del declive de los imperios que han precedido al occidental. “Todos los signos de la desaparición de un imperio ya han empezado a desarrollarse. Algunos son más acuciantes que otros. Las crisis financieras son un elemento común a las decadencias de los imperios anteriores”, asegura el documental. Un rasgo común de los imperios en declive es la apatía de una población caracterizada por una frivolidad decadente. En las democracias occidentales donde la estabilidad política está garantizada, las series de televisión ―consumidas a granel― y los programas de realidad virtual funcionan como el adictivo soma orwelliano: no conectan al ciudadano milenial con el mundo en que vive, sino que le aíslan placenteramente de la realidad.

Como sucedía en la Roma imperial, el deporte forma parte de este proceso de aborregamiento de una ciudadanía cuyas prioridades cada vez son más infantiles y pasivas. Igual que los aurigas y gladiadores romanos, nuestras estrellas deportivas ganan sumas disparatadas de dinero. En el siglo II d.C. el atleta romano Cayo Apuleyo Diocles amasó una fortuna de 35 millones de sestercios, equivalente a varios miles de millones dólares, lo que le permitió retirarse a los 42 años. Por si esto fuera poco, otro síntoma común al declive de los imperios precedentes es la glorificación de los cocineros, según asegura el documental Los cuatro jinetes. La desidia de una sociedad dopada con televisión, deporte y comida permite que en los ángulos muertos de Occidente se hayan instalado la corrupción, la violencia y la crueldad. El devenir natural de nuestra civilización es una entropía que evoluciona hacia el desorden y la implosión final. Como todo organismo vivo, habría nacido condenada a morir.

La proximidad corrupta entre el poder político y los medios de comunicación es otro de los síntomas de la decadencia de Occidente y ha sido determinante en la derrota de Hillary Clinton en las elecciones generales estadounidenses de 2016. La distorsión mediática de la verdad ―o posverdad― fue el elemento central de la campaña electoral de Donald Trump, que todavía denuncia casi a diario las fake news ―noticias falsas― de las grandes empresas mediáticas de su país. Esta desfiguración de la realidad nos llega con un esquema binario impuesto y falso, en el que se incrustan todos los temas de la actualidad política, económica y social. Las redes sociales ―que han sustituido de facto a la prensa― trituran los temas y los regurgitan en forma binaria, para que los bandos repitan consignas prefabricadas y enfrentadas. El ciudadano cree estar pensando y tomando decisiones cuando de hecho es víctima de un “efecto contagio” idéntico al experimentado en el estadio Bernabéu durante un partido Madrid-Barça cuando gana o pierde el equipo propio.

El gran reto intelectual es desmontar esta mentalidad futbolística que consiste en elegir un bando y aceptar obligatoriamente la imposición ideológica que ello implica. Pensar ha dejado de ser necesario, porque los periodistas y agitadores mediáticos se encargan de machacar a diario lo que uno debe asumir. Al intentar ensamblar las piezas arbitrarias de este universo binario, los políticos se delatan. José Luis Zapatero aseguraba en 2004 que “La igualdad entre sexos es más efectiva contra el terrorismo que la fuerza militar”. En la misma línea, Macron proclamaba hace unas semanas que “Para acabar con el terrorismo hay que acabar con el cambio climático”. Entre tanto, el ciudadano elige su equipo ideológico basándose en variables con frecuencia alejadas de los programas de los partidos políticos.

Según el American National Election Study (ANES), un análisis electoral realizado por Stanford y la Universidad de Michigan y publicado en marzo, cientos de miles de votantes que participaron en las elecciones estadounidenses de 2016 no tenían claro cuál partido era el de derechas y cuál el de izquierdas. Según el informe de ANES, un 15% de los votantes de Trump ―y el 6% de los votantes de Clinton― creían que el partido Demócrata era el más conservador de los dos. Al sumar el porcentaje del “No sabe/No contesta”, resulta que el 16% de los votantes de Clinton y el 24% de los votantes de Trump no sabían en 2016 qué partido era el más conservador de los dos. Dado el actual nivel de polarización política que sufre Estados Unidos, esto indicaría que una parte relevante del electorado no vota al partido que mejor les personifica, sino que se estarían empleando otros criterios, desde dar por hecho que un partido representa una determinada corriente (cuando no lo hace), hasta cambiar de tendencia política para adaptarla a la del candidato preferido. Una aparición televisiva, la influencia social/familiar/laboral y la presión creciente de las redes sociales pueden generar un “efecto contagio” tan poderoso como para que una persona pueda llegar a construirse una cosmogonía falsa. O peor, manipulada por las élites político-mediáticas.

Mientras la globalización se incorpora como paradigma mundial, avanzamos hacia esquemas mentales desconocidos, que las generaciones mileniales bosquejan mientras las precedentes se aferran a sus dogmatismos binarios. En España la sustitución de la emponzoñada confrontación nacional entre fachas y rojos por la confrontación generacional entre la España posfranquista y la España milenial es un avance histórico de primer orden. Podremos aceptarlo o no, pero estamos ante el final del mundo en que hemos nacido y vivido hasta ahora.

Origen: Breve historia de la futbolización occidental

Antifranquismo retroactivo. -Fernando Díaz Villanueva/Vozpópuli-

La idea de levantar un monumento a los caídos de la Guerra Civil surgió durante la misma guerra, al menos entre los vencedores, que, tan pronto como dieron cuenta de los últimos objetivos militares, empezaron a buscar un paraje en la sierra de Guadarrama para construir un mausoleo en el que sepultar de manera simbólica a víctimas de los dos bandos.

Franco se involucró personalmente en la tarea de encontrarlo. Se desplazaba con frecuencia hasta la sierra en compañía de otros generales y de los pelotas habituales de Falange, que se olieron desde el principio que aquello iba para largo, que Franco había llegado para quedarse. Durante una de esas excursiones en el invierno de 1940, solo unos meses después de concluida la contienda, dieron con una boscosa hondonada entre El Escorial y el Alto del León. Entre los lugareños se le conocía como Cuelgamuros y tenía la peculiaridad de que en su centro, sobresaliendo de entre el espeso pinar, se levantaba un majestuoso promontorio granítico, el llamado risco de la nava que bien mirado se asemeja a las estampas del Gólgota que nos dejó la pintura renacentista.

Fue amor a primera vista. El Gobierno ordenó la expropiación de la finca y el primero de abril de 1940, un año exacto después del final de la guerra, dieron comienzo las obras. El monumento fue inaugurando dos décadas más tarde, en 1959, con gran trompetería y un Franco en la cima de su poder, visiblemente más viejo, más calvo y más gordo. Cuelgamuros dejó de llamarse así. Desde entonces se le conocería como Valle de los Caídos. Su presencia no iba a pasar desapercibida para nadie porque el arquitecto clavó una imponente cruz de hormigón armado sobre el risco de la nava, visible en varias decenas de kilómetros a la redonda y que desde entonces trae por la calle de la amargura a todos los antifranquistas, especialmente a los retroactivos, es decir, aquellos que lucharon denodadamente contra Franco pero solo después de que éste hubiese estirado la pata.

Era la pirámide del nacionalcatolicismo. Un complejo funerario más parecido al Valle de los Reyes del antiguo Egipto que al vecino monasterio de San Lorenzo de El Escorial que, además de panteón real, fue palacio, residencia de la Corte y centro administrativo. Se concibió como un lugar de peregrinación. Lo tenía todo para pasar un domingo en familia: una basílica subterránea, un monasterio benedictino con su escolanía, una gran explanada para eventos al aire libre, una cafetería, un mirador, una tienda de souvenirs y hasta un funicular. El franquismo tenía una vertiente kitsch nada desdeñable.

En principio no había planes de enterrar a Franco allí. Entre otras cosas porque Franco no era un caído de guerra. La idea de hacerlo fue una zalamería de última hora de Carlos Arias Navarro, último presidente de Gobierno del franquismo y primero de la monarquía. El rey Juan Carlos aceptó encantado y hasta presidió las exequias al pie de la cruz. Aquello acaeció el día 23 de noviembre de 1975 y ahí debió concluir esta historia. De hecho ahí concluyó durante varias décadas, hasta que Zapatero creó una polémica donde nunca había existido. Desde entonces, y de esto hace ya diez años, la cruz de Cuelgamuros ocupa más espacio en los periódicos que en los años 50, cuando la prensa del régimen daba puntual cuenta de los avances en las obras.

Se ha hablado de cerrar el complejo, de reconvertirlo en otra cosa después de vaciar la fosa común excavada bajo el risco, e incluso de dinamitarlo todo y devolver al paraje el virginal aspecto que tenía en 1940, cuando los ojos de Franco se posaron sobre él. Los menos ambiciosos se conforman con sacar al dictador y que sus deudos se lleven los restos a otra parte, al cementerio del Pardo mismamente, donde la familia adquirió una tumba en la que hoy reposa Carmen Polo. Si a ellos les parece bien, adelante. Incluso se les podría invitar a hacerlo para que el Valle de los Caídos hiciese honor a su nombre y sus entrañas solo albergasen caídos. Los benedictinos que custodian la basílica, a quienes se les entregó solemnemente el cuerpo hace 40 años, no tendrán problema alguno en devolverlo. Arias Navarro hace ya mucho que pasó a mejor vida y el rey emérito por la cuenta que le trae no dirá esta boca es mía.

Otra cosa distinta es, como pretende el PSOE, Podemos o Ciudadanos, resignificar el lugar. Eso es simplemente imposible como lo sería resignificar la pirámide de Keops, el Taj Mahal, el mausoleo del primer emperador Qin de China o la tumba de Lenin en la Plaza Roja de Moscú. El Valle de los Caídos es lo que es y se levantó con el objetivo de servir de monumento a un régimen que sus muñidores creyeron eterno pero que duró lo mismo que su fundador. España está llena de construcciones del mismo estilo. Cada una reflejando los valores y obsesiones de su tiempo. ¿Qué es sino San Lorenzo del Escorial, San Isidoro de León, el monasterio de Poblet, la Capilla Real de Granada o el larguísimo etcétera de monumentos repartidos por nuestra geografía alzados a mayor gloria de una persona, una dinastía o la munificencia de un imperio?

Las personas pasan, los Estados también, las piedras permanecen. Por eso los faraones se enterraban en pirámides. Sabían que solo así se mantendrían en la memoria del pueblo durante generaciones. El Estado franquista desapareció hace ya casi medio siglo. No lo hizo, como otras dictaduras, tras una guerra que arruinase su legado físico. El franquismo se extinguió pacíficamente por televisión con Franco entubado en la cama de un hospital de la Seguridad Social. El desmontaje del régimen corrió a cargo de los propios franquistas con la connivencia de los que no lo eran. Nuestros padres, nuestros abuelos, se dieron un abrazo, se perdonaron las ofensas y eso fue todo. En algún momento tendremos que aceptarlo.

El pasado no se puede resignificar. Se debe aprender a convivir con él y extraer las oportunas lecciones. Pero en España no queremos convivir con nuestra propia historia, que es larga y está llena de tropiezos. Le hemos declarado la guerra como si nos avergonzásemos de venir de donde venimos. Esta psicosis colectiva, azuzada desde la política para construir sobre ella una legitimidad nueva, nos terminará pasando factura.

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La Segunda República: de mito a timo. -Jorge Vilches/Vozpópuli-

El mito es una falsedad para sostener un discurso político. En eso han convertido la Segunda República ciertos historiadores, algunos partidos y unos cuantos medios. La distancia y el acercamiento crítico a los hechos nos muestra otra cosa.

Un tribunal ha obligado al alcalde de Cádiz, José María González, más conocido como “Kichi”, a retirar la bandera tricolor de un lugar público. El dirigente podemita alegó que se trataba solamente de una referencia histórica –como hizo el año pasado–, pero es dudoso que, con el mismo ánimo de recordar la Historia, el próximo 18 de Julio ponga la rojigualda con el águila de San Juan. Otro tribunal ha impedido que el gobierno de Navarra, otrora cuna de los requetés que se batían por el “Dios, Patria, Rey”, hiciera lo mismo. Tenemos también al impagable diputado Alberto Garzónhaciendo bolos por todo el país para blanquear el comunismo republicano, como si el PCE, entre su fundación y 1956,  hubiera alguna vez luchado por una República que no fuera soviética.

Todo este esperpento procede de la mitificación de la Segunda República, que aquí se ha pasado a historiar como la “antiEspaña” por los franquistas y posfranquistas, y como la culminación buenista por los izquierdistas. Dejando aparte el teatro dramático de polemistas como Pío Moa y Ángel Viñas –que viven de la bronca, retroalimentándose como si fueran trolls tuiteros o personajes de un talk-show de La Sexta-, lo cierto es que aquel periodo nada tuvo que ver con la democracia, la reforma o la libertad, y sí con la violencia, el exclusivismo y el ajuste de cuentas.

La Segunda República es un mal ejemplo democrático, pero la hegemonía cultural de la izquierda, que ha tomado la educación, las artes y los medios, nos lo han presentado de otra manera. Ahora que se aproxima el 14 de abril, y que veremos recordatorios mediáticos y callejeros, voy a repasar algunas de estas cuestiones.

La bandera republicana

La sustitución de la tricolor por la rojigualda fue por decretazo, con fecha del 27 de abril de 1931, de un Gobierno autoproclamado, provisional, que nadie había elegido. El gran JosepPla, entonces por Madrid, escribió que el 14 de abril, cuando Alfonso XIII ya se había ido, la izaron en el Palacio de Comunicaciones unos funcionarios, quienes, decía, “solo tienen de bandera el sueldo”. Los madrileños la miraban preguntándose qué era aquello. Pla no exageraba porque era el emblema de la Conjunción republicana; esto es, de una parte.

Miguel Maura, que fue ministro de la Gobernación en aquel primer Ejecutivo republicano, dejó escrito que no pensaban cambiar la bandera porque entrañaba “problemas de todo tipo”, pero que se dejaron llevar por el ímpetu de algunas autoridades locales, como la de Barcelona. Luego buscaron un anclaje histórico falso: no era el morado de Castilla ni se creó durante la Primera República (1873).

El general Vicente Rojo, el último defensor del Madrid “republicano”, escribió tras la guerra que la nueva bandera había sido un error: la rojigualda no representaba a la monarquía, como dijeron, sino a la nación, que la hicieron suya los que desde 1808 lucharon por la libertad. La republicana, concluía, no fue una aspiración popular, era partidaria y dividía España.

La imposición trajo muchos problemas porque no fue el resultado de un referéndum, ni de una votación parlamentaria, ni contó con un informe técnico como sí había tenido el cambio del escudo en 1869. El gobierno arrestó a los que portaban la rojigualda o escribían a su favor, y se produjeron quemas de la tricolor como protesta.

La cultura del odio

En la España de la Segunda República se desarrolló lo que Mosse llamó “brutalización de la política”, con una “banalización de la violencia”, tal y como contó Arendt. El socialismo bolchevizado de Largo Caballero, que contó con la complicidad ocasional de Indalecio Prieto, el comunismo y el anarquismo, alimentaron los peores instintos posibles en la incipiente sociedad española de masas: el odio. El aplastamiento del enemigo era una forma de librar al Progreso de un obstáculo para llegar al Paraíso. De ahí la tolerancia hacia la violencia de abajo, y la planificación de violencia desde arriba, como en 1934, así como la más dura represión, como en Casas Viejas. Y es que la violencia partió mayoritariamente del lado izquierdista.

La quema de iglesias, sedes políticas y periódicos –solo 18 entre febrero y julio de 1936-, así como los asesinatos políticos –un total de 2.250-, asaltos y palizas, fueron muy frecuentes. Los anarquistas se levantaron en cuatro ocasiones contra la República gobernada por los socialistas antes de 1934. También contó con el pronunciamiento chusco del general Sanjurjo, las continuas declaraciones del estado de guerra –hasta 18-, y la violencia verbal en las Cortes.

El liberalismo y el parlamentarismo eran fantasmas en aquella España, sustituidos por la cultura del odio, en la que un acto violento era un instrumento político en nombre del pueblo, la patria, la raza o el proletariado.

Más censura que nunca

Desde el primer día. La Ley en Defensa de la República (octubre de 1931) tipificaba como delito la difusión de noticias que el gobierno entendiera que podían perturbar “la paz o el orden público”, que despreciaran “las instituciones u organismos del Estado”, o hicieran “apología del régimen monárquico”. Aquello era un atentado a la libertad, como dijeron algunos diputados, a lo que Azaña contestó que había periodistas que eran “monas epilépticas que por equivocación llevan el nombre de hombres” y que estaba dispuesto a “romper el espinazo al que toque la República”.

La suspensión de periódicos de todo tipo y las multas para forzar su cierre, a pesar de la censura previa, eran más que frecuentes. El gobierno de Azaña prohibió a la prensa que llamara “asesinato” a la muerte del diputado Calvo Sotelo, pero no a la del teniente Castillo. El periódico Ya se saltó la prohibición y fue suspendido. La libertad de prensa y expresión retrocedió en España durante la Segunda República en comparación con la existente durante la Restauración.

El voto y las elecciones

Casi toda la izquierda se opuso a que la mujer votara. No hace falta más que leer a Clara Campoamor frente a la socialista Victoria Kent y la comunista Margarita Nelken. El argumento en contra era que la mujer –como si fuera un sujeto colectivo, muy parecido, por cierto, a cómo lo aborda ahora la perspectiva de género- era prisionera del confesionario, y que votaría lo que dijeran los curas.

Claro, preferían el púlpito de los mítines socialistas o comunistas de sus religiones laicas. Luego se produjo la persecución de Campoamor –recomiendo su obra “El voto femenino y yo. Mi pecado mortal” (1936)- por parte de las izquierdas, con insultos machistas, vejaciones y apartamiento de la política porque la culpaban de la victoria de la derecha en 1933.

A esto añadimos el fraude en los resultados electorales de febrero de 1936. La ola de violencia que rodeó la primera vuelta, el 16 de ese mes, hizo que el presidente Portela dimitiera, y Alcalá Zamora lo sustituyó en pleno proceso electoral por Manuel Azaña, uno de los jefes del Frente Popular. Ante su pasividad –por ser benévolo-, los frentepopulistas asaltaron los colegios electorales, violaron la documentación, tacharon resultados y pusieron otros.

No contentos con esto, y tras una segunda vuelta en la que la derecha, la CEDA en particular, bajó los brazos, la Comisión de Actas quitó por “convicción moral” 50 escaños a sus enemigos y se los atribuyó al Frente Popular con la connivencia de Azaña y Prieto. Así consiguió mayoría absoluta. Esto no justifica el golpe de Estado del dictador Franco y compañía, sino que deja en su sitio antidemocrático a la Segunda República.

El mito

El mito es una falsedad para sostener un discurso político. En eso han convertido la Segunda República ciertos historiadores, algunos partidos y unos cuantos medios. La distancia y el acercamiento crítico a los hechos nos muestra otra cosa. Y eso que, por falta de espacio, no hablo del papel deplorable que tuvieron las élites, tanto de la derecha como de la izquierda –como señaló el sociólogo Juan José Linz–, ni de otros “agentes sociales”. Dejémoslo aquí.

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El catalanismo y la España líquida. -Jorge Vílches/Vozpópuli-

La anémica sentencia de Artur Mas, embarcado en un golpe de Estado, en una violación de la legalidad, enseña cómo se encuentra el país. El episodio es una muestra de la desvertebración, no en el sentido melifluo de Ortega, sino de la inanidad en la que se encuentra la sociedad española. Frente a la tormenta del catalanismo ideológico, instrumentalizado por una oligarquía extractiva, no hay nada más que ruido.

El catalanismo ideológico

El problema se originó cuando el catalanismo se convirtió en una ideología. Dejó de ser el movimiento cultural de Víctor Balaguer, la Renaixença, los Jocs Florals de Barcelona, del grupo de profesores y literatos que exaltaban el paisaje y la tradición, a un movimiento político. Recrearon un nacionalismo esencialista y tardío para obtener un régimen a la medida de las necesidades de lo que antes fue una élite cultural. La llamada a identidades emocionales, aferradas a un patrioterismo biologicista y a una historia inventada, trufada de mártires y gloria impostada, presentó una vía de escape a la crisis española.

Construyeron una ideología; es decir, un conjunto de dogmas interpretativos encaminados a la consecución de la Ciudad Perfecta, de la Nueva Sociedad. Esto sucedió porque el discurso de la oligarquía catalanista movilizaba a las masas y, por tanto, era rentable en las urnas. El cambio se produjo con el surgimiento de la Lliga Regionalista de Cambó y la Mancomunidad catalana: era el momento de traducir un movimiento cultural en una estrategia para la toma del poder.

La oligarquía nacionalista

La utilidad de esos instrumentos, aderezados con el victimismo propio de la invención nacionalista –aquí y en todo el mundo–, y el principio de las nacionalidades extendido por el malhadado presidente Wilson desde 1919, hicieron el resto. Lo que eran organizaciones se convirtieron en un movimiento nacional, que confluyó en Esquerra Republicana de Catalunya. La línea entre cultura, orden político y estructura social se completó en 1931 y con el Estatuto de 1932. El nacionalismo no es saciable porque conserva el objetivo final de la independencia. Esa es su fuerza: la conversión del catalanismo en una ideología que lo ha impregnado todo, incluso otros partidos.

El Estado de las Autonomías, una forma fallida a todas luces, no hizo más que alimentar ese movimiento. La oligarquía catalanista ha fabricado desde las instituciones y los medios un sistema de creencias, en el sentido de Foucault, que les permite dirigir, alterar o tranquilizar a la masa a discreción. La forma oligárquica de gobierno es la negación de la democracia, sobre todo cuando el oligarca pone una urna plebiscitaria para darle un falso envoltorio democrático a una decisión previamente adoptada.

El apogeo del catalanismo ideológico nos muestra la deriva occidental hacia comunidades sin libertad, pero satisfechas del nuevo amo, de la esclavitud concedida, a cambio de la llegada futura de la Ciudad Perfecta. En otras regiones europeas, como Holanda, Francia o Gran Bretaña, el fenómeno responde a una rebelión contra la oligarquía, que quizá se traduzca en lo que Pareto llamaba una “circulación de élites”. Pero en Cataluña no hay esa circulación, sino que se trata de la culminación de la ideología catalanista.

La España líquida

Frente a este ataque a lo que queda de libertad, nos encontramos una España líquida, que diría el antiliberal Zygmunt Bauman. Los gobiernos de la nación, tanto los socialistas como los populares, han instado a la gente a ser flexible en sus creencias y comportamiento, confundiendo democracia con pensamiento débil y consenso político con unanimidad. ¿Cuál es la propuesta de todos los partidos, los viejos y los nuevos, ante cualquier problema? El diálogo, sin más. No hay nada cierto, ni sólido, ya sea idea, pensamiento o costumbre que sea digna de mantenerse en esta España líquida.

Una ideología se manifiesta como una religión laica: con su patrística, libros sagrados, clero, dogmas de fe, milagros, mártires y promesa de Paraíso, y, cómo no, su dosis de violencia. Ante eso, una sociedad líquida no tiene nada que hacer. Ya escribió Daniel Bell que el maridaje del capitalismo con el orden político y la cultura –subvención a cambio de reproducción de un único modo de interpretar la existencia del hombre– contenía una contradicción que acabaría explotando. Lo que no aventuró es que traería de vuelta el colectivismo nacionalista y el socialista, como hace cien años.

Esa apuesta por la España líquida que han hecho nuestros políticos ha tenido un efecto devastador sobre la identidad nacional. Solo los gobiernos autonómicos regionalistas e independentistas han trabajado en sentido contrario: crear un sentimiento identitario propio. A esto hay que añadir la construcción institucional, no solo en España, de las microidentidades; esas supuestas minorías basadas en el género o la raza, representadas artificialmente en un único lobby, que sirven para crear nuevos conflictos que –oh, sorpresa–, resuelve la oligarquía con su consenso.

La cofradía

Que no se asuste la cofradía del Santo Reproche, esa misma que siempre está dispuesta a crucificar la opinión del que no sigue al rebaño. Queda un catalanismo cultural, que se manifestará en Barcelona este 19 de marzo: el de aquellos que están cómodos sintiéndose catalanes pero no hacen bandera excluyente de ello, ni defienden un supremacismo biológico-cultural, ni hacen el juego al independentismo, sino que están preocupados por su libertad y la de todos. Porque, amigos cofrades, no hay una sola forma de ser o de sentirse catalán. La lacra es el catalanismo ideológico.

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La batalla ideológica que está prohibido librar. -Javier Benegas/Vozpópuli-

Una de las ideas con las que estoy más de acuerdo con mis buenos amigos Almudena Negro y Jorge Vilches es que desde hace tiempo el debate ideológico quedó reducido a una confrontación economicista, donde todo parece estar al albur de la constatación de si ésta o aquella política nos proporcionará más o menos bienestar económico. Todo se supedita a los datos, al sobrevalorado empirismo; en definitiva, a la demostración científica de que, en efecto, una idea es mejor que su contraria según sus resultados económicos.

Sin embargo, convertir la ciencia en árbitro de la política y del comportamiento humano sólo sirve para confundir las cosas. Los datos en sí no nos dicen cuál camino debemos tomar. Los esfuerzos estadísticos pueden suministrar información sobre cómo funciona el mundo, pero no nos dicen lo que debemos hacer. Para eso es necesario un marco interpretativo. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque siempre se pueden defender correlaciones distintas. Y a cada estudio le corresponderá al menos dos interpretaciones, dos verdades contrapuestas, dependiendo de los prejuicios.

Por eso, antes de imponer “empíricamente” la forma de prosperar, de proporcionar más y mejores oportunidades, más bienestar, deben prevalecer determinados principios, aunque, en ocasiones, puedan parecer un freno al tan cacareado progreso.

La historia está llena de sucesos tremendos que se desencadenaron precisamente por un empirismo cuyo marco interpretativo resultó interesado y catastrófico. Los momentos más tremendos del siglo XX comparten un denominador común: el fin justificó los medios. Y la imposición de determinadas ideas por encima de los principios, degeneró en todo tipo de salvajadas.

Hoy, quienes siguen justificando el uso de cualquier medio si el fin resulta loable, creen haber aprendido la lección. Y piensan que, ahora sí, podrán imponer su visión del mundo sin desencadenar nuevos desastres. Actúan de forma sutilmente distinta, modulando su discurso, presentándose como gente sensata, reflexiva; expertos dotados de una gran sabiduría, y mejores deseos, que anhelan el bien común. Y cuando deciden que algo es perjudicial, imponen sus conclusiones mediante el subterfugio de los datos. Sin embargo, cometen el mismo error que cometieron otros en el pasado: utilizar marcos de interpretación interesados, puramente ideológicos.

La intelligentsia actual es fiel reflejo de este problema. Como explicaba el pasado sábado Fernando Díaz Villanueva en esta misma sección, no hay polarización más allá de las meras apariencias. En un estrechísimo terreno de juego coinciden la derecha, la izquierda y, también, un liberalismo de pacotilla que hace tiempo enterró el que de verdad importaba: el de los principios.

Muchos liberales no dicen esta boca es mía porque es el porquero de Agamenón, y no Agamenón mismo, quien denuncia el atropello. Les preocupa ser confundidos con el enemigo y que la broma les cueste la pérdida de notoriedad o algún privilegio. Se tolera el liberalismo economicista, el de los datos y los números, pero no el que es de verdad subversivo. No comprenden –o no quieren comprender– que si ellos no toman la colina sobre la que llueven las balas, tarde o temprano la tomarán otros con sus ideas.

Al ciudadano corriente le puede parecer que aún hay ideologías contrapuestas gracias a los debates en políticas finalistas que los medios difunden, por ejemplo, respecto a las pensiones, los servicios públicos, la mayor o menor regulación de los mercados, el mayor o menor gasto del Estado, la corrupción… pero es un espejismo. Lo que se impone es un ‘mainstream’, una coalición de intereses que se ha arrogado la facultad de decidir lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es moral o inmoral… en función de datos y marcos de interpretación tan interesados como cambiantes. Para colmo de males, una parte de la sociedad se ha infantilizado hasta extremos inauditos. Y lo que media desde ese infantilismo, que tiene la piel muy fina y solo ve agravios, hasta el totalitarismo no es ni medio paso.

No es de extrañar, por tanto, que valores que antaño nos eran tan caros, como la responsabilidad individual, un hombre, un voto, o la elemental libertad de expresión, languidezcan en favor de una justicia cósmica que los polítólogos con sus estadísticas agregadas construyen cada día. O que defender algo tan básico como la igualdad ante la ley se convierta en un ejercicio propio de gente peligrosa a la que hay que cerrar la boca.

A George Orwell le atribuyen haber dicho que en una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Sea o no suyo el aserto, urge ponerlo al día, porque en estos tiempos, no ya decir la verdad, sino simplemente imaginarla es un acto revolucionario.

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Las cosas en su sitio. -Epicteto/Vozpópuli-

No cabe la menor duda que es una bienvenida conquista de las sociedades modernas el respeto y la no discriminación hacia las minorías, sean estas de la naturaleza que sean y siempre que no contravengan frontalmente el ordenamiento jurídico vigente. No es razonable, por tanto, legislar sobre el derecho al exhibicionismo frente a una escuela, sobre la protección de la pederastia o sobre la subvenciones a asociaciones dedicadas a la explotación de menores mediante la mendicidad organizada.

En el caso de las conductas sexuales, cualquier persona sensata está de acuerdo que no deben ser ni punibles ni perseguibles (y tampoco producir discriminación social alguna) todas sus variedades imaginables en el ámbito de la libre decisión del ser humano adulto. La única condición que es lógico poner es la que se pone también a las conductas mayoritarias amparadas por la costumbre y la normalidad estadística. Y es muy simple: el respeto a los demás y el libre consentimiento de los implicados, supuesta su condición de adultos capaces. Y esta circunstancia, que reclaman con justeza las minorías, es lógico que se aplique también a éstas.

Es evidente la existencia natural en la especie humana de comportamientos homosexuales así como la disconformidad de ciertas personas con su sexo de nacimiento. En ambos casos, aún siendo conductas y sentimientos minoritarios, la sociedad debe aceptarlos con naturalidad y por supuesto evitar discriminaciones de cualquier naturaleza tanto en el ámbito social como en el personal. En el caso de la transexualidad, la sanidad pública debe atender debidamente los cuidados que exijan las peticiones de trasformación con criterios rigurosamente científicos.

El problema surge cuando se intenta trasladar a una legislación positiva (imprescindible para regular y hacer posible la protección del derecho a la no discriminación activa o pasiva) aspectos que desbordan la realidad de dichas minorías y que pretenden tener fundamento en la ideología mas que en la ciencia y en las reglas generales del derecho.

En este sentido es imprescindible que hablemos de la llamada ideología de genero. La idea de excluir de la condición sexual humana cualquier tipo de factor biológico no es posible sostenerla a la vista de lo que en la actualidad sabemos de la configuración biológica de los seres humanos que incluye también, por supuesto, su funcionamiento cerebral. Es cierto (y no puede ser obviado en ningún caso) que la influencia del ambiente en los primeros años de la vida actúa sobre dicha configuración biológica generando lo que llamamos identidad sexual. Pero es este un proceso dialéctico entre las dos grandes fuerzas que configuran la vida humana: la herencia genética y la influencia del ambiente.

Por tanto y en aras de la brevedad puede decirse con fundamento que el sexo de las personas (y el genero consiguiente que la sociedad les asigna) no tiene un solo origen sino que aparece configurado por tanto la biología como la acción de la sociedad en que se vive. La teoría radical de que el sexo y el genero son meros constructos sociales (lo que se denomina “constructivismo radical”) es claramente una tergiversación.

Aclarado esto nos encontramos con la reciente aprobación por la Comunidad de Madrid de ley 2/2016, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid –en adelante Ley LGTBI.

Sin entrar en que porcentaje esta ley atiende a lo que hemos llamado “ideología de genero” y si lo hace sin pararse en ninguna (y sin embargo necesaria) consideración critica acerca de la forma y manera en que una posición no demostrada (e incluso claramente errónea) puede y debe plasmarse en la legislación positiva, la Ley LGTBI plantea algunos problemas que se nos aparecen, en un análisis desapasionado, como potencialmente conflictivos. Estos aspectos son la inversión de la carga de la prueba y la inclusión en el sistema educativo publico de teorías respetables pero claramente fuera del ámbito de lo ciertamente demostrado por la ciencia. Es bien sabido que las teorías deben enseñarse pero como tales teorías y no como principios indubitables y que implican valores morales Y esto en el campo de la educación infantil es particularmente grave. (¿Qué diríamos sobre un proyecto que en la escuela publica plantease como único y verdadero el creacionismo radical y prohibiese hablar de la evolución?)

Todo parece indicar que la Ley LGTBI ha sido redactada bajo la prisa y las presiones de los grupos interesados y acabará siendo un ejemplo lamentable de una legislación con buenas intenciones y peor resultado. Defender la legitimidad y la dignidad de los grupos minoritarios en materia de conducta sexual es una causa respetable. Pero, al socaire de ello, pasar “de matute” ideologías arbitrariamente contrarias a la realidad de la vida humana es menos aceptable. Y si todo ello conduce a establecer privilegios vulnerando la igualdad ante la ley en aras de una pretendida “discriminación positiva”, aparte de un mal camino, es abrir la puerta a arbitrariedades sin cuento sin que eso ayude en absoluto a resolver el problema. Ya tenemos ejemplos claros en la aplicación practica en España de leyes parecidas, llenas de buenas intenciones, inoperantes en su efectividad y creadoras de auténticos disparates jurídicos de los que, no nos olvidemos, son víctimas personas inocentes.

Pero, con ser muy grave, no es esto lo mas alarmante: El empleo de la escuela como medio de adoctrinamiento (que no de fomento de valores de respeto) es algo que debería haber hecho pensar a los legisladores. Los niños (y sus padres) tiene derecho a que se les eduque en la tolerancia y en la no discriminación del diferente, pero una cosa es eso y otra la presentación, mas o menos solapada, de dichas diferencias como “lo normal “ o aun peor, como lo “deseable”. Aquí ha faltado debate sereno y sentido común.

Y que decir de todos aquellos aspectos que trasladan el problema al mundo de los preadolescentes. No entraremos en ellos en este momento por que merecen un análisis mas pormenorizado. Solo decir que espanta la “alegría” con la que el legislador entra en estos temas que ya no son solo educativos.

Un ultimo apunte de algo que debe entenderse como una primera aproximación a los problemas, carencias y desviaciones de la tan traída y llevada Ley LGTBI: la promesa y la posibilidad de que el dinero público sea usado para actividades propias de la propaganda y difusión, no del respeto y de la no discriminación, sino de la extensión y exaltación de ideas y posiciones muy particulares. Nada hay que objetar a que las minorías tengan y actúen a través de asociaciones semejantes, nada a que se manifiestan públicamente cuantas veces crean conveniente sin que lesionen el derecho de los demás a no participar obligatoriamente en sus ritos (y por tanto no invadan el espacio de todos de manera arbitraria) pero algo hay que decir cuando se destina dinero de todos a dichos aspectos, respetabilísimos insistimos, pero sectoriales que además tiene riesgo indudable de convertirse en sectarios.

Por eso desde la sociedad civil creemos merecer algún tipo de explicación sobre la gestión y los compromisos que esta Ley, aprobada por el actual gobierno de la CAM, ha impuesto a todos los ciudadanos que vivimos en ella.

Y seguiremos analizando con detalle sus contenidos al tiempo que observamos, también con detalle, su aplicación y consecuencias.

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